Mariana tiene un apartamento en Malvín y hace cinco años decidió postearlo en Airbnb, la aplicación que facilita la búsqueda de alojamientos. Ella cuenta que puso su nombre a cargo de la propiedad junto a un par de fotos “y nada más”. Hace poco le enviaron un correo pidiéndole que ingresara su cédula, pero todavía no lo ha hecho. En realidad su casilla está repleta de correos provenientes de la aplicación, pero no se preocupa demasiado en leerlos porque ya consiguió un inquilino. “Me sirve la plata, esa es la realidad”, cuenta mientras del otro lado del teléfono se escucha que su hija llora y le pide una galletita. Mariana suele repetir la misma operativa: una vez que el apartamento se alquila a través de la plataforma, arregla con su inquilino para seguir con el alquiler por fuera de la aplicación y no les cobra la comisión adicional. Hoy lo tiene a 30.000 pesos por mes: la aplicación le cobra el 10% de comisión a ella, mientras al inquilino le cobra un 30% por lo que el alquiler queda en 39.000 pesos. Así, a los dos les sirve más arreglar por fuera. Ahora, por ejemplo, lo tiene alquilado por el resto del año de ese modo. “Hasta ahora me ha tocado gente bien que nunca me estafó y siempre cobro por mes adelantado, pero sé que corro el riesgo porque no tengo garantía ni les armo contrato”, explica.

La de Mariana es una doble “competencia desleal”, según la visión que tienen las cámaras inmobiliarias, hoteleras y de turismo, porque no concreta el alquiler con una inmobiliaria -por lo tanto no paga el IRPF correspondiente- y además utiliza la plataforma de Airbnb para conseguir inquilinos propios, que tampoco es la idea de la aplicación. Según dicen, hay por lo menos decenas de personas en Uruguay que hacen algo parecido.

El Ministerio de Turismo presentó hace tres meses un proyecto de ley al Parlamento para regular las llamadas “viviendas de uso turístico”, una categorización nueva que engloba a “todo establecimiento extrahotelero, ubicado en el territorio nacional, en el que se preste, de forma profesional y/o habitual a clientes” un “alojamiento temporal” y que estos sean “ofrecidos y promocionados o publicados en canales de oferta turística” donde “se ofrezca el servicio en más de cinco ocasiones al año por un tiempo que sumado exceda los 90 días”.

Foto: Estefanía Leal.

En su visita a la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios, el ministro de Turismo, Tabaré Viera, dijo: “Sobre todo en los servicios, a todas las actividades les llega su Uber y este es un fenómeno similar; (los servicios) se han transformado”.

A diferencia de lo que pasó con Uber, que comenzó a funcionar en Uruguay en 2016 y se reguló tres años después, en 2019, las aplicaciones como Airbnb o Booking funcionan en el país hace unos 10 años, pero aún no cuentan con una regulación concreta de parte del Estado. El porqué no está del todo claro. Tanto el Frente Amplio en su última administración como el gobierno actual han abogado por poner en regla a las plataformas de alquileres y alojamiento, pero hasta ahora solo han sido intentos.

La semana pasada el tema volvió a estar en el tapete después de que dos delincuentes alquilaron un apartamento en la torre Sea & Forest en Punta del Este y rompieron las cerraduras de las puertas de entrada de unos 30 apartamentos del edificio con el fin de robar durante la noche. Lo hicieron “sacando el cilindro y colocando otro cilindro con otra llave, lo que les permitía ingresar a la unidad en búsqueda de dinero y luego cerraban con llave, teniendo chance de volver a entrar ya que habían colocado llave propia”, según informó la Policía al respecto. Los delincuentes habían alquilado el apartamento a través de Booking, utilizando cédulas falsas. Además habían llegado al edificio con autos robados.

La comisión de propietarios del Sea & Forest resolvió prohibir la realización de alquileres que utilicen plataformas online, “de manera de evitar robos o cualquier hecho delictivo”, algo que la propia Policía les había recomendado.

Lo cierto es que, en este caso, las autoridades policiales están recomendado prohibir el uso de la plataforma, pero se trata de algo que no está penalizado ni regulado, ¿cómo se explica? Ahora, sin demasiada seguridad de que sea aprobado porque aún no cuenta con el apoyo de todos los legisladores de la coalición, pero con algo más de atención que otros presentados en el pasado, el proyecto de ley para regular las “viviendas de uso turístico” se define en medio de un abanico de grises que sirven para explicar la realidad del mercado inmobiliario y turístico actual.

