Siete años atrás, mucho antes de manejar un taxi en Montevideo, el abogado Wilfranck Antonio Marcano había iniciado una carrera política en Venezuela que lo llevó a ser señalado como un enemigo del gobierno de Nicolás Maduro, y lo convirtió en un blanco del Servicio Bolivariano de Inteligencia, que lo persiguió hasta lograr su salida del país.

Era 2017: el año del caos. El régimen chavista atravesaba su pico más oscuro, según recuerdan los venezolanos que emigraron en aquel momento. En medio de una brutal crisis económica y política, como una respuesta a las protestas de la población por alimentos y medicinas, Maduro convocó a una Asamblea Nacional Constituyente de conformación “chavista” para así sofocar a la Asamblea General, controlada por la oposición.

En ese mar negro estaba sumergido Wilfranck Antonio, que trabajaba para la Asamblea General. Renunció. Y salió a las calles a manifestarse. Lo hizo hasta que una patrulla —blanca, sin matrícula ni identificación— comenzó a hacer guardia en la puerta de su casa. Dentro del auto, dos personas encapuchadas vigilaban sus movimientos. Wilfranck Antonio tenía entonces 21 años de edad; vivía con sus padres y una hermana menor, y por la seguridad de todos decidió marcharse. Pidió resguardo a otros familiares —algunos, incluso, funcionarios del régimen— y a amigos.

Foto: Estefanía Leal.

Pero no fue suficiente.

—Cada vez me investigaban más y eso me obligaba a moverme a círculos más lejanos. A mi familia dejé de verla. Luego, abandoné a mis amigos. Después a los compañeros del partido y a los del trabajo —cuenta.

Armó en su entorno una red de colaboradores.

—Fue sumamente agotador. Es como correr una maratón todos los días, porque es un enorme trabajo mental el resolver dónde vas a dormir cada noche y el cambiar de teléfono cada semana.

Pero tampoco bastó.

Wilfranck Antonio giraba de escondite en escondite cuando le llegó el ultimátum. Dos hombres tocaron a la puerta de la casa familiar y le entregaron a su madre unas bolsas que dentro contenían uniformes militares y panfletos del partido político de la oposición al que pertenecía. “Esta es la prueba de que su hijo es un terrorista”, le dijeron. Y se fueron. Según supo, el plan era allanar la casa tres horas más tarde y acusarlo de estar planificando un golpe de Estado, o algo así.

—Mandé a mi madre a que saliera con eso a la calle e hiciera un video mientras quemaba todo.

Entró a la clandestinidad, hasta que aceptó negociar su partida: no le quedaba otra opción. El equipo de Maduro le puso dos condiciones: podría irse de Venezuela siempre que no pidiera asilo ni hiciera política en el exterior. Le ofrecieron tres destinos, uno era Uruguay. Se convertía así en el segundo miembro de su familia en emigrar. Ya lo había hecho, al Perú, una tía suya; también política opositora. Luego se irían otros parientes que hoy están desperdigados entre Colombia, Ecuador, Chile y España.

A pesar de todo, Wilfranck Antonio rearmó su vida en Montevideo. Comenzó como guardia de seguridad. Pidió un préstamo y abrió un supermercado que se fundió durante la pandemia. Más tarde, se convirtió en chofer de taxi y de Uber. Aquí conoció a otra migrante venezolana, se enamoró y hace dos meses tuvieron una hija. Durante todo este tiempo, mantuvo el acuerdo de no meterse en política pero, ahora, el sacudón que atraviesa a Venezuela lo cambió todo.

Se convirtió en un “activista digital”. Apenas duerme. A su esposa e hija les dedica una hora al día, dice. Cuando no está manejando el taxi, intercambia con otros grupos de venezolanos —ya ahondaremos en ello— información verificada de los acontecimientos que están ocurriendo en su país; arma reels que una amiga radicada en Argentina edita, y luego él comparte en distintas redes sociales, como el canal de YouTube “La Guayaba”. Y así es su rutina desde las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.

Es un eslabón en esta especie de resistencia que miles de migrantes regados por el mundo construyen día a día, convencidos de que tienen “la responsabilidad de ser la voz de los compatriotas”; los custodios de la seguridad de sus familiares y amigos que están en Venezuela; que tienen “el deber” de salir a tomar las calles —que no son sus calles— y las redes sociales para que “no se enfríe” la presión de la comunidad internacional y queMaduro reconozca “su evidente derrota” y negocie su salida.

Una forma de verlo es así: Melida Briceño, periodista a la que la censura del régimen alejó de la profesión, está forjando su propia revancha. Un mes antes de las elecciones, Melida armó una agencia de noticias en Instagram, a la que llamó Del Orinoco y actualiza desde su hogar en una cooperativa de viviendas del barrio Belvedere. Al cierre de esta edición, el último posteo es un video en el que María Corina Machado, la líder de la oposición, dice que a Maduro “lo único que le queda en este momento es atrincherarse alrededor de la generación de violencia y miedo” y de un grupo reducido de militares de alto rango “que no representa la inmensa mayoría de nuestra fuerza armada nacional”.

