Frontera con Argentina

Los uruguayos que viven en la frontera con Argentina dicen que el resto del país no entiende realmente a fondo la complejidad del conflicto que están atravesando por estos días. En el litoral, quienes están vinculados al comercio empiezan la jornada con la garganta apretada, preguntándose si ese será el día en que el presidente argentino, Alberto Fernández, anuncie la postergada apertura de fronteras. Ante ese escenario, los envuelve una sensación agridulce.

Claro que quieren volver a la rutina integrada con sus vecinos. Algunos, como la fraybentina Griselda, llevan más de un año sin ver a sus hijos. “A mi hija la veía todos los fines de semana y ahora: nada. Tengo acumulados los regalos para mi nieto”, dice. El asunto, es que así como muchos pobladores tienen a sus afectos distribuidos de un lado y del otro del río, lo mismo les pasa con el bolsillo.

El deseo de que se concrete la apertura convive con la angustia de los comerciantes que, conscientes de que enfrentan la mayor diferencia cambiara en 20 años, pronostican un éxodo sin precedentes de consumidores hacia el territorio argentino. Cruzarán en busca de precios contra los cuales el mercado nacional hoy no puede competir, advierten.

Los comerciantes de Río Negro, Paysandú y Salto plantean que, dependiendo del producto y del servicio, la relación entre los precios varía de seis a uno, a de dos a uno. Según narran, del lado argentino todo suele valer un tercio de lo que cuesta en Uruguay: todo. La consulta con un oftalmólogo y la compra de los lentes en una óptica puede valer lo equivalente a 2.000 pesos uruguayos; un kilo de carne 80 pesos, una pizza 60 y un paquete de fideos 14. Y así.

El contrabando por estos lados —así como en la frontera con Brasil— es una cicatriz profunda y antigua. Aunque había sospechas de cuánto podía pesar esta fuga de dinero, sucedió que, de forma imprevista, la pandemia les puso a la vista la real dimensión de los billetes que día a día, mes a mes, estas localidades gastan del otro lado de la orilla, que es como decir todas las divisas que podrían quedarse en sus departamentos y cómo así la vida tal vez podría ser mejor.

Desde que el cruce está prohibido, sin la competencia de los precios argentinos, las ventas en estos departamentos uruguayos se incrementaron del 30% para arriba. Como un efecto dominó, esto provocó más demanda de producción nacional, más empresas abiertas, más empleo formal. En Fray Bentos el incremento del personal en planilla fue de 30%, más de la mitad de las contratadas son mujeres.

El intendente de Paysandú, el nacionalista Nicolás Olivera, plantea que ni la mejor consultora podría haber expresado de forma tan contundente el resultado de esta experiencia: “La pandemia y el cierre de los puentes que conllevó fue el mejor laboratorio para ver cuánta plata se iba”. Según un estudio realizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo al que accedió El País, en 2019 el contrabando de alimentos y bebidas en los departamentos de frontera con Brasil y Argentina se tradujo en 320 millones de dólares. Si los uruguayos hubieran comprado esos productos en comercios nacionales, el Estado hubiera recaudado más de 70 millones de dólares.

Con la pandemia, por ejemplo, los centros comerciales del litoral pudieron comprobar que si a este número se le adiciona el gasto en bebidas alcohólicas, estas cifras se duplicarían. Y cuánto más si también se sumara lo que se gasta en otros productos y en decenas de servicios. El intendente Olivera lo pone así: “Con el cierre de los puentes vimos cómo aumentó el consumo en nuestros departamentos pero también empezamos a detectar cuáles son los principales sectores que perforan nuestras economías”.

Si bien en cada uno de estos tres departamentos lo que se consume y el impacto en la economía es distinto, los une la imperiosa necesidad de armar un plan para anticiparse a lo que podría pasar cuando se anuncie la apertura argentina. Temen que el sorprendente empuje comercial conseguido se esfume y la caída sea tremenda.

Con esta meta, unificaron fuerzas los tres intendentes y los comerciantes agremiados. “Esta situación es una oportunidad que nos puede llevar a armar una verdadera política de frontera que sirva a largo plazo”, plantea el intendente de Río Negro, el nacionalista Omar Lafluf.

