Pueden pasar días, meses, años y hasta décadas. Hay juicios eternos, verdaderas guerras legales, para definir la propiedad de terrenos. Eso en Rocha es moneda corriente: existen balnearios fantasma, de esos que solo fueron creados en los papeles, entonces aparece gente que se apropia de solares y reclama supuestos derechos posesorios sobre ellos. Otros pagan años de contribución inmobiliaria pero no pueden entrar a sus propiedades. Y a veces todo eso también sucede ya no en el medio de la nada, sino en balnearios reconocidos, de esos que tienen calles, casas y concurridas playas.

Rocha parece tierra de nadie.

Lo ha admitido el propio intendente rochense Alejo Umpiérrez, quien al asumir se propuso ordenar la situación, aunque lo ha hecho con relativo éxito. No es simple: hay casi una industria dedicada a la ocupación de tierras.

Aquí contaremos cuatro historias de largas batallas legales, para graficar un panorama que no es de ahora, es histórico en el departamento que tiene casi 150 kilómetros de costa y unos 50 balnearios creados (y que también pasa en otros lugares, como Maldonado, pero en este punto del país es especialmente crítico).

El director de Jurídica de la intendencia, el abogado Humberto Alfaro, es el hombre que Umpiérrez puso a cargo del tema. Con 84 años, tiene amplia experiencia en el asunto y dice a El País que en su oficina tiene “miles de expedientes en trámite” —un buen número atrasados de períodos anteriores, “paralizados”, según sus palabras— vinculados a cierres de calles, alambramientos de espacios públicos y construcciones sin permiso. Esos expedientes están “movilizándose” y se busca la regularización, pero la intendencia no puede actuar cuando es un conflicto entre privados, ahí hay que ir a la Justicia. Sí lo puede hacer cuando se ocupa un espacio público o cuando hay una construcción irregular en un predio privado. En estos días se iniciaron, por ejemplo, las primeras demoliciones de un grupo de 50 en balneario Garzón, “van a desparecer todas, es gente venida de todo el país que se instaló frente al mar”, dice el director.

José Luis Rubio espera desde hace 23 años por el resultado de un juicio por tierras en una parte de la costa próxima a Punta del Diablo: en concreto en el balneario Las Sirenas (océano abierto, en primera línea al mar pero en una zona entonces —y hoy— despoblada) y en la cercana Laguna Negra. Resulta que él compró en 1996 en total 153 solares en nueve manzanas en un remate público y desde entonces pagó la contribución.

Pero unos años después apareció un empresario del Chuy, Carlos Calabuig, quien adquirió los derechos posesorios de 392 hectáreas a un local llamado Orosman Rocha, que vivía ahí. Entre esas 392 hectáreas estaban los terrenos de Rubio, quien hoy tiene 82 años, es jubilado bancario y administra empresas.

Los derechos posesorios se pueden obtener si se demuestra que se ocupó un terreno por al menos 20 años en forma pacífica. Para obtener el título de propiedad se debe iniciar un juicio por prescripción adquisitiva.

Foto: Ricardo Figueredo.

Rubio empezó a averiguar y encontró otros ocho propietarios en parecida situación a la suya. “El problema es que muchos se cansan y sus abogados se desgastan; pero sí sé que yo tengo el título, compré en buena fe y hasta el día de hoy habré pagado cerca de 50.000 dólares de contribución inmobiliaria”, dice Rubio, “me siento propietario pero no puedo vender ni me animo a edificar”.

El tema está en la Justicia desde el año 2000 dando vueltas y no se ha definido. Consultado por El País, Calabuig dice que más adelante hablará del tema en forma pública. “Está finalizando el juicio por los derechos posesorios, hace más de 20 años que lucho por esto”, confía.

Gustavo es argentino y está en juicio desde hace más de 10 años. Desde siempre veraneó de este lado del río y en un momento su familia compró unos terrenos en Rocha cerca de una zona bastante poblada.

Todo iba bien y pagaban los impuestos en forma sistemática, “hasta declarando en la AFIP en Argentina” cuenta, en referencia a la Administración Federal de Ingresos Públicos. Pero un día la familia se enteró que las tierras habían sido ocupadas. Lejos de desmoralizarse, se asesoraron con abogados e iniciaron un reclamo que suponían demoraría un tiempo en ver resultados exitosos.

