El juicio es millonario y se arrastra desde fines de 2016. En aquel momento la Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay y la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay, que nuclean a unas 30 empresas del sector, presentaron una demanda contra Ancap. ¿Por qué? Pretendían lograr un resarcimiento económico ya que, argumentaban, los trabajos de prospección sísmica —en busca de petróleo y gas— realizados por diversas empresas multinacionales en mar uruguayo habían bajado la captura cerca de un 40%.

Aquella caída se mantuvo al menos hasta 2017, dice hoy a El País el presidente de la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay, Juan Riva-Zucchelli. “Estas cosas son difíciles de demostrar pero no hay dudas de que las prospecciones perjudican a la pesca”, agrega el empresario, e intenta explicar el trabajo de las empresas petroleras en el mar de esta manera bastante gráfica aunque no demasiado científica: “Tiran como unos bombazos de aire comprimido desde barcos, esas ondas van bajando, llegan al fondo del mar, siguen bajando, después rebotan y, en función de eso, suben y unos sensores leen las emisiones”. Y termina: “Con eso hacen dibujos del lecho marino, es decir qué hay adentro de la tierra” para ver si es viable perforar.

El actual jefe de Exploración y Producción de Ancap, Pablo Gristo, admite que el método de la sísmica genera ruido “que está en un rango de frecuencia que escuchan los peces, los mamíferos marinos” y puede tener “impacto significativo”, pero dice que hay medidas para minimizar esos impactos.

Foto: Greenpeace.

¿Qué pasó en aquellos años a mediados de la década pasada? “Las prospecciones sísmicas se hicieron sin ningún tipo de control, no había que pedir autorización ambiental. No hubo diálogo con las cámaras ni tampoco con la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara)”, dice Riva-Zucchelli.

Lo que las empresas pesqueras dicen es que a priori no hay evidencia de mortandad de peces en aquellas prospecciones que a grandes rasgos se dieron entre 2013 y 2016, pero sí parece claro que los cardúmenes fueron ahuyentados por las fuertes explosiones sísmicas, cuyas ondas afectan a cientos de kilómetros a la redonda. Para entender el fenómeno: incluso aparecieron corvinas en las lagunas del sur de Brasil.

Riva-Zucchelli usa una imagen que ayuda a hacerse una idea de lo que sucede en el mar cuando hay una prospección sísmica: “Imaginate un árbol lleno de pajaritos y vos tirás un tiro. Es poco probable que justo mates a uno, pero seguro van a volar y no sabés hacia dónde”.

Acá pasa lo mismo pero en el fondo del mar.

“Nosotros hicimos un juicio a Ancap porque entendimos que no se habían tomado las precauciones necesarias”, explica. En un país de procesos lentos, siete años después aquel juicio todavía sigue en pie, aunque las empresas pesqueras dicen que han recuperado los niveles de captura anteriores a 2013. El año pasado Uruguay exportó más de 60.000 toneladas de pesca y este año esperan una cifra similar o mayor.

Pero el tema adquiere gran relevancia hoy porque están en marcha otra vez exploraciones en busca de petróleo y gas tanto en mar argentino como uruguayo, en la zona común de pesca en el Atlántico. Algunas adjudicaciones de lo que se conoce como bloques offshore (o sea, en el mar) se limitan por ahora a trabajo de escritorio pero otras, como ya veremos, incluyen prospecciones sísmicas, esto es trabajo en el mar con explosiones sonoras, y perforaciones de pozos.

Este nuevo interés se produce sobre todo alentado por recientes hallazgos en Namibia, en la costa africana, que tiene similitudes geológicas con esta parte de la costa sudamericana. Y hace millones de años eran parte del mismo lugar, claro. Eso “baja el riesgo geológico de Uruguay” porque “son rocas de la misma edad y condiciones similares de generación de petróleo y gas”, dice Gristo, de Ancap.

Los ambientalistas de ambas orillas del Río de la Plata (y más los argentinos que, se sabe, son ruidosos para todo) alertan por los fuertes impactos de estas exploraciones en la fauna y flora marina. Y, ellos sí, hablan de daños y dicen que puede incluir mortandad (ver más abajo).

Pero, ¿cuáles son las exploraciones que están encaminadas en busca de petróleo y gas? Vamos primero a lo que sucede en el Atlántico argentino (pero no tan lejos del mar uruguayo).

