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No hay un solo lugar libre para estacionar el auto en la calle Divina Comedia un lunes después de las nueve de la mañana. Carrasco se ha ido posicionando como un barrio que recibe a diferentes empresas que escapan hacia el este de la ciudad, se alejan del Centro y eligen esta zona residencial y coqueta para instalar sus oficinas, y eso se nota. En la esquina con la rambla resalta un caserón de estilo europeo, que fue construido allá lejos en la década de 1930 por los arquitectos Gonzalo Vázquez Barrière y Rafael Ruano cuando el lugar era puro médano y zona de residencias para las vacaciones.
Es la casa Strauch, en sus orígenes un chalet donde pasaba el verano esta familia adinerada que se dedicaba al agro y a los productos de limpieza. “Acá vivían solo tres personas: un matrimonio con un hijo”, dice el arquitecto Nicolás Barriola y señala la imponente mansión de tres pisos, que más adelante fue propiedad de la familia Leborgne. Él no es el dueño de casa pero la conoce tanto que parece que lo fuera: lideró la reforma que una empresa de seguros médicos llevó adelante hace una década y conoce de memoria cada recoveco del predio.
Al lado de la puerta principal, una imagen de la virgen María Desatanudos y debajo de ella una pila de agua bendita, es decir un recipiente que en su época contenía agua bendecida para persignarse antes de entrar a la residencia. Esa virgen tiene una historia particular: resulta que la quitaron en forma transitoria cuando el lugar estaba en obras de reciclaje y a los pocos días hubo un incendio que consumió por completo el techo de madera y las tejas de pizarra negra, que debieron ser reconstruidos. “Creer o reventar”, dice Barriola, “el día que sacamos la virgen tuvimos un incendio”.
Al entrar, una gran escalera de madera que lleva a la primera planta. Y en el entrepiso un impactante vitral que hizo Arturo Marchetti, uno de los artesanos vidrieros más prestigiosos de su época, que entre otras cosas instaló 28 ventanales de estilo greco-romano en el Palacio Legislativo. En la imagen se ve una antigua carabela llegando a un lugar con abundante vegetación. “En teoría es un retrato de la Pinta, la Niña y la Santa María llegando a América”, dice el arquitecto.
Barriola oficia de guía por la casa Strauch, que —como parte de una larga lista de inmuebles— fue declarada Monumento Histórico Nacional en 1975, definido Año de la Orientalidad por la dictadura en medio de un intento de creación de una nueva mística nacional. Al igual que todos los demás monumentos históricos montevideanos, la casa también fue declarada Bien de Interés Departamental por la junta. “La construcción es de buena factura pero como muchas otras de Carrasco; en realidad es monumento por su ubicación y porque muestra cómo eran los chalets de la zona, mantiene el estilo original del barrio”, dice Barriola mientras camina por la mansión.
Muestra un baño que la comisión de Patrimonio no dejó tocar y se mantiene intacto con su bañera original, una vieja cocina reconvertida en oficina pero aún con los azulejos de época, la habitación que era el dormitorio de los Strauch y que hoy es el despacho del gerente y por último una buhardilla donde funciona el área de tecnología de la empresa, BlueCross & BlueShield de Uruguay. “Mirá que acá está la joya de la corona”, dice Barriola y sale a una terraza con vista a la rambla, la playa, el Hotel Casino Carrasco y el fondo de la casa, con una pérgola de época.
El arquitecto insiste en la idea de reversibilidad (“lo que hacés en estas propiedades no puede generar un punto de no retorno respecto al edificio original”, clara), habla de las “áreas nobles” de la casa (las de estar y comer) y luego señala la barbacoa con mucha madera y vidrio, donde suelen hacerse reuniones: “Acá empieza el lío”, dice.
Y el lío es que, 10 años después de terminada la reforma, esa parte de la obra no tiene la aprobación de la Intendencia de Montevideo (lo que les daría la exoneración de la contribución inmobiliaria una vez que el trámite esté terminado), pero sí de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación ya desde el período anterior. Es el problema de tener que rendir cuentas a dos comisiones distintas. “Hay un tema de criterios (de los técnicos). Pero esta casa requiere una inversión de no menos de 10 veces el valor de la contribución y no se le descuenta nada del impuesto”, se queja Barriola.
