DEL MARCONI A ARTIGAS

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Viernes, un rato antes de las 11 de la mañana. El día arranca lento en el Marconi, este barrio en el norte de Montevideo que de vez en cuando aparece en las crónicas policiales por balaceras y ajustes de cuentas. Un lugar lleno de contrastes, donde una reluciente plaza en Aparicio Saravia convive con los ranchos de lata, los caminos de tierra (o de barro, si llueve) y la basura por todos lados.

Micaela Lima vive en el pasaje Pedro Bazán y está feliz: le acaban de entregar una casa nueva de dos dormitorios. En sus brazos está su pequeña hija Francesca, de apenas un mes. Y más allá Ludmila (de 4 años), Santino (6) y Priscila (8). Micaela tiene 24 y vivió acá toda la vida. Su padre se dedica al reciclaje. Antes tenían un rancho, ahora una vivienda de material con cerco.

Ella invita a pasar, muestra con orgullo “el cuarto de los nenes”, el suyo y el baño, mientras la hija más grande juega con un bate de béisbol. En la vuelta hay unas gallinas y unos caballos. Y en el aire un intenso olor agrio: la basura y el calor de una pesada mañana primaveral se hacen sentir. “Mica”, como la conocen todos en la zona, tiene casa nueva gracias al Plan Juntos, aquel programa de integración socio-habitacional que creó en 2010 el expresidente José Mujica y al que donó unos 400.000 dólares de su sueldo durante su gobierno, según declaró en su momento. Esta es una de las 15 viviendas que se van a inaugurar estos días. Desde 2018 se estrenaron 28 casas en la zona.

Hoy el plan está a cargo de Cabildo Abierto, el partido liderado por Guido Manini Ríos. El rumbo se mantiene con algunos cambios y también varios problemas, como las denuncias por usurpaciones y desalojos de casas.

Miércoles, después del mediodía. El exlegislador colorado Daniel García Pintos —aquel de la “Brigada palo y palo”, hoy dirigente de Cabildo— sale del despacho del coronel retirado Rody Macías en la casona donde funcionan las oficinas del plan sobre la calle 25 de mayo. García Pintos es el subcoordinador y acaba de terminar la reunión de puesta al día. Macías, el coordinador, es su jefe.

“Tenés que llevar tranquilidad de que esto sigue”, dice Macías a El País. Sabe que en los últimos meses se han generado dudas acerca de si este plan se iba a mantener tal como fue creado. Macías considera que la idea de Mujica era “brillante” porque es un programa bien ejecutivo, aunque también dice que aún hay desproljidades y cosas a mejorar. “Queremos que sea más eficiente”, afirma, “porque una cosa que hacemos medianamente bien los militares es gestionar”.

Así, un coronel y un dirigente de origen pachequista —quien alguna vez se autodefinió como “de derecha, demócrata y anticomunista”— tienen a su cargo a un grupo de trabajadores que, ellos lo saben bien, no son afines políticamente en su gran mayoría. “Son MPP”, explican.

Desde abril, la nueva gestión redujo el personal (de 404 a 382 empleados) pero casi todos vienen desde el gobierno anterior. Macías se tiene fe para el relacionamiento y recuerda que estuvo a cargo del área de relaciones públicas cuando Eleuterio Fernández Huidobro era ministro de Defensa. “Me llevé muy bien”, asegura.

El coordinador mantiene un diálogo directo con los empleados. García Pintos, en cambio, tiene un perfil bajo, se dedica al área social, recorre los barrios y habla con las familias.

La historia de Macías merece una nota aparte. A inicios de la década de 1990 ayudó al Ejército Sandinista de Nicaragua en el trabajo de sacar minas tras la revolución en aquel país centroamericano, en Angola se agarró malaria y estuvo en el terremoto en Haití en enero de 2010. Allí se salvó de milagro.

Lo cuenta y se ríe. Macías siempre se ríe, incluso cuando se refiere a las complejidades del plan. Quizás sea una forma de encarar una tarea que sabe ardua. Tiene 58 años y conoce de toda la vida al general retirado Guido Manini Ríos: cuando entró a la escuela militar de cadete en 1978, el hoy líder de Cabildo Abierto estaba en el último año. Hicieron la carrera en paralelo, aunque nunca prestaron servicios juntos.

Macías se vinculó a Cabildo por Manini pero también por la hoy ministra Irene Moreira, ya que trabajó con su padre Roque, coronel retirado. Además tenía gran vinculación con el también coronel retirado Gabriel Albornoz (director general de Secretaría del Ministerio de Vivienda) y con el actual senador cabildante y coronel Raúl Lozano. “Son camaradas”, confía. Está convencido que Manini representa mejor que nadie el ideario artiguista.

