ACUSACIONES CRUZADAS

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Cuando aquel 1° de marzo de 2005 el presidente Tabaré Vázquez dio su discurso ante la Asamblea General, hubo especial mención a una de las principales promesas realizadas durante la campaña electoral: la creación de un plan de emergencia social para afrontar las consecuencias de la crisis económica de 2002, que aún se sentían. “Los más pobres de este país han perdido mucho”, dijo el flamante presidente. Luego insistió: “Hay gente que ha perdido demasiado y no puede seguir esperando”. Unas semanas después se creaba el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), con Marina Arismendi a la cabeza, buque insignia del Frente Amplio que acababa de llegar al poder, rompiendo así la hegemonía de blancos y colorados. De aquello pasaron 16 años y, para los parámetros históricos, aún hoy —con Pablo Bartol como ministro— sigue siendo una cartera nueva. Las complejidades del Mides atraviesan los partidos políticos, sus competencias se expanden, de la misma forma que la cantidad de personas que son beneficiarias de sus programas. Ahora las peleas de campaña, así como las promesas, fueron tapadas por la pandemia, que agudizó la crisis social y económica.

Hoy, igual que había pasado en aquellos tiempos en los que fue creado, la pobreza se disparó en el último año (hay casi 100.000 pobres más) y la indigencia se duplicó como consecuencia del COVID-19. Para Juan Pablo Labat, exdirector de Evaluación y Monitoreo del Mides, estamos ante “el proceso de empobrecimiento más rápido de la historia reciente de Uruguay”. El viceministro de Desarrollo Social Armando Castaingdebat —dirigente del Partido Nacional, exintendente de Flores y hombre de confianza del presidente Luis Lacalle Pou— dice que el deterioro social venía desde antes de la crisis instalada por el COVID-19: “Uruguay tenía una enorme debilidad social, creo que ahí todo el sistema político tiene una gran responsabilidad”. A su entender la responsabilidad no cae solo en el Frente Amplio, sino en todos los partidos y la pandemia simplemente confirmó un escenario que nadie quería ver, ni tampoco hacerse cargo. “En 13 días comenzaron a pulular las ollas populares, a los ojos de todos la prueba quedó bien clara”, afirma Castaingdebat.

Las acusaciones cruzadas entre el Frente Amplio y Partido Nacional sobre la gestión del Mides se agudizaron en la última campaña electoral, pero ya venían de antes. “Hubo de todo, pero a grandes rasgos se nos acusó desde el Partido Nacional de hacer clientelismo, de falta de transparencia y controles, además de problemas de focalización”, dice Labat. Las denuncias públicas se profundizaron en el último período de Arismendi, durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez. “Yo siempre digo que no entraron en la campaña electoral, sino que los cuestionamientos a la forma de trabajar las políticas sociales vienen desde hace muchos años”, sentencia el exdirector del Mides en la última administración del Frente Amplio.

Castaingdebat reconoce que las políticas sociales han sido uno de los ejes de discusión: “Se decía que veníamos a barrer con todos los derechos y a barrer todas las políticas sociales. Más allá de que hubo un cambio de eje, mantenemos lo que funcionó. Hoy está claro que no se ha venido a barrer con nada”. El exintendente cree que un gran error es llegar y modificar todo lo hecho antes: “Lo hacés porque pensás que es para mejorar, pero al final la que paga todo eso y sale perjudicada es la gente”.

Castaingdebat es claro y sencillo para explicar lo que el Mides planea hacer: “Soy muy respetuoso de las políticas que se habían desarrollado hasta 2020. Eso no quiere decir que todas hayan tenido buenos resultados, pero tampoco se puede decir que necesariamente han sido malas todas”. Por eso, dice, han buscado aggiornar algunas líneas de trabajo, continuar otras y cesar las ineficientes. Pero, en el medio, también están las famosas auditorías, anunciadas durante la última campaña electoral.

Nicolás Martinelli, director general de Secretaría del Mides durante el primer año de gestión y hoy asesor personal de Lacalle Pou, dice que a fines de 2019 el presidente lo llamó y le marcó tres objetivos para el ministerio: “Trabajar en su modernización, el proceso de auditorías y el otro fue la reestructura de la cartera”.

Martinelli, que ya no está en el Mides, comenzó a trabajar en marzo de 2020 en la realización de auditorías internas, tomando como base la unidad específica que había creado Daniel Olesker cuando fue ministro entre 2011 y 2015 (aunque luego nunca la utilizó). De las investigaciones realizadas, dos terminaron en la Justicia“por ser hechos con apariencia delictiva”, explica el funcionario. La denuncia penal fue presentada el 4 de febrero pasado. “Para mí, las auditorías son una herramienta súper útil, porque es una radiografía del organismo que te ayuda a saber qué tenés que mejorar y además te muestra tus fuertes”, dice el asesor.

