Cuando el gobierno de Luis Lacalle Pou aún no había cumplido seis meses en el poder incluyó en el proyecto de ley de Presupuesto Nacional un artículo que planteaba que “todos los funcionarios presupuestados o contratados con excepción de los magistrados del Poder Judicial, diplomáticos y funcionarios de Entes Autónomos y Gobiernos Departamentales” perdieran su “derecho a percibir retribución alguna por un período de hasta tres días de licencia por enfermedad” y que a partir del cuarto día de inasistencia seguida hasta el reintegro a la actividad la remuneración sería el equivalente al 70%. El artículo enviado al Parlamento finalmente se quitó de la Ley de Presupuesto debido a la polémica que generó entre los sindicatos de funcionarios públicos y el gobierno, sumado a que no se preveía el apoyo suficiente de parte de los parlamentarios como para que llegara a buen puerto.

Después de tres años de idas y vueltas alrededor del tema, el Poder Ejecutivo finalmente emitió esta semana un decreto reglamentando un nuevo sistema de licencias por enfermedad para los funcionarios del Estado, casi un año después de que se aprobara en el Parlamento el proyecto de ley para regularlo.

Estefania Leal/Archivo El Pais

Antes de entrar en detalle sobre cómo se estructuró el cambio y cuáles serán las novedades para quienes trabajan en el sector público, cabe destacar que este ha sido uno de los temas que más desveló al gobierno respecto a los funcionarios públicos y por eso hincó el diente allí, con el fin de acabar con el “abuso” de licencias por enfermedad entre los trabajadores del Estado, según las palabras de la ministra de Economía, Azucena Arbeleche.

Entonces, al principio el gobierno propuso que los funcionarios públicos pasaran a no cobrar su sueldo durante los primeros tres días de la licencia por enfermedad y que a partir del cuarto día recibieran el equivalente al 70% de su salario, es decir, lo mismo que rige para el sector privado. Eso finalmente se modificó y el decreto publicado este lunesda cuenta de que los funcionarios públicos tendrán derecho a un máximo de nueve días hábiles de licencia remunerada a causa de una enfermedad o accidente. Estos se podrán solicitar de manera alternada o consecutiva durante el año. A partir del décimo día pasarán a tener derecho al subsidio, que será un monto equivalente al 75% o 100% del salario, “según corresponda, excluidos los beneficios sociales, la antigüedad, las partidas por locomoción, viáticos y horas extras”, según dice el artículo 10 del decreto. El cálculo se renueva cada 1° de enero, cuando vuelven a estar disponibles los nueve días con remuneración por enfermedad y no se acumulan de un año para el otro en el caso de no haberlos solicitado.

“A mí me llegaron a decir que era el sepulturero de la función pública por promover el tema”, bromea ahora el director de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC), Conrado Ramos, en charla con El País. Él considera que durante los últimos tres años fue el “vocero” del proyecto para terminar con las licencias por enfermedad “ilimitadas” en los organismos públicos, sin embargo, admite que no participó en la reglamentación del decreto que se publicó esta semana. La ONSC quedó por fuera de los últimos detalles y estos pasaron por manos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y del Ministerio de Economía y Finanzas. En ambos organismos prefirieron no hacer comentarios a El País sobre el tema.

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Ramos dice que existían muchas “puntas sin resolver” previo a la elaboración del decreto que finalmente se cerraron con una “definición política” en la que Servicio Civil no participó. Señala que ya no puede ser el vocero del tema y enfatiza: “No puedo explicar decisiones en las que no participé”. Pero asegura estar “alineado” con el Poder Ejecutivo y subraya que su tarea ahora es publicar el cronograma de ingreso de cada organismo al nuevo sistema de licencias. En ese sentido, dice que para que se ponga en marcha “todavía falta” información.

