Desde la cárcel, en Melo, Natalia escucha que la magnitud de su condena por vender marihuana en la playa de Punta del Diablo generó un eco descomunal. La Policía la captó en plena venta y, al inspeccionar su mochila, encontró 22 envoltorios y 5.930 pesos. Su caso se convirtió en noticia luego de que un influencer lo contara en un video que se viralizó.

Pasan los días y el asunto sigue encendido. Fiscales, abogados y políticos discuten si los dos años de cárcel que debe cumplir es una pena acorde al delito que cometió y si no había otra alternativa en la negociación del acuerdo abreviado.

Pero además su historia se entrelaza con un intrincado debate en torno a las restricciones y fallas en la aplicación de la ley que regula el consumo de cannabis, que contribuyen a la consolidación de un mercado gris.

Según denuncian distintos referentes del ambiente cannábico, en el marco de un endurecimiento de la represión contra el microtráfico están siendo encarcelados cultivadores que reciben condenas similares a las de personas vinculadas al negocio narco. Natalia no está sola, advierten: el suyo no sería un caso aislado.

Juan Manuel Ramos

El Ministerio del Interior anunció así el procedimiento que la llevó presa: “La Policía de Rocha desarticuló una boca de venta de drogas en Punta del Diablo”. La boca vendría a ser su casa. Allí hallaron 1.450 pesos, 18 plantas —una sola en flor—, una balanza de precisión y 227 gramos de marihuana.

Por la dimensión que tomó su caso, podría volverse un emblema: la llave para discutir qué hacer con estos desequilibrios. Pero para Natalia se trata de su vida, no un caso a analizar. Y escucha las novedades sin entusiasmo.

A sus 37 años, sin antecedentes penales, es su primera vez presa y ya aprendió que lo mismo que se oye afuera se oye adentro. Y que entrar a una prisión con una carátula de suministro de estupefacientes puede ser una segunda condena. Las otras presas supondrán —en el mejor de los escenarios— que tiene dinero para reponer sus pertenencias. Por eso al otro día de llegar se quedó sin cama, sin comida y sin ropa.

Desde la cárcel tiene permitidas llamadas de corta duración, que al menos le permiten hablar a diario con sus hijas de 11 y 14 años, a las que no ve desde hace un mes. Es su única familia. El padre murió hace más de una década y desde entonces Natalia, que nació en Argentina, las cría sola.

El 26 de enero pasado, cuando la detuvieron en el marco del operativo “Verano azul”, una vecina se llevó a las niñas en medio de una escena dantesca. Las encontró llorando, junto a su madre esposada y con la Policía allanando el hogar, un cúmulo de factores que violan el protocolo de actuación policial ante la presencia de menores.

En medio del barullo, un agente permitió que las niñas partieran con la vecina sin que un juez mediara en la decisión. El INAU, por su parte, intervino recién cuando esta mujer y su pareja, Mauricio Gabbiani, se presentaron a tramitar la tenencia provisoria. “Nosotros vivimos en un pueblo que está a 38 kilómetros de la frontera. ¿Cómo vas a dejar a dos menores a cargo de alguien que no tenés ni idea de quién es?”, recrimina Gabbiani.

En el balneario, Natalia y sus hijas son muy queridas. La comunidad se transformó en un pilar de contención. Las niñas fueron becadas en clases de natación, surf, en una colonia de vacaciones y dos psicólogas las atienden de forma gratuita. A su vez, los vecinos colaboran para costear las visitas a la cárcel y sostener la defensa de Natalia. Sus amigos fueron tres veces a la unidad Conventos, en Melo. Cada viaje costó unos 7.000 pesos y consumió un día entero.

La semana pasada le dijeron a Natalia que tiene una nueva abogada. Una abogada confiada en que logrará la prisión domiciliaria. Pero a Natalia le cuesta pensar en el futuro, su energía está puesta en sobrevivir —les dijo— y adaptarse a los códigos del encierro, porque todo lo que hace en la cárcel puede generar una molestia para sus compañeras. Para evitar problemas se mueve poco y carga las pertenencias que le quedan encima. Están en una bolsa. Se baña con la bolsa a su lado, y a ella se abraza para dormir.