En el Parlamento, legisladores de la coalición y del Frente Amplio tomaron el tema, propusieron crear una comisión permanente para tratar los asuntos fronterizos, presentaron cuatro proyectos distintos y están dispuestos a dialogar para elegir los mecanismos más convenientes para desestimular la fuga de consumo. Cuentan con el interés manifiesto de la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, en hincarle el diente al problema.

Mientras tanto, los intendentes del litoral y los comerciantes confían en el interés y voluntad del sistema político pero, sin tiempo para una extensa discusión parlamentaria, el lunes se reunirán con el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, para proponerle una hoja de ruta con medidas “paliativas”. “Hay grandes diferencias entre los proyectos y conjugarlos puede tardar meses, cuando nosotros necesitamos un plan ya. Por eso vamos a proponer propuestas concretas para el ahora, que luego se podrán complementar”, dice el intendente de Salto, el frenteamplista Andrés Lima.

En general las dinámicas de las compras en la frontera son variadas, “pero influye la distancia y la ciudad que hay del otro lado”, plantea Juan Della Corte, directivo del Centro Comercial e Industrial de Paysandú. Con la desaparición de las industrias desde la década de 1980, la matriz comercial sanducera quedó conformada por pequeños emprendimientos. Del otro lado, tras un viaje de 15 minutos en vehículo, está Colón, el tercer centro turístico argentino. “Eso implica que cruzar reúne hacer un paseo, comprar el surtido, comer allá, llenar el tanque con combustible y volver”, describe el comerciante.

Aunque Paysandú triplica la población de Colón (76.000 habitantes contra 25.000), se estima que unos 5.000 autos cruzan semanalmente el puente sobre el río Uruguay. “Sin COVID-19, parte de la rutina diaria es cruzar”, expone el intendente Olivera. ¿Qué compra el uruguayodel otro lado? Desde bebidas alcohólicas —a 160 pesos uruguayos está el fernet y a 100 el vino de primera calidad— hasta medicamentos. “Acá la gente se pasea con un bolso vendiendo remedios de contrabando”, ilustra Della Corte.

No solo se aprovecha la oferta de productos sino el catálogo de servicios. “Es tanta la diferencia de precios que hasta vamos al dentista en Colón”, agrega. Esto genera que haya productos que ni siquiera se comercializaban en Paysandú “porque no había clientes”. Pasó con los vinos y con los restaurantes: “Hace 15 años que acá no tenés un local con un menú pensado. La diferencia de precios destruyó la oferta”, dice Della Corte.

Con el cierre de fronteras que impuso el virus, el auge de la demanda sorprendió a los comerciantes. Los distribuidores en general, los almacenes, los centros de estética femenina, hasta los que polarizan los vidrios de los autos vieron crecer su negocio. “Tomamos gente, pero no estamos ni cerca de tener contratado al personal que necesitamos porque no sabemos hasta cuándo va a durar esto, y si tendremos o no una política de frontera que nos defienda”, plantea el empresario.

En Río Negro, menos de 50 kilómetros separan a Fray Bentos de Gualeguaychú. La población argentina duplica a la de todo el departamento uruguayo, pero desde la Corporación del Desarrollo del municipio argentino son tajantes al expresar que el consumo del otro lado del río “es muy importante” para el bienestar de sus comercios.

La Asociación Comercial e Industrial de Río Negro identifica que los rubros más favorecidos por la clausura del puente son los comestibles, los productos de higiene y limpieza. Desde Río Negro también suelen cruzar para atenderse con médicos y hacerse los lentes o las prótesis dentales, además van en busca de repuestos mecánicos.

“Todo en general mejoró y se dice que el turismo interno se incrementó en un 52%. Pero lo bueno que se logró se puede perder en un santiamén”, dice Nelson Rosas, directivo de la asociación. El intendente Lafluf coincide con este temor: “Si dejamos que todos vayan a comprar a Argentina, la demanda bajará, se contraerá la actividad y los comercios van a sacar a tres de cada cinco empleados. Esta gente quedará sin ingresos y luego el Estado tendrá que darles canastas”.

Con el cruce bloqueado de Salto a Concordia (37 kilómetros de distancia), empezaron a verse caras nuevas. “No solamente los comercios contratamos reponedores sino que los distribuidores hicieron lo mismo, porque por primera vez las góndolas tuvieron rotación de productos”, dice el dueño de un supermercado.

