Fueron unos segundos. Marisa Hernández no lo pensó demasiado, respiró profundo, tomó fuerza y se tiró por la puerta abierta del autobús, en las afueras de Caracas. Era eso o una muy posible muerte, pensó después de escuchar un disparo arriba del coche en el que viajaba, que había sido secuestrado por un grupo de delincuentes. Acababan de asesinar a una persona. La modalidad, bastante conocida en Venezuela, consistía en tomar la unidad, llevarla hasta un sitio alejado, robar a todos los pasajeros y dejarlos sin nada en el medio de la nada.

Aquella escena del far west venezolano, un rato después de las ocho de una mañana a inicios de 2017, marcó la vida de Marisa. Ella cayó en la vereda, dio vueltas en el piso y, ensangrentada, intentó pararse. Un dolor intenso le hizo ver que no podía ponerse en pie. Justo pasó un hombre, el señor Larry, “un ángel o mi papá que bajó a la tierra”, y la ayudó. La levantó, la puso arriba de su moto y ahí empezó una interminable gira de hospital en hospital pero en ninguno la recibían porque no podían hacerle una placa ni darle calmantes (“no estaban los recursos, no había cómo hacerlo”) hasta que al final la atendieron en un CTI.

Entonces se enteró que se había fracturado la tibia y el peroné pero no la podían operar, no había insumos. La única chance era pagar la operación en un seguro privado pero ella no tenía los 15.000 dólares que costaba.

Marisa cuenta la historia mientras está sentada en un banco en una oficina pública montevideana, donde hace meses espera por un trámite que nunca termina. Levanta la media, señala su pie y muestra una cicatriz:

—Estuve cuatro días fracturada en mi casa. Un día conseguí que me recibieran en un hospital: el doctor me podía operar pero me pidió que le llevara todo y cuando digo todo es todo: las gasas, los guantes, el instrumentista, el taladro, los tornillos...

A Marisa le llevó dos meses conseguir lo que le pedían.

Ya curada, dijo basta. Era hora de emigrar, como tantos compatriotas: el destino la trajo a Montevideo (“en Uruguay no pasa nada”, le habían dicho y eso le pareció bastante prometedor), donde terminó instalando una peluquería. Y se cruzó con el cubano José Antonio Pérez, quien escapó de la isla por razones no tan distintas. Él llegó a Uruguay en 2019 con quien entonces era su esposa, también cubana.

En 2021 Marisa conoció a José Antonio —que para entonces se había separado de su mujer— en la pizzería que él tenía en Punta Carretas. Ella fue como clienta y charla va, charla viene, sonrisa va, sonrisa viene, nació una relación que sigue hasta hoy.

El cubano y la venezolana se quieren casar desde hace más de un año pero no pueden.

A ver si se entiende: no pueden por un insólito problema de incomunicación entre dos gobiernos. Porque cuando se juntan la burocracia uruguaya y la cubana solo puede pasar algo como lo que hace meses viven la venezolana Marisa y el cubano José Antonio. O la cubana Osleydis Gutiérrez y el uruguayo Martín Cabrera (ver recuadro más abajo).

Foto: Leonardo Mainé.

Sus vidas están paradas. Y cada ida a las oficinas de la Dirección Nacional del Registro del Estado Civil en la calle Uruguay, que relataremos más adelante, se convierten en una experiencia kafkiana.

El problema es el siguiente. Desde hace más de un año los cubanos que viven en Uruguay tienen problemas para registrar acá los divorcios realizados en Cuba, porque los tribunales de la isla —debido a un notorio incremento de solicitudes de documentos para realizar diversos trámites migratorios, según consta en una resolución publicada por la Gaceta Oficial de Cuba en mayo de 2023— empezaron a emitir certificaciones de sentencias de divorcio “en extracto” para que los cubanos las presenten en el exterior en lugar de copias certificadas de las propias sentencias, que es lo que el gobierno de la isla emitía hasta entonces.

Pero el Registro Civil uruguayo, cumpliendo la legislación nacional, solo toma como válidas las sentencias originales (para estudiarlas) y no esas certificaciones que ahora traen desde Cuba. Entonces, los cubanos que quieren legalizar aquí sus divorcios, ya sea para volver a casarse, para comprar o vender una propiedad o lo que sea, no pueden avanzar. Es decir, no pueden divorciarse en Uruguay, con todo lo que ello implica.

Esta historia incluye innumerables correos electrónicos que el consulado cubano no le ha respondido al Registro Civil uruguayo, ciudadanos cubanos (o sus parejas) que acuden al menos una vez por mes a las oficinas estatales y se topan siempre con la misma respuesta negativa, funcionarios con aparente buena voluntad pero sin poder solucionar nada y una nueva directora que se propone corregir el problema cuanto antes. La posible salida incluiría una gestión de la Cancillería uruguaya.

