Por Mariángel Solomita

Ahora que el final está tan cerca, la madre y la hermana de Valeria Sosa sienten que cuando el último de los tres procesos judiciales que vienen afrontando desde su recordado asesinato se termine, se abrirá un abismo. Así lo explica su mamá, Beatriz Olivera: “No quiero que se termine porque no quiero que se olviden de ella. Fue un caso muy cruel, nunca hubo ni un poquito de interés en las comisarías donde denunciamos. Yo estoy aprendiendo a vivir con este sufrimiento, porque yo a Vale la veo en todos lados y no lo puedo superar, cada año que pasa es peor”.

Valeria Sosa murió seis años atrás, asesinada por su expareja, un policía que le disparó en la cabeza frente a sus dos hijos y al que había denunciado en dos oportunidades, sin ningún tipo de resultado. Por la atrocidad de los hechos y lo que generó después, el abogado que representa a su familia, Ignacio Durán, lo considera un leading case en violencia de género: es decir, uno de esos casos que marcan un antes y un después en la opinión pública, en la legislación y también en la Justicia.

Tras haber culminado el juicio por la tenencia de los niños —sin éxito para la familia— y el de la condena del homicida —que no los conformó—, se estima que antes del próximo mes de julio la Suprema Corte de Justicia resolverá el intrincado proceso de reparación por daño moral y patrimonial que la familia inició contra el Estado, y que le valió todo tipo de críticas en redes sociales.

Viene siendo un trayecto largo y espinoso, en el que el Ministerio del Interior intenta reducir su responsabilidad en el desenlace de los hechos, a pesar de que inicialmente la reconoció ante los medios de comunicación. El proceso dejó por un lado una sentencia en primera instancia “inédita” en su jurisprudencia —según Durán—, que le atribuyó el 100% de la responsabilidad al Estado por la muerte de Valeria Sosa, lo que se tradujo en una indemnización de 940.000 dólares por daño moral más intereses desde el inicio de la demanda y además un potente lucro cesante para los hijos.

Foto: Francisco Flores.

Pero, tras la apelación de la cartera, el tribunal la favoreció, con un fallo en setiembre de 2022 que reduce la responsabilidad del Estado y modifica la fórmula del cálculo del lucro cesante, rebajando aproximadamente el 80% de la cifra que se había logrado inicialmente.

La defensa de la familia se opuso y presentó un recurso de casación. En los próximos días, los cinco ministros deberán estudiar el expediente, cada uno por su lado, y llegar a una sentencia definitiva. “Sentí tanta rabia, tanto enojo por ver lo que vale una vida. No lo hago por la plata, aunque me han dicho de todo, que estoy lucrando con la muerte de mi hija y no es así”, plantea Beatriz, “el ministerio fue responsable y ahora dice que no lo es y eso me duele, porque mi hija ya no está para defenderse. Y los que quedamos acá seguimos sufriendo”.

Valeria Sosa conoció al policía Juan Lanza en 2006, en un encuentro casual, poco tiempo después de que falleciera su padre, que también había sido funcionario policial. Lanza era 11 años mayor y, aunque nunca le gustó del todo a Beatriz, optó por no “meterse en el matrimonio”. Durante varios años no sospechó que él maltratara a su hija, pero desde 2012 empezó a notar indicios que no le gustaron. “Vale no me comentaba mucho porque sabía cómo era yo y que lo iba a ir a confrontar. Ella le tenía miedo, eso lo supe después”.

La pareja vivía en el mismo terreno que los padres de Lanza y allí se criaron sus dos hijos, hasta la separación, en 2016. Los niños tenían 7 y 10 años cuando presenciaron el asesinato.

“Nosotras éramos muy confidentes y yo sé por todo lo que pasó ella con su exesposo. Le costó 10 años poder salir de esa vida horrible que llevaba junto a él”, recuerda la hermana mayor, Alexandra Olivera. “Intento quedarme con lo mejor de ella. Siempre estaba con una sonrisa a pesar de que sufría mucho y eso es lo que intento retener, cómo era su risa, cómo era su voz: no quiero olvidarlas. Pasaron seis años y para mí son como 50”.

En 2012 Lanza trabajaba como custodio del expresidente José Mujica hasta que una noche, accidentalmente, atropelló a un niño y lo mató. “Lo sumariaron y a partir de ahí se pasaba tirado en la cama”, cuenta Beatriz. Unida a sus cuatro hijos, la madre visitaba recurrentemente a Valeria para llevarle surtidos y algún dinero. “A mí me dolía en el alma verla dejada, con el pelo opaco, mal vestida”, cuenta. Después supo que su pareja no le permitía arreglarse, le cortaba la ropa interior que compraba para ir al ginecólogo y no le permitía salir a trabajar. “Entonces ella empezó a vender panchos en la puerta de la casa”.

