TRAGEDIA DE SAN JOSÉ

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A cuatro kilómetros de la ciudad de San José de Mayo, en el camino Guaycurú que conduce al vertedero municipal, dos hombres —un padre de 63 años y su hijo de 27— ataron de su camioneta a dos perros. Con los animales ya bien firmes le dieron marcha al vehículo, arrastrándolos vivos por la calle. Una persona que manejaba detrás de ellos vio todo, sacó su celular para filmar, pero también los paró y luego llamó a la Policía, que en pocos minutos se hizo presente en el lugar.

¿El saldo? Uno de los animales murió en el momento, a causa de las lesiones producidas en su cuerpo, atado y arrastrado por el suelo. El otro falleció a los días, luego de ser intervenido por veterinarios, que no pudieron hacer mucho más que anestesiar el dolor.

Después de que se presentara la denuncia policial, por parte de la misma persona que filmó el hecho que luego se hizo viral por las redes sociales, los dos hombres denunciados concurrieron voluntariamente a declarar a jefatura, sin mostrar ningún tipo de resistencia. Estas declaraciones fueron luego tomadas por la fiscalía.

¿Qué motivos pueden llevar a decidir atar, arrastrar y buscar matar bajo este método a dos perros, animales que muchas personas consideran parte de la familia?

Los dos implicados declararon que estos perros no tenían dueño, que eran vagabundos, que hacía meses que “molestaban en la zona”, y que además habían atacado a niños. A pocos kilómetros del lugar está la escuela rural 72 Camino A Guaycurú, pero según pudo confirmar El País la jefatura de San José no tiene ninguna denuncia. “Ni de padres, ni de la escuela. No hay registro alguno”, dice del otro lado del teléfono el jefe de policía maragato, comisario Atilio Rodríguez, mientras mira en su computadora todos los datos sobre el caso.

Pero la historia sigue, y termina peor. A los pocos días del episodio con los perros, uno de los hombres se suicidó. “Es el hijo el que lo comunica”, dice el jefe de Policía. “Informa que luego de estar unas horas buscando a su padre, lo encuentra en un galpón de su propiedad. La muerte violenta se produce por ahorcamiento”.

Rodríguez es el jefe de San José desde setiembre, antes estuvo como subjefe en Montevideo. Pero es un policía que trabaja con un equipo que hace años patrulla el territorio maragato.

—¿El suicidio se dio por la presión que recibió por redes sociales?

—Era un hombre muy conocido en la zona, productor rural, tambero —responde el policía—. Pero los hechos que sucedieron en redes sociales, el tenor de los mensajes, la difusión de sus nombres completos y sus fotos, parece fueron muy fuertes.

En un momento el jefe de Policía corta su propio discurso de forma abrupta:

—Pará, pará. Antes de que me olvide, hay algo importante a aclarar. Luego del suicido, familiares realizaron una denuncia por las amenazas que se realizaron en redes sociales. Este caso está ahora en manos de la fiscalía del departamento de San José. No te puedo decir más, porque se está investigando.

¿Cómo se analiza un comportamiento como el que ocurrió en San José? “Desde lo jurídico tener un perro y un mueble es lo mismo. Si yo agarro y abro vivo en dos a mi perro, no voy a tener consecuencias. No me van a llevar preso, habrá una multa a lo sumo”, explica el psicólogo Rubén Campero, quien ha estudiado el tema.

Este hipotético ejemplo sería repudiado por gran parte de la sociedad, por el trato que se tiene hoy en día con los animales domésticos. “Por eso no sería meramente mi locura la que me habilitaría a hacer esa aberración”, dice el psicólogo.

Para Campero es importante leer estos comportamientos no solo desde las acciones individuales, sino desde lo psicosocial, para buscar entender por qué ocurren. “La clave es ver en qué marco se realizan y, si bien pueden tener manifestaciones individuales y esas personas tendrán claro su responsabilidad, son actos que responden a un código que es compartido por parte de la sociedad”, dice el psicólogo.