Para el subsecretario de Turismo, Remo Monzeglio, el sector varía tanto que “siempre se corre desde atrás”. “Por eso queremos una ley que contemple lo que pasa ahora y también cosas que pueden pasar dentro de cuatro o cinco años. Lo que ocurrió en Punta del Este es una prueba clara de todo esto porque aquí no hay garantías sobre las personas que alquilan como sí las hay en los hoteles”, explica Monzeglio, quien viene del rubro hotelero.

Foto: Estefanía Leal.

La ley que proyectan las autoridades excluye a quienes alquilan su propiedad por menos de tres meses al año y con esto pretende no involucrar a las personas que, por ejemplo, tienen una propiedad en el este que alquilan durante la temporada. Además, quedan excluidas las viviendas que se alquilan a una misma persona por más de tres meses, en referencia a la Ley de Alquileres.

Para Julio Facal, asesor de la Cámara Uruguaya de Turismo quien también trabajó con el ministerio en la elaboración del proyecto, la normativa llega para “terminar de diferenciar el área civil del área comercial” dentro del universo turístico. “Dar un uso comercial y turístico a una propiedad es muy distinto a la economía colaborativa que entiende que las personas en su tiempo libre pueden armarse alguna changa, porque acá lo que importa es el nivel de habitualidad y profesionalismo que existe en buena parte de los alojamientos que se están ofreciendo”, sostiene el abogado.

Facal advierte que el proyecto de ley no busca específicamente la prohibición ni la regulación de cómo funcionan las plataformas como Airbnb o Booking, sino que “organizará” a quienes participan de estas y las utilizan como intermediarias para ofrecer un alojamiento.

Monzeglio agrega: “Notoriamente hoy mucho del sector pasa por ahí y es imposible no contar con ellas de alguna u otra manera, pero lo que buscamos es generar un marco adecuado de organización para que nadie se vea perjudicado. Lo que no es posible es dejar todo como está. El tema del libre mercado acá no cuenta”.

Marcelo Bonjour/Archivo El Pais

Por su parte, Marina Cantera, presidenta de la Cámara Uruguaya de Turismo, explica la “necesidad” del proyecto del siguiente modo: “Las posiciones en contra dicen que se está terminando con el pequeño emprendedor y entiendo que hace falta legislar para pequeños negocios en turismo, es cierto, pero no porque el negocio sea pequeño tenemos que dejar de entender que efectivamente es un negocio”. Según Cantera, “lejos está” la intención de “querer que las plataformas digitales se dejen de desarrollar” en Uruguay porque son “un gran aliado” para el turismo, pero hace falta “legislar las novedades que trae este tipo de tecnologías”. En otras partes del mundo, según la representante del sector, se han ejecutado leyes “mucho más restrictivas” que la que hoy tiene el Parlamento a estudio.

Pero el proyecto no es visto como algo positivo por muchas personas que estarán afectadas por la posible ley. Un grupo de anfitriones de la aplicación Airbnb, que representa aproximadamente al 50% de estos, envió hace algunas semanas una carta a los legisladores que integran la Comisión de Turismo de la Cámara de Senadores para que estos “reconsideren la desigualdad” que esta generaría.

“Estamos de acuerdo con que se regule el alquiler turístico por plataformas. Entendemos que esto beneficiaría el desarrollo óptimo del turismo interno y externo en Uruguay y por lo tanto, eso nos beneficiaría a todos. Dicho esto, es de orden aclarar que el proyecto tal y como está planteado representa riesgos para el desarrollo del turismo local y comunitario”, dice la carta a la que accedió El País. Según los anfitriones de Airbnb, el proyecto del Ministerio de Turismo solo servirá para “burocratizar y desincentivar” a quienes son emprendedores del sector “en medio de un panorama económico complejo”.

Foto: Estefanía Leal.

La “burocratización” a la que hacen referencia tiene que ver con que el artículo 6 del proyecto indica que el propietario o administrador de la “vivienda de uso turístico” deberá realizar una declaración jurada ante el Registro de Prestadores de Servicios Turísticos del Ministerio de Turismo. También, en el caso de que una persona “intermedie de forma habitual en más de una propiedad” de este tipo deberá registrarse como inmobiliaria turística ante la cartera. El segundo caso es algo relativamente frecuente entre quienes ofrecen alojamientos en las aplicaciones, que muchas veces tienen varias cabañas o apartamentos similares a disposición del turista. Si se aprueba la ley, estos pasarán a tener igualdad de condiciones con las de una inmobiliaria.

“Claramente quienes escribieron este proyecto desconocen cómo funcionamos, no tiene sentido poner las mismas cargas burocráticas que puede llegar a tener un operador inmobiliario o un hotel, con la de una persona que alquila su casa o habitación como forma de complementar los ingresos para afrontar los gastos cotidianos o para pagar la contribución inmobiliaria”, manifiesta la carta enviada a los legisladores.

