Antonio Bruzzone venía manejando por la ruta con su nieto de cinco años, lo traía de sus clases de natación de Tala a San Ramón, en Canelones. No atiende el teléfono cuando está al volante, pero lo de aquel jueves 21 de setiembre de 2023 fue diferente, una excepción a todo tipo de reglas, formales y hasta naturales. Su celular no paraba de sonar. Eran mensajes, llamadas, todo. Su hija, su nuera, otros familiares y conocidos de la zona, buscaban con urgencia comunicarse. Y así se enteró parcialmente de la noticia: “pasó algo horrible, espantoso, en la ticholera”.

Ahí, donde a su pesar y el de su esposa Rita María Castro, su hijo había entrado en un negocio y formado parte de una sociedad desde el 15 de mayo de 2020. En el contrato firmado, al que tuvo acceso El País, se constituye la sociedad Ticholos del Uruguay SRL como “arrendataria” de la fábrica de Empalme Olmos. Su hijo, un joven escribano, que para sus padres no necesitaba entrar en un rubro que no conocía cuando se estaba asentando con el trabajo en su escribanía, tenía el 25% de la sociedad.

Estos padres no tenían miedo de algo trágico. Solamente era una idea personal sobre el funcionamiento de las sociedades. Nicolás le contó a sus padres cuando todo el negocio estaba hecho, tampoco es que un hombre de 40 años debería de dar muchas razones. “Él sabía que no queríamos. Éramos muy unidos, muchas veces a la semana comía acá en casa”, dice su madre mientras señala la silla que su hijo ocupaba en la mesa del comedor en San Ramón.

Foto: Franciso Flores.

“Pero Nicolás siempre fue muy curioso, le gustaba estar en movimiento, aprendiendo. En poco tiempo se hizo especialista en este rubro”, dice Rita María con su nieta de un año y medio en brazos, para pintar a su hijo hoy fallecido. La bebé al principio confundía a su abuelo con él.

Antonio es un abogado que está tramitando su jubilación y que conoció al homicida de su hijo por temas laborales, en la década de 1980. Incluso cuenta que lo aconsejó en algunos negocios puntuales, e hizo los trámites de divorcio al hombre que años después le disparó a su hijo.

“Nunca pensé que algo así pudiera pasar. Humberto parecía un hombre normal, la gente decía que era de enojarse mucho. En lo personal no tuvimos problemas, incluso tuvimos momentos de buen trato”, dice Antonio. Tanta era esta relación que Humberto le compró las primeras caravanas de recién nacida a la hija de Antonio y hermana de Nicolás, hoy fallecido.

Volvemos al auto de Bruzzone, aquel día trágico en la ruta. En los primeros minutos todo fue ruido y versiones mezcladas. Pero, después de llamar reiteradas veces al celular de su hijo Nicolás y que nunca lo atendiera, las versiones que le contaron al teléfono comenzaron a tomar forma de realidad. Su hijo había sido asesinado y con él su socio, otro hombre de 40 años, Jorge Percovich.

El escenario del crimen era la fábrica de ticholos de Humberto Radiccioni, el doble homicida, que vivía en una casa del mismo predio en Empalme Olmos, y que ahora espera el juicio con prisión domiciliaria en el balneario Atlántida. Los tres, Radiccioni y los dos muertos, conformaban una sociedad “Ticholos del Uruguay SRL”, que explotaba la fábrica propiedad del homicida.

Gianni Schiaffarino/Archivo El Pais

La historia tomó más relevancia porque todo quedó filmado en una cámara que los asesinados habían puesto unos meses antes, para poder controlar el predio, sobre todo de robos y movimientos sospechosos. Pero terminaron documentando sus propias muertes.

Las imágenes se hicieron virales, y son parte clave en el caso, porque es un doble homicidio filmado.

Todo empezó con la llegada de los dos jóvenes socios al predio de la empresa. Ahí dejaron sus vehículos a un costado de un viejo ómnibus de Coetc, que funcionaba como oficina. Las dos víctimas entraron al lugar a los pocos minutos de llegar, en tercer lugar subió Humberto Radiccioni, y a los pocos segundos se dieron los disparos.