En Punta del Diablo, cada verano se abre la zafra de la venta clandestina de cannabis. Una actividad que según describen distintos vecinos está “naturalizada”. “Uruguay se posiciona en el mundo no solo con (José) Mujica o con (Luis) Suárez, sino también a través del cannabis. Pero los turistas llegan a un lugar como este y se encuentran con el vacío de dónde compro, porque no hay una farmacia cerca y además le vende solo a residentes y registrados”, plantea Gabbiani. Y aún así, si se quisiera acceder por esta vía, es probable que las farmacias no tengan stock: ya lo explicaremos más adelante.

En definitiva, la demanda es alta y la oferta se acopla, constituyendo un ingreso extra, ocasional, para muchas personas del balneario como Natalia. “Vas caminando por el centro y casi todos los locales de artesanos dicen ‘brownies cannábicos’. Están los carteles a la vista de las autoridades, de todo el mundo”, agrega el vecino.

En Rocha hay tres farmacias habilitadas para vender, indican desde el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca). Una farmacia está en la capital, la otra en La Paloma y la tercera en el Chuy. En los últimos dos años, bajo la dirección de Juan Ignacio Tastás, el instituto se propuso ampliar la cantidad de farmacias y su distribución en el territorio para así mejorar el acceso de los 66.270 usuarios registrados. Se visitaron locales, haciendo un trabajo fino para desmontar los prejuicios y temores relacionados a la venta de la sustancia. Así, las farmacias habilitadas pasaron de 20 a 40. “Logramos llegar a algunos departamentos en los que no estábamos, pero todavía resta mucho camino por recorrer”, reconoce el director ejecutivo.

En siete de los 19 departamentos aún no hay farmacias dispensadoras. En cambio, sí hay clubes en todo el país. Son 355, que aglomeran a 12.119 miembros. Pero el integrante de un club debe pagar una membresía y una cuota social mensual que suelen ser costosas por una cantidad que en muchos casos supera la deseada, confirman fuentes del sector. “Te empuja a buscar por otra vía, más barata, la cantidad que necesitás. Entonces vas al mercado gris o al negro”, plantea un informante que asesora a clubes.

El tercer camino legal es el cultivo doméstico. Son 13.118 los cultivadores registrados. Su producción está topeada y debería limitarse al uso personal o compartido en el hogar. Natalia, por su parte, no está registrada en el Ircca.

Todos ellos son fiscalizados por el instituto, en visitas sorpresas. En 2023 se realizaron 1.371, duplicando las del año anterior. En caso de encontrar un excedente de la producción, se destruye y se aplica una multa. Pero la comercialización del mismo, el tráfico, es un asunto de la Policía y constituye un delito penal.

Pocos meses atrás, una investigación de la Universidad Católica analizó el crecimiento del mercado gris. Una zona brumosa en la que el cannabis que se produce legalmente se comercializa por vías ilegales, ya sea por un cultivador doméstico que vende sus excedentes a allegados o a desconocidos, hasta el caso de un club que produce para venderle al mercado ilegal. El espectro es variado.

Según datos oficiales, entre quienes consumen cannabis, el 66% sigue recurriendo al mercado ilegal. Cuando se presentó ese informe, el titular de la Secretaría Nacional de Drogas, Daniel Radío —que no contestó las consultas para este informe—, dijo que el Estado debe ofrecer cannabis a buen precio, variedades de marihuana y más puntos de acceso, pero que estaba fallando en las dos últimos puntos.

Tastás, desde el instituto, explica que con el objetivo de alejar a la demanda del mercado gris (y del negro también), a fines de 2022 se incorporó una nueva variedad, que fue furor yduplicó las ventas en farmaciasalcanzando el récord de 3.258 kilos.

El éxito generó una lista de espera de farmacias que quieren adherirse al circuito, pero esto no puede concretarse debido a que no hay mercadería. Ni siquiera alcanza para abastecer la demanda de las 40 farmacias. “El stock se agota el mismo día en que llega la sustancia”, plantean desde el Centro de Farmacias.

“Las tres empresas proveedoras pasaron de producir 100 a producir 200, por ponerlo de alguna manera, y eso generó un estrés productivo importante”, justifica Tastás.

Es cierto. Sin embargo, esto implica un incumplimiento del contrato mediante el que se comprometieron a producir, cada una, entre 1.500 y 2.000 kilos anuales. “Lo que estaba pasando hasta antes de la introducción de la variedad Gamma, es que la demanda que se estaba generando era sensiblemente menor a eso, al punto tal de que había riesgo de que las empresas que no tuvieron rentabilidad quebraran”.

