EL PLAN FRUSTRADO DE GEOCOM

El gobierno informó que abrirá el corralito mutual en febrero. El problema es que todavía no sabe cómo lo logrará, ya que la tecnología que preveía incorporar como garantía para evitar la intermediación lucrativa ya no estará disponible.

El anuncio del Ministerio de Salud Pública (MSP) se hacía desear. Pasaron dos años sin que se abriera el corralito mutual, y cambiarse de prestador de salud se volvió un trámite tedioso y burocrático, que requiere del permiso de las autoridades. Pero esos tiempos parecen quedar atrás y en febrero del año que viene volverá a permitirse la movilidad regulada, que habilita durante un mes la libre afiliación. Una promesa que ya se había hecho antes y no se logró cumplir.

El ministro Jorge Basso lo informó la semana pasada. Dijo que “se está preparando un nuevo marco normativo” que evite el delito de intermediación lucrativa, el que llevó a que el corralito permaneciera cerrado. Esta práctica de ofrecer dinero a cambio de asociarse a tal o cual prestador no era nueva, pero en 2017 terminó en una investigación en la que fueron procesadas más de 30 personas por este motivo. Se estima que la maniobra logró afiliar de forma irregular a unos 30.000 usuarios a partir de 2011.

Luego de este episodio, los controles se extremaron. El corralito se mantuvo cerrado,pero las autoridades se comprometieron a buscar una solución para abrirlo más adelante. Se habló de implementar un sistema de huellas digitales que obligaría al titular del cambio a recurrir a una de las sedes del prestador para efectivizarlo. Pero esa tecnología resultó ser demasiado cara, contaron a El País fuentes del gobierno, y fue descartada.

Basso reconoció en rueda de prensa que habían surgido “otras alternativas, seguramente más económicas y eficientes”. Según dijo, “en los últimos días” hubo denuncias de usuarios a quienes quisieron extorsionar para que se cambiaran de prestador. Sin embargo, de acuerdo con información en poder de El País, las autoridades de la salud no reciben datos del Ministerio del Interior sobre posibles casos de intermediación desde setiembre.

Esto se contradice con la versión del ministro, que había justificado que el corralito permaneciera cerrado en febrero de 2019 argumentando que seguía habiendo advertencias policiales con respecto a este delito. “Hemos controlado y prácticamente ya no hay irregularidades”, aseguran las fuentes.

Por su parte, Basso insiste: “Este fenómeno (el de la intermediación lucrativa) requiere un ajuste normativo para minimizar su impacto”, plantea.

Las autoridades de la Junta Nacional de Salud (Junasa) se enteraron por la prensa de que el ministro había anunciado la apertura del corralito para 2020. Recién hubo una reunión este martes, en la que “empezaron a pensar” de qué manera hacerlo evitando el delito. Fue en ese encuentro, una semana después de que Basso saliera en los medios, que a ellos les informaron que el sistema de huellas digitales había quedado descartado.

En el gobierno consideran que “no es posible” abrirlo de un momento al otro, como planteael legislador nacionalista Martín Lema.El diputado le presentó un escrito al ministro en el que le solicitó que procediera “inmediatamente a reabrir el período de movilidad regulada”, pero no obtuvo respuestas. No es la primera vez que lo pide, de hecho, había propuesto un período excepcional para mayo y tampoco fue contemplado.

Para las autoridades, “hay que permitirles a los prestadores jugar con cartas vistas, que sepan cuándo se va a abrir la posibilidad de hacer el cambio”. Y como este año no les avisaron que se habilitaría la movilidad, no quieren hacerlo ahora.

Otro punto que quieren regular antes es el gasto en publicidad que hacen las mutualistas para captar usuarios. Según datos del MSP, solo en febrero de 2017 -el último año que se permitió el libre trasiego de usuarios- esta cifra alcanzó los US$ 18 millones. Y si bien el ministro ya intentó controlar esta inversión, los prestadores recurrieron la resolución ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) y ganaron. “No les puedo negar que (el de la publicidad) es un tema que me preocupa porque buena parte de las discusiones que tenemos con las instituciones es la falta de recursos”, había dicho Basso a La Diaria en 2018.

