LITORAL: EL ÉXODO QUE NO LLEGÓ

Ya pasó un mes desde que el gobierno argentino habilitó por primera vez el pasohacia el país vecino a través del puente Salto-Concordia. Eso fue el martes 19 de octubre. En los días previos corrió el pánico entre los comerciantes locales que, con los puentes cerrados, vendieron como nunca durante la pandemia. Al mismo tiempo, desde Fray Bentos a Salto creció la expectativa en buena parte de la población local, que sabe que Argentina está inusualmente barata para los bolsillos uruguayos. Se habla de la mayor diferencia cambiaria en décadas. En medio de todo esto, la ilusión de cientos de familias que tienen vidas compartidas de ambos lados del río y que esperaban ansiados (y demorados) reencuentros.

Pues bien, un mes después puede afirmarse con seguridad que los puentes siguen entornados para cruzar a Argentina. El anunciado éxodo de uruguayos a comprar al otro lado no se ha concretado. Por ahora, claro. ¿La razón? “El hisopado es hoy el control aduanero”, resume Juan Martín Della Corte, directivo del Centro Comercial e Industrial de Paysandú.

Para ponerlo claro: cada uruguayo que quiere ir a Argentina a comprar debe estar vacunado y haberse hecho un hisopado con un máximo de 72 horas de anticipación (que cuesta algo más de 4.000 pesos, unos 100 dólares). Si se queda algunos días del lado argentino debe hacerse otro test en el país vecino que, de todos modos, sale bastante menos: unos 20 dólares. Y, cuando regresa, debe repetir el PCR a los siete días. A estos más de 200 dólares hay que sumarle el costo de un seguro de salud, aunque en realidad este último documento no se exige a rajatabla, según supo El País. Eso hace prácticamente inviable el tradicional cruce a hacer compras, cargar el auto con nafta y almorzar o cenar rico y barato del lado argentino.

Veamos las cifras oficiales, a las que accedió El País. Desde el 19 de octubre y hasta el 17 de noviembre cruzaron 4.256 personas de Salto a Concordia, según los datos del Ministerio del Interior. Por los otros dos puentes sobre el río Uruguay no hubo casi cruces a Argentina (108 en Fray Bentos y apenas cuatro personas en Paysandú) debido a que hasta ahora el gobierno de ese país solo decretó como “corredor seguro” el puente Salto-Concordia y en un horario restringido de 8 a 16 horas. Esto significa que de Argentina hacia Uruguay se puede cruzar por los tres puentes pero en el sentido contrario el único habilitado es el de Salto. O sea, alguien que cruza desde Gualeguaychú a Fray Bentos debe dar toda la vuelta y regresar por el puente de Concordia.

Según información que manejan en el Centro Comercial e Industrial de Colón, esto cambiará en los próximos días y Argentina habilitará como “corredores” autorizados los otros dos puentes. “Tenemos información de la gobernación de que están apurando los trámites para considerar el puente Colón-Paysandú y el de Fray Bentos-Gualeguaychú como corredores seguros y el turista podría entrar así a Argentina. Eso sería en menos de una semana”, adelanta el presidente de la gremial, Fabio Iribarren.

Entre los tres puentes en este primer mes cruzaron 4.368 personas a Argentina. Es un promedio de 145 personas por día.

En el sentido contrario, hacia Uruguay, fueron 15.245 por Fray Bentos, 1.677 por Paysandú y 3.439 por Salto. En total suman 20.361 viajeros en el mismo período desde Argentina a Uruguay. Es un promedio de 678 por día.

En el último mes, además, viajaron a Buenos Aires 7.886 personas por el puerto de Montevideo y 15.058 por Colonia. En el sentido contrario, llegaron 8.373 por el puerto de Montevideo y 13.672 por Colonia. Por el aeropuerto de Carrasco, en tanto, entraron 32.102 personas en un mes desde diferentes destinos (1.072 por día) y salieron 26.518 (883 por día).