La intendencia tiene un régimen especial para otorgar exoneración de contribución por varias causales para bienes en régimen patrimonial, siempre que se demuestre un correcto mantenimiento.
La casa Strauch es hoy sede administrativa de la empresa y lugar para la atención al socio. Por ella pagaron cerca de un millón de dólares para comprarla y destinaron otro millón y medio para reformarla una década atrás.
No es un caso raro: para muchos particulares se torna complejo y a veces caro ser dueño de un edificio que es Monumento Histórico Nacional. Por eso es cada vez más habitual que compañías compren estos inmuebles, los conviertan en “marcas empresariales” y hagan viable su mantenimiento.
La casa Strauch es uno de los 600 monumentos históricos nacionales, que ocupan en total unos 1.500 padrones, y que se busca sean preservados debido a su relevancia para el país. Fueron votados como tales a lo largo de las últimas cinco décadas por los distintos miembros de la comisión del Patrimonio y ratificados por el ministro de Educación y Cultura del momento.
Tras la declaración viene una de las complejidades: ante cualquier intervención en el predio, siempre hay que presentar la documentación correspondiente y consultar a la comisión, que debe dar el visto bueno
Y muchas veces hay que hacer un segundo trámite ante la Intendencia de Montevideo (IMM) porque en la capital hay, además, unos 350 bienes de interés departamental (muchos también son monumentos históricos) y cuatro bienes de interés municipal: en el primer caso la declaración le compete a la intendencia y en el segundo a los municipios.
Monumentos históricos nacionales y bienes de interés departamental
Parques, plazas y ejemplares vegetales protegidos
Además, hay 10 áreas patrimoniales (Ciudad Vieja, Barrio Sur, 18 de Julio, Pocitos, Punta Gorda y Carrasco, Prado, Peñarol, Reus Norte, Colón y Montevideo Rural) donde todos los bienes tienen un código de protección que va del 0 (es recomendable demoler) al 4 (máxima protección): en total hay unos 5.000 bienes de alto valor patrimonial en 22.000 padrones protegidos en esas áreas.
En la larga lista de monumentos históricos hay de todo, incluso paisajes, objetos y árboles. Hay edificios y lugares mantenidos en forma perfecta y otros en estado de decadencia.
Algunos ejemplos en Montevideo: el Estadio Centenario (declarado en 2020, pero ya desde antes era Monumento Histórico Nacional todo el Parque Batlle), el Palacio Gandós donde funciona la sede del BID en Rincón y Bartolomé Mitre, la abandonada Estación Central General Artigas (a la espera de un nuevo destino desde hace 20 años, con un juicio en el medio que paraliza todo), la Iglesia Matriz, el Cabildo de Montevideo, el Mercado del Puerto, el predio de la casa natal de José Artigas en Cerrito y Colón, el histórico edificio del Banco República en Zabala y Cerrito (donde desde hace un par de años hay tareas de mantenimiento en su exterior), el abandonado Jockey Club en 18 de Julio y el Palacio Salvo.
Otros son solo bienes de interés departamental, como el cine Plaza y el Cine Central en Plaza Cagancha, el edificio de El Día (donde hoy funciona Maroñas), el Edificio Soler en Agraciada y Marcelo Sosa, su vecino Palacio Sudamérica y los edificios Guyaquí y Martí en la rambla de Pocitos.
Consulte aquí la lista completa:
Pero hay un caso que, por su estado, indigna en particular a los amantes del patrimonio: el Parque de las Esculturas al lado del viejo Edificio Libertad, hoy sede de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) en Luis Alberto de Herrera y José Pedro Varela.
El parque, inaugurado en 1996 en el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti, es desde este período Monumento Histórico Nacional y Bien de Interés Departamental pero, según pudo confirmar El País, casi todas las esculturas —de diferentes y prestigiosos artistas nacionales contemporáneos— lucen muy desmejoradas y grafiteadas.
Por ejemplo, Desterrando, de Enrique Silveira y Jorge Abbondanza, tiene varias de sus piezas de hormigón rotas y con agujeros, además de dibujadas. Adentro de una de esas piezas agujereadas que simulan ser figuras humanas se llegan a ver botellas de cerveza, envases de plástico de diferentes alimentos, bolsas y papeles. Una de las figuras despareció: parece haber sido robada.