Pero nunca tanto: la justicia no avanza por alguna extraña razón. Este argentino, cuyo nombre real fue cambiado, pide no ser identificado ni que se den detalles exactos de su caso porque teme que, si eso sucede, sea perjudicial para sus intereses, que se le vuelva en contra.

“Hay un grado de chicana alto, los procesos son largos, con jueces que subrogan a otros”, lamenta desde Buenos Aires. “Me sorprende la cantidad de frenadas, la demora”.

Entonces cuenta el modus operandi habitual, por lo que se ha asesorado: “Hay gente en la vuelta, a veces no viven ahí, buscan tierras y son financiados por empresarios inescrupulosos con abogados que van a medias en el negocio”. El argentino, molesto, pregunta: “¿Quién es el débil acá? ¿El que compró de buena fe o el que dice que usó la tierra y aparece con supuestos derechos posesorios y supuestos testigos?”.

Montecarlo, California y Vuelta del Palmar son tres balnearios rochenses cerca de Aguas Dulces donde varias decenas de propietarios —algunos que compraron terrenos en un período que va desde la década de 1950 a inicios de la década pasada o que accedieron a ellos por sucesiones— están desde 2021 en un proceso judicial contra ocupantes que alambraron todo.

El abogado Daniel Reyes tiene una larga experiencia en reclamos de este tipo en Rocha y en Maldonado: asesora a estos propietarios, de los cuales hay uruguayos pero también argentinos, gente que vive en Australia y España.

Aunque parezca raro, quienes compraron por remate allá por 2011 o 2012 lo hicieron a precios accesibles y sin ver los terrenos en forma directa. “Muchos se encontraron este panorama: no podían entrar. No pueden ejercer el derecho de propiedad ni sus derechos territoriales”, dice Reyes y explica: “Es como si fuera una estancia con sucesivos alambrados y porteros que no permiten entrar a los bienes. Adentro hay ganado circulando”.

Foto: Darwin Borrelli.

Muchos de sus clientes, los que compraron hace más tiempo, en algún momento sí pudieron acceder a los predios, “dentro de lo que se puede considerar normalidad en un lugar agreste donde no hay calles”.

El abogado aclara que en este caso los ocupantes no son personas sin recursos como sucede a veces, sino de alto poder adquisitivo.

—¿Quiénes son los ocupantes?

—No te puedo dar nombres pero seguro hay un ocupante. Nosotros identificamos a uno, puede haber más.

El reclamo judicial es por daños y perjuicios, además de reivindicar la propiedad. Y la demanda es contra las ocupantes pero también contra la administración departamental, en este último caso por supuesta omisión.

“Los gobiernos departamentales cumplen función de policía territorial. Si te cobran un tributo se supone que es por algo, por servicios y acá no hay ninguno”, dice el abogado Reyes. “La intendencia debe cumplir con su competencia y hay una responsabilidad del órgano recaudador: hay contribuyentes a los que se les cobra contribución inmobiliaria categoría urbana pero es un campo pelado lleno de árboles y con un alambrado que ni a la playa se puede entrar”.

Alfaro, el director de Servicios Jurídicos, niega responsabilidad del gobierno departamental y le responde al abogado Reyes: “Eso es claramente una cuestión judicial, la intendencia no puede intervenir en cuestiones donde a alguien le ingresan a su propiedad”. Y entonces adelanta: “Cuando venga el juicio, la intendencia comparecerá, contestará y se defenderá”. Pero este es uno más de esos miles de expedientes en su oficina.

PLAYA DEL ESTE

Aparece Elena, misteriosa vendedora de terrenos, y la intendencia dice que hay 80 casas "ilegales"

“Títulos truchos y amenazas tipo Far West: el balneario de Rocha en disputa legal por ocupación de terrenos”. Así se tituló en la web de El País un artículo publicado en esta misma sección el pasado 12 de noviembre, donde se relata que con la pandemia decenas de casas ocuparon terrenos en Playa del Este, un balneario hasta hace poco desierto al lado de Barra del Chuy.

