DERECHOS DE AUTOR

Aquel 12 de octubre de 1995 Liza Minnelli “demostró que su profesionalidad y su simpatía pueden con todo, incluso con un temporal de frío y lluvia que no amainó ni un segundo durante el espectáculo al aire libre que presentó en Montevideo” en el Punta Carretas Shopping, según dice la crónica de la agencia EFE. Tanto que la actriz y cantante estadounidense tuvo que dejar en el camarín las lentejuelas y salir a escena vestida con ropa deportiva, que en varias ocasiones escurrió delante del público, ya que la acumulación de agua le impedía moverse con facilidad. “Con el pelo y la ropa empapados y el frío en los huesos, Liza supo transmitir calor y arte al público, que aplaudió a rabiar, sobre todo después de los clásicos Cabaret y New York, New York”, cierra la reseña.

Unos meses después, el 4 de marzo de 1996, Luciano Pavarotti se presentó en la Tribuna Olímpica del Estadio Centenario. Aquel concierto, el único del tenor italiano ese año en América del Sur, quedó para la historia por una serie de hechos bochornosos que empañaron la noche. Todo indica que se vendieron más localidades de las disponibles o que hubo entradas falsificadas, porque cientos de personas no encontraron sus asientos o debieron terminar en las escaleras. Hubo gritos e insultos. Pavarotti interrumpió varias veces su repertorio y pidió silencio; durante el intervalo amenazó con suspender el concierto. El entonces presidente Julio María Sanguinetti y el entonces intendente Mariano Arana fueron a hablar con el artista para convencerlo de que no se retirara del estadio. Y al final lo lograron.

Estos dos espectáculos tienen algo en común, más allá de las obvias complejidades, uno por las inclemencias del tiempo, otro por los problemas organizativos: fueron los dos primeros conciertos llevados adelante por Eduardo “Atín” Martínez, hoy uno de los principales productores de la escena local. Luego vendrían decenas de shows con su empresa AM Producciones, desde Los Olimareños al histórico evento de los Rolling Stones el 16 de febrero de 2016 en el Estadio Centenario.

Pero el nombre de “Atín”, como se lo conoce en el mundillo de la música uruguaya, empezó a sonar en forma pública en los últimos meses por un fuerte litigio con la Asociación General de Autores del Uruguay (Agadu), dado que el empresario —que desde marzo de 2020 tiene la exclusividad para hacer shows en el Estadio Centenario, al menos hasta 2024, y por eso paga 250.000 dólares al año— ha decidido no abonar los derechos de autor, en una postura inédita en Uruguay que ha provocado demandas judiciales millonarias, comunicados públicos cruzados así como acusaciones de un lado y del otro.

Y que dejó en el medio a un grupo de reconocidos artistas y a la Comisión Administradora del Field Oficial (CAFO), junto a la Intendencia de Montevideo (IMM) y la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). Una polémica acompañada por el silencio de algunos músicos y productores, que saben que un fallo judicial favorable a AM puede cambiar todo y generar un antecedente para que otros sigan su camino y tampoco abonen el estricto 10% de venta de las entradas a Agadu, tal cual se hace desde hace décadas.

Pero, ya veremos, otros sí se pronuncian para uno u otro lado de una grieta —una guerra declarada— que hoy divide al mundo de la música y el espectáculo uruguayo como nunca antes.

De hecho, el porcentaje de 10% es considerado arbitrario por algunos productores y resaltan que en otros países es menor. Además, recuerdan, ese arancel no está establecido en la ley de derechos de autor.

Pero esta historia arranca con el concierto de la banda estadounidense de pop rock Maroon 5, el 10 de marzo de 2020 en la Olímpica del Centenario, cuando la productora no pagó a Agadu por concepto de derecho de autor.
Eso desencadenó, tiempo después, la primera demanda civil por unos 53.453.077 pesos. El reclamo fue contra AM —la empresa Lidefar— pero también contra CAFO, la AUF y la IMM porque, según el artículo 50 de la ley de derechos de autor, la responsabilidad también cae sobre el propietario del local donde se realiza el espectáculo.