Ahora el fiscal de Delitos Económicos Enrique Rodríguez tiene dos grandes temas a su cargo referidos al Mides. Por un lado, la investigación de las armas que se encontraron en el edificio central (pertenecientes al exBanco de Crédito) y por otra parte las irregularidades sobre los contenedores con donaciones encontrados cerrados, tanto en el puerto como en depósitos de la cartera. En esa denuncia también se incluyen posibles irregularidades por alquileres de ONG pagados por el ministerio, que no fueron volcados a los propietarios de los inmuebles. Hace pocos días Rodríguez citó a interrogatorio a una decena de funcionarios y exfuncionarios del Mides, según informó el jueves el semanario Búsqueda.

Pero, además de estas dos denuncias, ya se preparó una nueva sobre el Sistema Nacional de Cuidados, que había sido adelantada el año pasado por El País. Ahora se presentará ni bien se levanten las medidas restrictivas por el COVID-19, según adelanta Martinelli a El País. Eso no será antes del 30 de abril debido a la crisis sanitaria.

La investigación será llevada a la Justicia porque también hay elementos de apariencia delictiva que, según fundamenta Martinelli, no han tenido seguimiento ni tratamiento judicial. Los documentos señalan hechos que van desde denuncias de los usuarios hacia los asistentes personales por maltrato psicológico, pasando por pornografía infantil, robos, violencia basada en género, acoso y también lesiones físicas (los detalles están en un recuadro más abajo en esta nota).

Los propios beneficiarios, así como sus familiares, realizaron denuncias de forma presencial ante el Mides y también por teléfono a través de un 0800. Además, hay denuncias de los cuidadores a las familias. El exsecretario del Sistema de Cuidados Julio Bango fue consultado por El País, pero prefirió no hacer declaraciones al respecto. Bango dirigió el sistema desde que fue creado por ley en 2015, para brindar apoyo en la asistencia de personas dependientes, ancianos y personas de todas las edades con discapacidad.

Fuentes del Partido Socialista dicen que estos reclamos son públicos porque en 2018 se creó un protocolo para recibir las quejas y dejarlas documentadas. Además, en la administración anterior consideraban que no era responsabilidad del Mides hacer denuncias penales, sino que pensaban que debían asesorar a los involucrados sobre el derecho a presentarlas.

Trabajadores del Mides aseguran a El País que algunos de estos programas se desarrollan en hogares particulares y que, en ese marco, la supervisión del servicio es un problema difícil de abordar. Por eso, es necesario que haya garantías para juzgar las denuncias que se hacen, ya que en todos los casos se trata de temas sensibles.

Pero desde la conducción del ministerio muestran que quieren poner paños fríos para hablar de las investigaciones. “Personalmente estuve muy alejado del asunto de las auditorías”, dice Castaingdebat, “tenemos cuatro años para trabajar y es en lo que estoy focalizado”.

En 2005 se difundieron varias historias de personas que reclamaban que el plan de emergencia del Mides les correspondía, aunque los análisis técnicos los descartaban. Algunos hombres se encadenaron frente a las oficinas, y también mujeres con hijos a cargo presentaron en la vía pública su disconformidad. Además, en aquel entonces parte del electorado estuvo en contra de las políticas aplicadas, adherido a la frase popular de “les dan plata sin hacer nada”. Hoy el ministerio, creado en su momento con el apoyo de todos los partidos políticos, se enfrenta a una nueva crisis.

Las prioridades del gobierno tuvieron que cambiar a 13 días de comenzar la gestión. Desde la idea romántica de instalar las oficinas en Casavalle, a varios cambios profundos, casi todo se paró.

El año pasado hubo muchos programas que no se ejecutaron y que, si bien no se anuncia explícitamente su cierre, se habla de rediseños que aún no están claros. Se anunció la fusión de tres programas: Jóvenes en Red, Acompañamiento al Egreso y Primera experiencia laboral.

Desde el ministerio encabezado por Bartol se afirma que esto es para trabajar de forma centralizada las políticas de juventud, aunque lo cierto es que todos los programas tienen perfiles muy distintos. La Unión de Trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social argumenta que el sistema de respuesta a mujeres en situación de violencia sigue igual, pero no se están pagando las partidas a las ONG que gestionan los servicios.