El intendente Alejo Umpiérrez dijo en aquel momento a El País que en este caso hubo “una operación de venta ficticia de derechos posesorios, que son inexistentes, truchos” con “construcciones irregulares” que el gobierno departamental rochense combate con diversos juicios. “Es parte de la eterna historia de las irregularidades en la costa de Rocha que queremos terminar”, agregó, “nuestra postura es no habilitar una canilla libre, este departamento tiene que dejar de ser tierra de nadie porque si no la gente sabe que va a ocupar de forma ilegal y con vista al mar”.

Unas semanas después, el director de Jurídica de la Intendencia de Rocha, Humberto Alfaro, confirma que hay unas 80 “construcciones ilegales” en Playa del Este, al oeste de Barra del Chuy: “Hicimos todo un relevamiento”. Pero, además, cuenta que por su accionar en busca de intentar terminar con estas construcciones ilegales, la intendencia recibió un pedido de explicaciones de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoria del Pueblo. “Contestamos y seguimos adelante, nos regimos por el régimen jurídico existente en Uruguay”, explica Alfaro. “Nos comentan que, si hace años que ocupan un lugar de la costa, por qué hacemos esto... Bueno, se hace en base a un derecho que siempre estuvo vigente y no se aplicaba”.

Foto: Darwin Borrelli.

En la crónica publicada el 12 de noviembre se relata que la mayoría de las familias que ocupan terrenos en Playa del Este pagaron unos 2.000 dólares en varias cuotas. Lo que compraron es un supuesto derecho posesorio. Y, ante la pregunta de quién les había vendido esos supuestos derechos que la intendencia dice que son “truchos”, todos respondían lo mismo: “Elena pero no sé al apellido”.

¿Quién es Elena? El misterio se resolvió. El País ubicó a la mujer: se llama Elena Nieves y aceptó dar su versión.

Ella se dedica a alquilar casas, “pero esto vino puntual a mi vida”. ¿Cómo tenía ella los derechos posesorios de una zona que hasta hace unos años estaba desierta? Elena dice que lo que vende no son “títulos truchos”, sino “una posesión” y que en 2021 realizó un trámite ante el juzgado del Chuy de “recupero de posesión de los terrenos tomados”. Según su relato, algo entreverado, ella obtuvo “la posesión” de los terrenos por su padre, quien a su vez los había obtenido de otra persona que había estado a su cuidado.

Foto: Darwin Borrelli.

Las personas que pagaron esos 2.000 dólares adquirieron, siempre según su versión, “una promesa de cesión de derechos”, no “un título”. Entonces, los que se mudaron en 2020 en un año ya podrían tramitar el título de propiedad ante la Justicia, dice Elena. “Porque se les otorgaron 16 años de posesión, a eso hay que sumarle cuatro años más de posesión para poder iniciar la prescripción”.

Elena le responde a Umpiérrez: “El señor intendente está en todo su derecho de expresar lo que él considera y yo de decir mi versión. La Justicia dirá si el intendente tenía la razón o si la tenía yo, con todo el respeto al señor intendente”.

Foto: Darwin Borrelli.

También en Playa del Este, pero más hacia La Coronilla, hay otra situación legal complicada. Allí el abogado Ruben Pittner y Enrique Sayagués, que está jubilado como abogado, pero inició un juicio en 2015 en representación de un ingeniero llamado Carlos Anido, relatan que un hombre, “un uruguayo de mucha plata” que ya había comprado en forma legal un terreno de 250 hectáreas, pagó 8.000 pesos de la época en 1996 a un pescador por la cesión de derechos posesorios sobre un fraccionamiento vecino de casi 300 hectáreas. “Compró humo y alambró todo”, denuncian. En efecto, en el sitio hay un enorme predio alambrado incluso hasta la playa, con un cartel que dice que está prohibido pasar, según comprobó El País.

Anido asegura que paga la contribución, pero no puede entrar a un pequeño terreno que su familia compró hace décadas. El juicio aún no terminó: está en etapa de pruebas.

“Buscamos más personas damnificadas que hayan comprado en la zona y no puedan entrar”, dicen Pittner y Sayagués.