El cierre de un asentamiento y el realojo de las familias que vivían allí es, tal vez, la solución más radical de la política oficial de barrios irregulares. Esta semana se concretaron dos, y se espera que al final del período se sumen unos 20. Es un proceso dramático, pero con final feliz.

Don Presa y su hijo dejaron su rancho de madera frente al arroyo Maldonado con tristeza y sin mirar atrás. Cargaron el flete, indicaron a sus vecinos que podían llevarse lo que quedara y partieron. No se quedaron a ver cómo la topadora tumbaba de un golpe la escuálida casita que fue por décadas su hogar. Pero cualquier vestigio de nostalgia que hubiesen conservado sería imposible de detectar momentos más tarde, cuando al entrar por primera vez a su nuevo apartamento, sus rostros serían solo felicidad.

De todas las medidas tomadas por el gobierno para reducir el problema de los asentamientos irregulares, ninguna cambia tan profundamente la vida de sus habitantes como el realojo. Se arranca un barrio entero de raíz y se lo traslada a otro lugar, se les entrega una vivienda nueva y se les demuele la anterior. El proceso suele llevar meses o hasta años, pero para cada familia el cambio radical ocurre en un solo día.

El Plan Nacional de Relocalización (PNR) depende del Ministerio del Vivienda (Mvotma) y trabaja en coordinación con las intendencias. Esta semana tuvo dos grandes victorias: la entrega de las primeras llaves del realojo de El Placer, un asentamiento de Punta del Este, y la entrega de las últimas del realojo del asentamiento Las Duranas, en Montevideo. Ambos estaban en zonas inundables. El plan se enfoca, justamente, en los conglomerados de viviendas ubicados en zonas con algún tipo de riesgo o la imposibilidad de consolidarse donde están: "los más precarios dentro de los precarios", según el director nacional de Vivienda, Salvador Schelotto.

La reubicación de los habitantes de Las Duranas comenzó en 2013, y la de El Placer se calcula que terminará en un plazo de nueve meses, según Alejandro Lussich, director de Vivienda, Desarrollo Barrial y Salud de la Intendencia de Maldonado. Entre 2010 y 2014 se realojaron 1.055 familias. Para este quinquenio, según Schelotto, la meta es alcanzar los 2.500 hogares. Se calcula que en un asentamiento hay, en promedio, 96 hogares, lo que permite estimar que, al cabo de este período, se habrán relocalizado unos 26 barrios irregulares.

Con algunas excepciones, la gente de El Placer se quiere ir. Por más bella que sea la vista y privilegiada la ubicación, en el asentamiento "no se puede progresar", opina Analía, una vecina. "Acá andan a los tiros de noche entre casas con criaturas, hay bocas de droga, no sabés lo que es esto". La esperanza de tener una vida más digna fuera del asentamiento es el sentimiento que invade a la gran mayoría. Lo mismo ocurre con el barrio Kennedy, también en Maldonado. Cuando hicieron un censo allí, se reveló que un 97% de sus habitantes quería irse.

Isla de Gaspar es un asentamiento en Montevideo que comenzó su realojo hace casi cuatro años y todavía no se completó porque no están construidas todas las viviendas necesarias. La demora está, de alguna forma, reproduciendo el problema ya que mientras no se termina de desalojar y demoler las viviendas de quienes ya se han realojado, viene otra gente a habitarlas. Y, de acuerdo a los anuncios de las autoridades, a los que llegaron después del censo no les corresponde casa.

Allí, en Isla de Gaspar, hay "unos pocos rebeldes" que piensan quedarse hasta que los echen porque "no quieren empezar a pagar por sus servicios", o porque simplemente prefieren sus viviendas actuales, comentan los vecinos.

Es que salir de la irregularidad tiene su costo. Las contrapartidas exigidas a los realojados las decide cada intendencia. Hasta ahora nadie en El Placer pagaba nada por sus viviendas, el agua la proveía el Estado y eran pocas las casas que contaban con luz propia —la mayoría estaban "enganchadas" a otro contador. Una condición para ingresar a las nuevas viviendas es presentar los contratos con UTE y OSE que deberán gestionar los propios vecinos. También deberán pagar dos unidades reajustables ($ 1974 hoy) durante 10 años para convertirse en dueños.

José, un joven que vivió sus 18 años en El Placer, cuenta que su papá lleva "meses ahorrando para poder vivir bien" en las nuevas viviendas. Él está feliz de mudarse porque piensa que en el barrio nuevo la gente va a tener "otra cabecita" y que les será muy beneficioso "estar más cerca de todo". También admite que le da un poco de lástima dejar el asentamiento porque en verano "es impagable" estar ahí. "Ahí" es un lugar paisajísticamente privilegiado y casi en la entrada de La Barra, fuente de trabajos zafrales y centro nocturno durante el verano.

