EL DOLOR QUE LAS REJAS CALLAN

La Cancillería recibió un duro informe que asegura que en las cárceles uruguayas hay “numerosas” situaciones de tortura que se han naturalizado y que no son siquiera detectadas por el equipo de salud.

Patadas, golpes con puño cerrado en la cara y en otras partes del cuerpo, insultos, amenazas. En la seccional 17, después de que lo "agarraron a palos", a un detenido lo ataron a una argolla en una celda y lo tuvieron así durante horas. Un miembro del grupo GEO pateó a otra persona y después le quebró la mano, y le torció los dedos. A una mujer la detuvieron, la golpearon y la mantuvieron incomunicada por 10 días.

No son "solo" malos tratos. Son relatos de tortura —con una intención, con aparentes fines indagatorios, de castigo o intimidación— pertenecientes a presos uruguayos que fueron entrevistados por el Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes: un equipo de Naciones Unidas creado especialmente para visitar a los países miembros, recorrer sus centros de reclusión y luego formular observaciones y recomendaciones.

Hace casi un año, entre el 4 y el 15 de marzo de 2018, fue el turno de Uruguay de recibir esta auditoría internacional. La delegación visitó siete cárceles de adultos y tres de menores, cinco dependencias policiales y un hospital psiquiátrico. Además, mantuvo entrevistas y reuniones con unas 70 autoridades políticas y judiciales, representantes de instituciones y delegados de organizaciones sociales. Todo esto se desarrolló en su momento con extremo hermetismo y la visita concluyó con mínima presencia en los medios de comunicación.

El Subcomité hizo un informe que entregó al Ministerio de Relaciones Exteriores el 14 de septiembre. Se trata de un documento de carácter confidencial. La decisión de darlo a conocer es potestad de cada país, aunque a nivel internacional hay cierta presión porque está bien visto hacerlo. A Uruguay el organismo le manifestó estar "firmemente convencido" de que la publicación del informe "contribuiría positivamente a la prevención de la tortura y los malos tratos en Uruguay".

El ministerio mantuvo el informe en privado hasta ahora, cuando decide dar lugar a un pedido de acceso a la información pública realizado por El País. Lo entrega junto con un documento en el que el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, realiza sus descargos ante las llamadas de atención de la delegación.

En su respuesta al pedido de acceso a la información, el canciller Rodolfo Nin Novoa insiste en que no se trata de un documento público pero que, atento a las recomendaciones, acepta la solicitud periodística y adopta la postura de transparentar el contenido. Además de entregárselo al diario, Nin se comunicó con Felipe Villavicencio, el jefe de la delegación que viajó a Uruguay, para transmitirle que el gobierno acepta esta publicación y habilitando a que también ellos lo exhiban en su sitio web.

"Numerosas alegaciones" de personas privadas de libertad manifestando haber sido "víctimas de actos de tortura y malos tratos" recibió el Subcomité en marzo pasado. Y la mayoría de esas personas, tanto adultos como adolescentes, dijeron que sus victimarios fueron miembros de grupos policiales, entre ellos el Programa de Alta Dedicación Operacional (PADO). Buena parte de los relatos apuntan a situaciones dadas antes del ingreso a la cárcel.

Durante su visita, el Subcomité trató de obtener de la Suprema Corte de Justicia la cantidad de sentencias dictadas por tortura en Uruguay pero, dice el informe, "no le fue posible acceder a esta información". Según supo El País, en la Corte no les dieron la cifra por el simple hecho de que no existen estadísticas de ese tipo. Los datos del Poder Judicial se ordenan por tipos de juicio, pero no se discrimina por contenido.

Al parecer, la explicación no satisfizo a la delegación, que expresó: "Al Subcomité le preocupa que este tipo de delitos no sean investigados y sancionados en la forma adecuada y ello implica un riesgo de impunidad".