En los últimos años Campero se ha especializado en estudiar la relación que los humanos tenemos con los animales. Para él hay varios paradigmas sobre el tema, pero hay un elemento clave a la hora de hablar sobre la crueldad con los animales. “Hay que dar esta discusión, es una obligación moral de la comunidad, hay una base cultural que está cambiando. A nivel social vemos vínculos muy importantes entre los humanos y los animales, en esto se juega el afecto y las emociones”, opina el psicólogo.

—¿Pero qué quiere decir que hay un comportamiento que es social en estos actos de violencia sobre los animales?

—Primero que nada hay que sacarlo del plano estrictamente singular, si bien todas las acciones tienen influencia y motivaciones personales, cada individuo es un mundo, no actuamos motivados únicamente por eso. Hay que dejar de lado por un momento a ese individuo puntual, y entender los otros elementos sociales que respaldan sus acciones.

—O sea, no es un “loco” que se le ocurrió de la nada hacerlo…

—Exacto. Es parte del razonamiento, hay que politizar la discusión, no desde lo político partidario. Hay que generar una discusión para pensar por qué una persona hace eso, cuál es su contexto sociocultural y también cultural.

Campero responde desde su consultorio y opina que la legislación no es suficiente en Uruguay. Dice que tiene que haber normas que castiguen desde lo penal estos comportamientos, para que se entiendan como delitos graves.

Pero sobre ese tema, y los distintos proyectos de ley presentados para buscar castigar el maltrato animal, nos concentraremos más adelante.

Rita Rodríguez vive en Montevideo, pero para su suerte, y la de los trece perros y dos gatas que conforman su “familia multiespecie”, lo hace en un terreno grande, de unos 1.500 metros. Perros y gatas se meten en esta conversación, que va sobre lo profundo del tema. ¿Por qué los animales son considerados objetos jurídicamente? ¿Qué quiere decir que se los debería de entender cómo sujetos de derecho?

“Nuestra legislación en torno a los animales los postula como cosas, como objetos. Creemos que esta idea choca contra el sentido común actual”, dice Rodríguez, quien es vocera de la ONG Trato Ético Animal, trabaja con el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) en intervenciones y hace poco organizó en la Facultad de Derecho el segundo Encuentro Internacional de Derecho Animal. “Los queremos colocar donde deben estar, no como objetos, sino haciendo cosas con nosotros. Incluso cuando son usados como herramientas de trabajo”, agrega.

Ricardo Marquisio, docente de la Cátedra de Filosofía del Derecho, profundiza en este concepto: “La idea de sujeto está directamente vinculada a la responsabilidad. Un sujeto es titular de derechos y obligaciones”. Y explica que esto no puede ser directamente trasladado a los animales, ya que a ellos no se les puede exigir responsabilidades.

Este aspecto es uno de los que traba las discusiones jurídicas. Pero Marquisio dice que esto mismo pasa con los niños, los adultos mayores, y las personas con discapacidad, no se les exige responsabilidades.

El experto va 200 años hacia atrás y pone el ejemplo de la esclavitud: “Estas personas en aquel entonces no eran consideradas sujeto de derecho. Hoy en día eso sería inconcebible e injustificable. Entiendo que los animalistas que sostienen que los animales deben de ser sujetos de derecho, irían en el mismo sentido que el ejemplo de la esclavitud”.

La ONG Trato Ético Animal, por su parte, tiene dos objetivos principales: la protección animal y la difusión educativa. De hecho, trabaja bajo el concepto de convivencia responsable y en contra de la idea de tenencia responsable. ¿Por qué? Parten de la base de que los humanos somos animales que convivimos con otros.

“Tenemos responsabilidades por haber abarcado todos los nichos ecológicos del planeta. Los animales domésticos o domesticados, tienen necesidades subjetivas”, dice Rodríguez.

La ONG redactó un anteproyecto de ley, junto a especialistas, y lo presentó en el Parlamento. No han tenido mucho éxito por el momento, solo hubo acuso de recibo de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, aunque algunos legisladores mostraron interés.

Pero no es el único proyecto sobre el tema, mientras que el INBA prepara una campaña de bien público para generar conciencia sobre la tenencia responsable (ver recuadro más abajo).