Una de las primeras cosas que hizo cuando entró al Juntos el 14 de abril fue instalar afiches con la frase “que los más infelices sean los más privilegiados”, aquella de José Artigas. Además, los afiches destacan en letras grandes la palabra “Juntos”. Macías quitó la palabra “plan”, ya que piensa que da la idea de que es un proyecto, no una realidad. “Plan es como que planificás unas vacaciones. Pero no las ejecutás”, dice el militar. Y se ríe otra vez.

¿En qué consiste Juntos? Desde sus orígenes aborda la emergencia socio-habitacional con acciones tendientes a mejorar la calidad de vida y a fortalecer la participación. Apunta a las familias más pobres y plantea que se sientan parte del proceso. “Nosotros no hacemos complejos, como el PMB”, dice Macías, en referencia al Programa de Mejoramiento de Barrios, que el presidente Luis Lacalle Pou pretendió sacar del Ministerio de Vivienda y llevarlo a Presidencia. Incluyó un artículo en el proyecto de Presupuesto, pero no se lo llevaron colorados y cabildantes.

La metodología de trabajo habitual del plan es la llamada demanda dispersa. Si bien la mano de obra es personal contratado, se mantiene la filosofía original del proyecto de Mujica: las familias —en su mayoría mujeres solas con hijos— tienen que participar en el proceso, ya sea en la obra o en actividades sociales. Si no lo hacen, pueden ser desvinculadas. Ese compromiso de los vecinos es una de las cosas que más atrae del plan a la ministra Moreira. “Me interesa que los futuros dueños sean los que trabajen en las obras”, dijo en una entrevista con El País el 19 de abril pasado.

Macías lo resume así: “Acá hacemos viviendas, pero tenemos una parte social fundamental. Desde tratar de insertarlos en la sociedad con programas del Mides hasta los dientes de las personas en un programa integral de salud bucal”. Pero, según la información que maneja la diputada del MPP Cecilia Cairo, excoordinadora del plan, el gobierno dejó sin efecto el convenio de salud bucal, que en siete años atendió a unas 4.290 personas y tiene dos ambulancias que recorren los barrios. “Nosotros vamos a intentar que revean la decisión”, indica la diputada.

Macías niega que se vaya a cortar ese programa, dice que está “en stand by”. De hecho, la ministra Moreira y él se reunieron el martes con el ministro de Salud Pública Daniel Salinas, quien les dijo que no se prorrogará el convenio con la Facultad de Odontología, pero hará uno nuevo, “que sea más eficiente”. El problema es que el dinero de 2020, unos 50.000 dólares, no ha sido ejecutado por la pandemia. “El ministro me preguntaba si lo devolvía a Rentas Generales”, dice Macías. “Es un programa excelente”, agrega.

En los primeros tres años, de 2011 a 2014, se dieron 736 soluciones habitacionales. En ese período el programa funcionaba en Presidencia y de una manera casi artesanal. La gente se acercaba a las obras, las ONG aportaban lo suyo y se recibían donaciones, no solo del presidente Mujica, sino de empresas y particulares. Todo servía, desde dinero a ladrillos, puertas, ventanas y cualquier material. “Yo no lo critico, es una manera de empezar y está bien”, dice Macías.

En 2015, cuando asumió Tabaré Vázquez, lo llevó al Ministerio de Vivienda, y en ese período el plan de alguna manera se formalizó y ordenó. Se construyeron 1.211 soluciones habitacionales en esos cinco años, según los números oficiales. Una solución habitacional no siempre es una casa nueva, pueden ser reparaciones o ampliaciones.

Pero esas soluciones se dieron en diferentes tipologías arquitectónicas. Por ejemplo, en el complejo ubicado en Luis Batlle Berres y Camino de las Tropas, cerca de la ruta 5, hay hasta siete tipos de casas diferentes, desde contenedores a viviendas de material. “Hay muchas falencias en la parte constructiva, es un gran problema”, afirma el coordinador. Ahí en Batlle Berres son 108 casas construidas pero hay 76 con patologías. Desde casas que se llueven a paredes rajadas.

¿Hay que repararlas? “Es una disyuntiva. Muchos están en ranchos de lata, sería mejor destinar ese dinero a darle una solución nueva a personas que hoy están en el barro, en la mugre”, admite.Y da otro ejemplo complicado.

En lugares como Artigas y Ciudad del Plata se hicieron casas sin saneamiento: “Juntos sigue pagando la barométrica que va tres veces por día porque se desborda. Todo eso me baja el Presupuesto”.

En este período proyectan 1.143 soluciones habitacionales en cinco años. Para 2020 estaba previsto iniciar la ejecución de 293 viviendas y finalizar 226. Además del área metropolitana, habrá fuerte foco en el norte del país. Artigas, por ejemplo, arranca en 2020 con el 2% del total y sube hasta llegar al 8% en 2024. Lo mismo sucede en Rivera, que también sube del 2% al 8%. Son sitios donde el plan estaba en retirado y ahora vuelve.

