En los últimos meses, el gobierno se armó de un escudo hecho de cifras récords para repeler las críticas que le carga la oposición por elincremento de la violencia. A un mayo notoriamente sangriento le siguió unoctubre cruel. El primero terminó con 43 homicidios, duplicando así el registro del año anterior. El segundo, con 38: igualando el conteo de 2019, superando el de 2020 y el de 2021 también. Pero, para esgrimir el éxito de su gestión en el combate contra el narcotráfico y respaldar su teoría de que el incremento del 39% de los homicidios es un “lamentable” efecto de una estrategia que está dando “buenos resultados”, el Ministerio del Interior difundió un menú de números correspondientes a 2021.

El documento al que accedió El País destaca especialmente el “récord de bocas desarticuladas”, que fueron 1.152 el año pasado y en el acumulado desde 2020 suman 2.200, superando así las que cerró la última administración frenteamplista. Otro hito constituyó la incautación de 1.196 kilos de pasta base ese mismo año. Además fueron indagadas 4.673 personas y 1.465 fueron condenadas, cantidades inéditas en la respuesta penal contra los delitos del narcotráfico.

A su vez, la Fiscalía respondió a El País un pedido de acceso a la información pública acerca de las imputaciones logradas en delitos de estupefacientes, que confirman un incremento del orden del 40%. En 2019, habían sido formalizadas 1.473 personas, mientras que tras la asunción del gobierno de coalición en 2020 esta cifra ascendió a 2.092 y en 2021 registró 2.075. Entre enero y mayo de este año, 765 personas fueron imputadas por crímenes vinculados al narco.

Por último, también se decomisó más dinero que nunca de estas organizaciones criminales: casi 17,5 millones de pesos y 743 mil dólares.

Basándose en estos resultados,la tesis del ministro Luis Alberto Heber es que al haber “menos droga, menos plata y menos bocas se disputa mucho más duramente el territorio que antes”. Esto, por un lado, genera la buena noticia del descenso de las rapiñas y los hurtos, “lo que quiere decir que hay menos gente rapiñando para comprar droga”, pero también activó “una guerra violenta entre bandas que provoca muchos asesinatos”.

Estefania Leal/Archivo El Pais

Consciente de que este argumento es un centro de críticas por parte de la oposición —y según se constató para este informe, también genera disconformidad en algún que otro asesor del ministro—, Heber anticipa su defensa planteando entonces cuál sería la alternativa; pregunta: “¿Qué hacemos, los dejamos vender?”.

En definitiva, el ministro asevera que este gobierno tiene un plan contra el narcotráfico “en todos sus estamentos”, que fue presentado al Senado. Señala como un cambio clave de la gestión, la creación de las brigadas antidrogas en Montevideo y Canelones, abocadas al trabajo en territorio, reprimiendo el microtráfico y al narcomenudeo. Esto liberó a la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas para que realice tareas de inteligencia enfocadas en la punta “macro” del delito, en coordinación con sus pares de la región “porque por lo general el que manda la droga no está acá”, acota Heber.

El jerarca afirma que esta estrategia “dio un gran resultado”. Le atribuye la determinación de las 45 organizacionesque operan en el área metropolitana regenteando sus respectivas bocas, “en algunos casos más de 20”. Estos grupos son abastecidos por seis distribuidores locales. Todos están identificados y dos ya están en la cárcel, aseguran las autoridades. La Policía también tendría identificadas las rutas que utilizan para el tráfico.

“Los resultados son mejores que los del Frente Amplio”, insiste el ministro y enfatiza que se está “incursionando” en la especialización de policías para captar el lavado de dinero a pequeña escala, como una llave para desarticular a las organizaciones, sin importar el tamaño.

Sin embargo, desde la oposición pero también algunos investigadores, analistas en seguridad y fiscales señalan que las cifras presentadas “como un relato de éxito”, “son discutibles”. “En la última década se ha dado un ensanchamiento del mercado de las drogas ilegales. Si vos tenés más incautaciones no quiere decir que hacés mejor tu trabajo por detectar la mercancía ilegal: puede ser que estés detectando más porque la torta es más grande”, plantea el investigador y sociólogo Gabriel Tenenbaum.

A su vez, se le recrimina al gobierno que está atacando la parte más débil de las organizaciones, encarcelando a los delincuentes “reemplazables”, en las bocas, que se regeneran rápidamente, dejando un “costo mayor al beneficio”: el aumento de los homicidios. Plantean que, aunque es necesario apuntar a las bocas que contaminan la dinámica barrial, el gobierno no está aplicando un combo de políticas integrales —que ayuden, por ejemplo, a desestimular el consumo— sino que despliega una estrategia “de corte reactivo y represivo”, que tildan de “convencional” y advierten: “Ya fracasó en todos lados”.

