Entrevista al chileno Jaime Burrows

Chile logró reducir la judicialización al mínimo con un modelo que podría imitarse en la región.

Pediatra, académico y político chileno, Jaime Burrows ocupa cargos en el Ministerio de Salud de Chile desde 1998. Entre 2014 y 2018 se desempeñó como subsecretario del ministerio, nombrado por Michelle Bachelet.

En ese cargo Burrows dirigió diferentes reformas, entre ellas la creación del Sistema de Protección Financiera de Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo (la ley Ricarte Soto). Durante un congreso realizado a principios de septiembre en Montevideo, Burrows concedió una entrevista a El País para explicar por qué el chileno se alza como un posible modelo a imitar por otros países.

—Muchos ven con admiración el sistema chileno para resolver el problema de los medicamentos caros. ¿Qué características lo hacen destacable?

—En Chile, el Poder Judicial tiene bastante consciencia en general de que el rol de la distribución de los recursos corresponde al Ejecutivo. Y que esa distribución la hace basándose en las leyes y los reglamentos que han sido aprobados. Sobre todo, después de la reforma de 2004 en la que se estableció un régimen de garantías por salud, un sistema en el cual se especifica cuáles son los tratamientos que las personas deben recibir, y en cuánto tiempo. El sistema de salud da muchas más prestaciones que las que están establecidas en el régimen de garantías, pero el resto de las prestaciones no tienen una garantía de oportunidad, es decir, un plazo establecido. Y ahí se generan ciertamente demoras, listas de espera, porque el sistema ha hecho una priorización de aquellos problemas de salud que están garantizados.

—¿Qué problemas están garantizados?

—En general son los que dan cuenta de la mayor carga de enfermedad, los que tienen el mayor impacto sanitario en la población. Son aproximadamente el 60% de la carga de enfermedad. Algunos tratamientos estaban excluidos por su altísimo costo, entonces lo que establecimos los últimos años fue un fondo para tratamientos de alto costo. El sistema siempre los iba postergando en eso de incluirlos en el régimen de garantías. Pero había consciencia de que a veces salvan vidas, que realmente eran muy importantes y que tenían una gran valoración social. Por lo tanto se recogió y se creó un sistema paralelo pero con un mecanismo distinto de decisión.

—¿Es parecido al Fondo Nacional de Recursos de Uruguay?

—Es parecido, nosotros tomamos algunos elementos del FNR uruguayo y le adicionamos cosas propias que nos interesaban. La subsecretaría de Salud Pública hace informes de evaluación de cada uno de los tratamientos, y estos pasan a una comisión de priorización donde no solamente hay personas con capacidad técnica, sino también representantes de los pacientes. Participan y se les da voz para fijar la priorización.

—¿Pero quién termina decidiendo?

—La última palabra la tiene el ministro de Salud, que es quien sanciona la priorización.

—¿Eso no genera un problema, dado que es el mismo que debe velar por los recursos?

—Lo que pasa es que una de las cosas que marcan la diferencia es que como hemos establecido este procedimiento, se lo hemos hecho más fácil al Poder Judicial. Cuando recibe un reclamo de alguien que no está accediendo a un tratamiento y piensa que debería, invocando el derecho a la salud, a la vida, los tribunales habitualmente le preguntan al Ministerio de Salud qué pasa con ese tratamiento. En más del 95% de los casos el ministerio explica “no, este fue estudiado pero no fue incluido porque excede la capacidad del Ministerio de Salud o porque no hay suficiente evidencia científica, o porque actualmente existen medicamentos más baratos que son los que se están usando y son muy próximamente efectivos en relación a este tratamiento, etc.”. Entonces los tribunales dicen que la opinión del ministerio, que es el que finalmente distribuye los recursos, no es arbitraria y por lo tanto fallan en contra del demandante.

—Aun así, persiste cierto grado de judicialización.

—En los últimos cinco años hemos tenido alrededor de 170 personas que han demandado un tratamiento, y de esos menos del 5% ha resultado a favor del demandante.

—¿Y esos casos a qué responden?

—En general son tratamientos que se están dando a nivel privado, que demuestran una gran diferencia respecto a otros tratamientos. Pero generalmente lo que buscan los jueces es si en el caso particular hubo alguna arbitrariedad que hiciera que no recibiera el tratamiento, no que el sistema haya decidido que ese tratamiento no se debía dar. En general, es respetuoso de las políticas de salud. Pero hay algunos tratamientos que se dan, no en todos los casos sino en los más graves. Entonces hay personas que dicen ‘a mí no me evaluaron lo suficiente como para saber en qué estadio estoy’. El juez dice ‘llamen a otro perito’, el médico dice que sí, etc.

—¿Cómo se resuelve la incorporación de medicamentos nuevos?

—Se hace a través de la ley de alto costo. Durante un tiempo se hace un corte, se recibe todo tipo de propuestas, se está abierto a que universidad, científicos, laboratorios o agrupaciones de pacientes presentan la solicitud de que un tratamiento de alto costo debe ser incorporado. Hay criterios ‘knock out’ que los excluyen automáticamente. Por ejemplo, si el medicamento es experimental. Si el tratamiento, en la eventualidad de que fuera incorporado, implicaría un costo mayor que los recursos que tiene el fondo. Esos son los dos criterios más importantes. El fondo tiene como regla de sustentabilidad que los gastos proyectados no pueden superar el 80% de los disponibles en el fondo. Mientras no se gastan los recursos, se colocan en instrumentos financieros.

—¿Los pacientes no se quejan?

—Por supuesto, presionan para que el fondo tenga más disponibilidad de recursos, pero no en el Ministerio de Salud porque lo encuentren arbitrario, que es lo que se puede dar en otros países. Porque todos entienden el mecanismo, que es un mecanismo totalmente transparente. Los que fueron descartados, por qué fueron descartados, las gestiones que se hicieron para verificar los precios en los laboratorios: todo está absolutamente disponible en la web, incluso las reuniones, los documentos, las comisiones. Ese es un logro que lo sienten también los pacientes porque se sienten involucrados en la toma de decisiones y porque les sirve para entender lo difícil que es decidir qué se prioriza y qué no. Su reclamo es que Hacienda inyecte más recursos en el fondo.