MUTUALISTA

La hija de Beatriz está en tratamiento psicológico desde los 14 años. Con la voz acelerada cuenta que ella ha tenido “algunos episodios feos” en los que se realizó cortes en los brazos y trató de quitarse la vida. “Pero ahora está mejor y la lleva bien”, dice Beatriz y relata su historia. En diciembre del año pasado el Comité de Salud Mental que funcionaba en la exmutualista Casa de Galicia determinó que la chica debía ver a un psiquiatra.

Beatriz nunca pensó que esa consulta no ocurriría en la mutualista que tiene esa enorme cruz roja en su edificio central y de la que es socia desde toda la vida. Incluso tenía anotado el nombre de un especialista que algunos conocidos le habían recomendado. Pero, para el momento en el que quiso solicitar una hora, Casa de Galicia como tal había dejado de existir y ese psiquiatra ya no la podía atender.

El 23 de diciembre de 2021 unjuez determinó el cierre de la mutualista y la Navidad fue particularmente amarga para muchos porque la pasaron en un escenario de incertidumbre total. La historia es conocida, pero profundizaremos sobre ella (y sobre las perspectivas a futuro) más adelante.

Beatriz fue redirigida junto a su familia a una de las cuatro mutualistas determinadas por ley para absorber a socios y trabajadores de Casa de Galicia. Después de algunos meses que califica como “inciertos”, en mayo de este año solicitó la hora con un psiquiatra y mostró en la ventanilla el certificado que daba constancia de que los especialistas de la mutualista cerrada se lo habían indicado. La hora en su nuevo centro de salud se la agendaron en agosto. Tres meses más tarde. Era para el 26. Unos días antes, exactamente el 20 de agosto, recibió un mensaje en su celular diciendo que la consulta se había postergado para el 29 de setiembre. Y en la mañana del 29 de setiembre le dijeron que había sido cancelada. “Ella tiene derecho a ser atendida y a que no la estén peloteando así. Hoy no está en el borde de la cornisa, pero sí es una chica frágil con cambios de carácter. Ya todo el año se está yendo en excusas porque ahora me dijeron que no hay número hasta febrero. Lo único que espero es que no pase nada”, relata con indignación.

Raquel también tuvo una mala experiencia en la mutualista a la que fue asignada. Su hermana tiene 60 años y es paciente renal, además de tener problemas cardíacos. Hace dos semanas tuvo que ir a la puerta de emergencia por sentirse mal y allí permaneció durante 36 horas sentada en un sillón “porque no hay camillas para los que están en emergencia”, cuenta. “Yo creo que el problema es la cantidad de pacientes que absorbieron sin tener la capacidad para hacerlo, porque problemas se ven en todos lados, pero esto ya es otro nivel”, dice Raquel y pide que se utilice un nombre ficticio para identificarla. Después de dar detalles sobre lo que vivió su hermana se le llenan los ojos de lágrimas y sostiene: “A los socios de Casa de Galicia se nos trastocó la vida porque ese lugar era muy especial. Te lo digo de todo corazón”.

Todos los socios de Casa de Galicia consultados para este informe resaltan un punto en común cuando se les pregunta qué es lo que más extrañan: la gente. Hay una comunidad unida y, de hecho, los grupos de socios siguen activos en todas las redes sociales. Hacen asados. Se conocen entre sí. Y, a pesar de los problemas asistenciales que relatan en las nuevas mutualistas, todos los exsocios de Casa de Galicia reflexionan sobre el mismo punto de seguir sintiéndose “una gran familia”.

En las semanas previas al cierre, cuando todos los días se conocía información nueva sobre la mutualista y se manejaban cifras de varios ceros sobre fideicomisos, préstamos y créditos, el sanatorio de Casa de Galicia ubicado en Millán tenía fotos de socios y trabajadores sobre su puerta principal. Casi un año más tarde y con el Círculo Católico como dueño oficial del edificio, hoy hay un candado de hierro en la puerta y un cartel que prohibe la entrada.

El cierre fue inédito y aún parece haber un final abierto a la historia.

