Un joven, megáfono en mano, camina en círculos por la calle y desafía a los diez policías que —vestidos de negro, con casco, pasamontañas y escudo en mano— se acercan, sigilosos, hasta la esquina de Juncal y Cerrito, en la Ciudad Vieja de Montevideo.

—¡Los pescadores solo queremos pescar! ¡¿Qué es lo complicado?!

Puertas adentro del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), una delegación de trabajadores de la pesca, empresarios y representantes del gobierno están —se supone— a punto de iniciar una reunión para intentar destrabar un conflicto que tiene hace más de seis meses a decenas de barcos frenados en el puerto de la capital, no muy lejos de allí. Afuera, los sindicatos se hacen escuchar. Suenan cánticos, bombos y redoblantes, pirotecnia, y hasta una cuerda de tambores con dos hombres y un niño.

Pero la tensión —ya se nota— está a punto de escalar.

El hombre del megáfono lo sabe.

—¡Queremos trabajar, no enfrentarnos con la Policía!

Los diez efectivos escuchan y esperan, quietos, durante varios minutos, hasta que reciben la orden de avanzar. De moverse para impedir el corte de la calle. Los trabajadores se interponen. Entonces empiezan los empujones, los insultos y, en un instante, la acera frente al ministerio se transforma en un gran campo de batalla: vuelan balas de goma, pedradas, baldosas y un termo. Los policías y los manifestantes se pegan, discuten. En el tumulto, uno de los trabajadores aprieta los dedos y se acerca la mano a la boca.

—¡Hambre! ¡Tenemos hambre!

En cuestión de minutos, los efectivos logran dominar la entrada al ministerio y asegurar la circulación.

La reunión se suspende antes de comenzar.

Martín Tocar

Uruguay tiene el doble de superficie marítima que territorial: por cada metro cuadrado de tierra hay algo más de dos metros cuadrados de aguas. Pero el país que nació siendo puerto, dicen algunos, vive de espaldas al mar.

Así explican, al menos, cómo se llegó a la situación de estos días, con casi la totalidad de la flota pesquera industrial paralizada hace más de seis meses. Es una situación inédita. Los vaivenes del mar siempre hicieron de la pesca una industria fluctuante, con mejores y peores rachas. Pero nunca habían llegado a este punto, con unas 2.000 personas sin trabajar y a la espera de que se destrabe un conflicto en el que empresarios y trabajadores se echan las responsabilidades los unos a los otros, con el gobierno en el medio.

Los trabajadores dicen que son rehenes de un “lock out patronal”. Que las empresas denunciaron los convenios en diciembre y no salieron más a la mar hasta que el gobierno les asegurara alivios financieros, dejándolos a ellos presos de sus "caprichos".

Los empresarios dicen que los números no cierran. Que no pueden salir a pérdida. Que les es más rentable —si así se le puede llamar a perder pero menos— dejar los barcos frenados. Que los meses de mayor zafra, un período que comienza ahora con la llegada de aguas más frías, son los únicos en los que pueden obtener un balance positivo, y que sin cambios no podrían seguir operando en meses de menor trabajo.

En el gobierno dicen que han acercado propuestas, y que están más próximos a una solución, pero que todavía no se puede dar nada por sentado.

En el tironeo, el pescado sin capturar es una pérdida económica, sin retorno, para el país y, en algunos casos concretos, incluso un pequeño regalo para pesqueros argentinos que pueden aprovechar las cuotas no explotadas por Uruguay (ver apunte).

Antes de seguir, es conveniente detenerse en quién es quién en la industria pesquera.

Del lado de los empresarios, hay dos grandes grupos, representados por la Cámara de la Industria Pesquera (CIPU) y la Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay (CAPU). Por un lado están las plantas industriales, que procesan el pescado capturado; por otro lado, las “armadoras”, que son las propietarias y operadoras de los barcos. En algunos casos, se da que las empresas tienen las dos patas de la industria: es decir, son propietarias de plantas procesadoras y también de los barcos.

Las empresas se dividen en dos tipos de pesca. Por un lado está la “pesca de altura”: son barcos grandes, con los congeladores a bordo y pescan, en ultramar, productos como merluza y calamar. En los últimos años, a esa producción se le “alinearon los astros”, con alta demanda y precios internacionales. Por otro lado está la "pesca costera", que representa casi 80% de la flota. Esos barcos pescan sobre todo corvina y vuelven a tierra con el pescado fresco. Son, según los consultados, los que más alimentan la actividad de las plantas y los trabajos indirectos, y los que presentan mayores problemas económicos.