Y así siguió todo hasta que Valeria denunció la violencia y las amenazas de muerte, pero la Policía nunca actuó. En enero de 2016 tomó a sus dos hijos y se mudó a lo de su madre. “Él se aparecía todos los días para ver a los chiquilines y a veces se los lleva por 20 días y no los devolvía. Así y todo, empezó un juicio por la tenencia diciendo que Valeria no se los dejaba ver y hacía que los niños fotografiaran la casa para demostrar que no estaba en buenas condiciones”, cuenta Beatriz. No tenían las visitas acordadas en un juzgado, era un arreglo de palabra.

Con el paso de los meses, Valeria empezó a trabajar, retomó el liceo, comenzó a bailar en la comparsa Mi morena, rearmó su vida con una nueva pareja y se mudó sola con los niños. Era feliz. O eso parecía. En la crónica de César Bianchi, “Valeria no pudo bailar”, sus allegados describen que siempre se la veía sonriente, a pesar de que sufría el acecho constante de su ex. Reincorporado al trabajo en el Departamento de Operaciones Especiales de la Policía, lo veían rondándola en el vehículo del trabajo y sus amigas eran testigos de las continuas llamadas e insultos que recibía.

La primera denuncia la realizó en abril de 2015 en la seccional sexta, pero nunca fue subida al sistema y no quedó registro de la novedad: se esfumó. La segunda denuncia la presentó en noviembre, en la misma seccional, pero la derivaron a la 17°. De esta última no consta actuación alguna hasta que se produce una ampliación de la denuncia un par de días después; ahí se informa que se derivará a la otra seccional por correo electrónico y se entera al subcomisario de guardia. No hay ninguna actuación posterior. Las dos quedaron en la nada.

Esta era una posibilidad, bien lo sabía Valeria, desliza su hermana Alexandra. Su matador solía advertirle que hiciera todas las denuncias que quisiera, si total ella sabía “donde van a parar”; le decía: “Yo soy policía, yo soy la ley”.

Beatriz la acompañó las dos veces. “Cada denuncia que iba a hacer, le avisaban a él. No teníamos ningún respaldo”, dice. La última visita a la comisaría, Valeria también denunció que su suegra la había golpeado —a quien le dieron la tenencia de los niños—, “pero al día siguiente él la llamó y le dijo que la retire porque era una mujer mayor y no iba a ir presa. Esa denuncia también desapareció”, agrega la madre y suma: “Vale no quiso hacerme caso, le dije ‘esto es algo gravísimo, vamos a los medios a contar lo que pasa’, pero ella tenía miedo”.

Luego del homicidio, 17 funcionarios fueron sumariados por el caso Valeria Sosa. El abogado Durán opina: “A nivel de asuntos internos, se armó un revuelo grande. Hubo negligencia por parte de algunos y en otros casos connivencia con Lanza, que a mi entender pudieron haber motivado un presunto delito penal”.

La noche del 30 de enero de 2017, el matador fue a la casa de Valeria portando el arma de reglamento. Esperó escondido detrás de un árbol a que su novio se marchara. Media hora después, cerca de las 23 horas, cuando ella hablaba por teléfono con una amiga y preparaba la cena, golpeó a la puerta. Le dijo que quería jugar con los niños y ella se negó: no era el día ni la hora acordada para visitas. Algún vecino declaró que escuchó que él le insistía para volver a estar juntos y ella le pedía tiempo.

Los vecinos escucharon una explosión, gritos de niños, y pensaron que habría sido un calefón, pero salieron de sus casas y vieron a Valeria Sosa tumbada, herida, con los ojos abiertos. En las crónicas de la época contaron que se turnaron para llamar al 911 y a las ambulancias —que se negaban a concurrir porque no figuraba como socia.

Demoraron 20 minutos en aparecer.
Hasta que finalmente murió.
Tenía 29 años.

Después de matarla, el asesino subió a los niños a un taxi y en el trayecto les dijo que se había enfurecido porque “mamá se había portado mal”. Los dejó en el domicilio de los abuelos paternos y se entregó en una comisaría. Esa noche una jueza les otorgó a estos abuelos la tenencia, una polémica decisión que motivó una investigación de la Suprema Corte de Justicia y, a pesar de que la familia de Valeria inició un juicio para revertirlo, se mantiene hasta hoy, aunque finalmente el vínculo con los niños mejoró.

En julio de 2021, Juan Lanza fue condenado a 16 años de prisión por homicidio. Para la familia de Valeria, “es poco” pero en ese momento el agravante por femicidio no existía, era una discusión parlamentaria que estaba por naufragar hasta que la difusión mediática de este caso llegó al Parlamento y contribuyó a que se promulgara la ley, por eso entre las organizaciones feministas lo reconocen como un caso paradigmático.