Además del candado que está detrás de una de las puertas de vidrio, en el sanatorio que fundó la comunidad gallega se ven varios carteles con este mensaje: “Cerrado. Por favor diríjase a su prestador de salud asignado”. En los costados, sin embargo, se mantienen los escudos gallegos, que parecen custodiar el hall principal que vio pasar a más de 100.000 afiliados y hoy es como una tierra de nadie.

A pesar de que el Círculo Católico adquirió el sanatorio principal de Casa de Galicia por 15,3 millones de dólares en un remate públicorealizado en junio de este año, la mutualista todavía no utiliza las instalaciones en un 100%. De hecho, los socios del Círculo -que es una de las cuatro instituciones, junto a Universal, el Hospital Evangélico y Cudam, que recibió a socios y funcionarios de la mutualista cerrada- no se internan allí sino que solamente van a donar sangre. Son los pacientes del sector público los que hoy le dan más movimiento al sanatorio, porque un convenio firmado entre Casa de Galicia y la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) determinó que la puerta de emergencia y un piso de internación podrían ser utilizados por la salud pública y eso se mantuvo durante el cierre de la mutualista y la adquisición del Círculo. ¿El motivo? ASSE no tiene ningún centro de salud en la zona. El más cercano es el Hospital Saint Bois, ubicado a unos 10 kilómetros.

El vacío del edificio no es ajeno para ninguno de los vecinos de la zona, acostumbrados a ver taxis en la puerta y la panadería con fila para comprar bizcochos recién salidos del horno. Ese mismo vacío tampoco le es ajeno a Alberto Iglesias, quien dice no querer “eludir el pasar por enfrente” aunque a veces prefiere hacerlo. El último presidente de Casa de Galicia está “trabajando sábado y domingo” en el armado de una demanda contra el Estado y dice que lo quisieron matar varias veces, mientras toma un expreso y baja la cabeza para mirar por arriba de sus lentes.
Iglesias cita a El País en el Café Brasilero, el tradicional bar ubicado en la calle Ituzaingó en Ciudad Vieja. Un lugar en el que se nota que es local y nadie se sorprende por verlo cerca de una periodista y un fotógrafo.

Cuando empieza la transmisión de uno de los partidos del mundial se hace difícil escuchar lo que dice, entonces le hace una seña a una moza que reserva una de las mesas en la vereda para seguir con la charla.

El fotógrafo le saca varias fotos una vez que el hombre se sienta allí, a pesar de que ya posó para otras adentro del café, a lo que Iglesias responde: “No, no, afuera te pido que no me saques porque si me ven así en la calle y con los árboles de fondo van a pensar que estoy de vacaciones. Y estoy lejos de eso”.

Iglesias dice que pasa “cada dos por tres” por el sanatorio, ese que tiene en su fachada la tradicional cruz roja de Santiago, igual a la que él lleva puesta en su brazo izquierdo. “Cuando tengo que pasar por enfrente paso, pero la verdad es que me duele mucho”, dice.

En su maletín marrón Iglesias trae el reclamo que hizo en abril ante el Juzgado Letrado de lo Contencioso Administrativo para acceder a “todo el material vinculante” en posesión del Ministerio de Salud Pública (MSP) sobre Casa de Galicia. La cartera todavía no contestó y por eso el expresidente de la mutualista realizó una intimación el 17 de octubre y ahora el MSP tiene 10 días hábiles que se vencen la semana que viene para darle una respuesta. Según Iglesias, después de contar con esa documentación, podrá estructurar “una demanda más que importante” y “dar pelea”.

-Muchos lo ven a usted como el gran culpable de lo que pasó con Casa de Galicia, ¿por qué cree que se dice eso?

-Esa es una gran fábula -responde-. Yo era el objetivo a vencer y a liquidar para poder hacer el despojo. Había que sacarme porque molestaba, pero las cifras durante mis 36 meses daban una mejora a nivel general en todos los servicios. Mis tres años no se comparan a los 27 años anteriores, yo hice en tres años lo que no se había hecho nunca.