¿Cuánto más barato es comprar hoy del lado argentino? Tomando como referencia algunos productos puntuales, El País realizó un comparativo en supermercados de ambos países que marcan diferencias notorias (ver más abajo en un recuadro). Pero una referencia clara es el Indicador de Precios Fronterizos realizado por el Observatorio Económico de la Universidad Católica, que marca que en promedio Salto es 55,25% más cara que Concordia. El registro es de setiembre y en unos días harán una nueva medición que, estiman, tendrá una diferencia igual o más amplia entre los dos lados del río, dice a El País la economista María José Medin, integrante del observatorio. “Menos que el 55% que ya medimos no será. Encima el dólar subió”, explica la especialista.

La diferencia actual en los precios es la más grande desde que el observatorio empezó a medir en julio de 2015, cuando era de 29,53%. Esto se debe tanto a factores coyunturales de la economía argentina y uruguaya como la evolución del tipo de cambio nominal y de los precios internos de cada mercado, “así como también estrategias de fijación de precios propias de cada uno de los establecimientos relevados”, dice el informe.

Hay una diferencia de precios de 58,80% en alimentos y bebidas no alcohólicas, de 67,09% en bebidas alcohólicas y tabaco, de 26,97% en prendas de vestir y calzado, de 54,50% en productos del hogar, 47,59% en el transporte, 37,58% en artículos escolares, 58,39% en comidas fuera del hogar y 61,77% en bienes diversos.

Este indicador compara la diferencia de precios entre una canasta seleccionada de 60 artículos representativos en las dos ciudades. ¿Cuál fue el criterio? “Los bienes que eran posible de ser bagayeados, hablando mal y pronto”, afirma Medin. El estudio no incluye los servicios, donde también hay una diferencia de precios sustancial. “Cuando se abran las fronteras, la gente va a ir a Concordia a comer, a dar una vuelta por el supermercado, a la peluquería, a la depiladora y al odontólogo y luego volverá, como antes. Se consumen muchos servicios del otro lado”, dice la economista. Y eso que, aunque las dos localidades están frente a frente, el trazado de la ruta hace que el centro de la ciudad argentina esté a 40 kilómetros del centro de Salto.

Según un estudio realizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo, en 2019 el contrabando de alimentos y bebidas en los departamentos de frontera con Brasil y Argentina se tradujo en 320 millones de dólares. Si los uruguayos hubieran comprado esos productos en comercios nacionales, el Estado hubiera recaudado más de 70 millones de dólares, tal como publicó El País el 11 de setiembre pasado.

¿Qué dicen los empresarios argentinos? Hay fastidio. Desde Concordia, el presidente del Centro de Comercio, Industria y Servicios Adrián Lampazzi dice que ninguno de los dos gobiernos, ni el uruguayo ni el argentino, tienen interés en que se abran las fronteras. “De nuestro lado no entendemos bien cuál es el problema: la apertura es mínima y muy burocrática. Y del lado uruguayo se priorizan las cuestiones comerciales a las sanitarias: ponen todas las trabas posibles para que no haya flujo de personas”, lamenta Lampazzi, y sostiene que hay una dinámica en común con Salto que va más allá de la diferencia cambiaria y posibles ventajas comerciales. “La vida en común de Concordia con Salto fue cortada primero por la pandemia y ahora por cuestiones políticas”, indica el comerciante argentino, “y la gente quedó en el medio”.

En la misma línea, Iribarren, del centro comercial de Colón, dice que —con el esquema de vacunación muy avanzado en los dos países— es hora de retomar el flujo y por eso “las trabas” para ingresar a los países “ya no son sanitarias, son económicas”. De los tres puentes, Colón y Paysandú son las dos ciudades más cercanas: están a 18 kilómetros.

De este lado del río, el temor por lo que pueda pasar cuando se deje de exigir el hisopado en ambos lados es muy claro: muchos uruguayos cruzarán el río para comprar (para hacerse una idea, durante la pandemia se calcula un pico de aumento en las ventas del entorno del 30%). En Paysandú, por ejemplo, el comercio “no es que esté de parabienes pero está mucho mejor que antes de la pandemia”, dice el intendente Nicolás Olivera.

Los comerciantes de las tres capitales departamentales —Salto, Paysandú y Fray Bentos— estiman que el regreso a la normalidad sucederá en algún momento del primer trimestre de 2022. Y hay que estar preparados.