Foto: Gianni Schiaffarino

Según consta en las pericias de la carpeta de investigación, Radiccioni mató primero a Nicolás. Luego se lo vio bajar del coche, caminar unos pasos, hablar con su esposa que salió a la puerta de su hogar, cargar de nuevo su arma, subir, volver a disparar y terminar por matar a Jorge. Esta escena no solo quedó en el video de la empresa, sino en un registro de llamada al teléfono 911, que también se viralizó. En los pocos minutos que estuvo Jorge herido con vida, llamó a la Policía, pidió auxilio. No le entendió bien la operadora telefónica: a los segundos de insistir y contar que estaba herido de bala, se escucha en el audio de la llamada nuevos disparos; son los que terminaron de matar a Jorge.

¿Pero cómo es que un hombre de 78 años mata a sangre fría a sus dos socios solamente por supuestas diferencias en la forma de llevar el negocio? No es una respuesta que este informe tendrá, pero sí una aproximación a contar lo que las partes dicen de esta historia. La de un homicidio muy distinto a la mayoría de los cientos que se producen cada año en Uruguay.

Los hechos fueron en setiembre de 2023 y, si bien hay plazo de un año para poder presentar la acusación, la fiscalía a cargo de Silvia Blanc prepara todo para que a finales de abril, máximo principios de mayo, ya esté presentada. Eso adelanta la propia fiscal a El País.

Luego de este paso, la defensa del presunto homicida tiene 30 días para hacer sus descargos.

Foto: Franciso Flores.

Para la fiscal que está en el caso es necesario que el tema avance rápidamente, por el tipo de delito que es y también por la notoriedad pública, según explica. Es que uno de los hijos de Radiccioni es diputado por el Partido Nacional en Canelones y el asunto quizás por eso -además de las características propias del crimen- tuvo gran visibilidad. El diputado fue consultado por El País pero no contestó.

En diciembre el caso tuvo cambios a nivel penal. Porque la fiscalía pidió la modificación del delito por el cual se estaba realizando la investigación y ahora se desarrolla el juicio. Para Blanc, la jueza Natalia Pereyra hizo el cambio de carátula porque “no tenía más remedio”, según declara a El País.

Si bien inicialmente se le había imputado el delito de doble homicidio simple, eso se modificó al delito de homicidio muy especialmente agravado aunque no existieron nuevos elementos aportados por Fiscalía. La jueza no hizo lugar al pedido de prisión efectiva.

Francisco Flores/Archivo El Pais

El abogado que representa a la familia de Nicolás es el exfiscal de Corte Jorge Díaz. Tomó el caso a pedido de Antonio Bruzzone. “Yo lo conocía de potrillo cuando empezó y él estuvo en el juzgado de paz acá en San Ramón”, cuenta el padre de una de las víctimas.

Díaz empezó a meterse en el caso a los 20 días de que sucedieron los hechos. En la audiencia que se dio en diciembre y que tiene como resultado el cambio de carátula, se adhirieron a lo que propuso Fiscalía. ¿Pero por qué?

“Nos fijamos como objetivo modificar la imputación, porque claramente no se trataba de dos delitos de homicidio, en realidad estamos ante un caso de un doble homicidio muy especialmente agravado”, dice Díaz. Cuando se cometen dos homicidios en reiteración real, se conforma una figura compleja que es el del homicidio muy especialmente agravado. La diferencia fundamental es que el homicidio simple o el homicidio común tiene una pena máxima de 12 años y puede ir a juicio abreviado. Mientras que el homicidio muy especialmente agravado no puede ir abreviado, necesariamente se tiene que ir a juicio oral, y la pena máxima es de 30 años.

El segundo objetivo de la defensa de Díaz era el mismo que el de la fiscalía: llegar a una prisión efectiva y no domiciliaria para el transcurso del juicio. Según explica la fiscal, este punto está ahora en un tribunal de apelaciones, que será quien resuelva qué pasa con el tipo de prisión.

Foto: Agustín Carballo

La defensa del acusado se ampara en temas que tienen que ver con la edad y la salud de Humberto Radiccioni. Sobre el punto, Blanc afirma: “Según el análisis hecho sobre su historia clínica por el Instituto Técnico Forense, no había ningún elemento que le impidiera estar en una prisión efectiva”.

La fiscalía también pidió un informe al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), para saber si había un lugar donde se pudiera dar atención a los problemas de salud. Y el INR respondió que sí había lugares donde se le podía brindar atención médica, durante la prisión.

La fiscal es categórica en su opinión, aunque deja en claro que ella es parte. “A mi entender no hay argumento que justifique la prisión domiciliaria”.