Otro reclamo viene por el lado del Sistema de Cuidados: la secretaría perdió a más de la mitad de sus funcionarios. No se avanzó tanto en las personas que piden asistencia como en el seguimiento de los que ya la tienen. En cuanto a los refugios, los trabajadores denuncian que la baja de horas para el acompañamiento de esta población va en detrimento del trabajo para el egreso del programa y para que finalmente las personas dejen de vivir en la indigencia.

El actual gobierno también ha hecho otros cambios, como la entrega de viviendas a personas que han pasado ya muchos años por refugios y que tienen herramientas que les permiten emanciparse. Esta era una estrategia que —muy tímidamente— ya se había hecho en los gobiernos del Frente Amplio.

Sobre el empleo: Uruguay Trabaja no se ejecutó en 2020 y el apoyo a pequeños emprendimientos y cooperativas dejó de existir. Tampoco se pudieron hacer las visitas a los hogares para dar nuevas tarjetas del Mides, renovar viejas o retirar otras. Además, desde el sindicato manifiestan preocupación por el rediseño de los programas socioeducativos y también incertidumbre sobre la continuidad de los Servicios de Orientación, Consulta y Articulación Territorial (Socat). Afirman que los cambios se dan muy a puertas cerradas y sin el aporte de los equipos de trabajo.

Y el mecanismo de entrega de canastas, que comenzó a funcionar como ayuda urgente ante la emergencia, no tiene fecha de finalización. Incluso se lo critica por el modo en el que se accede, ya que cualquiera que no esté activo ante el Banco de Previsión Social (BPS) la puede recibir, sin ningún otro tipo de control.

“Cuando tomás decisiones generales vas a cometer errores para arriba y para abajo. Es decir, dejar gente por fuera que lo necesita y llegar a personas que no lo necesitan. Por eso me animaría a decir que nuestro gran desafío, más que ser un buen ministerio, es ser un ministerio justo”, dice Castaingdebat. Y cuenta que esta preocupación fue trasladada de forma directa al presidente. “Lo que nos dijo Luis fue: prefiero dar canastas de más, que de menos”, explica.

Para avanzar en los programas de calle “no vamos a ir a un modelo totalmente diferente al que había”, aclara Castaingdebat. “Pero en líneas generales la gente no está mejor que antes, y es el programa al que se le ha dedicado más dinero y recursos. Lo que quiere decir es que, si seguimos haciendo las cosas tal cual eran antes, no vamos a llegar tampoco a buenos resultados”, fundamenta.

Esta misma perspectiva se pretende aplicar a otras líneas de trabajo: tomar lo ya hecho y analizarlo, para poder mantener lo que sí da buenos resultados.

A la crisis que trajo el COVID-19 se le suman los problemas sociales que el país ya tiene de base. El objetivo del gobierno está ahora puesto en generar instrumentos para trabajar con la población que necesita del Estado: nuclear los recursos humanos y los proyectos. Para esta administración, no debe haber una gran variedad de programas que funcionen dispersos y por eso Castaingdebat dice que es imprescindible unificar ciertos criterios.

“Este es el ministerio más nuevo, después del Ministerio de Ambiente, pero también es muy distinto al resto por otras razones. Ya que lo que hace o deja de hacer afecta directamente a aquellas personas que más necesitan de la presencia del Estado”, argumenta Castaingdebat. El subsecretario se toma su tiempo para poner ejemplos y explicar las diferencias. “Si el ministro de Transporte falla, le erra en kilómetros de ruta construidos, pero las decisiones que nosotros tomamos afectan de forma directa a la población”, dice.

Otra de las características diferenciales es el capital humano del ministerio. Muchos son profesionales universitarios y jóvenes. La franja etaria de la mayoría de los trabajadores del Mides es de 35 años. “Esta es una de las grandes virtudes que tiene nuestro ministerio: sus funcionarios”, destaca Castaingdebat.

Esta virtud también es señalada desde el Frente Amplio, pero con otra perspectiva. “No conozco a ningún trabajador que esté ahora y que esté contento. La gente se quiere ir de ahí”, afirma Labat, convencido. “Te estoy hablando de profesionales que se pusieron la camiseta. Que tienen respeto y cariño por el ministerio. No es fácil trabajar en estos programas ahora. Hay personas que al año tienen que empezar terapia”, agrega el exjerarca.

La realidad del trabajo en territorio es muy dura para los funcionarios: están en contacto con familias desmembradas, atravesadas por distintas vulnerabilidades que no pasan solo por lo económico. Hay problemas de consumo de sustancias, violencia intrafamiliar, discapacidad y aspectos de salud mental no tratados.