Luego vino el largo parate por la pandemia y, en diciembre de 2021, los conciertos de Jaime Roos y No Te Va Gustar. Ya en abril de 2022, AM produjo el concierto de La Vela Puerca en la Olímpica. No pagó los derechos de ninguno de esos conciertos. Hoy está en curso el juicio por el primer show, mientras que hubo instancias de conciliación por los recitales de Jaime y No Te Va Gustar, que fracasaron (en una de ellas la empresa propuso bajar el porcentaje a pagar de 10 a 5%). El próximo miércoles 27 es la instancia por los derechos de autor del concierto de La Vela.

Agadu reclama 3.469.130 dólares en total por esos conciertos, tomando en cuenta que la ley de derechos de autor dice que la parte lesionada tiene derecho a recibir indemnización por daños y perjuicios, “una multa hasta diez veces el valor del producto en infracción”.

Pero la cifra, si se sigue el razonamiento de Agadu, puede ser mayor. Para este año AM ya tiene previstos otros conciertos en el Centenario: Guns N’ Roses, Joan Manuel Serrat, Tini Stoessel, Lucas Sugo y otro más de Jaime. Y todo indica que seguirá con la misma estrategia. El cálculo realizado por el sector recaudación de Agadu es que “si persiste la negativa de la productora a pagar los derechos de autor” las acciones judiciales estarán en el entorno de los ocho millones de dólares, dice a El País Hugo Di Carlo, abogado de la agremiación. A esa cifra se llega tomando en cuenta que se venda el 80% de las entradas de cada espectáculo, en cuyo caso se debería pagar a Agadu 750.000 dólares, pero a eso le suman la mencionada multa por hasta diez veces el valor de lo no abonado.

Del otro lado, Atín dice a El País que en los últimos cinco años aportó a Agadu unos 3.600.000 dólares y revela los pagos realizados desde 2013 hasta 2020 por 46 recitales. Solo por el concierto de los Stones en 2016, pagó más de 24 millones de pesos (ver recuadro más abajo).

Esta historia incluye la intervención del Consejo de Derechos de Autor, que depende del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y es algo así como una policía administrativa (ver aparte más abajo) y un nuevo concierto frustrado de Roos en el Auditorio del Sodre.

El reconocido músico iba a tocar allí en agosto de 2020 en su regreso a los escenarios, pero no pudo concretarlo por la pandemia; luego el recital se hizo en el Centenario. Por eso el músico quería ir esta vez al Sodre y había voluntad de las autoridades, según supo El País. De hecho, se concretó una reserva pero este conflicto legal terminó impidiendo el concierto, que volverá a hacerse en la Olímpica el 26 de noviembre. La negociación duró unos dos meses.

Esta es la versión de Atín: “No se concretó porque el Sodre obliga a los promotores a aceptar que se retengan los fondos para Agadu. Cosa que a mi modo de ver es ilegal, porque el Estado no es agente de retención de ninguna institución privada”. El productor ofreció un depósito en garantía por si había reclamos judiciales, como ya hizo con CAFO en el concierto de La Vela Puerca, pero eso no se pudo gestionar.

A juicio de Atín, “todo parte de un acuerdo entre Antel y el Sodre que beneficia de forma abusiva a Agadu”. Sin embargo, la versión que da el gobierno es que en las gestiones para que Jaime tocara en el Sodre, la tiquetera (la empresa que vende los tickets) “no es un problema”, ya que el contrato de Tickantel con la sala dice que lo que se recauda se vuelca a donde el Sodre diga. En el Auditorio no descartan que el concierto se pueda concretar en 2023.

“Atín” Martínez es un empresario de 60 años que se dedica a este rubro porque, asegura a El País, le gratifica que en cada espectáculo al menos durante un rato “las personas sonrían”. Hoy es el principal empresario de la industria de los shows musicales (al menos si se miden los conciertos de gran convocatoria) y tiene una empresa tiquetera propia —AccesoYa—, con lo cual se asegura un negocio redondo en los shows que organiza.

Quienes lo conocen lo describen como un hombre inteligente y de ánimos cambiantes, polémico y que no se ha llevado bien con todo el mundo. Hoy, dicen, tiene una relación distante con Jaime Roos, a pesar del contrato que los une. Y está decidido a tener éxito en su cruzada contra Agadu, o al menos a dejar planteada la duda de si corresponde que se cobre por derecho de autor el 10% de lo recaudado en cualquier concierto cuando ya se le pagó al artista por ejecutar su repertorio.