Nelson Rosas, secretario de la Asociación Comercial e Industrial de Río Negro, cree que las medidas se levantarán en uno o dos meses. “Solo esperamos que sea después de la zafra de fin de año”, pide. Ricardo Paulino, presidente del Centro Comercial de Salto, desea que el hisopado obligatorio se mantenga por un buen tiempo pero dice que no será así y que inicios de 2022 es la fecha probable para que se dé marcha atrás.

Della Corte, del Centro Comercial e Industrial de Paysandú, admite que el hisopado obligatorio “corta con el hábito del sanducero de hacer un mate e ir a Colón a comprar”. Y recuerda que hasta el 13 de marzo de 2020, unos 5.000 autos pasaban por mes por ese puente y volvían. El empresario dice que quieren recuperar “la libertad de circulación” pero al mismo tiempo poder contener parte del mercado local que se les escapaba antes.

¿Y cómo lo harán? Ahí empiezan los problemas para los comerciantes.

El 28 de setiembre pasado el gobierno anunció una batería de medidaspara las micro, pequeñas y medianas empresas ubicadas hasta un máximo de 60 kilómetros de la frontera, que incluía la exoneración de aportes patronales, tributos y bonificación de tarifas, con el objetivo de mitigar el impacto por la apertura.

Todos coinciden en que, si bien fueron medidas bienvenidas, no tuvieron efecto alguno en bajar los precios, aunque sí ayudaron con los costos fijos de las firmas. El intendente salteño Andrés Lima, por ejemplo, dice que esas medidas ayudaron a la competitividad de las empresas “pero no caminó la teoría del gobierno de que se trasladaba a los precios”. El jerarca cree que la salida pasa por la fijación de “precios especiales de frontera”.

Las gremiales empresariales han mantenido reuniones con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y le hicieron llegar posibles medidas que se puedan mantener en el tiempo, como una reducción impositiva en algunos productos sensibles, como la que ya se aplica a los combustibles, con un descuento que implica 24% menos de su valor por litro. Eso se aplicaría solo en comercios de la región y a gente que tenga domicilio allí, mediante una tarjeta.

Pero Della Corte dice que la propuesta que ha tomado más notoriedad es la de las microimportaciones, puesta sobre la mesa primero por el senador nacionalista Sergio Botana. ¿Qué es? A las empresas locales les permitirían hacer importaciones directas a pequeña escala de mercadería argentina y luego venderla a un precio similar del otro lado del río. Se pagaría una tasa y se evitaría una cadena más larga, abaratando los costos.

“Eso tiene incidencia directa en los precios”, dice Rosas, de la Asociación Comercial e Industrial de Río Negro. Paulino, su colega salteño, afirma que tanto las gremiales empresariales como el gobierno “trabajan en forma conjunta para lograr algo a largo plazo” y que ganen todas las partes.

La economista Medin cuenta que el Observatorio Económico de la Universidad Católica envió al MEF su informe que marca una diferencia de precios de 55% con Argentina, para que lo tomen como insumo a la hora de decidir posibles medidas que “lleguen al consumidor”.

Olivera, el intendente sanducero, advierte de todos modos: “No hay medida posible que permita competir e impacte realmente en los precios porque la relación entre Uruguay y Argentina es de tres, cuatro o cinco a uno”.

¿Y el Parlamento en qué está? En la Cámara de Diputados hubo una decisión inédita: crearon dos comisiones especiales que durante un año discutirán la situación de la frontera. Una sobre el litoral y otra sobre la frontera con Brasil. Cada comisión está integrada por todos los legisladores de los departamentos y allí reciben delegaciones y discutirán proyectos de ley. La diputada riverense Nazmi Camargo (Cabildo Abierto) trabaja, por ejemplo, en una iniciativa sobre tarjeta de frontera. El diputado colorado Marne Osorio, también de Rivera, preside la comisión y dice que la diferencia de precios también es notoria en esa zona fronteriza, aunque la inflación en Brasil es alta y el panorama cambiante.