-Pero siempre disminuían los socios. Pasaron de 100.000 a 40.000 …

-Desde que estoy yo no disminuyeron. ¿Qué hicimos de mal nosotros? ¿Nos rebotó un cheque? No. ¿Tuvimos acción judicial de pagos a proveedor? No. ¿Faltó algún medicamento? No. ¿Tuvimos denuncias de socios por mala atención? No.

A Iglesias no le tiembla el pulso al decir que fue Dios quien lo “dejó vivo” para poder aclarar la realidad acerca del fin de Casa de Galicia y “contar la verdad”. “Cuando se anunció la intervención del MSP se me desencadenó un ACV y estuve en CTI durante varias semanas. Obviamente en el CTI de Casa de Galicia, donde recibí la mejor atención”, cuenta y repite dos o tres veces que el motivo de su ACV fue el “estrés” y el “esfuerzo mental y espiritual” por el que lo hicieron pasar “las autoridades de este país”.
Esa épica en su narración se mantiene durante toda la entrevista, incluso cuando admite ser “como cualquier gallego: bruto y testarudo, que tiene determinación de alcanzar un objetivo”.

Pero las denuncias después del cierre de la mutualista son cruzadas y no van solo hacia el gobierno, sino también desde allí, porque el 3 de diciembre de 2021, pocas semanas antes de que se decretara el cierre total, el MSP presentó una denuncia penal contra las antiguas autoridades de Casa de Galicia por una larga lista de irregularidades.

Estas van desde la emisión de cheques sin fondo por millones de dólares a la adquisición de una clínica por tres millones y medio de dólares sin una tasación previa, así como una maniobra a través de una casa de cambios por la cual Iglesias habría retirado en efectivo el equivalente en pesos de 180.000 dólares. Según informó El País en su momento, fueron las interventoras del Poder Ejecutivo en Casa de Galicia las que le hicieron llegar a la cartera de Salud un informe donde se detallan una “serie de hechos de apariencia delictiva” en la institución.

Consultado al respecto, el fiscal del caso, Gilberto Rodríguez, adelanta a El País que “seguramente se harán citaciones a declarar a partir de la semana que viene, pero a Iglesias aún no”.

Rodríguez explica que la investigación judicial requiere del análisis de “una serie de informes financieros” que aún restan ser estudiados por un equipo técnico de la Fiscalía.

Pero él niega todo. “¿Yo? ¿llevarme plata? Estamos todos locos”, dice y golpea la mesa con fuerza.

Son varios los médicos y funcionarios que trabajaban en Casa de Galicia que aseguran que a los pocos días del anuncio sobre la intervención del gobierno, Iglesias llamó a un camión de mudanza y mandó a retirar todos los muebles de su oficina con documentos y computadoras incluidos.
Él responde: “Eso se dice con mucha mala intención. Los muebles estaban en mi oficina y son de mis hijos. Es lógico que me los tenía que llevar. Computadoras obviamente que no me llevé ni una, si me llevaba alguna me hacían denuncia penal. Papeles sí, pero carpetas mías de trabajo. Y te digo más: agradezco al cielo habérmelas llevado porque sino los hubieran hecho desaparecer”.

La fecha para la famosa demanda que está preparando aún no está definida y depende de la contestación del MSP a su intimación. Incluso Iglesias dice que intentará hacerla antes de Navidad para que no se demore con la feria judicial y agrega con ironía: “Además sería para que pasen igual de bien que pasamos nosotros la Navidad pasada”.

En febrero se votó la ley 20.022, conocida como ley Casa de Galicia, que dio inicio a un proceso de distribución de socios y funcionarios de la mutualista hacia otras cuatro determinadas por el MSP a partir de su dimensión y ubicación geográfica. El Círculo Católico fue la que se llevó a la mayoría de los recursos de Casa de Galicia, seguido del Hospital Evangélico, Universal y Cudam.