Foto: M. Solomita

Por estos días, miles de venezolanos en el extranjero actúan como periodistas amateurs, difundiendo los videos y las fotografías de detenciones y secuestros que reciben de sus contactos en Venezuela, y la información que extraen de canales de WhatsApp dirigidos por periodistas censurados en su país. Tienen miles de miembros, cada canal.

Hay una frase que resuena, menciona Melida: “Dice que el miedo que tiene Maduro es que la gente ya no le tenga miedo”. El temor está empezando a resquebrajarse, opina. Una muestra es la alta participación en las elecciones a pesar de que, entre otros factores, el voto en Venezuela no es obligatorio.

—En las elecciones anteriores, hubo mucha abstención y ahora la gente salió a votar en manada. Eran miles y miles. Mis familiares me llamaban y me contaban: “Estamos en la cola desde las tres de la madrugada y trajimos desayuno para todos, y aquí estamos rezando”.

Llegaron en la madrugada para votar temprano y resguardarse en sus casas antes de que empezaran los disturbios, explica Melida. Con tantos mensajes, la noche del domingo 28 no durmió.

—Me pasaban fotos, videos, información. “Quiero estar allá”, les decía yo. Porque esto es histórico, va a venir algo distinto después. Hablábamos con amigos en otros países y decíamos “¿lo están viendo? Se viene el cambio”.

Pero unas horas más tarde, cuando el Consejo Nacional Electoral anunció que Maduro había triunfado con el 52% de los votos —sin dar detalles del escrutinio debido a un supuesto hackeo del sistema—, los mensajes eran de crisis.

—Maduro tiene hasta el 10 de enero para entregar el poder, pero hay mucha indiferencia de la comunidad internacional. Esto se está apagando. Los que estamos afuera somos los que vamos a hacer que el país resurja, porque desde afuera uno debe convertirse en la voz para explicar cosas que no se entienden, como que el Tribunal Supremo de Justicia no tiene competencia para “certificar” las actas —plantea Melida.

La voz, también, para contar los métodos de represión. “Ni cacerolear se puede: hay drones con cámaras sobrevolando las casas”, dice otra migrante. Con el fin de controlar las comunicaciones, Maduro acaba de suspender la red social X, llamó a boicotear WhatsApp eliminando la aplicación y aplicó el llamado plan “tun tun”:

—Te revisan las redes sociales, te revisan el celular, buscan un mensaje opositor y si lo encuentran te golpean la puerta -por eso tun tun- y te llevan; te sacan de la casa sin orden judicial y te vas a la cárcel por un delito de incitación al odio. A un vecino nuestro le pasó, lo denunciaron por estar en la protesta y le dieron 15 años de cárcel —cuenta una migrante desde el anonimato.

Otras condenas llegan a los 27 años de encierro, relatan distintos entrevistados. Las cifras oficiales de los detenidos sobrepasaban incluso el conteo que lleva la oposición, jactándose de 2.400 detenidos (unas 30 desapariciones y 24 muertes), mientras que Maduro advierte que tienen dos prisiones preparadas para encarcelar a más opositores y los denunciantes hablan de 19 centros de tortura.

—Hay miedo porque están los militares por todos lados. Los militares venezolanos salen, pero no quieren matar. Están trayendo soldados de Cuba, les ponen el uniforme, les dicen que no hablen y ellos sí disparan porque no es su pueblo y no les duele — dice Melida.

Que no salgan con el celular, que desactiven sus redes, recomiendan los migrantes como parte de su acción política. Pero ahora también están anulando los pasaportes, de venezolanos que están afuera y también de los que están adentro del país. Como un coletazo de este combo de situaciones se han cancelado vuelos, reduciendo el ingreso al país por Colombia e incrementando el valor del pasaje de unos 200 dólares hasta 1.200. “De esta forma, el que tenía un presupuesto previsto para salir o para entrar, ahora le cambió”, dice una entrevistada.

Ella vive con su hija en el barrio Buceo, en un apartamento donde está sintonizada una radio venezolana y hay recuerdos de su patria en las paredes y en las repisas. La distancia se acortó en diciembre pasado, cuando regresaron de visita. Se encontraron con una Venezuela dolarizada, con menos delincuencia —se dice que esto es contradictorio, porque se debe a que las bandas más violentas se internacionalizaron— y algunos barrios que lucían “como de un cuento de hadas”, “como ir de compras por Punta Carretas o Punta del Este”, describen, por la cantidad y calidad de los supermercados.