Del lado de los trabajadores, los grupos son tres: marineros, maquinistas y patrones. Los marineros son los encargados de amarrar y desamarrar las embarcaciones, levantar y separar el pescado que captura cada embarcación, y quienes luego lo llevan a las cámaras de congelado. Los maquinistas se encargan del mantenimiento de los barcos. Los patrones, en el rubro de la pesca, son empleados: quienes manejan los barcos. Cada uno de esos grupos tiene su propio sindicato, y están nucleados en la Intergremial Marítima.

El potencial de la pesca, coinciden unos y otros, está “subexplotado”. Lejos de florecer, el sector viene en declive. De los 130 barcos que había dedicados a la industria hasta no hace mucho, hoy quedan 54, de los cuales 33 son de pesca costera. Antes las plantas llegaban casi a 20. Hoy son cinco grandes y algunas otras pequeñas. La mayor parte de la producción se exporta: en 2023 se vendieron al exterior unos 130 millones de dólares; una década atrás se superaron los 200 millones.

“Es un problema que se viene arrastrando hace muchos años, pero ahora explotó”, resume Álvaro Irazoqui, director nacional de Recursos Acuáticos. Lo sabe bien porque fue justo en diciembre de 2023, cuando él asumió el cargo en la Dinara, que las empresas comunicaron su decisión de frenar las salidas al mar, y denunciaron el convenio.

Las cámaras enviaron notas a la Administración Nacional de Puertos (ANP), el MTSS, la Dinara, el Banco de Seguros (BSE) y Prefectura, señalando la “inminente inviabilidad del sector pesquero”. “Si es más caro trabajar que estar parados, seguiremos parados hasta que quienes tienen que decidir sobre el futuro del sector lo hagan, permitiendo que salga adelante”, escribieron en uno de sus comunicados.

Darwin Borrelli/Archivo El Pais

Carlos Olivera, representante de CIPU y vocero de las cámaras, enumera algunos de los factores que los empresarios identifican como obstáculos para la producción: un “excesivo peso del Estado”, normativas “vetustas” y “prohibitivas”, aportes jubilatorios que implican “sobrecostos” (como la jubilación bonificada, un extra que deben pagar las empresas bajo el entendido de que la pesca es una actividad de riesgo), multas “excesivas”, y “abusos” en las indemnizaciones por accidentes.

“El Estado ha sido hostil al sector. Por ejemplo, la jubilación bonificada lo tiene el 100% de la masa salarial de trabajadores embarcados, mientras que en otros sectores, por ejemplo la salud, es solo para el radiólogo”, dice el empresario.

“Con los seguros de accidentes, es la segunda tasa más alta que tiene el Banco de Seguros y eso se debe a que se incentiva la falsa denuncia. Se calcula por los mejores seis meses anteriores, y como el sector pesquero es zafral, pasa que los trabajadores se lastiman casualmente después de la zafra. Muchas veces es más alto ese subsidio que lo que ganan trabajando en baja temporada”, afirma. Olivera dice que han elaborado estudios que comprueban esas situaciones, pero que por el momento han decidido no compartirlos.

En la vereda de enfrente, los trabajadores dicen ser rehenes del “capricho” de empresarios que solo quieren “más beneficios”. “No se hacen cargo de las malas gerencias y pretenden que carguemos el costo el resto de la sociedad. Es difícil una negociación cuando hay una parte que dice, a modo de niño caprichoso: si no me das todo lo que quiero no puedo salir”, dice Alexis Pintos, presidente del Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma).

Para cada argumento empresarial, hay un contraargumento de los sindicatos de la pesca. Afirman que lo de las falsas denuncias de accidentes es mentira, y que lo que ocurre es que trabajan en condiciones “deplorables”, algunas “dignas del siglo XIX” —con flotas que no se renuevan hace décadas—, y que muchas veces recién denuncian cuando terminan los meses de mayor trabajo, para no perder esa remuneración.

Dicen también que la pesca sí es rentable, y que así lo demuestran dos empresas que firmaron convenios bipartitos, han salido a pescar, y en estos días volvieron con las cargas “completas”.