Con respecto a la distribución de funcionarios, la ley preveía la creación de un listado o una suerte de bolsa de trabajo para que las instituciones pudieran contratar a los técnicos. Según dice la presidenta del gremio médico de la exmutualista, Ximena Carrera, ya se terminó con la distribución de los primeros dos grupos de médicos priorizados por tener una mayor relación de dependencia con Casa de Galicia. Ahora quedan unos 500 médicos en la bolsa de trabajo, de los cuales ninguno dependía de la mutualista más de un 60% debido al multiempleo. “La gente que está trabajando está contenta por hacerlo y nadie lo da por hecho después de todo lo que pasamos. Incluso cuando nos pasa de reencontrarnos con usuarios que eran de Casa de Galicia en los lugares que trabajamos ahora, nos emocionamos mucho. Es algo así como compartir un trauma”, cuenta Carrera.

En el caso de los funcionarios no médicos la realidad es distinta. La negociación no avanzó tan rápido como con los médicos y aún restan unas 300 personas en la bolsa de trabajo que creó la ley, de las cuales más o menos la mitad dependía en buena medida de sus ingresos de parte de Casa de Galicia, según informa la presidenta de la Asociación de Funcionarios de Casa de Galicia (Afuncag), Alexandra Vera. “Se hizo caso omiso a eso de respetar los ingresos y las mutualistas llamaron a los que más necesitaban ellos sin considerar los grados de dependencia. La mayoría fueron llamados para licenciados en enfermería”, explica Vera.

A diferencia de los médicos, los funcionarios tuvieron “más problemas para adaptarse”, según la vocera del gremio, porque “bajó mucho lo que percibían como sueldo”.

“En el Círculo Católico, por ejemplo, no hay presentismo, entonces tampoco hay muchos incentivos que digamos. A los compañeros se les paga un sueldo fijo de 34.000 pesos aproximadamente si se trata de enfermería cuando en Casa de Galicia era de 38.000. Además, nunca se reconoció el grado de experiencia en enfermería ni en los administrativos que estaba previsto en el acuerdo. Solamente la Universal respetó eso. Los otros tres no”, sostiene Vera. En su caso, le tocó ser distribuida a Universal, en donde dice haber recibido una “evaluación excelente” por sus primeras semanas de trabajo, pero luego cuenta: “Me dieron la baja sin explicaciones por una orden de la gerencia. Ahí volví a estar en la bolsa. Yo creo que fue por un tema de represión sindical, pero es idea mía nada más”. Al igual que ella, los trabajadores de Casa de Galicia que se encuentran en el listado que dispuso la ley, están en un régimen de seguro de paro especial hasta el 31 de marzo. A partir de esa fecha, si no son llamados por ninguna de las cuatro instituciones, pasarán a tener un seguro de paro común durante seis meses.

Otro asunto vinculado a la distribución de los recursos de la exmutualista tiene que ver con el panteón que pertenecía a los socios, ubicado en el Cementerio del Norte. Según supo El País, el predio pasará a ser propiedad de la Intendencia de Montevideo y por eso actualmente la Liga de Defensa Comercial (Lideco) está ofreciendo a quienes tienen familiares allí la posibilidad de “hacer reducciones y sacarlos”. Así lo explica el gerente de Servicios Jurídicos de Lideco, Fernando Cabrera: “Una de las causales por las que se termina el derecho de uso es por la liquidación y es exactamente lo que pasó. Nosotros lo estamos administrando momentáneamente y por eso damos la posibilidad a quienes tienen familiares ahí de retirarlos antes de enero”.

Algunos socios se vieron ofendidos por la iniciativa de Lideco, especialmente porque para poder realizar el traspaso desde el panteón es necesario pagar unos 4.500 pesos más tributos. En este sentido, Cabrera dice que es “imposible no cobrar” porque “la empresa que se encarga de esto cobra para hacerlo”. Y agrega: “No podemos destinar recursos de la liquidación para esto porque es plata que le tenemos que pagar a los trabajadores por los despidos”. Entonces cuenta que ya ha recibido “varias solicitudes” de personas interesadas.

Para Iglesias, quien tiene a sus dos padres enterrados en el panteón, la movida es “una canallada total” y vuelve a dejar claro que se siente perseguido: “Digo con mucho orgullo que fuimos la institución más humana y de concepto de familia de todo el país. Creo que es por eso que todos apuntaron contra nosotros”. El final de la historia, claro, está por verse.