Un hombre fornido, tatuaje en uno de sus hombros hinchados, vestido de remera polo negra y un escudo a cada lado del pecho, mira a la periodista con la seriedad de quien expone públicamente sus credenciales. El sargento Hugo Alonzo, exmiembro de fuerzas especiales de la Guardia Republicana, dice en cámara que ha dictado capacitaciones como instructor internacional en México, Colombia y Brasil, entre otros países del continente. Y que ahora le toca “volcar esos conocimientos con los policías nuestros”, dictando cursos de entrenamiento bajo el auspicio del Sindicato Policial Nacional (Sipolna).

—Nosotros tratamos de hacerlos entender que por pequeños detalles pueden perder la vida —continúa Alonzo—. Pretendemos inculcar que la primera ley que tiene que tener el policía en la cabeza es volver vivo a casa...

Es febrero de 2023 y la gira recién comienza.

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El pasado viernes 26 de julio, el policía Fabricio Ríos concurrió a una de las capacitaciones que ofrecía el Sipolna —del que era secretario general— y salió de allí con un disparo en el pecho que acabó con su vida en cuestión de minutos.

Había ido hasta la Quinta Repetto, al este del barrio Manga en Montevideo, para acompañar a una veintena de colegas que participaban de un seminario de “Tácticas Policiales” junto al instructor Alonzo.

Nada era demasiado diferente a las decenas de instancias similares de las que había participado en el último año y medio. Pero pequeños detalles pueden cambiarlo todo.

Cuáles fueron exactamente las circunstancias en que una funcionaria policial disparó su arma de reglamento y mató a Fabricio Ríos es todavía un misterio. En la resolución de ese enigma trabaja el fiscal de Flagrancia de 5° Turno, Diego Pérez, quien el sábado 27 pidió la imputación de la autora del disparo por homicidio culposo, aunque sin descartar que el avance de la investigación arroje luz sobre posibles intencionalidades.

La jueza Marcela Vargas hizo lugar a la formalización, pero no aceptó el pedido de prisión preventiva para la funcionaria, a quien le concedió prisión domiciliaria mientras prosigue la investigación.

Muchos de los involucrados intuyen que “hay algo más” que solo un accidente, o que al menos hay piezas del puzzle que aún no encajan del todo.

Foto: captura de pantalla de Desayunos Informales.

Pero de fondo, el caso abrió también un debate sobre si existió o no cierta laxitud en los controles del Ministerio del Interior hacia las actividades de sus funcionarios. Mientras que las autoridades niegan haber “avalado” el curso y mucho menos la utilización de armas —y relativizan también las posibilidades de control de actividades que se dan fuera de sus dependencias—, otros protagonistas —dirigentes sindicales, abogados que asesoran en la causa y observadores externos— plantean que el ministerio estaba en conocimiento de las capacitaciones y debió haber hecho más para detenerlas.

Todo ello en medio de cuestionamientos a la realización de capacitaciones por fuera de la institucionalidad estatal, así como enfrentamientos que estaban latentes en la interna de los sindicatos policiales.

Los hechos

El trágico desenlace se dio cerca de las diez de la noche, al final de una larga jornada que había empezado sobre las nueve de la mañana. El curso, según la descripción que hicieron sus responsables, incluía aspectos teóricos y prácticos de “supervivencia policial”: es decir, cómo actuar ante determinadas situaciones que pueden ocurrir en el ejercicio del oficio. Al principio de la jornada se expusieron los “requisitos de seguridad”, entre ellos la obligación de dejar las armas de reglamento sin su cargador y sin balas en la recámara.

—No era una instrucción de tiro —dice a El País el doctor Pablo Pisciottano, abogado de la víctima en representación del Sipolna, junto a la doctora Yenifer Izquierdo—. Se utilizaban las armas como algo simbólico. Incluso a los que no llevaban se les daba una de madera.

Gisella Scarlatino, abogada defensora de la funcionaria que efectuó el disparo, agrega que los instructores estaban a cargo de “pasar revista periódicamente”, para “revisar efectivamente” que cada participante tuviera el arma en condiciones “seguras”.

Todo transcurrió con normalidad hasta el final del día.

