MUNDO NARCO 

Manuela pensó que el riesgo valía la pena. Su sobrino había sobrevivido a un accidente que lo había dejado más de un mes en cuidados intensivos y las secuelas eran dolores fuertísimos, que calmaba fumando marihuana. Sabía que él andaba en negocios malos, pero cuando cayó preso no lo dudó e intentó llevarle unos 15 gramos de marihuana a la visita. Eran para él, asegura: una cantidad que consumiría en un par de días. La descubrieron y fue imputada por suministro de drogas en un recinto penitenciario. “Yo leía la carátula y no entendía nada. ¿Suministro? La abogada me dijo que pedían cinco años y medio de condena y a mí me volaba la cabeza. No podía hablar. No me podía defender. ¿Cómo podía ser tanto tiempo presa por esa cantidad?”, dice en un audio que envía por WhatsApp desde la cárcel.

Aunque era primaria, su abogada no pudo reducir la pena a menos de cuatro años de prisión. Eso indica la ley, sostuvieron la fiscal y el juez de su causa. “Lo único que pedí es que me permitieran descontar tiempo por trabajo y estudio y que me dejen cerca de mi hija, pero en eso incumplieron”, dice. Ahora la representa Elizabeth Frogge, que cuenta que el sobrino está con prisión domiciliaria, pero en cambio ella sigue “adentro”. “Hay muchísima droga en las cárceles y son las mujeres las que terminan presas aunque no sean quienes ingresen las cantidades grandes”, agrega. Cuando se enteran de las consecuencias, llega la sorpresa y la angustia. “Hay mucha confusión entre hasta cuándo la marihuana es legal y no lo es”, plantea la abogada.

A 300 kilómetros de distancia de su familia, en los casi dos años que lleva detenida, Manuela vio a su hija solo cuatro veces. No la llevan a la visita. Y nadie más la va a ver. Eso le duele. Sabe que es una herida que no cicatrizará cuando recupere la libertad.

“Al principio era una locura. Mi hija lloraba. Se tuvo que cambiar de liceo, empezó a ver un psicólogo, estaba muy mal”, cuenta ella. “Yo soy madre soltera y somos muy unidas. La vida nuestra continúa por teléfono. Hablamos todos los días. Hacemos los deberes juntas. Me hace una videollamada y me muestra la ropa que se pone. Vive con mi madre, pero me llama a mí para pedir permiso para salir”.

Más tarde Manuela les pasará el teléfono a otras compañeras que también quieren contar su historia. “Es imponente la cantidad de procesadas que estamos por el entre de droga”, dice. Manuela no lo sabe, pero nunca hubo tantas mujeres presas como en este momento. En cárceles, hay 1.032. Además, otras 2.011 cumplen penas alternativas. Entre ellas, 1.915 están sujetas a una libertad a prueba y vigilada, mientras que 96 están en un régimen de prisión domiciliaria.

La enorme mayoría se aloja en la Unidad 5. Allí cumplen condena 644, una de ellas está embarazada. Otras 42 mujeres viven tras las rejas con sus hijos y siete pronto serán madres. Sobre todo están en la Unidad 9, “un modelo de buena gestión” especialmente acondicionada para esta cuestionada forma de crianza, pero las hay también distribuidas en centros penitenciarios del interior del país que reciben madres con niños menores de 4 años, y los acomodan como pueden.

En total, son 44 los niños que están creciendo en una prisión. El Instituto Nacional de Rehabilitación lo autoriza siempre que sean menores de cuatro años y no tengan otra red de contención fuera del recinto.

Si la tienen, son separadas de sus bebés de acuerdo al relato de distintas defensoras. Incluso hay casos de madres a las que, debido al reciente endurecimiento de las penas y en contra de las convenciones internacionales a las que el país se plegó, se llega al punto de interrumpirles la lactancia.

A su vez, otros cientos de niños esperan a su madre afuera. Quedan al cuidado de allegados o familias de acogida, en el peor de los casos bajo la tutela del Instituto del Niño y Adolescente (INAU).

El aumento de mujeres presas tuvo un pico en 2021, aunque ahora parece haberse estabilizado, según supo El País. El incremento fue cercano al 28%, respecto al año anterior: un promedio tres veces más grande que el de los hombres. Casi la mitad había cometido un delito vinculado al narcotráfico, sobre todo relacionado al narcomenudeo o transporte de sustancias. Pero algunas, como Manuela, están presas por haber intentado ingresar “un par de porros” a una cárcel, a veces bajo amenazas de grupos narcos.
El impacto del incremento de presas sobrepasó al sistema. El hacinamiento en los centros femeninos “llegó a niveles muy críticos”, señala Juan Miguel Petit, el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario. Hacia fines de agosto de 2022 se calculó en una densidad de 156% de las plazas habilitadas para las mujeres. Y eso que la Unidad 5 y la 9, advertidos del aumento de reclusas, ya habían ampliado sus instalaciones meses atrás.