En el medio, gente que espera. En el Registro Civil les consta al menos 10 expedientes congelados, dice a El País la asesora del organismo Lourdes Sánchez, pero aclara que puede haber más casos y que la lista seguirá aumentando si no aparece una salida a corto plazo.

La mayoría de los nombres y apellidos que aparecen en este artículo fueron cambiados para preservar la identidad de los involucrados, tanto los ciudadanos implicados como los funcionarios.

El trámite de divorcio lo inicia la ex de José Antonio, también cubana, en mayo de 2024. Lo sigue Marisa, su actual “prometida”, en setiembre. José Antonio se fue hace un tiempo a Estados Unidos por un contrato de trabajo pero planea volver para el casamiento a mediados de año.

En concreto, Marisa está en vueltas desde el 17 de setiembre, cuando presenta el primer certificado sobre el divorcio de José, que no sirve porque no es de un tribunal judicial cubano. Ese certificado indicaba que la pareja se había divorciado en la isla, a donde habían viajado desde Uruguay. Como el casamiento estaba legalizado en Uruguay, también debía estar legalizado el divorcio.

Uno de los abogados del Registro, pongamos que se apellida Carballo, le explica ese día:

—Hasta hace dos semanas recibíamos de todos sus compatriotas, los cubanos, las sentencias íntegras y legalizadas de los tribunales municipales populares, como les llaman... Que es lo que nos pide el artículo 539 del Código General del Proceso. A raíz no sé si de su caso o de otro, pero es reciente, recibimos vía mail como que no se iban a emitir más sentencias judiciales... Lo que usted me está diciendo.... Lo único que el tribunal que disolvió el matrimonio va a emitir es un certificado de divorcio.

—Por supuesto, y eso es lo que tenemos —responde Marisa.

—No, no, no. El certificado que está acá es del Registro, es el símil que hace el Registro de Cuba. Si no nos van a llegar más las sentencias, necesitamos un certificado de divorcio pero expedido por el tribunal judicial que disolvió el matrimonio. ¿Me entiende? En vez de la sentencia, el certificado judicial que dice que se disolvió el vínculo matrimonial, el nombre de las partes y que está firme o en cosa juzgada la sentencia. Y legalizada. Acá lo que me mostraron es un certificado del Registro, eso nosotros lo damos por inválido. No sé si fui claro. Cambiaron las reglas de juego.

—Antes de 2023 —le dice Marisa.

—Ta. Para tranquilidad suya, señora, le estamos mandando un mail al consulado de Cuba para que nos confirme esto.

Foto: Leonardo Mainé.

Pasan los meses. Marisa y José Antonio consiguen a través de familiares el certificado de sentencia de divorcio emitido por el mismísimo tribunal municipal popular y ella regresa el 11 de febrero de 2025. Habían pagado unos 200 euros por ese dichoso documento.

—Ustedes están trayendo un certificado de sentencia de divorcio, no es lo mismo que la sentencia —le dice una funcionaria, y es como volver a empezar.

—Pero el doctor nos dijo...

—Nosotros tenemos un decreto que dice que solo estudiamos sentencias. Y esta no es la sentencia: es un certificado de sentencia que tiene muchos datos.

—Mira el correo que nos mandaron —le dice Marisa—. Esto está legalizado en la embajada de Uruguay en Cuba.

—Lo emitió Cuba —agrega el abogado de la mujer—. Otra cosa es si para ustedes es suficiente el documento.

—Yo no tengo dudas de que es un documento válido. Lo único que tengo dudas es si este documento es lo único que Cuba está otorgando en este momento.

—Imaginate, es lo único.

—Yo lo que no quiero es coartar a los ciudadanos cubanos y decirles “esto no me sirve” cuando los ciudadanos solo pueden acceder a este documento.

Entonces el abogado de Marisa vuelve sobre lo mismo. La charla parece que entra en un infinito bucle:

—Ellos trajeron el documento que el doctor Carballo les dijo que necesitaba, donde consta que la sentencia número tanto quedó firme.

—Con el primer documento yo sé que la sentencia está firme. Que esté registrado, inscripto en el Registro Civil, significa que está firme.

—A ver, lo que pasa es que hay mucha disparidad de información —dice Marisa, ya irritada—. Siento que están jugando conmigo porque si ya tú me estás diciendo que con el primer certificado validas que la sentencia está firme... Llevamos un año en esto.

—Yo te pido disculpas.