Adentro de La manzana ciudadana de Mario Lorieto alguien dejó un cuchillo. “El Marti se la come”, escribieron en otra escultura. Hoy no descartan cerrar el parque con rejas, al menos en la noche.
¿Pero cómo se mantienen los inmuebles, monumentos y plazas protegidas? ¿Qué controles hay? Una de las personas que más sabe del tema en Uruguay es Willy Rey.
La polémica por la demolición del Palacio Piqué
A fines de julio se produjo un revuelo en redes sociales por la demolición de una antigua casona sobre Bulevar Artigas, el Palacio Piqué, en dos padrones donde estaba el Sindicato Médico del Uruguay y la Embajada de Israel. Se supone que la casa tenía valor arquitectónico pero, a pesar de los reclamos de activistas, ya fue demolida. Consultado por El País, Ernesto Spósito, director de la Unidad de Protección del Patrimonio de la Intendencia de Montevideo (IMM), evita hablar del tema: “No puedo responder porque yo no resolví sobre eso. De hecho, se resolvió muy por encima mío. La intendencia es una estructura piramidal”. Willy Rey, el actual director de la comisión de Patrimonio, elaboró hace ya dos décadas el inventario de Pocitos, que incluía los dos frentes de Bulevar Artigas entre el Obelisco y la rambla. Pero ese inventario aún no ha sido aprobado por la junta departamental. Si eso hubiera sucedido, “esa vivienda tenía protección y hubiera sido difícil demolerla”, dice Rey.
Ciudad Vieja.
Rey es arquitecto y director general de la comisión de Patrimonio, que fue creada en 1971, tiene cerca de 50 funcionarios y se dedica a defender los bienes culturales valiosos. También dirige, casualmente junto a Barriola, la empresa BMR Productos Culturales. En la acogedora oficina de la consultora en Rincón y Misiones recibe a El País y de entrada larga una premisa: “Siempre es conveniente decir que en términos patrimoniales no andamos demasiado bien porque hay mucho por hacer y estás tapando agujeros”.
—¿Los monumentos históricos no se pueden tocar?
—Eso es lo primero que hay que descartar —responde Rey—. Ha hecho mucho daño la idea de que una declaratoria de monumento histórico genera un congelamiento. Hace pocos días discutimos sobre la necesidad real de agregar un ascensor en el Cabildo, hay que ver cuál es el mejor lugar y cómo afectamos al bien de la menor manera. En todo caso, las declaratorias sirven para contener soluciones rápidas no muy pensadas. Lo que no podemos permitir son cambios que degradan el bien.
El arquitecto admite que los particulares suelen pensar que “es malo” que le declaren su casa como Monumento Histórico Nacional. Pero luego pregunta: “¿Qué pasa si ese señor tiene todas las facilidades del mundo para mantener su casa y canalizar fondos (aunque no sean de él)?”. Y recuerda que en la última Rendición de Cuentas se aprobó que los bienes propiedad de asociaciones civiles sin fines de lucro —como los clubes o las iglesias— puedan tener beneficios fiscales para invertir en la conservación y restauración. “Eso para nosotros es muy importante, pero nos gustaría poder aplicarlo a todos los monumentos históricos”, explica.
Por ley los responsables de los bienes monumentos históricos nacionales son sus dueños, sean estos privados o públicos. Por eso, además de la investigación y divulgación, la comisión tiene una tarea de fiscalización que lleva adelante de acuerdo a sus posibilidades, sobre todo ante denuncias pero también ante observación de los técnicos. Antes infracciones, se aplican multas pero Rey lamenta que son muy bajas.
—Ridículas —dice.
—¿De cuánto son?
—Ni me las preguntes porque no quiero que se enteren —responde—. Por supuesto que tenemos la herramienta de trancar a futuro cualquier iniciativa de cambio dentro de las casas.
