La burocracia atraviesa la vida y la muerte, deja su firma y planta mojones bien importantes, que mandatan a las personas como ciudadanos de determinada nación. Para que el Estado reconozca un nacimiento o una defunción hay trámites obligatorios. Desde hace muchos años los bebés recién nacidos ya tienen su cédula de identidad. Un trámite que antes se hacía cuando se “necesitaba”, y quizás el niño estaba por terminar la escuela cuando obtenía su número, pero ahora el Estado tiene en sus registros las fotos de los bebés en brazos de sus progenitores. Antes lo único sí obligatorio era que los padres lo anotaran, y ahí se creaba la partida de nacimiento. El primer papel que afirma que una persona existe.

La palabra burocracia tiene mala fama, remite a la idea de trámites, ventanillas, números, copias, folios, y elementos para que el ciudadano termine muchas veces comprobando solamente que es quien dice ser. Si bien es un sistema de procedimientos rígidos que parece que hace que todo sea más difícil de lo que debería, la burocracia es necesaria para que un Estado y también un gobierno funcionen.

Pero, es verdad, también a veces le complica la vida a la gente. Más cuando se le pide la misma información una y otra vez a una persona. Eso le pasó a Vladimir Espíndola, quien perdió a sus dos hijas y a su mujer en un reciente accidente de tránsito en la ruta 3.

Su historia se publicó el domingo pasado en la sección Qué Pasa de El País. Roxana Pesce y sus hijas Emilia y Savina viajaban a la capital del departamento, de donde la pareja es oriunda, para pasar las vacaciones de julio. Por razones que se desconocen, el auto que la mujer manejaba se cambió de senda en el departamento de Paysandú, en una curva a unos tres kilómetros del límite con Salto, y chocó de frente contra un camión.

En esa entrevista, Vladimir contó que está de pie “gracias a la gente y a pesar del sistema”. Y agregó: “Las cosas que sufrí cuando falleció mi familia ya pasaron, ya nadie me las va a cambiar, pero quiero que a otros no les pase lo mismo”.

Vladimir busca que se conozca su historia, para que no se repita la situación por la que tuvo que pasar estos últimos meses. Una odisea en la cual debió comprobarle al Estado muchas veces lo peor que le pasó en la vida.

¿Qué es lo que le solicitaron distintas oficinas públicas? “Me piden certificados de todo tipo, de defunción, de nacimiento... En OSE, en Antel, en la Caja de Profesionales, en la DGI, en el BPS, en el banco, en la mutualista, en la emergencia médica (...) Participaron el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud Pública y el Poder Judicial. ¿Cómo puede ser que el resto de las oficinas del Estado me exijan a mí que les lleve en mano la información que sale del mismo Estado? Es inhumano: no acepto que día por medio deba estar presentando certificados de defunción de mis hijas y de mi mujer”.

Vladimir piensa que la burocracia sí funciona bien para otras cosas: “Si te ponen una multa de tránsito en la ciudad de Artigas, te la cobran en cualquier lugar del país al instante. Para eso el sistema funciona perfecto. El Estado ya demostró que lo puede hacer”.

¿Está bien que Vladimir haya pasado por esta odisea? Gonzalo Sosa es coordinador de Protección de Datos en la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales, que forma parte de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic). Y tiene una respuesta para esto: “Estuve leyendo el caso y la verdad es un tema delicado, que cada vez que la persona deba hacer un trámite tenga que estar recordando ese hecho tan traumático que le sucedió. Esto pasa también con servicios que no son necesariamente estatales, que solicitan información, como pueden ser los bancos”, dice Sosa, en referencia a la historia de Vladimir.

Pero esta inoportuna burocracia no debería suceder. Porque el Estado está en incumplimiento con la normativa que se impuso tiempo atrás. El artículo 76 de la ley de Presupuesto del segundo gobierno de Tabaré Vázquez (2015-2019) es contundente con el mensaje: “Las entidades públicas no deberán solicitar certificados, constancias, testimonios u otra documentación de similar naturaleza emitidos por otra entidad pública, cuando se pueda acceder a la información contenida en dicho documento, a través de sistemas informáticos proporcionados por las entidades competentes”.

Foto: Juan Manuel Ramos.

Pero a Vladimir no le pasó lo que establece la ley. Los funcionarios le decían que cada ente tiene la potestad de pedir la documentación que crea conveniente. “Yo acepto que la UTE pida una documentación específica para conectar la luz o la OSE para el agua, pero para el mismo trámite no acepto que cada ente te pida lo que se le antoje a cada burócrata a cargo”, afirmó él en la nota.

El artículo de la ley mencionada, además, dice a texto explícito que “las entidades públicas deberán simplificar sus trámites, siguiendo los lineamientos de gobierno electrónico, adoptando el procedimiento más sencillo posible para el interesado”. Nada de lo que le pasó a Vladimir.