Estas palabras llegaron al Ministerio del Interior, que en su respuesta incluye un dato que pretende desalentar la idea de "impunidad": en la Dirección de Asuntos Internos se investigaron o se está en proceso de investigar cinco presuntos delitos de tortura de parte de funcionarios policiales desde 2015 hasta diciembre de 2018. También hay 38 denuncias por malos tratos. El informe, que lleva la firma de Bonomi, agrega: "De esos casos, es necesario resaltar que solo dos de ellos han dejado como resultado procesamientos policiales".

Para el ministerio "es importante" realizar una salvedad ante las críticas y observaciones del Subcomité: "Es de estilo que las PPL (personas privadas de libertad) denuncien ante las autoridades malos tratos con el objetivo de conseguir una baja en su condena". No aporta pruebas al respecto.

En tanto, el Subcomité quedó alarmado ante la naturalización y la falta de registro de los malos tratos y la tortura en las cárceles uruguayas. Y, según se desprende del informe, parte de la responsabilidad recae en el servicio de salud porque los médicos entrevistados admitieron que "casi nunca se les pregunta a los internos la causa de sus lesiones ni ellos explican lo ocurrido".

Solo tres profesionales reconocieron haber tenido casos en los que las heridas eran "visiblemente sospechosas". También dijeron haber estado presentes en audiencias en las que el juez notara las lesiones y les preguntara a los internos al respecto, pero lo plantearon como algo excepcional.

La postura de los médicos en las cárceles tiene una razón, y es que el formulario que deben llenar ante consultas por lesiones no habilita un desarrollo de la información con detalle, e incluso ellos consideran que están "legalmente obligados a no incluir más allá de una observación descriptiva del estado físico de la persona y a no referirse al posible origen de las lesiones", según dijeron a la delegación.

No hay un procedimiento "oficial e independiente" para hacer seguimiento a esas "lesiones sospechosas", que el Subcomité entiende que deberían ser examinadas, documentadas e investigadas por médicos forenses. Nada de eso está planteado en las prisiones uruguayas. Es más: los médicos entrevistados sostienen que "no hay garantía de que la documentación que envían a través de los oficiales de la Policía llegue a la autoridad penitenciaria y/o al Poder Judicial".

El informe dedica un capítulo a analizar la detección y el registro de los casos, y concluye con la recomendación de que Uruguay adopte un documento estándar y detallado, más descriptivo, con número de identificación e imágenes corporales, en línea con el Protocolo de Estambul.

Además, se plantea la importancia de garantizar la confidencialidad e independencia, lo cual se lograría evitando intermediarios y procurando que los informes de salud fueran enviados directamente a la autoridad penitenciaria.

En las entrevistas con internos, el Subcomité detectó que "suelen tener miedo" de explicarles lo ocurrido a los médicos y confirmó que estos tampoco les preguntan al respecto. Algunos dijeron que no tuvieron una revisión mínima que constatara su estado de salud al momento del ingreso. Los presos aseguran que la revisión médica es superficial y que a menudo hay guardias presentes. También hubo quienes plantearon que los jueces no les dan importancia a sus lesiones y alegaciones de tortura o malos tratos.

Los llamados de atención ya tuvieron un primer resultado, porque el Departamento de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Facultad de Medicina organizó para este jueves y viernes un seminario de capacitación con expertos internacionales en el Protocolo de Estambul, "para la correcta investigación y documentación de la tortura y los malos tratos".

En su informe, el Subcomité para la Prevención de Tortura "urge a Uruguay a prevenir, detectar y sancionar de manera efectiva los actos de tortura y los malos tratos cometidos al momento de la privación de libertad, durante el traslado e ingreso a los lugares de detención". Y se recomiendan medidas concretas. Una es crear una base de datos para sistematizar los casos de tortura y adoptar medidas que ayuden a fortalecer el control de todos los órganos que tienen entre sus posibilidades la privación de libertad.

El informe es enfático en otro reclamo que ya se oyó el mes pasado en Ginebra, durante el Examen Periódico Universal de Naciones Unidas. Se pide tipificar la tortura como delito autónomo en el Código Penal, con una "redacción clara y conforme a la Convención contra la Tortura", y se insta al país a "establecer penas adecuadas para castigar el delito de tortura que tengan en cuenta su gravedad", aplicando el principio de imprescriptibilidad, y apuntando a "enfrentar la impunidad de los actos de tortura y malos tratos".