El ministro del Interior de aquel momento, Eduardo Bonomi, reconoció públicamente que la tragedia podía haberse evitado si la Policía hubiera actuado como debía. Pero nunca, en todo este tiempo, un jerarca de la cartera se acercó a la familia para pedirle disculpas. En cambio, en la corte, sus representantes jurídicos, en nombre del gobierno pasado y del actual también, se opusieron —se oponen— férreamente a aceptar la responsabilidad en el homicidio.

Beatriz pensó mucho si debía iniciar o no la demanda por daños y perjuicios. Sus dos hijos varones —que lidiaron con la peor parte en la escena del crimen— se oponían y ella misma temía los comentarios que podían surgir en la opinión pública, pero apoyada por su hija Alexandra avanzó contra el Estado. Según su abogado, cuando firmó los documentos no preguntó ni reparó en los montos que se solicitaban: un total de 1.050.000 dólares por daño moral para los familiares (hijos, madre y hermanos) y 7.200.000 pesos de lucro cesante para los hijos.

Foto: Fernando Ponzetto.

Fue a cada una de las audiencias de los tres procesos, pero entre las cuatro paredes del juzgado de lo Contencioso Administrativo donde se discutió la indemnización por daño moral y lucro cesante, Beatriz Olivera sintió que caía en un precipicio. “Cuando habló la abogada del ministerio tuve que salir de la sala porque sentía que me venía una crisis de nervios. No podía creer cómo el relato para los medios era uno y ante la Justicia se estaba diciendo lo contrario”, relata.

En la sentencia de primera instancia a la que accedió El País, la discusión gira en torno al nexo causal entre la omisión del Ministerio del Interior y el desenlace fatal, lo que se traduce en un porcentaje de culpa y esto, a su vez, se cotiza en dinero para calcular la indemnización que recibirá la familia de Valeria Sosa.

¿Cuánto vale una vida en un tribunal? El daño moral es subjetivo, personal, eso se sabe, ¿pero qué parámetros se utilizan para ponerle un número a la muerte? “Nos basamos en sentencias anteriores, porque ningún caso es igual al otro y lamentablemente la muerte es tasada según las circunstancias en que ocurrió. En el caso de Valeria Sosa, no había un antecedente —de otro policía denunciado que con su arma de reglamento matara a su expareja frente a sus hijos— pero se calculó considerando que fue una atrocidad que causó conmoción en la sociedad y que probablemente sea el caso más grave de la jurisprudencia”, dice Durán.

La defensa del ministerio afirmó que la denuncia que figura en el registro no se comunicó a la Unidad Especializada en Violencia Doméstica ni a la Justicia. “No se le dio a la denuncia el trámite que correspondía conforme a la normativa vigente”, ni se cumplió con el protocolo de actuación en violencia doméstica en el ámbito del ministerio, lo cual impidió que Lanza sea desarmado y se le realice una pericia psiquiátrica; ni que un juez establezca medidas de protección para Valeria —como la tobillera—, ni que le sea asignado un defensor, ni que la Policía hiciera un seguimiento del cumplimiento de las medidas.

Eso lo reconoce. Sin embargo, en su defensa el ministerio alega “inexistencia de nexo causal” entre la falla del Estado y la muerte de Valeria Sosa puesto que considera que, de haber seguido el protocolo, no se puede confirmar que la muerte podría haberse evitado. “El modo en que se perpetra el homicidio nos evidencia que ese día al matador nada lo hubiera detenido, con el arma de reglamento o sin ella, este habría encontrado el modo de cumplir su finalidad”.

Otro argumento para revertir el efecto de la omisión, es que la denuncia data de noviembre de 2015 y fue la única (no como afirma la familia de la víctima y los testigos) y la muerte ocurrió en enero de 2017. “Este ministerio no podía prever que separada la pareja los problemas de convivencia seguían suscitándose, ya que no existieron reiteración de denuncias”, dijo la abogada de la cartera, Sylvia Carbajal Jarque. Pero, continúa, si se le hubiera quitado el arma al funcionario “de haber la Junta Médica determinado que no había motivo para retenerle el arma, por no presentar patología psiquiátrica (como a la postre corroboró las pericias en el ámbito penal), se la habrían devuelto para la fecha del homicidio”. Por eso, la defensa del ministerio propone que en todo caso en la repartija de culpas, se debería imputar al victimario con 80% de responsabilidad y al ministerio con 20%.