El País intentó comunicarse con la empresa Airbnb y esta prefirió no responder las consultas. Sin embargo, Aníbal López, líder de la comunidad de anfitriones de la app en Maldonado, manifiesta ante la consulta de cuál sería el tipo de regulación necesaria, que lo más importante es que haya un “registro con un proceso sencillo y centralizado para que todos los que participan del sector cumplan con el proceso”.

Según López, la inmensa mayoría de las personas que hoy ofrecen alojamiento en las plataformas durante más de cinco veces en el año o 90 días en el año -como indica el proyecto de ley- brindan “otro tipo de turismo” diferente al de “los grandes hoteleros” porque este “es un turismo de experiencia”. “Muchos de nosotros nos encontramos en pequeñas localidades, balnearios del oeste o zonas con mucha riqueza natural. Vemos fin de semana tras fin de semana cómo los huéspedes llegan, se interesan por conocer la historia local, van a comprar los insumos al almacén del barrio, se introducen en la cultura local y contagian de todo a la comunidad”, expresa.

No son solo los que se verán afectados por las regulaciones a la “vivienda de uso turístico” los que se oponen al proyecto, sino que más de un legislador se manifestó en contra de la iniciativa en la visita de las autoridades de la cartera de Turismo a la comisión que estudia el tema. La senadora frenteamplista Liliam Kechichian, quien estuvo al frente del Ministerio de Turismo entre 2012 y 2020, manifestó allí que tiene sus “dudas” acerca de si “este es el mejor camino” para abordar la problemática con los alojamientos temporales. “Me preocupa cómo vamos a controlar eso de que se pueda alquilar cinco veces y no más. No de ahora sino que me preocupó siempre, porque en el período pasado tuvimos muchas dificultades de control ya que el ministerio es débil en ese sentido; era débil y creo que sigue siéndolo”, dijo Kechichian, según la versión taquigráfica.

El senador Alejandro Sánchez, también frenteamplista, cuestionó el modo en el que está planteado el proyecto y sus posibles afectaciones sobre la clase media que “busca complementar sus ingresos” con este tipo de alquileres.

Desde el oficialismo, el senador colorado Raúl Batlle también calificó de “equivocado” al proyecto del Ministerio de Turismo, por su redacción. “Se habla de ofrecer y no de alquilar. Si uno pone su casa en cualquier plataforma y la ofrece todo el año o por más de cinco veces, tiene que ingresar en un registro; todas las casitas de balneario de todo el país tienen que estar en el registro según esta propuesta. Me parece que está mal redactado para tratar de sacar a unos seis o siete competidores desleales”, explicó Batlle en comisión frente al ministro Viera. Además, el legislador aseguró que las plataformas como Airbnb o Booking vinieron “realmente a ayudar” porque “un montón de gente entró en el mercado” y agregó: “Antes una casita en Las Toscas, no tenían cómo alquilarla y ahora sí. Una casita de balneario ahora se alquila”.

En este sentido, el presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay (AHRU), Francisco Rodríguez, sostiene que hay una “gran confusión” con respecto al proyecto de ley porque “no se va contra las plataformas sino que se está tratando de proteger al turista” que “frecuentemente” cae en lugares que tienen algún tipo de problema y “nadie se hace responsable de eso”.

Rodríguez explica: “La inmensa mayoría de los hoteles trabajan con Booking así que no va por el lado de sacar nada, pero honestamente como sector no entendemos cómo en la parte política haya dudas de que esto sea beneficioso para el usuario y para la competencia desleal. Además de que sin regulación se fomenta el trabajo informal”.

El senador nacionalista Amín Niffouri, quien además preside la Comisión de Turismo, dice a El País que “hay voluntad política” de parte del Partido Nacional para que el proyecto de ley salga, aunque advierte que “posiblemente” sea con varias modificaciones. “El tema está sobre la mesa hace años, es cierto, pero también es cierto que tenemos que ser finos en la definición para no involucrar de repente a actores que no tendrían que quedar comprendidos en la ley”, dice Niffouri.

Tal como sucedió con Uber, la posible regulación de los alojamientos que hoy se concretan a través de las aplicaciones podría no lograr una luz verde con gran facilidad en Uruguay. Esto a pesar de que tanto los legisladores como las autoridades e incluso los involucrados en el tema están de acuerdo en que algo, por lo menos, habría que poner en regla cuando se habla de alojamientos informales. El debate está instalado.