Analía, que es ama de casa, sabe que se tiene que buscar un trabajo "urgente" para empezar a pagar las cuentas. Pero también está "súper contenta" porque sus hijas van a vivir mejor. Ya no tendrán que dormir las tres apretadas en el mismo cuartito, en una casa "que se inunda, se llueve y que te morís de frío".

Los realojados de Isla de Gaspar no tienen que "comprar" la casa pero sí esperar 20 años para adquirir el título de propiedad de la casa. También tienen subvencionadas la luz y el agua. Por otro lado, a ellos les entregaron las casas sin revocar, y a los de El Placer se las estregaron con todas las terminaciones. Esos son detalles que varían según el departamento porque dependen de lo que decida cada intendencia. Entre los que todavía esperan por su desalojo en ese asentamiento está Pelusa, referente del barrio y principal impulsora del realojo. Conocida y querida por todos, Pelusa dice que será la última en irse, como un capitán que hundió su barco a propósito.

Uno de los desafíos de la relocalización de un asentamiento es la adaptación de la comunidad receptora. En el caso de Las Duranas, cuando los vecinos se enteraron de que vendría un realojo a su barrio, un referente del lugar dijo a El País que "se encadenarían a los árboles" para evitarlo. Schellotto lamenta que esto sea un escenario común: "Siempre hay una situación de tensión, temor, prevención. A veces es fundada, a veces es por prejuicios".

Hace tres meses que 27 familias de Isla de Gaspar se mudaron al complejo de viviendas de Rufino T. Domínguez. Son la última tanda de los que han salido del asentamiento hasta ahora, pero todavía quedan.

"Estamos mucho más secos, mucho más limpios, es otra cosa esto", cuenta un hombre que salió a tomar mate a la puerta de su casa. Siete niños de no más de ocho años corretean entre las casas. Casi todos se cambiaron de escuela a una más cerca, y están contentos. Pero más contentos están con su nueva libertad. "Antes no los podíamos dejar salir de la casa, ahora juegan todo el día afuera", cuenta la mamá de uno de ellos.

"El día que llegamos no se veía otra cosa que humo. Estábamos todos haciendo un asado", cuenta un vecino sonriendo. Frente al complejo se está construyendo otro igual, que se supone se entregará en agosto a 20 familias más de Isla de Gaspar. "Ahí vamos a hacer fiesta en la calle, con tambores tipo Llamadas, porque vienen nuestros vecinos del barrio de toda la vida", anuncia.

Claudia Píriz, que ya lleva casi cuatro años realojada, no comparte este deseo de mantener aquellos lazos. "Creo que tendrían que haber separado algunas familias que tienen lío entre ellas", plantea. Ella estuvo solo dos años allí, pero le alcanzaron para sentir que fueron "los peores de su vida". Ahora vive en una casa de dos pisos en Camino Carrasco y Zum Felde con su marido, su hijo y su nieto. Mantiene una relación cordial con sus vecinos actuales.

"En el asentamiento tenés de todo, gente que está ahí para no pagar cosas pero también gente quedó ahí porque no tenía más remedio y la lucha todos los días para salir. Yo estaba enganchada de todo: luz, agua, cable. Pero no quería estar ahí, yo quería vivir tranquila", dice. Las quejas que tiene sobre su casa actual se le van olvidando a medida que recuerda la vida en el asentamiento: "La verdad que acá hay problemas pero son bobadas. Problemas como tiene todo el mundo. Allá mi hijo se tenía que esconder en el ropero cuando empezaban a los tiros", cuenta. A su juicio, la gente "protesta por cualquier pavada" y "llaman a la intendencia hasta si se les rompe una canilla".

Claudia Zeballos, que vive a tres casas de Píriz, sí que se queja y reclama que la intendencia no cumple: "Mi casa en el asentamiento estaba mejor, esta casa está llena de humedad. ¿Les parece que vivimos bien?", pregunta. Si hace un balance, considera que no está "ni mejor ni peor", pero reconoce que no volvería al asentamiento.

Schellotto explica que después de un realojo existe un período de seguimiento que se implementó después de "experiencias no tan exitosas" en las que "los vecinos quedaron librados a su suerte". De ese proceso posterior participan varios organismos que vigilan desde las condiciones edilicias de las viviendas hasta la adaptación de los niños al nuevo entorno.

