Los más de 11 millones de documentos que una fuente filtró del estudio Mossack-Fonseca desnudaron las fortunas escondidas de famosos y pusieron en jaque a varias personalidades con poder.

Mauricio Macri hacía un año que era jefe de gobierno de Buenos Aires cuando su offshore dejó de funcionar. El actual presidente argentino figuraba como director y vicepresidente de Fleg Trading Ltd, una sociedad extraterritorial instalada 10 años antes en las islas Bahamas.

Franco Macri, padre de Mauricio, figuraba como presidente. Y según las declaraciones del mandatario argentino, posteriores a la investigación periodística, había sido quien constituyó a la sociedad. Su hermano Mariano era el secretario. Días después se le adjudicó a Macri una segunda offshore, Kagemusha SA, registrada en Panamá y aún activa.

De inmediato, el presidente argentino y sus asesores justificaron la legitimidad de las sociedades y mostraron su disposición a colaborar con la Justicia. Igual, la filtración cambió el estado de ánimo triunfalista que venía dominando su gobierno.

El fiscal argentino Federico Delgado tomó el caso en la justicia penal. Y por más que los abogados de Macri ya presentaron datos a la justicia civil, eso no frena la investigación penal. Delgado intenta averiguar si hubo una “omisión maliciosa” en la declaración jurada del presidente, o bien una premeditación para ocultar la información. La otra opción es que sea una simple distracción.

A diferencia de su antecesora Cristina Fernández, Macri optó por dar demasiadas explicaciones. Contó que pretende colocar su fortuna en un fideicomiso ciego para que una empresa privada administre el dinero mientras ocupa el cargo público. En su última declaración jurada Macri dijo que cuenta con más de 3,5 millones de dólares en bienes.

No fue el único político argentino “salpicado” por los “Papeles Panamá”. Otro de los nombres fue Daniel Muñoz, secretario y hombre de confianza de Néstor Kirchner.

Entre los 570 argentinos que tienen sociedades en el extranjero creadas por Mossack-Fonseca, figura Lionel Messi. En su caso podría haber un delito de evasión fiscal, porque España, donde reside el futbolista, entiende que el delito fiscal es precedente del lavado de activos. Los Messi informaron que es “una compañía totalmente inactiva, que jamás tuvo fondos ni cuentas abiertas”.

El gobernante Partido de los Trabajadores fue el que salió más airoso tras las revelaciones de los “Panamá Papers”. Al menos siete partidos brasileños tienen a algunos de sus políticos bajo sospecha de lavado de activos. La investigación periodística concluyó que muchas de las offshore pertenecían a las empresas constructoras que entregaron sobornos a cambio de contratos millonarios con Petrobras.

Miles de islandeses y los partidos de la oposición piden la convocatoria a elecciones de inmediato. Los “Panamá Papers” dieron a conocer que el primer ministro Sigmundur David Gunnlaugsson y su esposa guardaban parte de su fortuna en una offshore en las Islas Vírgenes. El mandatario dio un paso al costado, aunque no presentó renuncia formal. S. I. Johansson ocupa su lugar.

En Chile hubo una renuncia inmediata. Gonzalo Delaveau Swett, presidente de Chile Transparente, dejó el cargo porque mantenía un vínculo con Mossack Fonseca desde 2006. Gestionaba a través del estudio panameño una serie de sociedades en Bahamas. El dinero correspondía a un millonario negocio minero, y él era el líder del organismo que bregaba por la transparencia en el país trasandino.

En Ucrania la oposición pidió el inicio de un juicio político contra el presidente Petro Poroshenko, quien negó haber delinquido al abrir una sociedad en un paraíso fiscal. En el vecino Rusia, allegados al mandatario Vladimir Putin también fueron salpicados. Su amigo el chelista Sergei Roldugin figura con cuatro compañías offshore donde circulan millones de rublos de los políticos rusos.

La empresa farmacéutica estadounidense Pfizer estaba a punto de comprar a su competidora Allergan. El acuerdo por US$ 160 mil millones cayó luego de saberse que el gobierno de Barack Obama exigirá un endurecimiento de las regulaciones por las polémicas desatadas en los “Panamá Papers”. Allergan tiene sede en Irlanda, lo cual permitía a Pfizer ahorrarse hasta US$ 1.200 millones en impuestos.

GOLPE AL PODER