El Parlamento no está quieto. De hecho, hay una comisión especial en la Cámara de Diputados que trabaja en el tema, con integrantes de todos los partidos políticos. En este período se redactaron cuatro proyectos de ley, de los cuales uno fue presentado esta semana y otro se presentará mañana lunes. Pero hay que decir lo siguiente: en las últimas décadas ya se presentaron 17 proyectos de ley en busca de penalizar el maltrato animal y ninguno ha sido aprobado. Por eso siguen surgiendo nuevos, que toman las discusiones viejas y recogen también las críticas de los legisladores que no lograron aprobar estas normativas.

La idea de varios legisladores es aprobar en este período de gobierno una ley contra el maltrato animal. ¿Lo lograrán?

La abogada Natalia Tejera opina que Uruguay está muy atrasado respecto a la legislación de otras partes del mundo. “Nos tenemos que aggiornar a estos tiempos, los casos que se ven son horribles”, dice Tejera, redactora principal del proyecto de ley que el legislador colorado Germán Cardoso presentó en Comisión de Constitución y Legislación del Senado en diciembre de 2021. En su cuenta de Twitter el exministro de Turismo se presenta como “defensor de los animales”.

Tejera se define como humanista, dice que no es colorada y que no le interesa la política. No tiene credencial cívica, así que no puede ni votar. Ella es argentina, pero estudió en Montevideo y egresó como doctora en Derecho en la Universidad Católica, integra la segunda generación de abogados de esta universidad.

¿Cómo se define el delito en el proyecto del senador Cardoso? Dice así: “Comete maltrato animal, quien sin justa causa dañare o socave la salud o integridad de los animales domésticos o domesticados, causándole sufrimiento innecesario y/o la muerte”.

El delito sería castigado con tres meses a seis meses de prisión. Se eligió esta cantidad de meses, tomando en cuenta que en otros períodos muchos legisladores consideraron excesivas las sanciones planteadas. “Estamos muy lejos de otras partes del mundo, pero lo tomamos como una señal. Hay suficiente evidencia a nivel internacional, de que la crueldad hacia los animales es un primer paso, para luego normalizar otras formas de violencia”, dice la abogada para justificar que este proyecto de ley no es solo para y por los animales.

“Te puedo contar de perros que mueren envenenados, y no son casos aislados”, dice Tejera, quien asesora a la ONG Salva Animales del departamento de Maldonado y cuenta que en la zona de La Barra este fenómeno es muy habitual.

“Allá han encontrado veneno en comida que tiran a la basura y también en comida en buen estado, las características en las que las dejan pueden tener consecuencias mayores. Por el momento no hemos tenido que lamentar muertes humanas, las personas en situación de calle también se alimentan muchas veces de la basura”, explica la abogada.

Son varias las teorías que hablan de una violencia escalada, en las que se sostiene que siempre se ataca al más débil. Es como la famosa imagen del iceberg, solamente vemos la punta, pero para llegar a eso se pasa por muchos otros pasos antes. En algunos casos las redes de animalistas han dado con perros que son abusados sexualmente por sus “dueños”. Si no se generan operativos específicos y coordinados, es muy difícil que la Policía pueda actuar, porque implicaría ingresar a un domicilio privado y quitar un animal, al que luego no habría lugar específico para llevar.

“Ojalá fuera un mito, te cuento estas historias, pero son de terror”, dice Tejera, la asesora de Cardoso. “Estamos hablando de animales con desgarros anales y/o vaginales que les causan la muerte. No tenemos herramientas legales para poder actuar en esos casos”, sentencia la abogada. El proyecto de ley de Cardoso penaliza la zoofilia.

Igual que Cardoso lo hizo el año pasado, el diputado nacionalista Pedro Jisdonian presentó esta semana un proyecto de ley sobre violencia y crueldad contra los animales en la comisión especial de Tenencia Responsable y Bienestar Animal. Y con entusiasmo espera que sea aprobado en este mandato. “Es un reclamo de toda la sociedad, y creemos que este tipo de iniciativas pueden contribuir a frenar el acaecimiento de hechos aberrantes”, dice el diputado a El País.