La imputada, una agente de 37 años, planteó que se tenía que retirar para llegar con tiempo a su hogar en Sauce, donde su hijo —que padece una discapacidad— requería su presencia. La mujer, según su propia versión, salió del espacio donde se realizaban los ejercicios y aprovisionó su arma de reglamento, bajo el entendido de que se estaba “retirando”. En ese momento, algunos de los presentes le plantearon que se quedara unos minutos más para un último ejercicio, que consistía en un simulacro de rapiña a un local de Abitab. Ahí aparecen las versiones contradictorias: la mujer dice que no se le volvió a pasar revista, mientras que otros señalan que sí hubo un control a su arma.

Archivo El País.

Lo cierto es que Ríos actuaba de uno de los rapiñeros y a la funcionaria le tocó ser una de las policías que controlaba el acceso al local imaginario.

Parte del ejercicio era demostrar qué es lo que el policía debe hacer en esas situaciones y qué es lo que no debe hacer. Pero en un forcejeo, la mujer disparó.

—¡Ay, aprovisioné el arma! —gritó una vez que la bala impactó a su compañero.

El secretario general del sindicato fue trasladado en un auto a la policlínica de Capitán Tula, donde se constató su fallecimiento.

Las preguntas

Las hipótesis sobre la causa del disparo son muy variadas (ver apunte). Pero, ¿qué hacía un grupo de policías, en un predio arrendado, participando de una capacitación privada con sus armas de reglamento otorgadas por el Ministerio del Interior? ¿Debió haber un mejor control de la actividad?

Por un lado está la cuestión de si se trataba de una actividad “autorizada” por Interior. Por otro, están las distintas visiones sobre las potestades de control por parte de las autoridades. Tanto la existencia como el alcance de las autorizaciones y habilitaciones es parte de lo que la investigación buscará establecer, según fuentes del caso.

Respecto a lo primero, desde la Fiscalía consultaron al ministerio si habían avalado o supervisado el seminario. La respuesta fue que “no se avaló ni se supervisó el evento, ni tampoco se autorizó el uso de armas”, según relató Pérez en la audiencia.

Francisco Flores/Archivo El Pais

En la misma línea, el director nacional de Policía, José Azambuya, declaró en rueda de prensa que “el Ministerio del Interior y la Dirección de la Policía Nacional no pueden prohibir” que desde el sindicato se “realicen determinadas capacitaciones”, que son parte de lo que ofrecen “a sus socios”.

Azambuya explicó que ante el planteo del sindicato, hace ya un tiempo, de acceder a capacitaciones por fuera de la formación institucional, el ministerio aceptó “estudiar” la propuesta y expresó una serie de “restricciones” para las actividades. Según dijo, las autoridades dieron la “orden a las unidades policiales” de que ese tipo de actividad “no podía realizarse dentro de unidades policiales, que no se hiciera con armas de fuego y tampoco con uniformes policiales”.

Pero la historia es más entreverada.

Para empezar, desde Sipolna aducen que el ministerio, específicamente a través de la Escuela Nacional de Policía, sí llegó a “homologar” la capacitación, al punto que a aquellos funcionarios que lo culminaran se les reconocía para el legajo, contabilizando en el puntaje para el ascenso de grado. En un comunicado a sus socios en agosto de 2023, el sindicato informó que “aquellos funcionarios que ya lo hicieron (el curso) deberán tramitar en la oficina de Recursos Humanos de su unidad la incorporación del mismo a su legajo para ser tenido en cuenta en la calificación anual”. Desde Sipolna afirman que en algunos seminarios "incluso se han hecho presentes asesores y jefes de policía".

En el Ministerio del Interior prefirieron no hacer declaraciones sobre este tema, pero fuentes de la cartera plantearon que según la visión del ministerio existe una “diferencia” entre la homologación de las capacitaciones —es decir, su reconocimiento para el legajo— y la autorización o aval del curso.

“El curso no está avalado ni autorizado, y para eso se precisa firma expresa del ministro”, dijo uno de los consultados. Desde el ministerio esgrimen que la contabilización para el legajo no tiene vinculación con el contenido del curso, sino que “se premia la voluntad del funcionario de formarse y mejorar su educación”. Y que menos tiene relación con “irregularidades” que se den en el marco de esas actividades. Por último, entienden que no tienen potestades ni formas de evitar que sus funcionarios se reúnan de forma privada para capacitarse. “Es más, si nosotros prohibiéramos, lo pueden hacer igual. Nosotros no tenemos la potestad jurídica, ni la potestad disciplinaria, ni administrativa para prohibir al sindicato que lo haga”, dijo Azambuya.