No es que Uruguay carezca de legislación al respecto. Hay varias normas asociadas, pero la principal referencia es la 18.026, una ley de 2006 en la que Uruguay ratifica su cooperación con la Corte Internacional en materia de lucha contra el genocidio, los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Allí hay un artículo (el 22) que define la tortura y estipula una pena de hasta ocho años de prisión por cometerla.

Sin embargo, para la ONU no es suficiente porque hay elementos más radicales de la Convención que no están allí.

En Uruguay hay cierto consenso de que es necesario fortalecer la legislación en este sentido, y de hecho ya hay proyectos de ley esperando en el Senado para hacerlo. En un documento reciente en el que Uruguay responde a distintos reclamos de la ONU, y al que también accedió El País, se reconoce que "parte de la jurisprudencia entiende que no se aplica" el artículo sobre tortura a los agentes penitenciarios porque eso no cuadra cabalmente con la categoría de delitos de lesa humanidad, habitualmente asociados a la dictadura.

Juristas consultados para esta nota explicaron que a los jueces "les cuesta" recurrir a la 18.026 y tipificar como tortura ciertos hechos denunciados en las cárceles. Lo habitual es que se basen en el Código Penal y consideren esos delitos como abuso de funciones o lesiones.

Aunque no hay registro, Uruguay admite en ese último documento que "se puede decir, con un elevado grado de certeza, que no se ha dictado ninguna sentencia de condena en función de este delito desde la creación del tipo penal respectivo".

El comisionado penitenciario parlamentario, Juan Miguel Petit, conoce bien la recomendación internacional y coincide en que la definición jurídica "se puede afinar un poco más". Dice Petit: "Lo que ocurre es que culturalmente tenemos una idea de tortura vinculada a picana eléctrica, submarino, un individuo golpeado, aturdido, pero no es solo eso".

En su rol Petit ha hecho al menos ocho denuncias por situaciones registradas en las cárceles que podrían eventualmente ser tipificadas como tortura, aunque él no las cataloga como tales porque entiende que esa clasificación le corresponde al fiscal de la causa. Los hechos denunciados se dieron en el Penal de Libertad, el Comcar, la cárcel de mujeres, la de Canelones y la nueva cárcel de Punta de Rieles. Si bien ha habido citaciones, ninguna de estas investigaciones concluyó por el momento.

La única vez que el comisionado eligió usar la palabra tortura en un informe suyo fue en referencia al "confinamiento en solitario" que se daba en el módulo 12 del Comcar. Para Petit, la actividad socioeducativa nula y la falta de contacto humano allí se podía equiparar a la tortura, "ya que existe un dolor añadido volitivamente que es innecesario y que se agrega injustamente a la pena de prisión". En junio del año pasado, como consecuencia de un motín allí, el módulo quedó destruido y clausurado, y no ha habido intenciones de reabrirlo.

Ahora Petit empezó un registro de malos tratos y violencia institucional, que incluye eventual tortura. "Nos dimos cuenta de que hay situaciones naturalizadas, muchas en las que no hay rastros o manera de probar. Hay veces que nos piden no denunciar, por miedo o porque sucedieron hace un tiempo. Pero por lo menos queremos tener registro: es un indicador más".

"Órganos y expertos internacionales han coincidido en la deplorable situación de los centros de detención en Uruguay", dice el Subcomité, y cita advertencias previas: del relator Manfred Nowak (2009, 2012), del Comité contra la Tortura (2014), del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (2017).

Esto, que ya ni sorprende, es parcialmente matizado ahora por el Subcomité, que "reconoce los esfuerzos desplegados y algunos cambios positivos en las condiciones de detención en el Uruguay en la última década". Sin embargo, dicen, "en general los centros de detención visitados con una población carcelaria importante, presentaban condiciones inhumanas y degradantes al momento de la visita".