“Está administración no sabe lo que está perdiendo en capital humano, es inmedible. Las órdenes no se escriben, le llegan a los funcionarios de forma verbal. Y esto lo hace la misma barra que hablaba de transparencia”, sostiene Labat.

Desde el sindicato de trabajadores del Mides afirman que “sin dudas” hay un cambio de enfoque en la política social. Lucía La Buonora, vocera del sindicato, dice: “El ambiente ya no es lo que era. Hay eventos de violencia en las oficinas (entre usuarios y de usuarios a trabajadores). Y también hay anuncios públicos que no se cumplen o que se cumplen tarde y entonces la gente se enoja”.

El sindicato tiene algunas pistas de para dónde puede ir la política del Mides en los próximos años. “Hay hincapié en las canastas. Que por supuesto no negamos la importancia en este contexto crítico, pero no hay estrategias de trabajo con la gente que generen cambios en el mediano plazo. Eso se hace con más y mejor personal, y en realidad están echando gente”, afirma la sindicalista.

Para el ministro Bartol los jóvenes y las mujeres con hijos a cargo son hoy la población prioritaria. Esto sin desatender las demás áreas. Los recursos nunca son suficientes para llegar a todos los uruguayos que necesitan del Estado y, se sabe, la crisis social y económica que dejará el COVID-19 no es como la campaña de vacunación. El desmembramiento social no tiene etapas que puedan ser establecidas, ni fecha de finalización. Parece bastante claro que la población que el Mides atiende seguirá en aumento.

Las denuncias de maltrato, acoso y pornografía

Lo que se presentará ante la Justicia

Los documentos que serán llevados a la Justicia ni bien se levante la feria contienen denuncias de usuarios del Sistema Nacional de Cuidados dirigidas a sus asistentes personales (es decir, sus cuidadores) como de estos hacia las familias u hogares en los que trabajaban. Veamos algunos de las denuncias que se desprenden de las auditorías realizadas por la actual administración del Mides.

Un abuelo denunció maltrato del asistente personal a su nieto: “Le da de comer rápido para irse, haciéndolo vomitar”. Se leen también situaciones de aparente abuso de menores. Como esta: “El niño aparecía con marcas en la cola. No se podía hablar con la asistente personal sin discutir”. Una madre echó al cuidador de la casa porque “el hijo estaba empezando a denunciar abuso por parte del asistente”.

Pero hay más. Padres que denunciaron ante el Mides y la Institución Nacional de Derechos Humanos que la persona que abusó de sus hijos puede seguir trabajando en otros lugares. Consta en el registro que un cuidador le sacó fotos íntimas a una niña y las publicó en redes sociales. Otra madre dejó constancia que el cuidador de su hija de siete años le hizo mirar pornografía, y que luego la amenazó a ella diciéndole que “iba a comenzar a presentarse en su trabajo y otros lugares que frecuenta”.

Familiares denunciaron que el cuidador no le brindaba asistencia a una señora mayor: “Tiene golpes, no la bañan, le pone Poett en el cuerpo”. Además, la vestía con ropa interior de hombre. La familia de una mujer en sillas de ruedas contó que el asistente no cumplió con lo acordado (bañarla una vez por día y sacarla tres veces por semana a pasear) y además le envió mensajes violentos por WhatsApp a la señora: “Sos una gorda y nadie te va a sacar de acá”.

Los asistentes personales también denunciaron hechos, que irán ahora a la Justicia en esta misma denuncia que presentada el Mides. Son personas que ingresan a un hogar que desconocen a cumplir una función que es acordada con la otra parte. Una mujer afirmó que el hombre que cuidaba la golpeaba de forma rutinaria y además se masturbaba en su presencia, según la denuncia a la que accedió El País. Otra asistente personal, en tanto, denunció que un día a medianoche le llegó una imagen con contenido erótico desde el celular de la madre de un usuario, y luego continuó recibiendo mensajes de WhatsApp con alto contenido erótico, llegando la madre del usuario a solicitarle que le enseñe al usuario a masturbarse.

También hay cuidadores que dicen que la violencia intrafamiliar los ponía en peligro. Un asistente contó: “Se dieron atentados con bomba molotov hacia la casa donde se trabaja, hay un arma en la casa. Y maltratos constantes de la familia a mi asistido”. Otros denunciaron a los padres o tutores. “La madre es alcohólica y está metida en las drogas”, indicó una asistente y agregó que la menor no puede estar a cargo de una persona que vive alcoholizada.