La otra comisión es presidida en forma interina por la diputada sanducera Cecilia Bottino (Frente Amplio), quien afirma que la gente es rehén de la situación planteada en el litoral y que los intendentes “no hacen fuerza para que los puentes se abran, porque saben que las medidas económicas adoptadas por el gobierno fueron insuficientes”.

En forma paralela, el senador Botana tiene preparado un proyecto de ley sobre microimportación que pretende fusionar con una propuesta que en su momento hizo Cabildo Abierto sobre devolución de Imesi y del IVA para determinados productos mediante una tarjeta.

El senador reconoce que las medidas tomadas en setiembre por el gobierno “fueron un sacrificio que no solucionó la cuestión de fondo” y que el gran temor es qué pasará con la apertura que se viene. “Ahora la pelota está en la cancha del gobierno”, dice el senador blanco, quien espera indicaciones del Ejecutivo y por eso aún no avanza con su propuesta. Si bien hay silencio en el Ministerio de Economía (“nadie hablará del tema”, indican desde la cartera), el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, confirma a El País que el asunto está sobre la mesa y que “por ahora se está evaluando”.

El sanducero Della Corte dice que hay buena disposición al diálogo de parte del gobierno, pero que es momento de avanzar rápido porque la vuelta a la normalidad y al cruce sin hisopados es inminente. “Mirá que en dos o tres meses se puede apagar la ciudad, la matás”, afirma el empresario, quien es distribuidor y ya proyecta que entre abril y mayo próximo deberá enviará a la mitad de su personal al seguro de paro. Algo parecido dice el salteño Paulino, quien trabaja en el mismo rubro y cree que se perderán muchas fuentes laborales. Si antes no aparece una solución mágica, claro.

Rosas, de Fray Bentos, avisa con cierto pesimismo: “Cuando liberen todo, irá un malón hacia el otro lado y no lo va a parar nadie. Acá escuchás las conversaciones en la calle y están todos esperando para cruzar a comprar cosas... Es lógico y normal, yo no lo critico”.

El bagashopping vive y lucha, pese a la pandemia

HUGO LEMOS / SALTO
Que los comercios formales ganaron con el cierre de fronteras es un hecho. Pero de lo que tampoco surgen dudas es que los comerciantes informales, bagayeros en la jerga popular, se vieron beneficiados. De hecho, una serie de procedimientos de la Aduana y la Prefectura dejó en evidencia que en pandemia la mercadería argentina siguió ingresando al país por el río Uruguay mediante embarcaciones utilizadas por los contrabandistas para traer de todo, y dejarlo en la costa salteña.

Allí, vehículos con las luces apagadas y ocultos entre los árboles, esperan para recoger lo que llega desde el otro lado hasta la orilla en bolsas cerradas pero repletas de artículos de distinto tipo que se venden acá.

A esto se le suma el incremento notorio de puestos en el paseo de compras (el popular bagashopping), lo que determina que las ventas de mercadería extranjera sigue en alza con puestos que abonan una renta por ese espacio al Club Ferro Carril de Salto, ya que se encuentran ubicados en sus predios.

Pero hay más: los contrabandistas, que distribuyen la mercadería entre varios de los locales del bagashopping, también la dejarían, según supo El País, en depósitos de algunos comercios de plaza, que venden a “precios uruguayos” lo que traen del otro lado.

Pasa lo mismo con los bagayeros, cuyos puestos ofrecen muchas veces mercadería ingresada de contrabando a precios que no están lejos de los que pueden verse en las góndolas de los supermercados del centro de la ciudad salteña. Pero la gente sigue yendo a comprar al paseo de compras por el cliché de que “en el bagashopping todo es más barato”.

Así las cosas, comerciantes formales e informales han tenido un buen nivel de ventas en función del cierre de fronteras durante 2021 y ahora ven con cierta expectativa lo que pueda ocurrir con el regreso paulatino al pasaje habitual por la frontera de Salto Grande.

Allí las medidas de cupo ya fueron levantadas, aunque los requisitos sanitarios no permiten un cruce masivo por los costos que imponen. Así, se reduce el tránsito por un puente que une a dos ciudades que siempre estuvieron ligadas por un tema común: el contrabando.