El principal problema es que hay dos grupos trabajando en torno a la posible apertura del corralito mutual. Por un lado, a principios de este año el presidente Tabaré Vázquez les pidió a sus asesores que revisaran la normativa actual y encontraran soluciones al delito de la intermediación lucrativa. Por otro, los integrantes de la Junasa -organismo presidido por el MSP en el que participan delegados de Economía, BPS, los prestadores, los trabajadores y los usuarios- también evalúan la situación para llegar al próximo febrero, un compromiso que asumió el gobierno a través de un decreto.

Pero los dos equipos no se hablan. No saben en qué trabaja el otro y no hay coordinación. Las fuentes reconocen que no se comunican las decisiones que toman, al igual que ocurrió la semana pasada, cuando Basso anunció que el sistema de huellas digitales quedaba descartado. “La propuesta todavía está muy verde, no sabemos qué alternativas están manejando los otros técnicos, afirman.

En ese contexto, ambos grupos intentan sortear el delito que le llegó a robar US$ 4 millones al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) hasta 2017. Y también le hacen frente a la presión política, que indica que sería una mala señal terminar este período de gobierno con este pendiente.

La empresa elegida para brindar el servicio de huellas digitales había sido Geocom, una de las principales compañías de pos para el pago electrónico que ha sido vinculada al hijo del presidente Tabaré Vázquez.

El semanario Búsqueda informó el año pasado que Javier Vázquez había recibido dinero de varias firmas que hicieron negocios con Venezuela por el pago de trabajos de “consultoría” durante el primer gobierno del Frente Amplio. En el caso de Geocom, logró venderle al país caribeño un sistema de gestión de alcaldías por US$ 2,8 millones.

Según la información pública disponible en el sitio web del Banco Central, Javier Vázquez no está entre los socios accionistas de Geocom ni tampoco figura entre el personal superior. Abel Dias Benitez es el director y principal socio de la empresa en Uruguay.

El plan para evitar la intermediación lucrativa se diseñó durante 2018. El MSP llamó a licitación y le encomendó el proyecto a Geocom, la única empresa que cumplió con los requisitos estipulados en el pliego. En otra nota publicada en esta sección se informó que hubo un trabajo conjunto entre el presidente de la Junasa, Arturo Echevarría, y la empresa de tecnología. El proyecto se iba a llamar More (por movilidad regulada) y consistiría en un pos con huella dactilar que estaría en los mostradores de las mutualistas.

Pero el proyecto quedó en la nada. La misma semana que el ministro se iba a reunir con las autoridades de las mutualistas y de ASSE, en noviembre, el presidente firmó un decreto advirtiendo que el corralito seguiría cerrado hasta 2020. El encuentro fue cancelado y desde entonces no hubo nuevos anuncios, hasta que Basso se refirió al tema la semana pasada.

¿Qué ocurrió en el medio? En Geocom señalan que desconocen por qué no se concretó la negociación. “Nunca llegó a nuestra empresa una comunicación de parte de ningún organismo del Estado”, responden por mail. La compañía había sido la única que cumplía con las condiciones que establecía el pliego de la licitación, por lo que corría con mucha ventaja con respecto a sus competidores.

Pero los elevados costos del proyecto encendieron las alarmas en el interior del país. Fuentes del gobierno explican que hubo un solo caso de intermediación lucrativa en un departamento, en Rivera, por lo que ese delito allí no representaba el mismo problema que en Montevideo. Sin embargo, la nueva tecnología se iba a pagar entre el Estado y los prestadores, por lo que esas mutualistas también iban a tener que desembolsar dinero aunque ese delito no las hubiera afectado. Era invertir en algo que no necesitaban.