Estas normas se aprobaron para hacer cumplir lo dispuesto por los artículos 157 a 160 de la Ley de Presupuesto del gobierno de José Mujica, del 27 de diciembre de 2010, que pide se comparta la información dentro del Estado mediante medios tecnológicos. Han pasado más de 10 años y aún no se cumple: no lo hicieron los gobiernos anteriores ni este. El director de la Unidad de Datos Personales explica: “Hay normas legales que establecen la obligación de los organismos públicos de compartir información pública y de compartir información personal con el consentimiento de las personas”. Entonces, Sosa reconoce todo este recuento normativo, pero dice que “sí hay una red que permite el intercambio de información”. Pero “no necesariamente eso nos hace los dueños de la información que se intercambia; eso depende de los organismos que ponen servicios o que consumen servicios a través de la red. Tiene que ver básicamente con la operatividad de la ley”.

Reacción.

“El Estado no te protege en un momento de tanta angustia”

La senadora del Partido Colorado Carmen Sanguinetti reaccionó al enterarse de la historia de Vladimir Espíndola. Dijo desconocer que estas situaciones se daban en Uruguay y, tras leer la nota, tomó contacto con varias reparticiones para poder avanzar en soluciones. “Estamos en plena era de la inteligencia artificial, hay cambios que se tienen que dar. El Estado no te protege en momentos de máxima angustia”, indicó. La senadora contó, además, que comenzará a investigar cómo se trabaja en la región sobre estos temas.

Acá hay dos elementos claves a tener en cuenta. El primero tiene que ver con cómo el plan de gobierno digital se está desarrollando. La Agesic habla de “la agenda digital de servicios hiperconectados”.

Sosa cree que desde el gobierno se ha avanzado en permitir “coordinar el trabajo de distintas oficinas del Estado con el único propósito de mejorar la eficiencia y simplificar los trámites”. Pero, para que esto se dé, los organismos del Estado tienen que subsanar el aspecto tecnológico “porque esta infraestructura o esta red tiene que permitir intercambios seguros de información”. Sosa dice que las personas también están en este proceso de cambio y “mucho depende de la voluntad de los organismos públicos de participar”.

Foto: Archivo El País

El segundo elemento que hay que tener presente es la protección de datos personales. Si hay un organismo que tiene información de una persona, es para usarla para determinados fines, está autorizado solamente para eso. Por eso es importante ver los límites y lo complejo de poder generar una red única donde esté toda la información. Sosa toma el ejemplo que estamos usando: “Quizás al Ministerio de Salud Pública le pueda competer saber la causa de muerte, pero después esa información es sensible, no es algo que cualquier organismo pueda tener”.

Lo que sí cualquier organismo del Estado tendría que tener es que la persona falleció. Para el director de Datos Personales esto es claro: “Hay ciertos aspectos, como el de la partida de defunción, que debería ser fácilmente accesible. El problema es cuando un servicio público usa información de otro organismo para querer, por ejemplo, cobrarse una deuda”.

Patricia Díaz Charquero, abogada y coordinadora del proyecto Laboratorio de Datos y Sociedad, que forma parte de la Alianza de la Sociedad Civil Latinoamericana para el Acceso Justo al Conocimiento, dice que esto no es tan simple: “Porque son datos personales y por eso hay que generar un protocolo de intercambio. No estamos hablando de que estás estudiando la cantidad de fallecidos en un departamento. Estás estudiando el nombre de una persona, el día que falleció, su causa de muerte”.

Díaz Charquero dice que no existe un protocolo para los datos de fallecimiento. “Hay mucha información sensible, que no se puede compartir entre oficinas de forma desordenada, porque es información que muchas veces solo los herederos pueden acceder”. ¿Qué tipo de datos? Más allá de la causa de muerte, conocer si la persona tiene cuentas bancarias a su nombre o propiedades, por ejemplo.

—¿Cómo centraliza el Estado la información de una persona, entonces?

—Tu pregunta, no tiene una respuesta. No existe una centralización, cada organismo tiene lo que le interesa, y está todo de una forma desarticulada. Hay algunos ejemplos, BPS y DGI trabajan juntos, pero lo que no hay es una gobernanza de datos en Uruguay. Es un reclamo que la sociedad civil tiene hace mucho tiempo. No existe, tampoco, una estructura de cumplimiento que garantice lo que mandatan las dos leyes: la de Protección de Datos Personales y la de Acceso a la Información Pública. Estas dos leyes son de cumplimiento privado. Eso quiere decir que si un organismo no cumple con la ley de Protección de Datos Personales, el único que puede hacer algo es la persona que está siendo perjudicada. No es que el Estado va a controlar que se cumpla, porque no tiene forma de hacerlo. Son leyes, más bien la de Protección de Datos Personales, de bajísimo nivel de cumplimiento.

—¿Y qué pasa en otros países?