“Lejos de solucionar los problemas los agrava, no va generando una acumulación en el sentido de direccionar una solución más permanente”, dice el sociólogo Rafael Paternain, exdirector del Observatorio sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior en la administración frenteamplista.

Integrantes de las tres fiscalías de estupefacientes de Montevideo aceptan conversar sobre su trabajo bajo la inexorable condición del anonimato. Tienen visiones diferentes. Algunos confían en el plan de las autoridades, opinan que se está golpeando al narco en sus distintos eslabones, pero que para ir “a fondo” se necesitan más herramientas jurídicas. Otros, en cambio, son “pesimistas” respecto a la lucha contra el narcotráfico. Dice una fuente: “Esa versión de que son 45 familias que llevaban el narco en este país, eso no existe. Eso es parte de un relato. Esto es mucho más profundo. Es una lucha perdida, eso está claro, pero lo que pasa es que nadie quiere asumir el costo de decirlo. Habría que apuntar a otro tipo de políticas, pero no esta. No va a dar resultado.”

A fines de 2017, cuando se introdujo el nuevo Código del Proceso Penal y la primera fiscalía entró en acción (a cargo de Mónica Ferrero), la incidencia del microtráfico era “abismalmente inferior”. El exfiscal de Corte, Jorge Díaz, había indicado aplicar en cada caso una investigación de contexto. Esto es: a partir de un delito puntual rastrear si hubo otros similares en la zona, y qué tipo de actores podrían estar relacionados. O sea: investigar si detrás de un delito aparentemente chico, hay una organización. Luego, la Unidad de Análisis y Contexto haría una investigación general.

Era una buena idea, “que se desmadró”. La unidad se disolvió. El código “fue mutando cuando se enfrentó a la realidad y se cambió el ideal de trabajo”, comentan los fiscales, pero persiste la certeza de que es necesario crear una unidad de drogas, que centralice la información, “por ejemplo para que las penas guarden una relación para los delitos similares en las fiscalías de todo el país, y no pasen las diferencias que se encuentran hoy”.

Luego de 2018, con los enfrentamientos protagonizados por Los Chingas, y la proliferación “demencial” de los delitos de microtráfico, se creó una segunda fiscalía (a cargo de Stella Llorente), después una tercera (bajo la titularidad de Alejandro Machado), y como el flujo de trabajo no afloja, en enero se creará una cuarta.

Entonces, a la pregunta de qué explica el incremento de las imputaciones, algunas fuentes plantean que con más fiscalías se pudo incrementar la cantidad de allanamientos. “Si no hacés allanamientos no se detienen personas, no se cierran bocas, o ‘boquitas’ como les decimos nosotros”, señala un informante.

Archivo El País

Algunos fiscales reconocen que los procesos por cierre de bocas absorben el tiempo, pero igualmente creen que “hay que atacarlos con una visión de lo grande”. En tanto, otros operadores aseguran que con esta metodología “no se está deteniendo a los narcotraficantes”. “No me voy a engañar, hacemos un allanamiento y el 90% de los detenidos son los que ellos llaman ‘perros’: probablemente un adicto que está en la calle, que también vende, o una mujer sola que está en la mala, y se arriesga y lo hace”, dice una fuente.

Incluso cuando se trata de incautaciones grandes, esta fuente plantea: “Deberían preguntar a quién se agarró. En el 90% de los casos caen el chofer o el puntero, y el sistema se conforma con eso”.

Otro funcionario de la fiscalía coincide con esta visión, y agrega que es habitual que al otro día de cerrar una boca la Policía le avise que la reabrieron. “Y volvemos a allanarla, a formalizar y a cerrar la boquita. El sistema se agota en el chiquitaje. Hoy funciona así. Yo como fiscal soy funcional al sistema. Se aumenta la cantidad de formalizaciones y de personas presas, pero por más personas que formalices es imposible resolver el problema y además, con esta política nosotros estamos tapados de trabajo y obviamente no podemos dedicarnos a los casos grandes”.

No hay tiempo, dice. Ni hay recursos: “para investigar el lavado, por ejemplo”. “Y no hay respaldo político ni policial; meterte con los casos profundos es una patriada”.

Santiago González, el director de Convivencia del Ministerio del Interior, está convencido de que “lo peor del negocio del narco es lo que genera una boca en un barrio”. Por eso, si la boca cerrada se vuelve a abrir y hay que hacer el trabajo dos veces, tres veces: se hace. “¿Qué dijimos nosotros? Que íbamos a ser infranqueables, con el que distribuye y contra el que vende en la boca, la oposición lo sabe pero como no lo hizo quiere tratar de buscarle un discurso distinto. Hoy la gente cree en la Policía porque ven que estamos cerrando bocas que hacía 10 años que estaban abiertas. Y como ven que cerramos bocas, nos pasan constantemente información”, dice. Esa información, para González, es una señal de confianza en el plan del gobierno.