Hace unos días se confirmó que, a pesar de recursos judiciales presentados por organizaciones ambientales, sobre fines de año se iniciará la exploración (y posterior perforación) en el bloque CAN 100. Se trata del pozo exploratorio Argerich, a unos 300 kilómetros de Mar del Plata, a cargo de la empresa noruega Equinor asociada a YPF y Shell.

Ese pozo, de tener buenos resultados, “puede abrir las perspectivas para Uruguay”, dice Gristo.

Pero no es el único: hay otros bloques offshore adjudicados en la llamada Cuenca Argentina Norte (CAN) y, según publicó el mes pasado el diario argentino La Nación, la Secretaría de Energía está preparando el lanzamiento de una nueva licitación, la segunda en los últimos cuatro años.

De los ya adjudicados, el bloque más cercano a la costa uruguaya (de hecho está en el límite de la zona económica exclusiva de Uruguay) es el CAN 102, por ahora de prospección sísmica, a unos 270 kilómetros de Punta Médanos en la provincia de Buenos Aires, a cargo de YPF y Equinor. Un documento interno de Greenpeace, al que accedió El País, dice que el método sísmico a emplear allí consiste en la “emisión de aire a alta presión que ingresa rápidamente al agua, produciendo burbujas que al implosionar generan un fuerte sonido”.

Al estar el bloque dentro de la zona común de pesca argentino-uruguaya y como el área de influencia “incluso excede el lateral argentino de la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo”, tanto esta comisión como el gobierno uruguayo deben autorizar la realización de la actividad prospectiva, según afirma la ONG ambientalista internacional.

Esto no es compartido por la Cancillería uruguaya. Según supo El País, en el Ministerio de Relaciones Exteriores entienden que no hay necesidad de que Argentina pida autorización al gobierno uruguayo dado que los trabajos se harán estrictamente en la jurisdicción de ese país sobre el lecho y el subsuelo marino, aunque sea una zona común de pesca. Eso sí, en Cancillería admiten que la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo —integrada por representantes de los dos países— debe actuar si en alguna exploración se afecta en forma negativa la pesca y la riqueza marina.

Por eso, la delegación uruguaya en esa comisión reclamó información a Argentina, según fuentes de Cancillería. Esa consulta se centró en detalles sobre en qué consiste la adjudicación de bloques y si podría haber efectos en la flora y fauna marina en la zona común, según las fuentes. Fue hace unas tres semanas y la respuesta argentina incluyó “información insuficiente”, dicen fuentes de la cartera. En el próximo plenario de la comisión, que seguramente será la próxima semana, la delegación uruguaya volverá a pedir información a Argentina.

Hernán Pérez-Orsi, activista de Greenpeace, lamenta que lo que sucede en Argentina “tenga poco eco en Uruguay”, a pesar de que sabe que algunas organizaciones ambientalistas locales han hecho averiguaciones. “Y se han encontrado con un total desconocimiento de las autoridades sobre los avances de estos procesos de exploración. Nos llama la atención, el bloque CAN 102 es lindero a Uruguay”, dice el activista. “Hoy en día ya podrían estar haciendo bombardeo acústico submarino en esa zona, no lo hacen por una cuestión operativa”.

Foto: Greenpeace.

El subsecretario uruguayo de Ambiente, Gerardo Amarilla, admite que en el ministerio no cuentan con información sobre las exploraciones en Argentina: “No tenemos ni datos”.

De exploraciones en el mar uruguayo sí saben y, de hecho, preocupan porque “ponen en riesgo valores ambientales de nuestro territorio marino”. Amarilla piensa que no tiene mucho sentido “salir a buscar petróleo ahora, en un mundo donde se utiliza cada vez menos”. Para el subsecretario es algo “del pasado”, pero claramente está en minoría en el gobierno en este tema.

Dos veces al año se abren ofertas para explorar áreas predefinidas en la zona económica exclusiva: la próxima será el miércoles 31 de mayo. Hoy en el mar uruguayo hay un solo contrato firmado, en mayo del año pasado, con Challenger Energy en el área OFF-1. La empresa trabaja por estos días en reprocesar datos sísmicos y haciendo evaluaciones de la geología.