Tastás reconoce que este cuello de botella es un problema, pero tranquiliza anunciando que estas empresas realizaron inversiones para que su escala de producción se acompase a la demanda, “y estarían empezando, Dios quiera, a dar sus frutos seguramente en el correr de los próximo meses”.

La noche anterior a la detención de Natalia, los helicópteros del Ministerio del Interior sobre volaron Punta del Diablo. Ese tipo de patrullaje es inusual en el balneario. Pasaban a 50 metros de las casas, con un foco apuntando hacia abajo, describe Gabbiani. Después, durante el día el despliegue siguió y los vecinos empezaron a especular con un operativo especial, “se ve que están buscando a algún grande”, comentaban entre ellos. Pero no era así. Las acciones eran parte de “Verano azul”, la estrategia del gobierno para garantizar una temporada turística sin sobresaltos.

Los roces entre cultivadores y gobernantes no son nuevos. Sin embargo, los referentes consultados consideran que se agudizó la “persecución” contra ellos, sobre todo a partir de la Operación maléfica, que desbarató a una organización que traficaba dentro y fuera del país, de la que formaba parte el propietario de un grow shop.

Juan Manuel Ramos/Archivo El Pais

Para defender su posición, repasan la frustrada iniciativa del exministro de Interior Jorge Larrañaga de que la Policía acceda a la información de los usuarios registrados en el Ircca. Cabildo Abierto, por su parte, pidió la derogación de la ley. Y apenas unos días atrás, Radío fue cuestionado por figuras del oficialismo por promover la legalización del consumo de marihuana en las cárceles y el acceso de cannabis para turistas.

Radío está convencido de que, una década después de su promulgación, la norma debe flexibilizarse para ganar realmente terreno sobre el mercado ilegal, entre otras medidas ampliando la cantidad de puntos de venta y eliminando el registro de compradores. Estas dos propuestas están alineadas con la posición de la Agrupación de Cultivadores de Cannabis, que además plantean la necesidad de un cambio en la matriz productiva.

Julio Rey, referente de la agrupación, lamenta que en la actualidad ese horizonte parezca lejano. No hay voluntad política: “La marihuana no es un tema de debate electoral”. Pero además, varios cultivadores denuncian allanamientos policiales sin orden judicial, en los que a través de métodos de “intimidación” se solicita la firma voluntaria para permitir el registro del domicilio. Rey señala que, a su vez, la política del gobierno de combate al microtráfico introdujo cambios normativos “que meten en una misma bolsa” a los narcos y a los cultivadores que venden en un circuito clandestino. Esto generó un “permanentemente” encarcelamiento de cultivadores, en casos similares al de Natalia, por cometer un delito de suministro de estupefacientes, “que también puede considerarse un delito de bagatela”, opina.

Hay dos escenarios que se repiten, describe el referente. Por un lado, el de las personas condenadas bajo una figura de la vieja ley de drogas (14.294), que se basa en la hipótesis de tenencia no para consumo. “En los últimos años, hemos registrado un abuso de esta figura, donde no hay prueba de comercialización, pero el fiscal decide que esas cantidades son excesivas, que no son para consumo personal y se termina firmando un proceso abreviado, porque de otra forma también aplica la prisión preventiva”, dice Rey.

En el segundo escenario, sí se puede comprobar una incursión en el microtráfico —este es el caso de Natalia— “pero por la metodología y las cantidades no debería igualarse al negocio narco”.

Con el cannabis, lo que no está permitido es el tráfico. El abogado Martín Fernández explica que antes la Fiscalía se orientaba por una instrucción que, en pocas palabras, le daba más importancia al destino de la sustancia traficada que a la cantidad. “Como se generaron leyes tan represivas, la respuesta uniforme es la privación de libertad. Entonces ahí ya no podemos distinguir gran tráfico de poco tráfico, en relación a la respuesta punitiva de encarcelamiento. Todos van presos. Eso está mal”.

La anterior legislatura frenteamplista determinó que la Fiscalía pida la prisión preventiva para los delitos de droga. “Le está imponiendo una obligación a un fiscal que de repente en el caso dice, ‘bueno no hay por qué pedir la prisión preventiva’. Esto no obliga a los jueces, pero ya desequilibra la balanza”, sostiene Fernández, porque si el camino del juicio oral también implica estar preso mientras ocurre el proceso, mucha gente opta por aceptar un acuerdo abreviado y ver así reducida su estadía en prisión. “Entonces no discuto mucho si tengo posibilidades o no”, agrega.