El programa Así nos va, de radio Carve, había informado que cada prestador privado debía suscribirse al servicio pagando 12 cuotas de US$ 65; comprar los pos -a US$ 500 cada uno, tanto para sus casas centrales como para sus sedes secundarias-; y pagarle a Geocom US$ 2 por cada usuario que pusiera su huella y se afiliara.

Cuando el corralito abría, unas 50.000 personas se cambiaban por año. Esto implica que, solo por el uso del pos, eran US$ 100.000 de ganancia para Geocom. A eso hay que sumarle que son 43 prestadores, por lo que cada uno pagaría US$ 780 dólares en 12 cuotas. Ya son US$ 133.540. Por último, los prestadores debían cobrar el pos, que tiene un costo de US$ 500 por unidad. Solamente en ASSE, que tiene 900 puestos de atención en todo el país, se iban US$ 450.000 en dispositivos. El negocio era millonario.

Estas cifras generaron preocupación, sobre todo entre las mutualistas más chicas.

Carlos Cardoso, presidente de la Federación de Prestadores Médicos del Interior (Fepremi), considera que esta alternativa tampoco era la solución a la intermediación lucrativa. “Esta negociación fue hace muchos meses y se cortó abruptamente. No fue que nos opusimos porque realmente estábamos dispuestos a hacer una inversión si esto demostraba cierta eficiencia. La verdad es que aporta trazabilidad, permite ver el camino que recorre el usuario, pero no frena el delito”, agrega.

Además, en el interior debían comprar muchos pos para cubrir el territorio. Cardoso pone el ejemplo de Rocha, un departamento “completamente descentralizado”, en el que vive más gente en los pueblos que en su capital. En esos casos, los prestadores cuentan con varias sedes secundarias, que también sirven como lugares de afiliación. Los montos que se detallaron antes deben multiplicarse por cada uno de los pos que se pensaran adquirir.

El médico dice que los precios generaron preocupación en todas las mutualistas del interior, teniendo en cuenta que la tasa de afiliados en el resto del país es de cuatro usuarios por kilómetro cuadrado, mientras que en Montevideo es de 2.500. “Si venía por normativa, había que asumirlo y hacerle frente a ese costo. Son gastos no asistenciales y fueras grande o chico te iba a afectar, sobre todo por la descentralización que tenemos”, sostiene.

Consultados por El País, en la Asociación Española responden que la permanencia del corralito no los afectó. El gerente de Médica Uruguaya, Nicolás Cetta, prefiere no hacer declaraciones al respecto.

La Cámara de Instituciones y Empresas de Salud prefiere no hacer comentarios sobre este tema. Su presidente, Luis González Machado, dice que lo que viene pasando en el corralito mutual “no es de interés y no está en la agenda” de las mutualistas que él representa, que son Casmu, Hospital Evangélico, Círculo Católico, Cosem, Sanatorio Mautone y Cooperativa Médica de Rivera (Comeri).

En el gobierno consideran que el sistema de huellas “no demostró la suficiente eficiencia” para combatir el delito y su precio “era alto”. De hecho, las fuentes creen que “ya está todo listo desde el año pasado” para que se abra el corralito, por lo que “no había necesidad” de adquirir tecnología.

Al final, la presión de los prestadores terminó desarmando un negocio cantado.

El sistema de salud conoce bien a Geocom. Esta empresa tiene un proyecto denominado Geosalud, que brinda soluciones tecnológicas a la mayoría de los prestadores del país, incluido ASSE. La compañía explica que este proyecto “tiene foco en la historia clínica”, pero también ofrece desarrollos para “admisión de pacientes, agendas, facturación, farmacia e inventario”. Entre las mutualistas que utilizan sus servicios se destacan el Hospital Evangélico, el Servicio Médico Integral y todas las del interior.

Las fuentes del gobierno afirman que “fue importante” que Geocom trabajara con la mayoría de los prestadores a la hora de elegir qué compañía brindaría el sistema de huellas digitales para abrir el corralito mutual. De hecho, aprovecharon que muchas conocían el software que ofrecen y ya lo tienen instalado, si bien se trata de servicios distintos.