Hay otros cinco bloques adjudicados el año pasado en los que hay que esperar un paso concreto: la aprobación del Ministerio de Industria para que luego Ancap firme los contratos con las empresas. Este proceso puede demorar entre tres y seis meses más.

Shell recibió las áreas 2 y 7, YPF el bloque 5, APA Corporation el 6 y un consorcio entre Shell y APA el 4. De los seis bloques, cuatro incluyen por ahora solo trabajo de escritorio y hay dos con compromiso de trabajo de campo, según lo estipulado por los oferentes. APA se compromete a un pozo exploratorio en un período de cuatro años desde la firma del contrato. Y el consorcio de APA y Shell se comprometió a trabajo de exploración sísmica 3D.

Hay una extensa base de datos sísmicos de rondas anteriores, que también serán usados como información en todos los casos.

Las firmas oferentes hacen la inversión a su costo, el cual será reembolsado si se encuentra producción comercial. En total la inversión comprometida por las petroleras varía entre 100 y 200 millones de dólares, confirma Gristo. Se estima que cerca del 12% del dinero queda en Uruguay, entre contratación de servicios y recursos humanos. “Es una cadena de valor que se genera alrededor de la exploración”, dice el jerarca de Ancap.

La cifra global es una estimación, con los costos de mercado, de los compromisos realizados por las empresas: un pozo de exploración, unos 2.500 kilómetros cuadrados de sísmica 3D y otras tareas de procesamiento de datos y estudios de gabinete. “Pero depende de los precios de los servicios al momento de realizar el trabajo”, explica Gristo, “por ejemplo el pozo Raya X-1 que perforó (la petrolera) Total en 2016 costó 150 millones de dólares”.

Mientras, el bloque OFF-3 permanece libre hasta ahora.

Con el antecedente del juicio, los representantes de las cámaras de empresas pesqueras serán citadas por Ancap a una reunión en unos días, según le trasladó el presidente de la empresa Alejandro Stipanicic a Riva-Zucchelli.

El presidente de la cámara pesquera dice que no están en contra de los avances pero que todo debe negociarse con el gobierno. “Busquemos la fecha para que haya el menor impacto posible, lo mejor es hacer las prospecciones fuera de la zafra”, afirma el empresario, en referencia a la fecha que en general va desde el fin del otoño al inicio de la primavera: es cuando hay más captura en todo el año.

Gristo, de Ancap, dice que no hay evidencias de daños en las poblaciones de peces. Algo parecido opina Jaime Coronel, director de Recursos Acuáticos, quien asegura que los estudios científicos no muestran “afectación directa” sobre las especies adultas. Pero admite que la evidencia internacional muestra “un corrimiento” de los peces, al tiempo que sí hay una mortandad de zooplancton y afectación en mamíferos marinos, que sufren desorientación y varamientos, o sea, encallan en las playas.

De hecho, existe un protocolo ambiental importado del Reino Unido que obliga a incluir tres observadores en los buques, quienes vigilan y avisan si una ballena o delfín se acerca a una distancia menor a un radio de seguridad. En ese caso se apaga el sonido. En la exploración de mediados de la década pasada, hubo casi 30 biólogos marinos uruguayos embarcados.

Foto: Greenpeace.

En cuanto a los peces, desde Ancap Gristo dice que se pueden definir zonas donde no se permita hacer sísmica, por ejemplo si hay desove.

El jefe de Exploración y Producción de Ancap cuenta que las medidas de gestión ambiental fueron incorporadas en forma paulatina desde que la empresa estatal empezó a poner el foco en el mar sobre 2007. “Y le fuimos agregando cada vez más, hasta que en 2016, en discusión con la entonces Dinama”, en referencia a la Dirección Nacional de Medio Ambiente, “acordamos incorporar la exploración sísmica en la lista de proyectos que requieren autorización ambiental previa”. Es decir, hasta ese año las exploraciones petroleras, salvo los pozos, no requerían de ningún permiso.

Ahora tanto pozos como actividades de prospección sísmica requerirán un permiso que puede ser B (más “suave”) o C (que es más complejo de obtener e incluye audiencia pública), lo cual requiere un estudio previo.

Ancap trabaja por estos días en coordinación con Ambiente y Dinara, preparando el terreno para controlar esas exploraciones. La historia continuará.