Los martes y jueves son los días de atención jurídica a extranjeros en el Registro. El jueves 6 de marzo Marisa llega sobre el mediodía a la sede de la calle Uruguay y sube al segundo piso. Le habían pedido que volviera “en 10 días”, que iban a tener novedades porque se reuniría la sala de abogados.

Ya habían pasado más de 20 días.

En un largo pasillo donde dos ventiladores brindan algo de aire fresco en medio de la ola de calor, el abogado Carballo atiende a los extranjeros. Reinan las caras preocupadas, cargadas de tensión.

Marisa le recuerda que espera una respuesta.

—Le digo la verdad, no nos reunimos en sala de abogados porque hubo cambio de gobierno el sábado el 1º de marzo, lunes y martes carnaval, y en el día de ayer (por el miércoles 5 de marzo) asumió la nueva directora. No está más el doctor Eduardo Murias y ahora tenemos a la escribana Silvia Facal.

Ella le dice que no sabe que hay una nueva directora, que solo quiere que le resuelvan el problema.

Carballo se esmera en explicarle y parece tener todo el tiempo del mundo. Habla lento, vocaliza con nitidez, como acostumbrado a hablarle a gente desesperada.

—Hay un problema. No hemos recibido respuesta del consulado de Cuba en Montevideo, a pesar de haberles mandado no sé cuántos mails... Tres o cuatro mínimo. Queríamos que nos respondieran si podemos aceptar como válido el certificado de divorcio que les dieron a ustedes en Cuba. Pero no nos responden. Le recomiendo: trate de ir personalmente al consulado. Usted se quiere casar... Yo le puedo dar como prueba copias de los mails que mandamos.

—Yo se los llevo al consulado.

—Pero vaya, señora. Vaya, vaya. Y presione. Yo me pongo en su lugar, me pongo en su lugar, me pongo en su lugar... Pero entienda que nosotros más de lo que estamos haciendo, no podemos hacer. No es mala voluntad. No podemos infringir la norma.

Foto: Leonardo Mainé.

Entonces aparece otra abogada, la que había mandado los correos al consulado de Cuba.

—Doctora, esta es la señora que se quiere casar hace tiempo y viene por el certificado. ¿No le podés imprimir algunos de los mails que enviamos?

El abogado recuerda la historia, que la sabe al dedillo:

—Ella no se puede casar hasta que se confirme el divorcio.

La funcionaria le dice que es un tema que pondrá en conocimiento a la nueva directora “y ella va a decidir”.

—Usted es la cuarta o quinta vez que viene —dice Carballo, que a esta altura casi está del lado de Marisa—. Recién observé un certificado de divorcio, similar al suyo, porque no trae la sentencia. No es algo personal.

El abogado vuelve a la carga:

—Yo quiero solucionarle los problemas porque hace un tiempo que está viniendo.

—Claro, fíjese que la ex de mi pareja quiere comprar propiedad...

—¿Allá en Cuba?

—No, acá... Y no puede porque está casada con esta persona.

—Claro, está casada con su futuro prometido.

—Ella no puede avanzar porque el documento dice que está casada.

—O sea, lo joroba a su futuro marido. Venga conmigo, esperen por acá.

Se acerca otro funcionario y Carballo vuelve a explicar:

—La señora, la joven, hace mucho tiempo que se quiere casar y obviamente el expediente matrimonial iniciado fue observado porque necesita la sentencia de divorcio. Tenemos dos alternativas: o la directora saca una circular que dé por válidos los certificados de divorcio cubanos o hacemos una sala de abogados. La situación amerita una respuesta rápida.

—Bien, yo te entiendo. Creo que esto se lo tendrían que transmitir directamente ustedes a la nueva directora —responde el otro hombre.

—Yo puedo esperarla...

—No, a ver, la directora —en referencia a la escribana Facal— acaba de asumir. La otra vez yo le transmití al doctor Murias, el anterior director, que nos reunimos con el consulado cubano y habían quedado que nos iban a mandar un mail.

—O sea, estamos parados por mails.

—No, están parados porque el consulado cubano no da respuesta.

El abogado Carballo aclara:

—Es lo que estoy diciendo: no responden los mails. Es un tema del consulado cubano.

—Claro pero se reunieron con ellos y no llegaron a nada —dice la mujer.

—¿Cómo que no llegamos a nada? Quedaron en que nosotros íbamos a mandar un mail y ellos iban a dar respuesta. La doctora mandó los mails pero no tuvimos respuesta... No es un tema del gobierno uruguayo.

—Venga, tome asiento —dice Carballo y la deja sentada en un banco a la señora, en espera de copias de los mails que mandaron al consulado. Mientras se aleja, repite que él “más no puede hacer”.

—Yo de acá no me voy.