Cuando las 30 familias de Isla de Gaspar llegaron a Camino Carrasco, la adaptación no fue sencilla. "Escuchaba en la parada de ómnibus, en la peluquería: "Ay, esta gente que trajeron, son todos ladrones", relata Claudia Píriz. "Yo le tenía que decir a la gente mirá que no somos todos ladrones, somos trabajadores, no hay que juzgar a la gente así". Según ella, con el paso de los años la gente "se fue acostumbrando" y la situación mejoró. "Yo, igual, los entiendo. Hay de todo en un asentamiento. Si en Isla de Gaspar yo invitaba a un cumpleaños, no me venía uno. Gracias a Dios tuve la oportunidad de venirme para acá", concluye.

El 4% de los hogares del país están en asentamientos según la Encuesta Continua de Hogares del INE de 2016, pero aquellos que se relocalizan son una minoría. Dentro del Ministerio de Vivienda también está el Plan de Mejoramiento de Barrios (PMB), cuyo cometido es "mejorar las condiciones de vida de la población residente en asentamientos irregulares y áreas degradadas, mejorando el acceso de los hogares a infraestructura básica y servicios sociales y urbanos adecuados". En lugar de reubicar el barrio, se dedican a mejorar los asentamientos para lograr su regularización y formalizar su situación a través de la provisión de servicios básicos a sus habitantes, mejora de sus condiciones de vida y de las viviendas, y entrega de títulos de propiedad.

Una tercera vía del Mvotma para regularizar la situación de los habitantes de asentamientos es el subsidio para compra de viviendas usadas por parte de familias. Pero eso se hace en una medida mucho menor, y solo con familias que "por recursos económicos, culturales o sociales" se adaptarían mejor a otros barrios ya constituidos, explica Schelotto.

El Plan Juntos, concebido por José Mujica y que antes dependía de Presidencia, pasó a la órbita del Mvotma y se dedica, además de a reforzar viviendas, a dar herramientas para las comunidades de los asentamientos, como capacitaciones y aprendizaje de oficios.

A nivel de la sociedad civil, la ONG Techo es la que lleva el problema de la vivienda como emblema. En Uruguay trabajan en Montevideo, Paysandú y Salto. Su misión indica que quieren "superar la situación de pobreza en que viven miles de personas en los asentamientos irregulares", y en pos de ese objetivo realizan estudios, se acercan a los asentamientos y hasta son mano de obra de construcción de viviendas. Trabajan directamente con los habitantes del asentamiento para reforzar la comunidad y atender las necesidades específicas de cada uno. Techo trabaja principalmente con voluntarios.

La relocalización de un barrio es un proceso que dura años. Va desde elegir y censar un barrio hasta terminar el proceso de seguimiento de las últimas viviendas entregadas. Tiene sus momentos dramáticos y de desafíos para las familias, pero en la enorme mayoría de los casos supone una innegable mejoría en su calidad de vida.

El realojo de las familias que vivían en el asentamiento llamado El Placer no tiene como único objetivo brindar viviendas más dignas a sus habitantes. Allí se proyecta la creación de un paseo gastronómico y de entretenimiento en los terrenos desalojados. El alcalde de Punta del Este, Andrés Jafif, explicó a El País que el paseo será una forma de descongestionar el entretenimiento nocturno concentrado en La Barra y la península, que es donde "más denuncias por ruidos molestos se registran". En la Dirección de Planeamiento de la Intendencia de Maldonado se está preparando un anteproyecto.

Según datos divulgados por OPP en 2016, un 4% de los hogares del país se encuentra en un asentamiento irregular. En Montevideo la cifra asciende a 5,3%, lo que equivale a unos 58.314.

La ONG Techo detectó hacinamiento en tres de cada 10 viviendas de asentamientos capitalinos. La ONG califica de hacinado a un hogar cuando el número de personas que habitan la vivienda no es acorde al número de dormitorios.

Llama la atención que, según el censo de Techo (en procesamiento todavía), el promedio de edad en los asentamientos de Montevideo es de 23,9 años. Esto no coincide con la pirámide de población envejecida del país.

El observatorio del Mides calcula que por cada cinco asentamientos de 400 personas que se regularizan, se forma uno nuevo de 100. Eso significaría que un 5% de los habitantes de los asentamientos se resistiría a entrar en la formalidad.

El censo de 2011 indicó que en esa fecha había en Uruguay 589 asentamientos irregulares: 332 en Montevideo, 91 en Canelones y 166 en el resto del país.

FERNANDA KOSAK

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