UN RECLAMO RUIDOSO

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Con una metáfora de ciclismo. Así el presidente Luis Lacalle Pou ilustró su negativa tajante a gravar el capital en la conferencia de prensa del 7 de abril. En un escenario donde las medidas se modifican continuamente, donde todo es un “vamos viendo” mundial, hubo un “no” rotundo. La discusión de la distribución de la riqueza es de antaño, y tiene bases hasta filosóficas. Pero en este momento en concreto, donde los fondos precisamente no sobran, ¿sería conveniente aplicar un impuesto al “gran capital”? ¿Qué es, para empezar, “el gran capital”?

En el imaginario colectivo puede ser Coca Cola, el sector agropecuario o un señor de bigote, bastón y galera. Tome la forma que sea, algunos sectores de la sociedad y buena parte de la oposición ha reclamado que el “gran capital” aporte su tajada al Fondo Coronavirus para la salida de la crisis, y no únicamente de forma voluntaria.

Consultado por este tema, Fernando Pereira —presidente de la central sindical Pit-Cnt, y uno de los partidarios del gravamen al capital—, dijo en el programa radial “La Red de La 30” que la premisa sindical sigue siendo “que aporte más el que tiene más”. Pero no necesariamente una empresa que posee un gran capital es la que “tiene más”, explican los economistas. Por eso, para dar una discusión seria, hacen hincapié en distinguir entre capital, riqueza y patrimonio.

Matías Brum, doctor en economía y docente de la Facultad de Ciencias Económicas, lo ejemplifica de esta forma: UPM tiene máquinas, equipos y edificios por miles de millones de dólares. Los mismos millones puede tener una persona en joyas y cuadros, pero eso no es “capital”, sí riqueza.

Por otro lado, Diego Vallarino, doctor en historia económica, explica que los grandes capitales en Uruguay están distribuidos en el agro por una cuestión de quiénes son los propietarios de la tierra, y también en algún tipo de agroindustria. Sin embargo, una empresa de software uruguaya puede no tener tanto capital pero sí más ingresos. Por eso, dice, “hay que dividir las aguas”.

En cuanto a la concentración del dinero, la información que se dispone en Uruguay es muy limitada, dice Mauricio De Rosa, economista investigador del Instituto de Economía de la Udelar. Según sus estudios, más del 60% del patrimonio, de la riqueza, del capital, están concentrados en el 10% más rico de la población.

Por otro lado, De Rosa explica que entre un cuarto y un tercio del patrimonio total del país está en manos del 1% más rico de la población. “Estamos en un escenario de una muy marcada concentración de la riqueza en Uruguay”, dice el economista.

Pero en el debate de ahora, los del gran capital, que “van a pedalear” y “traccionar en la economía”, son las empresas. Así lo dio a entender el presidente en aquella conferencia. La estrategia que parece seguir el gobierno es dejar que estas empresas crezcan, para que una vez finalizada la tormenta, sean las que inviertan, reactiven la economía y así reduzcan la tasa de desempleo —que según el reporte del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), se ubicó en 10,5% a fines de febrero, lo que implica 190.898 desocupados de acuerdo a las estimaciones de El País.

Ningún economista discute que el rol de la inversión productiva en la salida de la crisis es clave. Pero hay matices: están quienes plantean que un gravamen al capital no necesariamente retraería la actividad económica si se impusiera de manera inteligente; otros son partidarios de que cualquier impuesto significaría “seguir dañando” al sector privado que ya venía con problemas.

Lo que ninguno pone en duda, tampoco, es que se necesitan más fondos tanto para mover la economía en su conjunto como para hacer transferencias a los hogares más vulnerables, cuyos ingresos se desplomaron a partir de aquel 13 de marzo y que son los que van a tardar más en recuperarse.

¿De dónde, entonces, van a salir los recursos que se necesitan para mitigar el daño y reconstruir la economía? ¿Se podría hacer un aporte significativo a los US$ 400 millones, que se estima que costará la crisis, a través de un gravamen al capital?

El grueso de esto se va a financiar con deuda, no con impuestos, plantea el director académico del Centro de Estudios para el Desarrollo, Agustín Iturralde. “Excepcionalmente se les puede pedir esfuerzos adicionales a los sectores que estén en mejor situación en esta crisis, donde la mayoría está en una mala situación”, dice el economista, que considera el impuesto al capital una propuesta “vaga” por la manera en que fue planteada. Es que pese a las críticas de algunos sectores del Frente Amplio al “no” tajante del presidente, en el Plan de Contingencia que el partido opositor presentó al Poder Ejecutivo no se incluyó ninguna propuesta referente al aumento tributario.

Para Iturralde, el gravamen al capital no es la discusión real que se está llevando a cabo entre gobierno y oposición, sino que corresponde a “un grito de un sector más militante”. El economista considera que la política económica que se llevó adelante durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio —por ejemplo, la ley de inversiones—, está alineada con las declaraciones del presidente.