Si le preguntan sobre la urgencia de la aprobación de una ley de estas características, Jisdonian no duda: afirma que tiene que ser ahora. “La ausencia de una ley que tipifica estos delitos ha limitado la acción de los fiscales y los jueces”, opina. A su despacho han llegado planteos de abogados, y también de militantes, que no saben dónde denunciar o cómo hacer para detener una situación de maltrato animal.

Para el diputado, su proyecto de ley ayudaría a desestimular “acciones aberrantes sobre los animales”. Trae como ejemplo lo que sucedió en San José y explica que hay un objetivo claro y concreto en lo que plantea: “Buscamos centrarnos justamente en este tipo de conductas realmente crueles, donde el actor de las mismas solo pretende hacer sufrir a un animal de forma consciente, con dolo, y provocarle un dolor agudo y persistente, e injustificado”.

Jisdonian, quien es abogado, da un paso clave en esta discusión, ya que entiende que los animales tienen que ser considerados sujetos de derecho. “Si bien existen diferentes posiciones doctrinales, entiendo que sí, que el bien jurídico protegido en este proyecto son los derechos subjetivos de los animales. Es decir, el animal como sujeto pasivo del delito y no como un mero objeto sobre el que recae la acción”.

El diputado blanco coincide con las opiniones de los grupos de animalistas, y también con la fundamentación que se da desde la psicología, para explicar la importancia de penalizar estas prácticas. “Este tipo de conductas vienen muchas veces enrabadas con otras cuestiones, o delitos como ser el de la violencia doméstica o de género, o incluso ocurre que la persona que es violenta con los animales y ejerce este tipo de acciones crueles para con ellos termina ejerciendo la misma crueldad contra otro ser humano. Por eso, el respeto por todos los seres vivos debe ser el fin último de toda sociedad evolucionada”, dice el legislador.

Hay otro proyecto, del diputado blanco Pablo Viana, que establece modificaciones al Código Penal y es de 2020, mientras que desde Cabildo Abierto la diputada Silvana Pérez Bonavita presentará este lunes un proyecto sobre bienestar animal en el que, según publicó en Twitter, ha trabajado durante “mucho tiempo”.

Todas las fuentes consultadas afirman que no es una cuestión partidaria, pero aun así hasta ahora no se ha llegado a nada. No hay seguridad de que algún proyecto sea aprobado en este período de gobierno, no han estado en discusión formal ni en el orden de los temas a tratar en las comisiones. Pero algo cambió en estos días. Es posible que el trágico hecho ocurrido en San José modifique las cosas y acelere un proceso que viene algo lento. Porque en el Parlamento hay muchos temas en discusión y las prioridades, claro, van cambiando.

Lanzan campaña sobre tenencia responsable

Instituto Nacional de Bienestar Animal

Marcia del Campo, presidenta del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA), dice que la tenencia irresponsable es un tema cultural que no ha sido atendido durante décadas. Desde el gobierno se apunta a la educación y por eso, según supo El País, el INBA realizará a corto plazo una campaña masiva de bien público, con el objetivo de poner el tema en la discusión ciudadana. Además, habrá una campaña de esterilización e identificación de perros, dirigida específicamente a ciudadanos con menores recursos.

Del Campo es investigadora del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria y además docente de Ciencias Biológicas, y explica que la tenencia responsable no implica solo tener en buenas condiciones al animal, sino también tener en cuenta la convivencia social. “Se han naturalizado diversos aspectos que definen a esa tenencia irresponsable, por ejemplo, la presencia de perros en plazas y calles, la reproducción de nuestros perros y gatos, la comercialización irregular de estos animales”, dice Del Campo.

Fernanda Maldonado, directora general del Ministerio de Ganadería, agrega que hay que “ser responsable del bienestar de los animales, alimentarlos, darles buenas condiciones de alojamiento y protegerlos de malos tratos y violencia, pero además asegurarse que no generen daños a las personas, al medioambiente o a otros animales”.

El INBA pretende que la ciudadanía tome conciencia de la responsabilidad que implica tener un perro o un gato.