Desde la Unidad 5, una mujer cuenta que durante algunos meses compartió el pabellón con otras 25 reclusas. Como no había camas suficientes, dormían de a dos en un mismo colchón.

“Todos los días, en el medio de la noche te despertabas con peleas. Había problemas por novias adentro de la cárcel, había problema por deudas de drogas, había problemas que surgían de la nada. Sacaban cuchillos, pinchos, lo que sea”, cuenta mediante audios de WhatsApp.

Agrega que en la cárcel de mujeres la droga se mueve tanto como en la calle. “Hay gente que se hace millonaria pasando droga en prisión. Está todo arreglado”, dice en el audio.

Manuela pasó por el piso más duro pero ahora llegó “al polo”: el sector mejor conceptuado. “Acá vos vas escalando. Estuve en un piso en el que la gente está toda tumberada. Todo era una mugre, la comida tenés que ver lo que era, no la podías comer. Mi hija me vino a ver y se puso mal. Me dijo ‘¿mamá por qué estás con esta gente?’. Había mujeres con piojos, con sarna, con forúnculos. La gente andaba consumiendo droga en la visita con los niños, se ponían a pelear en frente de ellos”.

Ella trabaja y estudia. Sus nuevas compañeras, que trabajan en panadería, traen comida para el módulo. Tienen ducheros y productos de higiene. “Es una tumba, pero estoy mejor”, cuenta.

Para el gobierno el aumento de las mujeres encarceladas responde a una “lógica”. “Hay más mujeres presas porque hay más que delinquen, especialmente en el mundo narco. Uno lo ve en la diaria; hay mujeres requeridas, detenidas, que se las encuentra en procedimientos y en allanamientos”, dice Santiago González, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior.

Esta cifra es entonces parte del resultado de la lucha contra el narcotráfico, “incluido el que se reproduce adentro de las cárceles”, donde se ingresa cada vez más droga, se vende hasta 10 veces más cara que en la calle y el que la comercializa gana poder.

En cambio, defensores, fiscales y jueces consultados coinciden con el comisionado Petit en asociar la entrada en vigencia de la Ley de Urgente Consideración (LUC) con la suba de las tasas de encarcelamiento femenino, en especial debido al “desmesurado” castigo previsto para el ingreso de droga a prisión: un delito bastante común entre mujeres, que son las que visitan a los hombres, una población que no deja de crecer y ya llegó a las 14.700 personas.

La LUC tomó un artículo de la Ley de Estupefacientes del año 1974 -que según explican diferentes abogadas había quedado en desuso al sustituirse por nuevas redacciones-, que fija una pena de cuatro a 15 años de prisión para la entrega, venta, facilitación o suministro de drogas a menores de edad, y también para mayores si se cometiere en las inmediaciones o en el interior de distintos establecimientos, entre ellos las cárceles. A este texto se incorporó el ítem, “cuando se utilice un hogar como lugar de venta, depósito o distribución de las sustancias”.

Fuentes del Ministerio del Interior argumentan que la norma ya existía y “no fue modificada” en la LUC. Dice que su fin “es la lucha contra el microtráfico” y alegan que la redacción agregada es en parte la que permitió cerrar más de 2.200 bocas, “sin tener la posibilidad del allanamiento nocturno”.

El asunto es que el resurgimiento de esta norma se combinó con otros recrudecimientos de penas en simultáneo, como la derogación de la suspensión condicional del proceso, y que estos delitos en grado de tentativa se pagan igual que un delito consumado. “Nosotros planteamos la dosimetría de las penas, que acá se perdió. Termina haciendo que la pata más vulnerable de la delincuencia pague con penas más graves que aquellos que tienen roles principales dentro del narcotráfico. Y además se está penalizando la inocencia al ingresar a niños a la cárcel”, plantea Verónica Acuña, la directora de la Defensoría en Materia Penal. Tal y como ella lo ve, esta norma le abrió la puerta a un problema “de género y generacional” de tal magnitud que podría suceder que “no alcancen los cupos para niños en la cárcel”.

Las defensoras consultadas dicen que sus defendidas suelen manejar cantidades inferiores a los 50 gramos. “La mayoría de las veces son cantidades pequeñas, que se introducen en el cuerpo, y creen que no les va a pasar nada grave porque estaban acostumbradas a que antes si las descubrían se les saca la droga y les decían ‘señora no vuelva más’”, dice la abogada Frogge.