Por estos días la comisión trabaja en un proyecto de ley para modificar la ley de patrimonio de 1971. El articulado está pronto, aunque aún faltan algunas consultas dentro del gobierno y también a las organizaciones vinculadas al patrimonio. Pero Rey adelanta que espera que el proyecto sea enviado al Parlamento por el Poder Ejecutivo en las próximas semanas y aprobado antes del final de este período de gobierno.
Entre los cambios, se plantea una institucionalidad más fuerte con una dirección y un consejo asesor separado, la aparición de nuevas categorías de protección (no solo el Monumento Histórico Nacional), reglas más claras para los plazos de declaración y, un punto que Rey considera clave, nuevas reglas en materia sancionatoria.
“Cuando se destruye un monumento histórico, ya sea por demolición parcial, grafiteados o reforma inconsulta, se afecta a un bien de la nación. La pena no puede ser la misma que para la intervención en una casa cualquiera: es una falta grave, por eso pensamos en agravar las sanciones penales, las que prevé la Justicia”, dice el director general de la comisión. Hoy las sanciones “son muy bajas” a nivel judicial “y casi nunca se aplican”, admite el arquitecto.
Otra vieja casa que tiran abajo en Pocitos
Los activistas llegaron tarde: cuando se enteraron, la casa ya había sido tirada abajo esta semana. Se trata de una vivienda en Luis de la Torre cerca de El Ombú. Según Erich Schaffner, presidente de Patrimonio Activo, es una vivienda de valor patrimonial “con fuerte influencia art déco” que justo queda fuera del límite de acción del área patrimonial de Pocitos. Allí la ORT hará una escuela de posgrados, tras obtener permisos de demolición.
Palacio Municipal.
Las oficinas del noveno piso de la Intendencia de Montevideo están en penumbras y casi todas vacías después de las cinco de la tarde. Uno de los pocos que aún trabaja es el arquitecto Ernesto Spósito, director de la Unidad de Protección del Patrimonio desde 2012. Han pasado ya tres administraciones distintas y él sigue como referente principal del tema patrimonial en el gobierno departamental.
Habla del asunto con pasión y cuenta que se inició “en este negocio del patrimonio” en la oficina del área patrimonial de Ciudad Vieja, que justo por estos días va por su cuarto inventario con unos 2.000 inmuebles, la mitad con un grado de protección significativo. El primero fue en 1983.
Y hace poco elaboraron el inventario del Centro y áreas de proximidad, del Cordón al Parque Rodó, con unos 8.800 padrones, de los cuales unos 4.800 quedarían en régimen patrimonial y a su vez de esos 2.861 tendrían grados de protección 2, 3 y 4. “Está terminado, se pusieron a consideración los documentos técnicos, hubo una audiencia pública y ahora se envía todo a la junta departamental”, explica el arquitecto.
Pero los plazos pueden ser largos. De hecho, en Pocitos Willy Rey dirigió un inventario hace casi dos décadas y aún se encuentra en la etapa de puesta en manifiesto.
El propio Rey afirma: “Ese plan de ordenamiento territorial de Pocitos nunca se aprobó en la junta, durmió la siesta, y todas las categorías de protección no están activadas”.
Volvemos a la casa Strauch en Carrasco. Barriola dice que las intervenciones de inmuebles patrimoniales siempre son discutibles porque “faltan reglas muy claras de qué podés hacer y qué no” y todo termina siendo “muy dependiente” de los técnicos de turno. Y no hay una guía que ilumine el camino ni un manual estricto a seguir. Claro, tal vez todo cambie si se aprueba la nueva ley de patrimonio que la comisión promueve. ¿Habrá decisión política para ello?
"La Ciudad Vieja se cae a pedazos"
Erich Schaffner tiene 34 años, se dedica a la rehabilitación de edificios y estudió arquitectura. Pero además es presidente de Patrimonio Activo, una asociación civil que desde 2021 defiende la recuperación del patrimonio arquitectónico. En charla con El País, Shaffner dice que en Montevideo hay “una problemática por la sustitución edilicia descontrolada”. Y pone el ejemplo de Ciudad Vieja, donde existe “un inventario de protección desde 1983 pero 40 años después hay cantidad de edificios que se caen a pedazos con peligro de derrumbe”. Están protegidos pero “no hay incentivos del gobierno nacional y departamental para recuperarlos y que estén en uso”.
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