Olivera retruca que “completar el barco no quiere decir ganar dinero”. “Puede que lo que me cuesta sacar el barco sea mayor a lo que obtengo por ese pescado”.

—¿Tener los barcos frenados no es pérdida también?

—Perdés menos. Cuando estás parado tenés los gastos fijos y al personal en seguro de paro. Ponele que tenemos muy reducida la cantidad de administrativos, algunos trabajadores de mantenimiento. Pero pasás de 200 a 10, y apagás todos los compresores, las cámaras de frío. Te hacés bicho bolita...

¿Qué se necesita para volver al mar? Depende a quién se le pregunte.

Los trabajadores aducen que la llave la tienen los empresarios y el gobierno. Y los critican a los dos. A los primeros los acusan de tomarlos de “rehenes”; a los segundos, de “empujar siempre para el lado empresarial”.

Desde el gobierno dicen que ha habido dos caminos paralelos: por un lado, la Dinara articuló la búsqueda de soluciones a los reclamos de fondo del empresariado, y por otro, el Ministerio de Trabajo se ha enfocado en la negociación de un nuevo convenio y la habilitación de seguros de paro especiales.

Sobre lo primero, Irazoqui dice que el viernes pasado, luego de una primera oferta que no había sido aceptada por las cámaras, los empresarios dieron el visto bueno a una nueva propuesta de las autoridades, que contiene algunas medidas para paliar la situación financiera, “capear el temporal” durante este año, y fijar una comisión para estudiar medidas estructurales a mediano plazo.

“Acordamos eso con los empresarios y se optó por citar urgente al Consejo de Salarios. A eso iba la reunión del miércoles. Pero se tuvo que suspender”, dice Irazoqui.

Foto: Francisco Flores/El País

Según el jerarca de Dinara, la pelota ahora está en cancha del Ministerio de Trabajo y la negociación que surja allí.

Pero ahí empiezan las diferencias. Así lo resume Guillermo Cal, uno de los negociadores del Ministerio de Trabajo: “Los trabajadores dicen que las empresas no sacan los barcos y que es un lockout patronal. Los empresarios dicen que no salen porque los barcos no se liberan”.

Ante el reclamo de los sindicatos, el MTSS habilitó seguros de paro especiales para aquellos trabajadores que, por una razón u otra, no estuvieran amparados por la cobertura convencional. Sin embargo, en algunos casos pasó que el BPS no pudo dar de alta los beneficios porque las empresas los mantenían en planilla. El argumento de los empresarios era que los trabajadores habían convocado a su asamblea anual en abril y todavía estaban “en medida”.

“Enviamos nuevos convenios en enero y no atendieron las propuestas. Quieren que firmemos cosas que no podemos firmar”, dice Olivera en nombre de las cámaras. "Ellos nos denuncian a nosotros como que estamos en conflicto y son ellos los que denunciaron el convenio y no sacaron los barcos", contesta, del otro lado, Rodrigo Peña, de los maquinistas. "Dejaron a toda la gente sin trabajo, algunos sin seguro de paro, otros con un seguro muy pobre. La gente está con hambre, no tiene el sueldo de todos los meses, y llegás a negociar el convenio en desventaja".

Los empresarios dicen estar dispuestos a firmar un nuevo convenio por dos o tres años, pero siempre y cuando sea “sostenible”. “La intención es salir, pero necesitamos un convenio que sea sostenible. Si no, ¿qué hacemos en setiembre? ¿Paramos de nuevo? No podemos tener una ecuación que sea viable solo durante tres meses. Si los trabajadores quieren trabajar todo el año, la pesca hay que transformarla. No aguanta más parches”, afirma el empresario Olivera.

Irazoqui intercede diciendo que "la crisis de la pesca es real" y que "nadie frena seis meses por capricho". Al mismo tiempo, señala que la reestructura del sector no puede ser en base a renuncias de los trabajadores, que además en su gran mayoría trabajan "a la parte", es decir, en función de lo que se procesa.

Pintos, por los sindicatos, dice que “el paquete no se arregla dándole solo al empresario”. “Hay que darle algo también al trabajador, que viene con pérdidas salariales importantes”.

Mientras tanto, lo mejor de la zafra para la industria está por empezar, si aún no lo ha hecho. Se estira, como mucho hasta setiembre. Las autoridades confían en poder tener soluciones en las próximas semanas. El pescado espera en el agua y los barcos siguen amarrados.