¿Qué pena se aplicaba anteriormente? “No había un mínimo ni un máximo para la pena. Se les aplicaba una suspensión condicional del proceso, o se iban con medidas alternativas a sus casas y cuando cumplían con las medidas, se les borraba el antecedente”, señala la defensora María Noel Rodríguez Nader. La mayoría no reincidía.

Según información del Ministerio del Interior, por este delito fueron condenadas con prisión 39 mujeres en 2020, 51 en 2021 y 21 en lo que va de este año. De ese total, 14 están presas con sus hijos. “Lo que la gente no sabe es la cantidad de droga que ingresa a cárceles y el drama que genera adentro. No es nunca poca droga, porque en la revisoría se incautan kilos y kilos que se van ingresando de a pocos gramos”, retruca González, desde el ministerio.

La ingresan policías, operadores, proveedores, visitas. “Entra por todos lados. Hasta la tiran desde afuera del perímetro”, señala. “Pero hay visitas que la ponen en un sánguche, adentro de fideos, en un pañal de bebé; lo que te imagines”.

En 2021, se incautaron 39 kilos de marihuana, 10,6 de pasta base y 622 gramos de cocaína. En lo que va del año, 18,4 kilos de marihuana, 7,1 de pasta base y 3,2 de cocaína. González asegura que un porcentaje alto se capta en la revisoría, es decir el primer paso para ingresar a la visita. En 2021, casi la mitad de la pasta base incautada (4.2 kilos) se detuvo en ese ámbito, menos de un cuarto de la marihuana (8.8 kilos) y 108 gramos (de 622) de cocaína.

Según el jerarca, la droga es la gran culpable de las peleas y muertes que suceden en prisión. Y también de las extorsiones que empiezan a las familias que están afuera, para que paguen las deudas de los que consumen adentro. Quienes defienden a las mujeres imputadas por este delito plantean que la norma vigente solo castiga a los “peces más pequeños” con penas mucho más altas que las que recaen sobre los “peces gordos”: si los agarran.

“Nos quedamos solo con lo que se ve: el que atiende la boca o el que tenía droga y lo vio el escáner, pero no se llega a los que la suministran. Nuestro sistema está disociado de la realidad”, plantea la defensora Virginia de los Santos.

Hay mujeres que cobran por ser mulas, es cierto.

Pero hay madres que están presas por haberles llevado droga a un hijo.

Hay mujeres cuyos novios o maridos las coaccionan a entrar sustancias, o las abandonan.

Muchas son víctimas de violencia doméstica.

Otras lo hacen porque las contactan por redes sociales y les ofrecen un pago.

O para evitar que de esa forma lastimen a un ser querido que está preso.

Hay narcos que entran a la fuerza a los hogares de mujeres solas y les advierten que entran droga o les prenden fuego la casa. “Una mujer nos narró que estaba amamantando a su bebé, entraron y le dijeron ‘tenés que entregar esto’”, cuenta de los Santos. “Hay violencia subyacente en muchos de estos casos que puede conducir al sobreseimiento, pero no siempre lo podés demostrar”, plantea la abogada.

Ahora, varios operadores judiciales están realizando una campaña para neutralizar la resistida norma que habría provocado “un remedio mucho peor que la enfermedad”. Según supo El País, el gremio de defensores públicos le entregó a la senadora colorada Carmen Sanguinetti un proyecto de ley que va por ese camino.

Así lo plantea Petit: “El ingreso de droga a prisión se pena hoy con un mínimo de cuatro años de privación de libertad, pero el homicidio simple se pena con un mínimo de dos años. ¡No puede ser más grave ingresar droga a una cárcel que matar a una persona! Creo, con humildad, que la envergadura y las consecuencias de esta norma se nos pasaron a todos en el trámite legislativo, y me incluyo, ahora hay que proceder a corregirla”.
En la misma línea, el comisionado organizó un seminario para ahondar en la implementación de medidas alternativas a la prisión que lleva tiempo promoviendo y que, según arrojó un estudio de la empresa Cifra, contarían con apoyo de la ciudadanía. En una encuesta difundida el mes pasado, el 66% de los uruguayos cree que debería aplicarse más penas alternativas a la cárcel.

Hubo un par de casos paradigmáticos que tuvieron difusión mediática, calaron en la opinión pública y terminaron por sacudir la rigidez con que inicialmente fiscales y jueces aplicaban la ley para estos delitos. Pero el problema subsiste. “Hablo constantemente con jueces, fiscales y defensores y hacen malabarismos para tratar de que la aplicación de esa norma no sea un remedio mucho peor que la enfermedad”, plantea Petit y confirman distintas fuentes.