Foto: Leonardo Mainé.

Pasan casi cuatro horas, hasta que sale una funcionaria y le cuenta de una posible salida. Marisa debería firmar una declaración jurada, penada por ley si es falsa, donde asegura que el documento que presentó certifica que su pareja está divorciada y que el Estado cubano no emite la sentencia.

—Es una solución excepcional —le dicen.

Ella responde que sí y deja sus datos. A esa hora ya no hay funcionarios, redactarán la declaración y la llamarán para firmar otro día.

Martes 11 de marzo, Marisa vuelve al Registro y recibe malas noticias. Por ahora no hay definiciones y no firmarán el documento prometido. Le cuentan que van a tomar algún tipo de decisión final “para proceder con todos los casos” y no solo con el suyo. “No podemos seguir estirando algo mal hecho”, justifican.

Hay que seguir esperando.

José Antonio dice a El País desde Estados Unidos, donde reside ahora: “Estamos en un limbo jurídico, tenemos la vida paralizada por una burocracia bastante similar a la que viví en su momento en Cuba. Esto es un peloteo, como decimos en mi país”. Y especula: “No entiendo cómo en el Registro no se pueden comunicar con el consulado cubano... O con la embajada uruguaya en Cuba”.

Cuando El País llama a la embajada de Cuba, atiende el consejero comercial Ezequiel Ricardo Díaz Rueda, quien promete trasladar la consulta a las autoridades de la sede diplomática. Pero también se ríe y dice: “Sería un problema del gobierno uruguayo, no cubano; debería usted entrevistar a las autoridades uruguayas”.

El País no pudo tener la versión de Cuba, al cierre de esta edición.

En cambio Silvia Facal, la nueva directora del Registro Civil, responde rápido. El miércoles en la tarde, acompañada en su despacho por la abogada Sánchez, dice que están “muy preocupados” por el grupo de cubanos “casados y divorciados” porque no pueden “integrarse a la sociedad” debido a que su consulado “no responde”; “es medio cruel y nosotros queremos integrarlos, no excluirlos”. Tanto que coordinó para el jueves una reunión con la comisión de asuntos constitucionales y legales del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) para “buscar una vuelta de tuerca” y “poner cabeza”.

El viernes Facal relata las últimas novedades: los asesores del MEC reiteraron que la certificación “no sirve” y “no está amparada por la ley”. Pero se llegó al acuerdo de pedirle una reunión al nuevo canciller Mario Lubetkin, para que haga gestiones directas con la embajada cubana en Uruguay. La idea es que Cancillería logre lo que el Registro Civil no pudo hasta ahora: que Cuba confirme que no está emitiendo sentencias de divorcios a los cubanos en el exterior.

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PROBLEMAS

Grandes demoras para transcribir las partidas

Un problema de larga data en la Dirección Nacional del Registro del Estado Civil es la demora en la transcripción de las partidas de nacimiento de extranjeros a formato uruguayo, que se usa para registrar a los ciudadanos en Uruguay. El proceso lleva hasta unos 14 meses, según pudo saber El País.

El dato lo confirma la nueva directora, Silvia Facal. “Es una demora muy grande por la falta de funcionarios”, admite, “solo hay dos personas en esa oficina y lo que le estamos pidiendo al Ministerio de Educación y Cultura es que por favor nos asigne funcionarios o pasantes, haciendo convenios con diversas instituciones, con facultades de la Universidad de la República para ver si se puede avanzar y adelantar lo más posible”.

Foto: Leonardo Mainé.

La idea es agilizar el trámite, agrega la directora, “vamos a hacer todo lo posible para que esto vuelva a ser un gran Registro Civil, tenemos que jerarquizarlo”.

Pero, claro, no es una tarea simple. “Hay gente que por ejemplo trae los documentos sin apostillar, sin traducir en el caso de brasileños u otras nacionalidades, con documentación antigua”, dice Facal.

La asesora Lourdes Sánchez, abogada del Registro Civil, explica que el objetivo final es “salvaguardar la identidad de las personas” y “no nos podemos equivocar”. Entonces indica: “Las escribanas que trabajan en esa oficina primero tienen que calificar rigurosamente que el documento cumpla con todas las normas, después hay que transcribirlo y es muy sencillo equivocarse; la persona debe saber qué tiene que pasar y qué no tiene que pasar”.

Muchas viejas partidas llegan manuscritas, además, y la interpretación de las letras suele incluir errores y eso es grave porque se le puede cambiar el nombre a la persona implicada. “O sea, no es solo copiar una partida, como muchos piensan”, dice Sánchez.

Facal lo confirma: “Sí, este es un trabajo de hormiga”.