Ahora bien, si la mayoría de los condenados son los “perros”, y no los dueños de las bocas, ¿es una estrategia eficaz? González no duda en que el cierre de las bocas es un mensaje que llega a la cima de las organizaciones. “Una boca necesita de toda la cadena de distribución. Necesita a muchas personas trabajando. El que no lo entiende desconoce la cantidad de dinero que hace por día una boca”, retruca.

Archivo El País

Es tanta la droga que tienen que mover, que hasta los propios consumidores son utilizados como vendedores. Ahora, para evadir un eventual cierre, comenzó a propagarse una nueva modalidad que consiste en sacar a la calle a vendedores ambulantes, que cargan cantidades permitidas para consumo personal.

De cara a una boca, una fuente de la fiscalía dice que hay que hacerse tres preguntas: quién provee, quién vende y qué tipo de droga comercializa. “Si el proveedor es del barrio, se instala otra persona en la boca que se desarticuló y no hay homicidios. Pero si el proveedor es de otro barrio, se sospecha que fue él quien denunció a la Policía para quedarse con el territorio y empiezan las muertes”.

Ministerio del Interior

“Ya hay una idiosincrasia narco instalada en Uruguay”, menciona este integrante de la fiscalía. Empezó en el Cerro y se mudó al barrio Peñarol, el nuevo epicentro de las luchas de bandas. “Primero les cortan un dedo, después dos. Después les cortan la lengua, la última advertencia es la oreja”. La novedad de este año, es la recurrente presentación de cadáveres con señales de ajusticiamientos; cuerpos desmembrados y calcinados, con el fin de ocultamiento, o “como una firma”.

Edward Holfman, consultor y especialista en seguridad pública, reconoce el cambio en la gestión de la seguridad, que mediante la creación de las brigadas y un mayor respaldo a la Policía se lograron más procedimientos, pero no apoya la justificación de que la suba de los homicidios sea un efecto del enfrentamiento por mercado y droga. “Este año cerraste menos bocas, entonces deberían haber bajado. Creo que es más complejo el tema de los ajuste de cuentas, con ese 50% de los homicidios que no se resuelven. Esto es así desde hace 15 años y eso genera impunidad, estás mercantilizando la muerte y creando el sicariato”, sostiene.

Hay elementos que las autoridades ya conocen, señala: el 52% de los homicidios se concentran en la capital, están identificados por zonas y horarios, y está definido el perfil de las víctimas. “El gobierno dice que no puede evitar que maten a alguien porque tendría que poner a un policía en cada esquina, pero sí podría desplegar un plan para los homicidios, que no es el mismo que para las rapiñas. Parecería que es todo lo mismo: ataco al narco y con eso se cree que se ataca a los ajuste de cuentas y el tema de las rapiñas”.

En la misma línea, el exsenador frenteamplista Paternain, plantea: “Si desarticulo bandas, pero me trae como resultado este incremento de los homicidios, con todo lo que desata eso en el territorio, ¿la estrategia que me estoy planteando es más problemática que beneficiosa? No está claro que el incremento de la violencia homicida tenga que ver con la retracción de los mercados, sobre todo porque esas bandas son espacios más bien clánicos que se regeneran muy rápidamente. El plan del gobierno da la sensación de golpe y avance, pero en realidad el problema reaparece con más fuerza”.

Un tiempo atrás éramos una plaza de tránsito de cocaína hacia Europa, luego nos convertimos en una plaza de consumo —somos el segundo consumidor de cocaína de América, el segundo de cannabis; la pasta base que viene por Argentina queda en buena parte acá para consumirse, y además se empezó a comprar mucha droga de síntesis— y ahora también hacemos acopio, reconoce el ministro Heber.

Es decir que Uruguay pasó estas tres etapas. “¿En serio me dicen que combatimos el narcotráfico? Tenemos solo el 45% de los cielos del país radarizados cuando se sabe que identificaron 900 pistas clandestinas. Y tenemos dos puertos que incrementaron 30% su actividad, pero hay un solo escáner que dos por tres no funciona y está viejo”, plantea Holfman.