Antes de que saliera el decreto, el propio Ramos tenía dudas sobre los detalles de implementación que definiría el Ejecutivo y, en diálogo con El País, decía que existía la posibilidad de que hubiera “puntos en común” con la medida que tomó el intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez el año pasado, cuando igualó el mecanismo de licencias por enfermedad para los funcionarios municipales al régimen que existe en el sector privado. El sistema es el mismo que propuso el gobierno nacional en 2020 y consiste en tres días en los que no se recibe remuneración y a partir del cuarto el trabajador obtiene el 70% del salario.

Según Umpiérrez, la medida generó un ahorro de 1.183.000 dólares para la Intendencia de Rocha solamente por esos tres días que se descuentan al certificarse. Anteriormente los funcionarios recibían el 100% de su remuneración y no tenían un límite de días en la certificación médica, tal como sucede en la Administración Central y en el resto de los gobiernos departamentales. Pero la situación en Rocha también tiene resistencias, que serán explicadas más adelante.

Lo cierto es que el decreto firmado por todos los ministros finalmente terminó saliendo sin grandes cambios con respecto a lo que se había votado en el Parlamento en setiembre del año pasado y no se adoptaron las mismas medidas que sí se tomaron en Rocha. Es un sistema algo más flexible.

Para Martín Pereira, dirigente de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), “nada es casualidad” y tanto la decisión de Umpiérrez como los dichos de la ministra Arbeleche y de otros integrantes del gobierno “muestran que simplemente buscan hacer caja con los trabajadores que se enferman”.

“El decreto deja muchos flancos abiertos y para nosotros se improvisó por el apuro de empezar a recaudar. Queda claro con el hecho de que no se nos llamó para la negociación colectiva”, sostiene Pereira y agrega que no apoyar el decreto “no significa” que COFE no esté en contra de “terminar con el abuso de certificaciones médicas dentro del Estado” porque admite que las hay, pero “esta ley no las va a corregir”. COFE prevé presentar un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia y un recurso administrativo en contra del decreto publicado este lunes.

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Con resistencia sindical y el ejemplo de lo que pasó en Rocha en la mira es que el gobierno nacional buscará poner en práctica durante los próximos 60 días la ley que racionaliza las licencias por enfermedad y, aunque aún no se conoce en detalle cómo será el cronograma de trabajo ni cuáles serán los organismos que lo implementarán primero, lo cierto es que todos deberán cumplir.

El intendente de Rocha publicó hace algunos meses en su cuenta personal de Facebook algunas cifras que muestran cómo “mágicamente los días de licencia por enfermedad (entre los funcionarios de la comuna) bajaron de 38.000 días anuales a 16.000”, es decir, más del 50%. Orgulloso por haber terminado con lo que él mismo llama “licencias de fin de semana”, Umpiérrez asegura que la situación previo al cambio era “una locura” porque todos los días faltaban a trabajar unos 120 funcionarios de los 1.600 que componen la planilla.

Según las cifras internas de la Intendencia de Rocha a las que accedió El País, mientras en 2019 hubo 3.443 licencias la cifra en 2022 fue de 1.679. En mayo de 2023, por ejemplo, hubo 467 licencias por enfermedad y el mismo mes pero en 2019 tuvo unas 1.176 licencias.

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“El cambio lo hicimos por la vía presupuestal y es una medida dentro del plan de racionalización de la gestión y el gasto. El resultado fue que cayeron más del 50% en el primer año y este año vamos rumbo a más del 70%”, sostiene el intendente y agrega: “Acá nos conocemos todos, entonces también tuvimos charlas con médicos para parar con ese mecanismo de ‘vení a buscar el certificado cuando quieras que te lo doy’”.

Umpiérrez asegura que “no ha habido problemas” con los funcionarios porque “el mecanismo se ha naturalizado” y “saben que en el caso de una internación o problemas mayores se cubre el salario en 100%”. Pero desde Adeom Rocha no dicen lo mismo. El secretario general del sindicato, Milton Méndez, quien es funcionario de la intendencia desde hace 27 años, adelanta que el gremio “rechaza totalmente” el nuevo régimen de licencias por enfermedad en la comuna porque “no tiene sentido”.