En Rivera, una mujer que habitaba una celda de un metro por dos metros, le confesó a la delegación sentir que "cada noche dormía en un ataúd". En la cárcel de mujeres los restos de ventanas rotas se usan para autolesionarse, y en sectores del Penal de Libertad ni siquiera hay cristales que frenen el viento. En Canelones, el otro extremo: no hay ventilación y los olores quedan encerrados. El Subcomité vio ratas en los pasillos de la cárcel de mujeres. En Libertad observó un corredor con "montones de basura y de restos fecales y podridos, infiltraciones e inundaciones", e incluso un interno relató que en su celda había gusanos. En general los celdarios son muy oscuros, falta agua, no hay duchas ni colchones. Los presos dicen que las raciones que les dan son "incomibles" y tienen sed.

El informe plantea que si bien la atención en salud ha mejorado, acceder a un médico todavía es "un privilegio y no un derecho". En solo dos unidades vieron que la disponibilidad de medicamentos era suficiente. En la policlínica de la cárcel de Canelones no hay agua potable ni lugares limpios para atender a los internos. A su vez, se manifiesta preocupación ante tantos casos de suicidio y automutilaciones.

El Subcomité entiende que las prisiones en peor estado son las de Canelones, Libertad, el Comcar y la de mujeres. Y opina que Uruguay "debería considerar el cierre inmediato" del módulo 2 y la policlínica de Canelones, y el total del Penal de Libertad, "por no reunir las condiciones mínimas de infraestructura arquitectónica, habitabilidad y salubridad adecuadas", y presentar "condiciones de detención degradantes".

El Ministerio del Interior contesta que si bien coincide con la necesidad de cerrar Libertad ("fuimos los primeros" en decirlo), "aún no llegó el momento" y "sería apresurado" concretarlo ahora. A su vez, desarrolla en su respuesta una serie de medidas tomadas desde marzo, cuando ocurrió la visita, hasta diciembre. Para Petit, más allá de "una pequeña mejora" en Canelones y el cierre de un sector en Punta de Rieles, lo medular de las observaciones del Subcomité se mantiene igual.

El Subcomité recorrió también institutos de reclusión de adolescentes y quedó impactado especialmente con lo que vio en el Centro de Ingreso, Estudio, Derivación y Diagnóstico (Ciedd), un lugar que se inauguró en 2014 como centro "modelo" y tres años después fue denostado como "perrera" por la propia presidenta del Inisa, Gabriela Fulco. Varios de los actores de derechos humanos con quienes se reunió el Subcomité expresaron su preocupación ante la "cultura del encierro" y el uso de la fuerza como medida disciplinaria contra los adolescentes. "Muchos de los internos indicaron haber sido torturados, refiriéndose en especial al grupo policial los grecos", dice el informe. Los adolescentes también se quejaron de una falta de defensa adecuada. En su visita, el Subcomité "encontró a jóvenes con evidentes problemas psiquiátricos que carecen de la atención médica adecuada, y observó las malas condiciones de higiene y salubridad". Este centro, tal vez el más criticado en el informe, fue clausurado en octubre del año pasado.

Las cárceles según Bonomi: una lista de planes y mejoras

En cuanto recibió el informe del Subcomité para la Prevención de la Tortura, el Ministerio de Relaciones Exteriores se lo remitió al Ministerio del Interior. El titular de la cartera, Eduardo Bonomi, elaboró un documento de respuesta que le entregó al canciller Rodolfo Nin Novoa el 31 de diciembre, y al que accedió El País. Allí Bonomi explica que el Instituto Nacional de Rehabilitación está temporalmente en la órbita de su ministerio, y que en principio, si se aprueba un proyecto de ley a estudio del Parlamento, en 2021 deberá pasar a ser un servicio descentralizado del Ministerio de Educación y Cultura. El ministro cree que esto implicará "un cambio de paradigma" que mejorará el tratamiento que reciben los presos. En tanto, se detallan mejoras en la infraestructura realizadas en 2018: inversiones en servicios higiénicos, impermeabilizaciones, saneamiento y luminarias. Se exponen también los avances en materia socioeducativa y la creación de varios programas generales y específicos en ese sentido.