A estos dos argumentos formales, el informe del Instituto Técnico Forense y el del INR, se le suma otro elemento para pedir prisión efectiva. Y es que en al menos dos oportunidades el acusado tuvo la tobillera apagada por cuatro horas y no contestó las llamadas de la Policía.

La defensa de Humberto Radiccioni fundamentó estos casos ante la Justicia. Y dijo que el implicado había tomado medicación para dormir, y que por eso la tobillera se había quedado sin batería y tampoco había podido contestar su celular.

Desde la defensa de Humberto Radiccioni se afirma a El País que su cliente concurre al médico con frecuencia; le atribuyen a esto una justificación que tiene que ver con su edad y los tratamientos que está realizando. Cada salida se da con autorización de la justicia y el traslado del domicilio a la mutualista es realizado por la Policía.

La fiscal Blanc cuenta que, si bien no son comunes este tipo de homicidios, ya ha tratado con otros casos en los que -como parece ser el caso de la ticholera- empresarios o socios se matan por temas relacionados a dinero o negocios.

Hay más detalles de este caso, y no tienen que ver con el juicio penal que se está llevando a cabo, sino con demandas civiles.

En 2023 la Justicia obligó a Humberto Radiccioni a pagar 220.000 dólares a uno de sus socios que luego terminó asesinando. Pero este dinero no era por la ticholera, sino por una inversión que Radiccioni le pidió a Jorge Percovich para poner en 2019 una nueva fábrica de ladrillos. Este negocio nunca comenzó.

Foto: Francisco Flores.

Pero vamos por parte. Humberto Radiccioni era en los hechos el que trabajaba y negociaba muchas cosas, está ahora con prisión domiciliaria y en los papeles no era ni dueño del predio ni tampoco integrante de la sociedad que arrendaba la fábrica. Esos eran sus hijos, aunque en la práctica no trabajaban allí.

A 20 días de las muertes se dio una enfrentamiento entre las familia de las víctimas, uno de los hijos de Radiccioni y los trabajadores de la fábrica. Augusto Radiccioni, uno de los hijos, pretendió sacar del predio y vender para su solo beneficio los materiales, que valían unos 70.000 dólares. Los ticholos siguen en la fábrica, según pudo constatar El País desde el camino vecinal que da al predio. Porque los extrabajadores, junto con los familiares de las víctimas y sus abogados, no permitieron sacar los camiones cargados de material.

Foto: Francisco Flores.

Augusto Radiccioni es el único integrante de la SRL que está con vida, y dijo ante la justicia civil desconocer a los herederos de los otros integrantes de la sociedad, y por eso tener el derecho de hacer uso del capital. Eso aunque la relación entre las familias Radiccioni y Bruzzone era públicamente conocida, según cuenta la abogada que representa a los trabajadores de la empresa, Jennifer Romero.

“Empleados de más de 12 años de trabajo estaban en negro. Desde 2020, cuando empezó a funcionar la sociedad, es cuando empiezan a trabajar formalmente”, asegura Romero. “Creo que es importante saber que el trabajador siempre es el más débil, pero en este caso son personas del ámbito rural, con poco conocimiento de sus derechos y con necesidad del trabajo”, dice la abogada.

Hasta abril de 2020 el predio de la fábrica era 100% de Javier Radiccioni, el diputado, según consta en la declaración de bienes que hizo ante la Cámara de Representantes. La sociedad, en cambio, estaba compuesta 50% por los fallecidos y 50% por Augusto Radiccioni, quien hace poco inició una demanda por daños y perjuicios contra los herederos de las víctimas: una beba de un año y medio y una señora de 79 años.

Entre la sociedad Ticholos del Uruguay SRL y la familia Radiccioni se firmó en su momento un contrato de arrendamiento, en el cual la sociedad se comprometió a pagar todos los meses un alquiler. Luego del doble homicidio la sociedad dejó de pagar el alquiler y se pidió el desalojo por incumplimiento de contrato, según explica la abogada Romero.

Foto: Francisco Flores.

Mientras se está desarrollando el juicio penal, la familia de Nicolás, uno de los jóvenes asesinados, espera que se haga efectiva la prisión del imputado. “A mi hijo lo mataron a sangre fría, sin importar nada, quiero que se sepa que destrozaron una familia entera”, dice Rita María a El País, y muestra también una carta que escribió este año en Navidad. Acá solo un fragmento: “Aunque mi dolor sea infinito, me levantaré todos los días con un propósito: que se haga justicia”.