Según Méndez, a pesar de que es cierto que disminuyó la cantidad de funcionarios certificados, el ausentismo “sigue siendo el mismo” porque “muchos deciden pedirse la licencia extraordinaria que corresponden a los funcionarios de la intendencia y son de 10 días adicionales a la licencia común”. “Lo que termina pasando es que cuando tienen una licencia médica, en lugar de presentarla, se toman días de la extraordinaria. Incluso hay veces en que al presentarla quienes se encargan de gestionar las certificaciones médicas te dicen que mejor lo hagas por la licencia extraordinaria para que no se descuente la remuneración. El intendente dice que bajaron los números, pero no dice que aumentaron las licencias extraordinarias”, asegura el representante de Adeom.

Foto: Estefanía Leal.

Por su parte, el vicepresidente del Pit-Cnt y secretario general de COFE, Joselo López, se refirió al tema de Rocha este viernes en Desayunos Informales (canal 12) y sostuvo que el sistema de licencias por enfermedad es “más complicado” en el departamento que el que se decretó a nivel nacional y que “la mayoría de los funcionarios tienen salarios tan bajos, que para que no se les descuente van a trabajar igual aunque estén enfermos”.

Mientras tanto, Umpiérrez asegura que ha recibido “varias” consultas de otras intendencias “interesadas” en aplicar el mismo régimen que Rocha. Para el intendente “filosóficamente” es una “buena cosa” aplicar los descuentos salariales por enfermedad para terminar con los “abusos” del recurso. “Creo que la inamovilidad del funcionario público debería ser algo inexistente. Tenemos la experiencia de la cantidad, calidad y dedicación al trabajo entre aquel funcionario que se siente prácticamente impune y aquel que sabe que está sujeto a un seguimiento de su calidad de trabajo”, subraya Umpiérrez.

El promedio de días totales de certificación fue de 30,69 días a pesar de que la mediana es de 11 días, según un documento publicado el 3 de julio por la Oficina Nacional de Servicio Civil. La diferencia está en que el promedio toma en cuenta a todas las licencias para sumarlas y dividirlas entre el total, incluyendo las más largas que, en algunos casos, pueden ir hasta los dos meses anuales, pero la mediana mide de menor a mayor todos los datos y recoge la cifra que se ubica en el medio. Por lo tanto, fueron 11 los días en que los funcionarios públicos se certificaron por enfermedad con mayor frecuencia durante el año pasado. Debido a que el decreto fue emitido esta semana y recién se pondrá en práctica durante los próximos meses, las cifras no tienen en cuenta el nuevo régimen.

En la Administración Central, que incluye a los 13 ministerios y Presidencia de la República, en 2022 se certificaron 32.030 personas. La cifra evidencia un aumento con respecto al 2021, cuando hubo 22.815 certificaciones. En el desglose por ministerio es claro que el Ministerio del Interior es el que presenta las cifras mayores en cuanto a personal certificado, con más de 700.000 días durante 2022. Muy lejos, le sigue en segundo lugar el Ministerio de Defensa con 167.513 días de licencia médica. También fue mayor el porcentaje total de funcionarios certificados en la Administración Central con respecto al año anterior: el 42,74% se certificó, según los datos. Es la cifra más alta desde 2019.

En otros organismos del Estado por fuera de los ministerios y Presidencia -como el Tribunal de Cuentas, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y UdelaR, entre otros- también hubo un aumento con respecto a años anteriores.

Otro dato publicado por Servicio Civil muestra cómo durante 2022 en promedio el día en el que más se solicitaron licencias por enfermedad fue el lunes, con un total de 21.044 licencias concedidas.

No está claro cómo se medirán las cifras de ahora en más, cuando entre en vigencia el nuevo sistema para las licencias por enfermedad. Tampoco se sabe cuáles serán los primeros organismos en implementarlo. Lo que sí está claro es que hay una resistencia de los gremios que ven las nuevas reglas de juego como una “oportunidad de hacer caja” del gobierno, mientras las autoridades celebran haber logrado cambiar la normativa después de tres años de intentarlo.