Además, se trata de dos bastiones electorales de Cabildo Abierto, pero Macías descarta que el incremento sea por eso. “Lo que pasa es que Rivera ocupa el primer lugar en índice de pobreza y Artigas es el número tres. Vamos a priorizar los departamentos más pobres”, afirma.

El presupuesto total por año para este quinquenio será de 627 millones de pesos. “Pero una bolsa de portland no valdrá lo mismo en 2020 que en 2024”, avisa Macías. Los fondos del plan seguirán siendo administrados con un fideicomiso de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND). De ahí se saca para contratar empresas y obreros y para la compra de materiales.

En la comisión de Presupuesto de Diputados, el asesor contable Jorge Ceretta dijo que este año hubo un recorte de 5%. Pero desde el Frente dicen que en realidad es más. Cairo, la diputada del MPP, afirma que todos los años hay refuerzos para abrir más lugares para la concreción de viviendas en un contexto de demanda muy alta.

¿Y cómo se elige a los participantes del plan? Hoy los programas del Mides son la puerta de entrada, pero eso se modificará. Macías dice que se tomará en cuenta a quienes están por debajo del índice de pobreza. “Y que sus situaciones de vulnerabilidad tengan por lo menos una... ¿cómo se llama?”, pregunta. No se acuerda, no le sale la palabra. Se para, revuelve, busca hojas, abre cajones. No encuentra: “Tengo tantos papeles acá”, lamenta.

No encuentra el texto del proyecto de Presupuesto que está a consideración del Senado. Lo que indica es esto: intervendrán en aquellos hogares que se encuentren bajo la línea de pobreza y que presenten al menos una Necesidad Básica Insatisfecha (NBI), con precariedad sociohabitacional.

“Vamos a los asentamientos y estamos haciendo un mapeo, una geolocalización, y ahí vemos cuáles son los lugares donde debemos intervenir. Nosotros vamos a elegir a qué familias les damos”, explica el coordinador. Desplega un mapa de Montevideo arriba del escritorio con manchas de colores que se superponen. Cada color significa una necesidad básica insatisfecha. Macías admite que hay mucho para hacer y que el presupuesto da una capacidad limitada. A eso se suman los robos de materiales: en lo que va del año llevan perdidos 1.800.000 pesos. “Porque donde entra el Juntos, no entra nadie”, explica.

En Batlle Berres hay problemas permanentes y conflictos con el asentamiento 19 de abril. Allí han usurpado casas, admite Macías. Cuando pasan casos así, el Plan Juntos realiza la denuncia si constata lo que se afirma. El coronel muestra una lista de las denuncias realizadas: “Nosotros los ayudamos porque muchos tienen miedo”.

La diputada Cairo, excoordinadora del plan, apunta que en ese complejo hay varias casas vacías porque hay gente que se tuvo que ir y hay persecución a las familias, que piden apoyo en seguridad. De hecho, allí hay una investigación en curso de fiscalía.

Las viviendas se otorgan por 10 años en comodato precario y no las pueden vender. “Pero las venden igual. Hay uno que la cambió por un rancho, un caballo y no sé qué más”, dice el coordinador. “Otro la vendió por 250.000 pesos hace poco. Es un precio vil”. Y entonces advierte: “Vos les das la casa, le hacés un acompañamiento de tres a seis meses. Los vinculás con el CAIF, con los programas que hay, con la atención bucal, con los maestros comunitarios... Pero después vienen y dicen que les tiraron una piedra y les rompieron el vidrio. Yo les digo que no, que empiecen a manejarse solos”.

Bien lejos del Marconi, Tres Ombúes es un barrio obrero de casas bajas donde abundan las banderas del Frente Amplio. En la calle Pedro Giralt estaba la vieja casa de la familia Ferreira. Los dos hermanos Juan y Paola se habían dividido la vivienda de los padres, pero estaba destruida. “Tenía humedades, la plancha se venía abajo y en verano los pedazos se te caían encima”, cuenta Paola Ferreira (26 años) en la cocina de su nuevo hogar, mientras sus hijos Alessander (10) y Benjamín (5) acaban de llegar del dentista.

Juntos les iba a hacer una reforma pero una pared se rajó al medio. “Y tuvieron que tirar todo abajo”, cuenta ella, “ligamos”. Levantaron dos modernas casas de 57 metros cuadrados. Abajo living, cocina y baño. Arriba, tres dormitorios.

“Es inolvidable”, dice Alexandra Arellano, su cuñada, y muestra su nueva vivienda. Chiara, una de sus hijas, toma un jugo de frutillas sentada en el frente. En el living hay una enorme pecera donde duerme un hámster, que también es nuevo en el hogar. Tanto que aún no tiene nombre: “Todavía no nos decidimos”.