Esa visión, sin embargo, tiene sus detractores fuera del Ministerio del Interior. Uno de ellos es Edward Holfman, consultor en seguridad y director de The Guardian Group. “Ellos dicen que no pueden prohibir, pero la Policía no puede desconocer que se estaban haciendo este tipo de prácticas. Si vos les decís que no pueden hacer las capacitaciones en determinadas condiciones, había una puesta en conocimiento”, dice a El País. Según su visión, ese conocimiento lo hace distinto a una situación en la que se juntaran “clandestinamente” unos policías a hacer prácticas fuera de la norma.

Entre las potestades de fiscalización, Holfman incluye la revisión de si la academia en cuestión está inscripta en el listado de Centros de Capacitación de la Dirección General de Fiscalización de Empresas (Digefe). La empresa Ceted, que impartía la capacitación, no figura en el registro “no taxativo” publicado en la web de Digefe. El País consultó al ministerio si la academia está registrada allí, pero al cierre de esta edición no tenía una respuesta. Desde el sindicato tampoco respondieron por sí o por no.

Estefania Leal/Archivo El Pais

Al ministerio sí le constaba que “el sargento Hugo Alonzo Rosas, quien imparte dicho seminario, ha recibido capacitación en la temática, lo que a su vez le ha permitido ser designado como docente en la asignatura de técnicas de entrenamiento con armamento policial”, según informó La Diaria. Alonzo, además de su academia privada, tiene experiencia como instructor de la propia Escuela Nacional de Policía.

Otro punto de discusión es si los policías debían recibir entrenamiento táctico o de seguridad por fuera del control jerárquico institucional. "Nosotros podemos realizar actividades por fuera de la escuela o el ministerio, siempre pensando en aportar más capacitación o herramientas a nuestros compañeros", defiende Patricia Noy, presidenta del Sipolna.

El Sindicato de Policías Agremiados Canarios (Sidepac), opositor a la línea mayoritaria del sindicato policial, es de los que planteaba que las capacitaciones debían ser “institucionales” y por eso identifica a los referentes del Sipolna y a las autoridades del ministerio como corresponsables, al menos en parte, del desenlace trágico.

Fernando Bazzano, tesorero de Sidepac, sostiene que su colectivo “venía denunciando hace tiempo” a las jerarquías la realización de “este tipo de seminarios o cursos”, en algunos casos incluso en dependencias de la Policía.

—Lo advertimos en cada una de las jefaturas y ante el ministerio. El desenlace del otro día fue más o menos lo que nosotros veníamos advirtiendo.

—¿Qué fue lo que advirtieron?

—Que se estaban haciendo seminarios con armas de reglamento pertenecientes al Estado. Esas prácticas las tienen que llevar adelante instructores certificados por el Ministerio del Interior, autorizados por el ministerio, y en lugares apropiados. Denunciamos que se hacían en cualquier lado. Y que a la hora de que pasara un accidente con algún arma, no estaba cubierto por el Estado.

—Desde el Sipolna y desde el ministerio dicen que una condición era que no hubiera armas.

—Bueno pero quedó demostrado que no había control suficiente. El sindicato tiene que exigir estos cursos, pero no puede ocupar el lugar del Estado.

Según Bazzano, las autoridades no dieron “ninguna respuesta” al planteo.

Scarlatino, abogada defensora de la funcionaria imputada, también se cuestiona si las jerarquías no hicieron una especie de “vista gorda”. “No estaba avalado por el ministerio pero por otro lado se homologaba el resultado. Por un lado prohibís o no lo permitís, y por otro lo tomás en cuenta. Hay cosas como que no coinciden o hacen ruido”, comenta la abogada. “Te deja pensando si son responsables los alumnos, las autoridades... La investigación va a continuar”.

Dice la abogada: “Uno se pregunta si es necesario que la policía nuestra, con la formación que recibe, tenga que hacer esto de forma privada con el sindicato. Se supone que tenemos que tener una formación eficaz con los recaudos necesarios para evitar desgracias”.