Estos casos quedan en la órbita de las tres fiscalías especializadas en narcóticos, pero los fines de semana -los días con más visitas- los toman las fiscalías de flagrancia.

Algunos de esos fiscales reconocen que si la mujer es primaria, tiene hijos a cargo, la maniobra no parecer ser la de una organización y el gramaje detectado es ínfimo, no aplican la medida cautelar de prisión preventiva y lo habitual es que finalmente el caso termine archivándose. “Esto fue como acelerar de cero a mil en cinco segundos. No le voy a reventar la vida a una mujer con hijos a cargo por unos pocos gramos”, dice una fuente de la fiscalía.

Malabares aprendieron a hacer las defensoras. “Tenés que distinguir ente narco, micro y tenencia en una cantidad que ni siquiera es microtráfico, porque implicaría que alguien se está abasteciendo, negociando por dinero y acá hablamos de cantidades que se llevan en el cuerpo”, plantea la defensora de los Santos. De a poco, se logró incorporar modalidades nuevas en los acuerdos con fiscalía para bajar las penas.

“Hemos logrado hacer entender a parte de los fiscales que una válvula de escape podría ser que esto sea tomado como un acto preparatorio. Al ser la etapa previa a la tentativa, la pena de prisión puede ser de un tercio, es decir 16 meses”, explica la defensora María Noel Rodríguez Nader. Otro camino -plantea Frogge- es la asistencia al delito, que también reduce el tiempo concreto tras las rejas.

A su vez, los jueces de ejecución también se rebuscan. Empezaron a considerar la posibilidad de aplazar la condena, pero el asunto es que solo se pospone y con niños en el hogar, el problema que se quiere evitar no desaparece. “Nos encontramos con que si uno quiere ser más contemplativo de las situaciones que atraviesan estas imputadas, nos está faltando una política de género en el marco procesal que haga la diferencia entre privados de libertad masculinos y femeninas, porque si no también estamos afectando sus derechos”, dice a El País una fuente judicial.

Desde el ministerio, en tanto, aseguran que si “se incauta la droga en la revisoría del penal, no hay un delito consumado y por ende, no aplica la pena de cuatro años”. Tal y como la cartera la ve, el problema no es la norma jurídica, “sino una equivocada imputación que en algunos casos se han dado de considerarlo un acto consumado”.

Matizan el impacto asegurando que hay múltiples sentencias que imponen penas mucho menores, “que han sido de 10 meses, de 12 meses, de 16 meses, de 18 meses, e incluso en régimen de libertad a prueba, es decir sin cumplir prisión efectiva”. Y, además, se advierte que no se debe incentivar a que bandas de narcotraficantes “terminen reclutando u obligando a mujeres a vender droga bajo la razón de que tendrán una pena menor en caso de ser descubiertas”.

Desde la Defensoría descartan este argumento y exponen que esta norma, en algunos casos, “contribuye a la mercantilización extreman del narco hacia la mujer” al hacerla pagar las penas más altas por los delitos más leves.

Se insiste en que “la ley sigue ahí” y que existe “un desfasaje” en todo el país, lo que provoca que todavía haya casos en que se aplica la pena del acto consumado. Además se plantea que de todas formas 16 meses de prisión, para los casos de primarias, con hijos a cargo y poco gramaje, es excesivo.

Por estos días trabajan en un caso nuevo. Se trata de una mujer viuda con hijos a cargo, único sostén de su hogar, que “cometió el error de llevarle a una pareja que conoció por internet muy poquita droga y la detectaron en el escáner”. Los niños tienen tres, cuatro, siete, nueve y 16 años. Únicamente el de tres podría ingresar con ella a la Unidad 9. El resto deberá ser ingresado al INAU, plantea la defensora Rodríguez Nader.
“Además del daño hacia ella, colateralmente dañás a los niños separándolos de su madre y entre sí. Y cuando salga tampoco será tan fácil recuperarlos porque no es que salen con un trabajo”, dice la defensora Rodríguez.

En la cárcel, Manuela aprendió a trabajar la tierra. Es buena en eso, dice en otro audio: “Pero no creo salir a la calle y dedicarme a la huerta”. Siempre fue meretriz, desde los 16 años. “¿Cómo voy a salir de aquí? He cambiado. Me siento más desmemoriada, repito cosas, pierdo cosas, estoy más nerviosa, más a la defensiva. Pero también aprendí a compartir, a vivir sin nada, a vivir con mucho; a tener comida y a no tener para comer. Y me pasan muchas cosas por la cabeza, como el rencor que me va a quedar con mi familia porque nunca en la planchada nadie dijo ‘Manuela tenés visitas’. Y eso me a quedar. A esta cárcel entró una persona y sale otra distinta”.