Adentro, abundante mercadería y marcas nuevas —rusas, chinas, iraníes— mucho más costosas de lo que la gente puede pagar con pensiones de tres dólares —lo que cuesta una bolsa de harina— y sueldos que se declaran por cinco dólares aunque en realidad rondan los 150.

“La gente se las arregla combinando trabajos distintos y además creo que hoy toda familia venezolana tiene a alguien en el exterior que la ayuda; hasta los chavistas los tienen”, dice un entrevistado.

Foto: Ignacio Sánchez.

Tras las elecciones, Andreína Gamez le envío a su madre una remesa en dólares superior a la habitual. El ambiente le recuerda al 2017, cuando las góndolas se vaciaron y era imposible completar un plato de comida al día; cuando su madre le dio 200 dólares ahorrados y le dijo “ya no puedo mantenernos a las dos, vete”.

Emigró a Lima por seis meses pero terminó en Montevideo y no volvió más. Ya son ocho años sin ver a su madre. Aunque la política está sobre todo, Andreína tiene prohibido hablarle del tema por teléfono —otros dirán que solo lo hacen en videollamada—, y en cambio cada mañana y cada noche verifica que no haya sido detenida; se limita a preguntarle cómo está y si comió.

—Hace unos días mi madre fue a sacar el pasaporte porque yo me caso en noviembre y quiere venir a verme. Iba en taxi y lo tuvo que frenar porque una camioneta del gobierno la estaba siguiendo. Cuando ya pasaban de las 10 cuadras así, me mandó un mensaje: “Me siguen, si no te contesto estate atenta”. Se bajó del taxi y siguió a pie para indicar que no estaba haciendo nada malo —cuenta.

A ella, dice, la “psicosis” ya se le pasó. Unos años atrás, en Venezuela, luego de ir a una protesta y ser tildada de “escuálida”, que es como Hugo Chávez apodó despectivamente a los opositores, la vigiló una patrulla. Pero ahora, incitados por Maduro, los vecinos deben denunciar a sus vecinos opositores en la aplicación VenApp, que antes se usaba para avisar a los jefes de los consejos comunales que había pozo roto o para pedir alimentos.

—Mi madre y yo somos opositoras, mi miedo es que alguien del barrio diga “esta tipa es opositora, vive sola, métanla presa”. Estoy en estado de alerta, porque ella volvió a su casa y yo no quería que lo hiciera hasta que se calme la situación. Le digo que no salga de la casa, que no hable con nadie, que borre todo.

Están viviendo en un sinsentido, dice: “Esto es el desespero, es la locura, esto es demasiado”.

El domingo de las elecciones, Gustavo Becerra madrugó y a las 04.40 colocó un gasebo en la puerta del hotel Radisson, para hacer la revisión de los votos consulares a boca de urna. Después, dirigió una movilización con más de 2.000 asistentes en la Plaza Independencia.

Por el momento en Uruguay hay entre 32.000 y 40.000 inmigrantes venezolanos. “Son pocos para la diáspora (4 millones) y muchos para Uruguay”, dice. “Pero todo país es importante, porque lo que pase en Venezuela puede generar una nueva ola de migración. Si la situación no cambia, se estima que entre el 25% y 30% se irá y Uruguay es uno de los destino que está sobre la mesa”, señala Gustavo. Los entrevistados tienen conocidos que ya les están anunciando que analizan venir.

Tras distintas trabas, de los 416 venezolanos que estaban habilitados para votar desde Uruguay, lo hicieron 137: 114 votaron a Edmundo González, 22 a Maduro y hubo un voto para otro candidato. Desde esa noche, la doble vida de Gustavo es así: ocho horas al día trabaja en una empresa de tecnología ubicada en la Ciudad Vieja y el resto de la jornada es vocero de las denuncias contra los abusos del régimen, a 4.500 kilómetros de su patria. Es representante en Uruguay —“un brazo”, dice— del Comando con Venezuela, de María Corina Machado.

—No duermo, amiga. En la noche paso en reuniones, en actividad constante, en comunicación con Venezuela.

Ahora mismo prepara una vigilia y aceita el compromiso del Ministerio de Relaciones Exteriores de contactar a familiares de venezolanos víctimas de la represión, para ofrecerles “contención”. También planifica diferentes misas en iglesias uruguayas, porque para los venezolanos la oración logra milagros.

En Buceo, por ejemplo, una anciana venezolana reza para que Maduro acepte el ofrecimiento que le extendió el presidente de Panamá de darle asilo si cede el poder. Otros desafían al miedo y le ponen el cuerpo a la denuncia. Al último posteo de Wilfranck, el político que ahora es taximetrista, lo vieron más de 300.000 personas. En el video aparece tomando mate.

Dice:

—Yo era un político de la calle, no tenía idea de cómo moverme en el activismo digital, pero es lo que puedo hacer. Esto es lo que me queda.