En una oficina de la Fiscalía, una fuente toma una hoja en blanco y dibuja una línea recta. En un extremo, marca el origen: la droga sale de Paraguay, Bolivia, Colombia y Perú. En el medio, una cruz: pasa por Argentina y Brasil; la entran a Uruguay por rutas terrestres, fluviales y aéreas. En la otra punta, pone un círculo: la vuelven a sacar por los aeropuertos y por los puertos de Brasil, Argentina y Uruguay con destino a África y de ahí a Europa. La fuente levanta la birome e indica: “Anotá esto: ahora en el Mundial va a pasar de todo, ¿o qué te crees que hacía (Sebastián) Marset en Dubái? Mientras juega la selección, en esos momentos es que acá se va a mover más droga”.

Archivo El País

El país funciona como una “ruta contra intuitiva”, es decir un camino menos directo pero más seguro. Para elegir una ruta, las organizaciones narco investigan la reputación del país en el exterior, qué tan corruptibles son las aduanas, el funcionamiento de los puertos —“en el de Montevideo se mueven muchos contenedores con pocos controles, eso les sirve”, desliza Holfman— “y hasta nos investigan a nosotros”, sostienen algunos fiscales.

Los investigadores tienen el foco puesto en llegar a los lugares de acceso, por tipo de droga y por medio de transporte. Pero saben que para agarrar a los eslabones medios y altos se requieren otras tácticas, “porque no suelen estar al lado de la droga”, dice Heber. Se apuesta a seguir el rastro del “dinero sucio”. “El lavado atraviesa a toda la cadena”, explica un fiscal

“No importa la magnitud de la organización, si es transnacional o tiene tres bocas en Montevideo, todas en algún momento van a necesitar lavar el dinero que obtuvieron de forma ilícita. Además, estas personas suelen tener grandes aspiraciones hedonistas, y en ese sentido se quieren comprar un lindo auto, una casa, para ellos o para alguien; un comercio para darle trabajo a la familia o para usar el dinero, porque no lo pueden tener en un banco ni debajo del colchón: tarde o temprano van a pasar sí o sí por el circuito legal, y para mí ese es el tema clave, porque Uruguay arrastra la fama de ser una plaza que brinda el servicio de blanquear el dinero ilícito, desde hace décadas”, dice el investigador Tenenbaum, que en su libro Los protectores del capital analiza las conexiones entre el tráfico de drogas mexicano y el lavado de dinero en Uruguay.

Francisco Flores

En ese sentido, ahonda en los actores que, “a veces con intención, a veces sin intención”, colaboran. Abogados, escribanos, contadores, automotoras, inmobiliarias, rematadores, constructores, etcétera. “Controlar esta parte del asunto no implica violencia en sí misma, pero uno se va encontrando con que no hay una gran disposición, porque cuando perseguís el dinero no es solo el sucio: es todo, y sucede que el gran capital, o el capital medio, que es legal, que quiere invertir en el país, huye”. Tal vez sea la tensión que genera el temor a ahuyentar las inversiones, que necesitan los países como el nuestro, lo que incide en que “se hable del tema pero no se ponga realmente en la agenda”.

En 2019, la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica —organización intergubernamental para prevenir y combatir el lavado— determinó un seguimiento intensificado sobre Uruguay por no haber cumplido las recomendaciones internacionales en la materia, “como ser la baja eficiencia en la persecución penal del delito de lavado de activos”, indica Jorge Chediak, Secretario Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

A su vez, sobre la administración actual recae el cuestionamiento en torno a la llamativa reducción de los reportes de operaciones sospechosas que deben presentar los actores del sistema privado como los escribanos y las inmobiliarias (no así las automotoras). Para la oposición, este escenario se propició por una flexibilización en los controles que introdujo la Ley de Urgente Consideración, para ciertas operaciones que se realicen mediante pago electrónico. “Nos encontramos inspeccionando el sector desde el año pasado y a la fecha no hemos advertido grandes omisiones o incumplimientos que nos hagan pensar que existan subreportes debido a esa modificación normativa”, descarta Chediak.

La secretaría junto al fiscal de Corte, Juan Gómez, propusieron la creación de una fiscalía especializada, que se inaugurará en enero, lo cual, según supo El País, no convence del todo a las autoridades del ministerio, ni a algunos fiscales. Desde la secretaría justifican que es necesaria “para mejorar la efectividad del sistema, con mayores investigaciones económicas, condenas penales y el consecuente decomiso de los bienes producto del delito”.

Hasta el momento, la secretaría asiste en las investigaciones penales aportando técnicos especializados, así como la información que disponga respecto a las personas investigadas y sus bienes: esto siempre que un fiscal lo solicite. Por ahora, a pesar de la resonancia del caso y de que confirmaría la instalación de grupos extranjeros, pesados, en el país, ningún fiscal solicitó una investigación con eje en el lavado de activos de Sebastián Marset.