—Nuestras unidades son las que tienen menor presupuesto y funcionarios en América Latina. Necesitamos un plan de gobernanza de datos, que es seguirle la ruta a determinada información y tratar de ser eficientes. Entender de quién es la información y cómo usarla. Falta control y falta gobernanza.

El trámite seguro que los padres deben de hacer con sus hijos si deciden viajar al exterior, y el menor no tiene pasaporte, es tener a mano el documento que acredite que es padre y/o madre de sus propios hijos. Acá no hay excepciones, no importa si van los dos padres al viaje, tampoco si además de viajar con ambos progenitores estos están casados y tienen anotados a sus hijos en su libreta de matrimonio. Siempre tendrán que presentar al personal de la Dirección Nacional de Migración, la famosa partida de nacimiento.

Foto: Ministerior del Interior

¿Pero qué es este documento que se debe utilizar en muchos trámites? El acta, certificado o partida de nacimiento es un documento legal y fundamental para establecer la identidad de una persona, y su contenido debe mostrar los siguientes datos: el nombre y apellido completo del nacido, género, fecha y lugar de nacimiento y los nombres y ciudadanía de los padres.

No solo es para que menores viajen al exterior. La partida de nacimiento puede servir para acciones tan dispares como inscribirse en la escuela o unirse al Ejército. ¿Para qué más? Para trámites de sucesión, herencias y de poderes, entre todo otro tipo de cuestiones administrativas en organismos públicos o privados.

Para Hebert Paguas, director ejecutivo de Agesic, se ha avanzado en mejorar la burocracia que había en este trámite, porque desde hace un tiempo se puede pedir de forma digital. “Es algo que se logró luego de mucho trabajo, y es un primer paso, o paso intermedio. Hoy cualquiera puede descargar en su celular la partida y tenerla a mano”.

La partida de nacimiento se eligió porque era uno de los trámites que la ciudadanía más realizaba y, según explicó el director de Agesic “siempre se fue evaluando y la prioridad está en poder dar acceso sencillo a la ciudadanía, en algo que se pide por muchas razones”.

¿Cómo se saca la partida de nacimiento por Internet? Se puede hacer el trámite de manera gratuita y digital a través de la web oficial del Ministerio de Educación y Cultura, en la web de la Dirección General del Registro de Estado Civil. En el mismo sitio se pueden sacar dos partidas más: la de defunción y la de matrimonio.

Dentro de la web el camino es fácil, se coloca la cédula de identidad y luego se van completando otros datos. Ahí se pueden acceder también a “partidas manuscritas”, el trámite urgente cuesta 480 pesos y el común 120 pesos.

Paguas dice que están en un paso intermedio con este trámite y la idea es pasar al siguiente, donde las personas no lo tengan que presentar, ya que los organismos del Estado que lo piden ya lo tendrán. Pero para eso hay que planificar cómo se hará la red, cuántos usuarios podrán tener cada organismo. Y tener la seguridad de que solamente se van a intercambiar datos que no sean sensibles.

La Agesic tiene una agenda de objetivos a cumplir en este gobierno. Se establecieron 53 medidas, con la idea de avanzar en esas líneas y además poder medir el impacto de cada una. En la página web se puede ver el porcentaje de avance. Paguas dice que se busca apuntar a la transparencia, y mostrar cómo en algunos puntos sí se ha podido avanzar y en otros no.

Esto está en “Mirador Uruguay Digital”, y gira en torno a cinco ejes: impulso a la competitividad e innovación en sectores estratégicos; marco normativo habilitante de la política digital nacional; potenciar la infraestructura de telecomunicaciones, la conectividad y la ciberseguridad a nivel nacional; sociedad digital inclusiva; transparencia, eficiencia y rectoría del sector público.

“Estamos en un proceso de revisión con los actores que tienen metas en la agenda”, explica Paguas. La idea es ver los resultados de los objetivos y trabajar en su impacto, en paralelo están desarrollando ahora un proceso de reuniones, talleres y relevación con diferentes reparticiones del Estado.

La pandemia permitió tener un certificado de vacunación de covid-19, de forma muy sencilla. Ahora el gobierno está trabajando para que se genere, con un método similar, un certificado digital del esquema completo de vacunación, explica el director de Agesic.

Estefania Leal/Archivo El Pais

A pesar de todo lo que dice Paguas, otra fuente del Poder Ejecutivo indica que “no es una prioridad” para el gobierno avanzar en simplificar y eliminar procesos.

Y para la abogada Díaz Charquero, falta mucho para que Uruguay pueda tener una base de datos centralizada. “Eso es pensar cómo compartir los datos para ser eficientes. Tenemos organismos que han generado protocolos y funcionan de forma muy eficiente. Pero desde la gobernanza nacional no lo tenemos, y está todo compartimentado”.

Si bien las autoridades afirman que se ha avanzado en el cumplimento de los objetivos, historias como la de Vladimir muestra que no es así. Y, para peor, nada indica que lo que él pasó no le vuelva a pasar a otro. Su caso, parece, es la regla.