Al igual que en los otros departamentos, se incrementó el consumo local aunque reconocen que en Salto el contrabando siguió rebuscándose mediante envíos nocturnos en barcazas que alimentaron al monumental bagashoping, que según releva una fuente incrementó el número de puestos durante la pandemia, al igual que subieron las ventas de productos de contrabando por redes sociales.

Como sea, en los tres departamentos, en medio de una crisis económica, creció la cantidad de empresas, de trabajadores y la recaudación. “Esto nos lleva a decir, no que seamos más baratos, sino más competitivos en precios con respecto a los países vecinos y que así nos va a ir mejor”, plantea Ricardo Paulino, directivo del centro comercial salteño.

La movida de los comerciantes para protegerse ante la eventual apertura genera resquemores del otro lado del río. La presidenta de la Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú, Estela Miño, explica que la importancia es tal que enviaron una carta al gobernador de Entre Ríos solicitando que no se dilate más la reapertura.

Desde el centro comercial de Concordia, Adrián Lampazzi transmite que el oportunismo cambiario es cíclico y que no se quiere retroceder en la integración de las ciudades. “Cada país debe tomar medidas para proteger su industria y eso es lícito, pero con reglas claras y que no violen los tratados internacionales como sucedió con la política del cero kilo”.

El ánimo también está caldeado puertas adentro, entre vecinos uruguayos. Por un lado están aquellos comerciantes informales que viven del comercio ilegal, pero también los que “estiran el sueldo” comprando del otro lado con fines domésticos. En los tres departamentos los comerciantes reconocen que algunos vecinos recriminan “haber subido los precios ahora que los puentes están cerrados” y la competencia mermó. Los insultan en los programas de radio e incluso algunos esperan que sus sedes sean vandalizadas.

“Ningún empresario de Salto está haciendo dinero para guardárselo: lo invierte. Pero no vemos que el consumidor esté en la gatera para pelear esta situación, no visualiza el efecto que provoca que la plata circule dentro del departamento y cómo esto va a terminar beneficiándonos a todos”, plantea Paulino.

“Es como pasó con el combustible”, dice refiriéndose a la exitosa política de 2007 que logró desestimular el cruce para proveerse de combustible mediante la reducción del Impuesto Específico Interno (Imesi) en 24% para aquellos uruguayos que carguen nafta, mediante pago electrónico, en estaciones de servicio ubicadas en un radio de 20 kilómetros en los pasos de frontera con Argentina y Brasil.

Comerciantes y autoridades repiten como un mantra que esto demostró que “reduciendo los impuestos se incrementaron los ingresos del Estado”. Ahora, le piden al Poder Ejecutivo que el plan para proteger al comercio fronterizo vaya por ahí y abandone el tradicional camino del control aduanero “que siempre fracasa”. “Por eso impulsamos mecanismos que permitan que los precios sean competitivos para que, en vez de controlar cuántos kilos trae un vecino, sea el consumidor el que tome la decisión final de si le sirve más comprar acá o allá”, plantea un directivo de la asociación salteña.

En tanto, los proyectos de los legisladores plantean desde mecanismos de exoneración de impuestos a ciertos productos (Frente Amplio), hasta reforzar esa idea sumando regímenes especiales para favorecer a las micro, pequeñas y medianas empresas (Cabildo Abierto), la incorporación de una patente de introducción fronteriza (Partido Nacional) y la creación de una tarjeta verde de importación y exportación (Partido Colorado).

Mientras esta discusión avanza, el intendente Lima adelanta que las medidas prácticas que le plantearán el lunes a Delgado irán por una reducción de impuestos para determinados productos de la canasta básica. “El porcentaje debe ser atractivo”, señala. También propondrán descuentos si se utiliza un medio electrónico de pago. Además, para conservar el turismo, se planteará la reducción del IVA en alojamientos y locales gastronómicos para el turista nacional.

En aquel análisis realizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo, se plantea que la pobreza en los departamentos fronterizos se reduciría 4,4% si se consideraran precios de alimentos y de bebidas 30% menores. “Esto debe ser interpretado como una muestra del potencial efecto de tener un nivel de precios asimilables al de nuestros vecinos sobre la pobreza monetaria”, concluye.