Prueba de esto puede ser lo que dijo el exmandatario Tabaré Vázquez en 2014, en una entrevista que se viralizó en redes sociales en estas semanas. En el programa No Toquen Nada, que en ese momento pertenecía a Océano FM, Vázquez afirmó:

“Se grava poco a las empresas, es cierto, pero es una política deliberada que llevamos adelante, porque exonerar o darles beneficios a las empresas llevó a que hubiera una mayor inversión en el sector productivo y mayor generación de puestos de trabajo, que era lo que más nos pedía la gente en 2004”.

Pero una cosa es 2014 y su bonanza y otra muy distinta es 2020 y su pandemia.

Para poner en contexto: el Banco Mundial pronosticó que los efectos de la crisis global por coronavirus sumirán a Latinoamérica en una recesión. En Uruguay, en particular, el banco habla de una contracción de 2,7 puntos del PIB y el FMI de 3%. Esto se traduce en lo que ya se puede ver: caída de ingreso en los hogares, envíos masivos al seguro de paro, ollas populares y un apagón en la actividad económica.

Para Mauricio De Rosa, la gravedad de esta crisis requiere de una respuesta de una escala “dramáticamente superior a la que ha sido anunciada hasta el momento”, y le parece un error descartar de plano modificaciones tributarias al capital, a los ingresos por capital o al patrimonio.

Para el investigador, afirmar que cualquier modificación tributaria, “por más mínima que sea y con el diseño que sea”, resultaría en una contracción de la inversión, “carece de sustento fáctico”.

En síntesis, el economista plantea la siguiente pregunta: ¿Qué tan seguros estamos de que una modificación al impuesto al patrimonio, por ejemplo, va a generar una retracción de la inversión? Para él, no hay una evidencia sólida que lo justifique. La misma pregunta se hace respecto al IRPF categoría 1, que es la parte del impuesto que grava los ingresos a las rentas del capital de los individuos. Para poner un ejemplo, esta categoría grava los intereses que se generan por tener capital depositado en un banco, o los ingresos provenientes de alquilar un apartamento. Darle mayor progresividad a este impuesto, ¿significa sí o sí retraer la inversión?, plantea el economista.

Hay muchas formas distintas de gravar el capital, dice De Rosa. “No todas tienen efectos equivalentes y algunas pueden resultar en una mayor recaudación sin lesionar de forma sustancial la inversión productiva”, afirma.

Al igual que Iturralde, reconoce que probablemente haya que pensar en un esquema de financiar parte de la salida de la crisis con endeudamiento, pero al mismo tiempo “financiar la salida mediata con alguna modificación tributaria”. El economista señala que, secuenciada así de esa manera, es como hay que plantear la discusión sobre imposición al capital y al patrimonio. Endeudamiento y modificación tributaria. “¿De quién vamos a recaudar, si no? ¿De los informales que han perdido el empleo?”, cuestiona De Rosa.

Según Matías Brum, la negativa a subir tributos como IRPF o IRAE (el impuesto a la renta de las actividades económicas), o crear un nuevo gravamen para esta emergencia en particular, podría tener costos políticos; no obedece solo al temor de resentir la recuperación de las empresas. Así lo expone:

“Me parece bastante claro que el gobierno tiene apoyo predominantemente de ciertos sectores sociales, y que enfrentaría un costo político fuerte si decidiera subir impuestos a las rentas del capital. La estrategia del gobierno, entiendo yo, es la de tocar la parte impositiva lo menos posible”.

De todos modos, Brum prevé que tarde o temprano el gobierno deberá aplicar alguna política impositiva. “Si ahora vamos a financiar todo con deuda, esa deuda va a haber que pagarla. Subir impuestos, bajar gastos o una combinación de los dos”, plantea.

Pero según Iturralde, “al final del día podés poner un impuesto más o un impuesto menos, pero estás tapando partes”. Para el economista, “poner un impuestito ahora” no movería la aguja, y además, como ya se ha dicho, Iturralde asegura que pedir recursos económicos a las empresas significaría retraer su intención de invertir.

Sin embargo, esto no es meramente una cuestión de impuesto sí o impuesto no. Nada es tan sencillo; menos en economía, menos en crisis.

Para Diego Vallarino, poner un impuesto hoy a ese capital que eventualmente va a ser productivo, que va a invertir y generar empleo, es contraproducente. Pero es contraproducente siempre y cuando el gobierno esté pensando en una serie de incentivos para que efectivamente ese capital traccione la economía.

Y la manera de convencer a esas personas detrás de las empresas para que inviertan es a través del armado de un esquema de incentivos. Por poner un ejemplo, están los beneficios fiscales de la ley de inversión. “Si vos invertís y generás empleo, yo te doy beneficio fiscal. Si vos invertís y no generás empleo, no te doy beneficio fiscal”, explica Vallarino.

De no ser así, si ese capital no va a ser productivo, si va a estar estancado y no dinamizando la economía, Vallarino señala que es entendible el reclamo del gravamen al capital, y sería razonable que de alguna forma se le cobrara algún tipo de impuesto. Sin embargo, puntualiza que esta discusión, tanto como la de gravar los salarios privados, responden a algo “más político-filosófico que económico”. Vallarino insiste en que el foco tiene que estar en cómo el gobierno va a incentivar la inversión. “Lo otro no mueve la aguja”, dice.