El principal proyecto sanitario de esta compañía es el de la historia clínica electrónica en ASSE. Una compra directa de abril de este año muestra que se le pagaron US$ 963.800 por brindar “servicio de apoyo, técnico y actualización tecnológica” al programa que usa el prestador.

Fuentes del organismo explican que esta compra directa -que se excede de los límites establecidos por el manual de contrataciones públicas (Tocaf)- se debe a que Geocom debía mantener el software que ya está instalado. Por lo tanto, no era posible que otra compañía compitiera por esa tarea en una licitación pública.

A la empresa se la contrató en 2014, luego de que el Estado uruguayo firmara un convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para implementar la historia clínica electrónica en todo el país.

Una parte de este gasto correría por cuenta de ASSE y los prestadores también estaban obligados a invertir en este proyecto. El organismo internacional prestó dinero en dos etapas: el crédito inicial era de US$ 6 millones y luego se otorgaría otro de US$ 18 millones para terminar el plan. Geocom resultó elegida en esa licitación.

En la compañía lo cuentan así: “Geocom ha estado siempre atenta y receptiva a las iniciativas del gobierno en lo referente al desarrollo de la tecnología en el sector de la salud. Hemos tenido la oportunidad de apoyar las mismas en diferentes en instancias”. El servicio que brindaron en ese momento fue el de “la realización de una consultoría para la definición de los lineamientos estratégicos de la historia clínica electrónica nacional”, según expresa la empresa.

La firma también ofrece otros servicios a distintos organismos del Estado. De acuerdo con las adjudicaciones publicadas en el portal de compras estatales, obtuvo 35 contrataciones por un valor de US$ 3.720.423 solo en este período de gobierno. El Ministerio de Defensa, el Ministerio de Economía, el Ministerio del Interior, la Intendencia de Montevideo, entre otros organismos, la contrataron.

El Correo es uno de sus principales clientes. En 2015, por ejemplo, le pagó a Geocom US$ 778.000 por 400 computadoras y su respectivo mantenimiento. El resto de las contrataciones son por montos menores, salvo aquellos vinculados a la historia clínica electrónica. De 39 licitaciones a las que se presentó la compañía en este período de gobierno, solo perdió cuatro, según figura en el sitio web estatal.

Siguiendo con la buena racha, la empresa iba a sumar otro negocio importante: el de las huellas digitales en las mutualistas. El proyecto tenía nombre, precio y fecha de implementación. Sain embargo, al final de esta sinuosa historia, se desactivó. El corralito se abrirá, según se anuncia, pero en cuanto a tecnología se está en punto cero.

La situación de Casa de Galicia y el efecto del corralito

El gremio de Casa de Galicia se encuentra en conflicto. El prestador les adeuda el sueldo de abril y a algunos funcionarios tampoco les pagan el salario vacacional desde 2009. Ximena Carrera, presidenta de la Asociación de Médicos y Practicantes de Casa de Galicia, considera que la atención en esa mutualista “es muy buena”, pese a que perdieron 1.500 socios sin que abriera el corralito mutual en estos dos años. “Que el

usuario se vaya también es fruto de que no ve una reestructura de la empresa real”, dice. Para el sindicato, la gerencia no logra “explotar las virtudes” que tiene el prestador, por lo que exigen que los directivos se retiren. Carrera explica que Casa de Galicia tiene una población “muy añosa”, por lo que hubo pacientes que murieron en este tiempo y no pudieron ser reemplazados por afiliados más jóvenes. Ese recambio, según la médica, se podría haber dado con la apertura del corralito. Sin embargo, esta mutualista era una de las que podría haberse visto más afectada con la movilidad regulada, afirman las fuentes del gobierno. El País intentó comunicarse con el gerente general Marcelo Brasca, quien no respondió a las llamadas efectuadas.