Hasta ahora el empresario se había mantenido en silencio y hablaba a través de su abogado o en comunicados. Para esta nota accedió a conversar con El País.

—¿Por qué en marzo de 2020 decidió cambiar su postura vinculada al pago a Agadu?

—Fue el día que un reconocido artista y a su vez autor y creador de su obra, negoció, acordó y cobró su cachet directamente conmigo, y a los pocos días recibo una llamada de Agadu, diciendo que yo necesitaba la autorización previa de ellos para usar el repertorio y en caso de no acatar iban a mandar a la Policía a prohibir la realización del espectáculo. Ahí fui consciente que había abuso de poder por parte de Agadu, a la vez de generar una conducta ilícita o contraria a la ley. Si el autor se acaba de ir con 500.000 dólares en la mano, que me cobró por ejecutar personalmente su obra en el escenario, ¿cómo es posible que venga alguien a esgrimir poderes por encima del titular de la obra? No existe ninguna ley, decreto o reglamentación alguna que diga que haya que pedirle autorización a Agadu para realizar un espectáculo en vivo. ¿Sería posible que la fuerza pública baje del escenario al propio autor?

—¿Pero por qué dice que es abusiva la actitud de Agadu, si los ampara la ley de derechos de autor?

—Porque nuestra ley no le otorga a una entidad privada la obligatoriedad de gestionar los derechos de autor con ellos. Hay otras vías y maneras de acordar con los autores sin la intervención divina de Agadu.

Martínez ve en Agadu “voluntad de alargar” los procesos judiciales y dice que hoy, en los hechos, solo hay un juicio en marcha, el de Maroon 5:

—Todo por la sencilla razón de que Agadu no puede perder el juicio conmigo porque le afectará de manera grave y definitiva, porque se termina el manejo oculto que realiza por su gestión.

El argumento jurídico, según cuenta el abogado de AM Juan Pablo Tafernaberry, es que “si yo contrato directamente al autor, le pago y arreglo un precio para que cante en el espectáculo, no tengo por qué pagarle a otra persona, sea Agadu o quién sea”. Es decir, que si Jaime Roos, No Te Va Gustar o La Vela Puerca cantan sus propias canciones y cobran “muy buena plata en forma anticipada”, no hay que pagar a Agadu por derechos de autor. El abogado cuenta: “Tengo entendido que Jaime y Emiliano Brancciari en un momento llamaron a directores de Agadu y les preguntaron... ¿están diciendo que nos van a suspender el show? ¿No nos van a dejar cantar?”.

Eso dicen desde AM. Ahora veamos la otra versión.

Agadu es presidida por Alexis Buenseñor, quien en el pasado fue solista de corno francés en la Orquesta Filarmónica de Montevideo y también solista de la Orquesta Sinfónica del Sodre. Además, hizo la música para la obra de teatro “Cómo rellenar un bikini salvaje”. Sus detractores lo definen como un “lobista” pero otros admiten que la agremiación se ha modernizado y transparentado la información que da respecto a dónde destina el dinero, sobre todo cuando ingresaron a la directiva músicos como Diego Drexler y Jorge Nasser.

Una nota publicada el fin de semana pasado por Agadu en varios medios de prensa denuncia que la productora AM viene llevando adelante “un plan concreto para adueñarse de los derechos de los autores y enriquecerse con ellos” y que “con total impunidad ha difamado” a esa asociación.

Di Carlo, el abogado, sostiene que la jurisprudencia nacional reconoce la facultad de Agadu “de fijar aranceles en forma unilateral” a los organizadores de espectáculos musicales y que la agremiación “se encuentra legitimada” tanto para representar a los autores y compositores nacionales y extranjeros, como también para percibir los derechos de autor. “Agadu son los autores. Los creadores nos han confiado, entre otras facultades, la recaudación de los derechos de autor por la utilización de sus obras”, dice a El País.

¿Y qué pasa si Agadu pierde estos juicios? Di Carlo ni piensa en esa posibilidad y dice que es muy clara “la contundente opinión” del Consejo de Derechos de Autor del MEC en un informe del 27 de mayo, donde descarta el argumento de la productora de que el pago del cachet artístico incluye el correspondiente a los derechos de autor.