En consonancia con los demás economistas, Brum dice que en el muy corto plazo los recursos para pagar las medidas sanitarias y la crisis “van a salir de deuda, en parte porque lo que se recaudó del Fondo Coronavirus es insuficiente. No queda otra que financiarlo con deuda”, dice. Para hacerlo, se pueden emitir bonos o usar créditos contingentes de organismos multilaterales. “Es como cuando te llaman de una tarjeta y te dicen que tenés una cuenta preaprobada”, explica Brum en relación a estos créditos.

Para Vallarino, hoy hay una “contingencia real” para usar los créditos contingentes. Pero advierte: “Eso es una deuda, y esa deuda es un stock finito de plata”. Por eso, afirma, tiene que estar “muy bien usado”. Esto se traduce en pensar a futuro, en armar esa estructura de incentivos para que se genere inversión, empleo, y todo ese círculo virtuoso que alumbraría la salida.

“Porque si no, tirás el problema para adelante. Una vez que llegaste a los US$ 2 mil millones vas a necesitar otros US$ 2 mil millones. Hay que ir pensando que esto tiene que ser estructural”, dice el economista. Para él, la única salida posible es a través del empleo. Y explica:

“Si no generamos empleo —y el empleo se genera por inversión genuina—, no traccionamos. Porque no hay consumo, porque no hay gente que cobre salarios. Vamos a tener la suerte de que el agro esté exportando, pero vamos a tener muchos problemas porque el resto del mundo va a estar igual que nosotros”.

Vallarino pronostica la tasa de desempleo en un 13,5% cuando se recoja el efecto coronavirus de este freno en la economía. Y no cree que se vuelva rápido a la tasa actual. Esto se debe, en parte, a un “sinceramiento de la economía a nivel mundial”. ¿Qué quiere decir esto? Que una proporción de los envíos al seguro de paro tienen relación directa con esta crisis, pero hay una parte que no. La actividad previa al coronavirus no alcazaba para mantener la cantidad de empleados de algunas empresas, explica el economista. Pero todavía es muy pronto para establecer una proporción.

La metáfora ciclista colmó rápido los medios argentinos. No precisamente por una fijación con nuestras conferencias de prensa, sino porque Lacalle Pou descartaba sin vacilar una medida parecida a la que allí se viene debatiendo y que cuenta con un “es posible” de su presidente, Alberto Fernández.

Se trata del “Impuesto Patria”, un impuesto que gravaría el patrimonio para financiar las medidas que hacen frente a la crisis y sumar recursos para fortalecer el sistema sanitario. Aunque todavía no se conocen detalles ni cifras exactas, el foco estaría puesto en los patrimonios superiores a los mil millones de pesos argentinos (15,3 millones de dólares), excluidos aquellos que se apliquen a la actividad productiva. En el oficialismo descartan de plano que el nuevo tributo se aplique sobre el sector productivo y las Pymes. Además, se aplicaría una única vez.

La iniciativa parlamentaria, surgida desde el oficialismo kirchnerista, está siendo elaborada por el economista Carlos Heller, diputado por el Frente de Todos y presidente de la Comisión de Presupuesto. El diputado afirmó en declaraciones radiales que quienes pagarán serán “las grandes riquezas” y no los “ahorristas ni la clase media”.

“Cuando decimos ‘grandes’ significa un segmento de un pequeño porcentaje de la población que será alcanzado por este tributo y que además es extraordinario”, aseguró Heller en Radio Mitre. Según analizó La Nación, más allá del impacto fiscal, el proyecto es “muy redituable políticamente” para el gobierno en tiempos de pandemia y de crisis.

Como era de esperarse, la respuesta de la oposición fue apasionada y apuntó directo a la “grieta”. En una carta enviada a la vicepresidenta Cristina Kirchner, un grupo de senadores opositores manifestó que la propuesta “solo agranda la grieta y no ayuda en nada a respaldar el camino tomado por el presidente para combatir esta pandemia”.

Además, agregan palabras conocidas para los uruguayos: “Estos sectores, lejos de ser atacados, tienen que estar fortalecidos para realizar inversiones y contribuir a poner al país de pie nuevamente, luego de una crisis que ya existía y se terminó de profundizar por esta emergencia global”, alega la carta.

Aunque puedan parecerse, entre el reclamo uruguayo y el proyecto argentino hay varias salvedades. La más evidente es que el proyecto kirchnerista apunta al patrimonio improductivo, que puede tomar forma de dinero en el banco o de muchas propiedades. En teoría, se excluye al capital, que puede ser ese que “pedalee” a la salida de la crisis.

¿Cómo impactaría un impuesto de este tipo si se aplicara en Uruguay? Ningún economista se atreve a hacer comparaciones. Si hay algo imprevisible en el mundo, que funciona con lógica propia y poco puede hacerse más que observarlo, no es el mercado: es Argentina.