La omisión habría sido “un error involuntario de los funcionarios”, plantea, mientras que Lanza utilizó el arma estando de licencia, “sin estar cumpliendo su función”, constituyendo así un hecho “personalísimo”. También argumenta que era “imprevisible” para el ministerio la actuación del funcionario que contaba con un “concepto funcional bueno”, “siendo querido por sus compañeros por ser responsable y solidario”.

El juez Pablo Javier Gandini descartó todos los argumentos, considerando “plenamente probada la falta de servicio del Estado en el caso Valeria Sosa”. Dice en la sentencia: “No hay dudas que si el Estado hubiera actuado con debida diligencia para investigar y erradicar la violencia denunciada, hoy Valeria Sosa estaría viva”. Al mismo tiempo cuestiona: “¿Cuántas denuncias son necesarias para ayudar a una mujer cuya vida está en riesgo? Es increíble que el Estado le exija múltiples denuncias a una mujer que se encuentra sufriendo violencia de género para valorarlo como de alto riesgo, solo falta que le pida también pruebas a la hora de denunciar”.

Foto: Estefanía Leal.

Respecto a la distancia temporal entre la fecha de la denuncia y la del homicidio, contesta el juez: “Es un desconocimiento total sobre el problema que presenta nuestra sociedad sobre la violencia de género, especialmente la doméstica, que es vivida en forma prolongada en el tiempo y no se agota en hechos puntuales”. Sobre el buen concepto del funcionario, expresa: “Dicha frase nos muestra el perfecto manual de todo lo que no hay que hacer en un caso de estos”.

Sin un solo argumento tomado, el juez falla que el Estado “merece la máxima condena para reparar el daño moral de los actores pretendiendo hacer jurisprudencia que visibilice el tema, dándole la importancia que se merece ya que el Estado sigue negando su responsabilidad al negar el nexo causal en la muerte de Valeria Sosa”.

En noviembre de 2021 el ministro Luis Alberto Heber declaró en conferencia de prensa que se apelaría la sentencia por el caso Valeria Sosa. “Es algo que sucedió en la anterior gestión y nosotros ahora tenemos que hacer frente a esto, de modo tal de defender la posición del ministerio aunque no fuéramos nosotros los responsables de la administración anterior”, dijo.

Según supo El País, fue el área jurídica, específicamente, la que habría insistido con la apelación. Para este informe la cúpula del ministerio se negó a hacer comentarios. Como sea, en setiembre pasado un tribunal compuesto por las ministras Cecilia Schroeder, Analía García Obregón y Loreley B. Pera favoreció a la cartera reduciendo su responsabilidad y rebajando el monto del lucro cesante, bajando la indemnización aproximadamente a un 20% de la cifra inicial.

En la sentencia, a la que también accedió El País, el tribunal expresa que “no es posible soslayar la acción del homicida, pero tampoco se puede obviar que esta se vio facilitada por el actuar negligente de los agentes policiales”. A su modo de ver, el obrar del ministerio “no fue el único causante del daño”, por lo cual considera que el Estado tiene 70% de responsabilidad y el victimario 30%.

Por otra parte, coincide con la defensa del ministerio en calificar a los montos fijados por el juez Gandini como “excesivos, manifiestamente desproporcionados para el baremo jurisprudencial”. “No se comparte el fundamento de que responde a una necesidad de visibilizar la violencia de género puesto que no puede perderse de vista que la función del sistema legal de la responsabilidad civil es reparatoria y no sancionatoria”, sostiene.

Se fijó una indemnización por daño patrimonial en la suma de 65.000 dólares por cada hijo, 35.000 para la madre, 25.000 para la hermana y 18.000 para cada hermano, debiendo abonar el ministerio el 70% de la suma. También modificó la fórmula para realizar el cálculo del lucro cesante, a la que además le sustrae el 20% por gastos personales de la víctima y la suma percibida por los menores en concepto de pensión de sobrevivencia por orfandad de hijos solteros, que recibirán hasta los 21 años.

Durán, el abogado de la familia, le recrimina al tribunal no revelar cuál es el parámetro que usa para determinar que la responsabilidad del ministerio no es de un 100 % sino del 70%. “Es de una arbitrariedad tremenda. Todo se traduce en que para nuestros tribunales la vida vale nada”, dice Durán.

Beatriz, la madre de Valeria, repite que a ella la plata no le importa. Lo que quiere es que el ministerio “asuma verdaderamente su responsabilidad” y no que ahora la desmienta, “porque es una tomadura de pelo”. Dice: “¿La Policía no está para cuidar a la sociedad? ¿Por qué le hicieron eso a mi hija? Esto no me la va a devolver pero es justicia. Yo vivo hace seis años en un infierno. Cada 30 de enero el corazón se me parte otro poco. Y pasan los días y yo lo que siento es que cada vez a Valeria la necesito más”.