Nasser, cantante de Níquel y prosecretario de Agadu, es más directo. “Estamos ante una situación rara y preocupante, una tozudez difícil de entender. Una persona que realiza espectáculos y no entiende la diferencia entre cachet artístico y derechos de autor”, dice el músico, quien define a Martínez como “una especie de semidios del negocio”.

El razonamiento de “Atín” es inválido, a su juicio, salvo que en el contrato se establezca que el artista cede el pago de los derechos de autor. Nasser no entiende, además, cómo es posible que CAFO “no se cubra” y que los servicios jurídicos de la intendencia no alerten esta situación. “Si se cubre un tipo de un salón de fiestas, ¿cómo no se van a cubrir ellos?”, pregunta, asombrado.

¿Y qué dicen los músicos uruguayos implicados en los juicios? Todos evitan pronunciarse ante la consulta de El País, aunque algunos de ellos dejan entrever que respaldan a Agadu en su planteo, que se sienten representados por la gremial y creen que el empresario no cumplió con una parte del contrato.

Mientras, los colegas y competidores de “Atín” Martínez siguen este gran lío con cierta expectativa. Rubén Yizmeyián, un empresario que se inició en la década de 1980 con el programa radial de salsa Chévere y que desde 1992 organizó unos 100 conciertos, es uno de los pocos que acepta hablar y no esconde su apoyo a AM ni su enfado con Agadu.

Dice que él siempre ha pagado a Agadu, pero “llorando, refunfuñando”. Piensa que es hora de que los productores se unan y que todos revisen lo que se paga por este concepto: “Los promotores entendemos que ese arancel del 10% es muy alto, un mazazo, porque Agadu es privado y quedamos caminando por el pretil”, dice Yizmeyián. “Nos imponen las retenciones. Somos los últimos de la fila: cobran todos y el dinero lo generamos nosotros”.

En cambio, Danilo Astori —fundador de la productora Gaucho, otro de los grandes jugadores de la escena local— no quiere hablar. “Prefiero no opinar en esta polémica”, responde por WhatsApp. Es un espectador de lujo.

Ricardo Lombardo, de CAFO

"Esto nos generó un dolor de cabeza"

La directiva de CAFO está integrada por representantes de la AUF y de la IMM, y por eso todos han sido demandados por Agadu. Pero la productora AM argumenta que la responsabilidad de CAFO, el gobierno departamental y la AUF es “subsidiaria”, es decir que se debe ir contra ellos solo si el promotor no paga. Algo similar dicen desde la IMM: el mensaje que dan es que son “responsables subsidiarios” y que entienden “razonable la discusión jurídica” que planteó la empresa Lidefar.

Hay otro elemento que se agrega: Eduardo “Atín” Martínez es cuñado de Jorge Braga, el principal asesor de la intendenta Carolina Cosse. ¿Cómo influye esa relación? En nada, responde el productor. “Una asociación entre la actividad privada y algún lazo familiar que exista vinculado a funcionarios estatales, no beneficia a nadie, sino que perjudica”, indica.

Desde Agadu, el abogado Hugo Di Carlo dice que “resulta por demás sorprendente que la IMM pague los derechos de autor en todos los eventos que organiza y en sus salas” pero aplique otro criterio “única y exclusivamente con la finalidad de defender en instancias judiciales la conducta ilícita de AM”. A su juicio, hay “una protección especial” a la productora.

A propósito, el edil nacionalista Javier Barrios Bove realizó a fines de junio un pedido de informes a la IMM para saber “qué medidas ha tomado CAFO para salvaguardar la responsabilidad de la intendencia y la AUF“. El edil aún no tiene respuesta y asegura: “La intendencia hoy se está comprando un problema enorme, puede ser un negocio ruinoso”.

¿Y qué dicen en la AUF,? El tema lo siguen los servicios jurídicos y se han manejado con cautela. El vicepresidente Gastón Tealdi se limita a afirmar que “la instrucción es tratar de buscar un acercamiento entre las partes” para evitar un litigio.

En tanto, el presidente de CAFO Ricardo Lombardo asegura que están “en el medio de una situación complicada”, que les ha generado un gran “dolor de cabeza” y que incluso las bandas “presionan para hacer el espectáculo”, a pesar de estos problemas legales. Explica que CAFO no tiene forma “de impedir que se hagan los espectáculos si no se paga a Agadu” porque eso implicaría someterse a juicios de los músicos, de la productora y hasta del público.