En esta concatenación de penas endurecidas, también influye la derogación de la suspensión condicional del proceso que trajo la Ley de Urgente Consideración (LUC), así como el incremento de la pena para el delito de la asistencia al narcotráfico. “Muchos operadores, en un caso en que verdaderamente la situación no ameritaba la privación de libertad, usaban la asistencia al narcotráfico, pero eso se eliminó también”.

Para Fernández, esto representa una pérdida de confianza de los legisladores hacia el sistema judicial. “Te quita cintura para calibrar, te está diciendo ‘vos no tenés criterio para definir qué es narco, qué es gran escala y qué es micro’”.

La polémica por la dosimetría de las penas escaló con la mediatización del caso de Natalia y, unos días atrás, primero la Fiscalía y después la Asociación de Defensores Públicos cargaron la responsabilidad en los legisladores.

Mateo Vazquez/Archivo El Pais

Los defensores volvieron a señalar que “el encarcelamiento de los delitos no violentos vinculados a drogas en nuestro país afecta especialmente a las mujeres”, y que después de la LUC son cuatro veces más aprisionadas. La Fiscalía, por su parte, respaldó el accionar de la fiscal del Chuy Matilde Mattos, que sometió a Natalia a un proceso abreviado por el delito de suministro de estupefacientes, que a partir de la LUC tiene una pena mínima de dos años y no admite que pueda aplicarse la libertad a prueba. El debate, en todo caso, debe darse en el ámbito legislativo, concluye el comunicado.

Atenta a este desenlace está Valentina Piquinela, la flamante abogada que tomó la defensa de Natalia tras la movilización de sus vecinos. Piquinela trabajó dos años en la oficina del Comisionado Parlamentario Penitenciario y aportó un recurso clave en el emblemático caso de Dona Samer para evitar su encarcelamiento tras haber sido condenada a cuatro años de cárcel por intentar ingresar 56 gramos de marihuana en una visita al Comcar. Este caso expuso el impacto en mujeres con hijos del incremento del mínimo de la penapor ingreso de drogas a las cárceles, que también había incorporado la LUC.

Piquinela está convencida de que la eliminación de los mecanismos liberatorios, alternativos a la prisión, en los delitos de narcotráfico tendrá un efecto “trágico”, del que se dimensionará recién “en el largo plazo”. “Yo sé lo que implica ir a una cárcel atestada de mujeres, y que 14 de 15 consultas sean clamando por el contacto con los hijos, a ver dónde están, con quién están. Realmente hay una situación sobre las infancias en relación al microtráfico”, dice.

Francisco Flores/Archivo El Pais

En la última Rendición de Cuentas esto se quiso solucionar, generando una modificación que permite aplicar la tercera parte de la pena mínima siempre que la droga no ingrese y el delito constituya un acto preparatorio.

A su vez, se permite sustituir (además de aplazar) el cumplimiento de la pena en prisión si hay una necesidad de atender circunstancias familiares, entre otras condiciones. En ese caso, si no tiene antecedentes, el juez podrá aplicar una o varias medidas limitativas de la libertad ambulatoria, como la prisión domiciliaria o incluso una tobillera.

La abogada, en la etapa de ejecución de la condena, donde la causa tiene otro juez, se aferra a esta novedad para tramitar, por lo menos, una prisión domiciliara para Natalia. Y va más lejos, apunta a la Fiscalía: “Se quiere comunicar que no es posible que el acuerdo se hubiera hecho incluyendo directamente la firma de cumplimiento fuera de la cárcel y eso no es así. No hay un impedimento legal para acordar aplicar una norma de ejecución penal”.

En definitiva, si está en lo cierto, Natalia podría estar cumpliendo su condena fuera de la prisión. Mientras se espera que en unos días la Justicia se expida, ella se aterra de solo pensar en que, por el contrario, la pena se agrande. Cuenta los días para salir sin imaginar que en su historia se cruzan tantas problemáticas. Dice su abogada: “Puede ser un caso emblemático, pero es difícil porque al final uno lo convierte en un instrumento y se olvida de las personas que están ahí, ¿no? Pero la realidad es que sí, es un caso que quien tenga ganas de mirar, va a ver”.