ATAQUES Y ROBO DE ARMAS

Los policías suelen decir que “aunque te pongas el perfume más caro, el olor a milico te lo sienten igual”. Hay una forma de mirar, de pararse, de tener siempre cerca las manos de la cintura, de enfrentarse a los desconocidos, que se aprende de una vez y para siempre. Es como el ADN, dicen: no se puede disimular. Para la mayoría de los funcionarios policiales esta certeza ha sido siempre una razón de orgullo, pero para otros ahora se convirtió más bien en un factor de riesgo.

Los que tienen más experiencia dicen que ataques y robos de armas hubo siempre. Alejandro Álvarez, presidente del Sindicato Único de Policías del Uruguay, recuerda un pico de violencia desatado entre 2013 y 2014 que respondía a un incremento de controles policiales en zonas rojas. “Es como un mensaje. Tratan de provocar miedo en la sociedad porque al atacar a un policía se genera un círculo de temor. Y lo están logrando”, opina.

La semana pasada, Robert Da Luz, líder de la Unión de Policías de Maldonado, no tuvo más remedio que salir de la cama para reunirse con un grupo de agentes preocupados. A las tres de la mañana le plantearon que —tras el asesinato de un compañero durante una rapiña en una pizzería, y observando la seguidilla de atentados en Montevideo y Canelones— exigirían más medidas de protección para trabajar durante el carnaval de San Carlos, donde siguen los enfrentamientos entre narcos.

Aunque una parte de los agentes consultados transmiten que la oleada de ataques a policías “es más de lo mismo, solo que salieron con más hambre” y que “el policía siempre estuvo en riesgo y jamás debe sentir miedo”, por lo bajo la mayoría reconoce que la frecuencia y la violencia de los mismos son atípicas. “Hay una especie de ambiente de temor. Está la sensación de que hay algo más atrás, de que esto es para algo”, dice Álvarez.

También impactan negativamente los “mensajes contradictorios” que envía el Ministerio del Interior. Plantea: “¿Qué nos sugirió el jefe de Policía de Montevideo (Ricardo Pérez) al decir que tenemos que movernos en zonas seguras?”. Para Da Luz, el “respaldo” y la “garantía” de las autoridades se harían sentir “si estuvieran dando vuelta ciudades con operativos severos para demostrar que la que manda es la Policía”.

Mientras tanto la “manija” y el “pánico” ganan espacio en las conversaciones entre agentes. En la interna se viralizan mensajes de “hermandad táctica” con instrucciones para protegerse mejor. El más popular tiene el título “alerta compañero ahora ya para la delincuencia el matar un policía es como cualquier deporte”.

Esta situación llevó a que, una vez terminado su turno, cada vez más funcionarios se esfuercen por borrar las huellas que los delatan: transportan el arma de reglamento en mochilas; evitan salir armados a la calle; llegan al trabajo vestidos de civiles y de civiles vuelven a su hogar aunque esto implique que deban pagar los boletos de ómnibus. Mientras aguardan en las paradas se van deshaciendo de las señales que revelan su postura: aflojan la rigidez de los hombros, juntan las piernas, guardan las manos en los bolsillos, intentan no seguir con la mirada a nadie que llame su atención. Y si tienen la mala suerte de cruzarse con un evento delictivo, hay agentes que están optando por mirar para el costado.

Esto lo narró un policía al que puso a prueba el azar:

—Estaba oscuro y yo iba sin el uniforme y sin el arma. Vi a un pichi que se le acercó a un hombre mayor y lo rapiñó. Yo venía con mi pareja y le dije: vos seguí caminando. Seguimos. Llamé al 911 sin identificarme. Les dije que era un vecino y les describí al delincuente teniendo el cuidado de no usar claves ni expresiones policiales. Por suerte luego supe que al pichi lo agarraron cinco minutos después.

Ni los agentes más pesimistas se imaginaban que en 36 días habían sido objeto de 25 rapiñas, seis hurtos, dos homicidios, un intento de asesinato y 43 atentados (agresiones en general). Las cifras que difundió el jueves pasado el Ministerio del Interior duplicaban las cuentas que ellos hacían en el aire y que habían sido publicadas por la prensa. Pero el cálculo de que habrían sido robadas 10 armas no les cierra. Distintas fuentes creen que serían más; una dice:

—Están mintiendo, tirando números al aire para tapar la magnitud.

Horas después de que el ministerio publicara el informe, los grupos de WhatsApp volvieron a sonar con el mensaje tan temido. A las 15:35 una funcionaria denunció que mientras se encontraba colgando la ropa, un hombre había entrado a su casa (en Piedras Blancas) y robado, entre otras cosas, el chaleco antibalas y la tablet del instituto. Afuera lo esperaba otro delincuente. A las 19:30, en el barrio de Ituzaingó —cerca del evento anterior— entraron a la vivienda de otro policía: esta vez se llevaron el arma y dos cargadores completos con 17 balas cada uno.

Hay más.

Ayer a las 15:17 se registró una tentativa de rapiña a un agente que circulaba de particular en su moto en la zona de Cerro Norte cuando fue abordado por dos hombres. Se defendió e hirió a uno de los atacantes.

Uno de los receptores de estas novedades opina:

—No paran. Se están armando para estar protegidos en sus casas o están preparando un golpe grande, pero algo hay.

Las armas de reglamento son Glock, marca elegida por las principales fuerzas policiales del mundo. “Es de lo mejor que hay. Son efectivas y aguantan todo”, dice Da Luz, del sindicato de Maldonado. Tan buenas son que pueden disparar debajo del barro y del agua. Por eso las quieren.

El arma es responsabilidad del funcionario y si la pierde o se la roban la tiene que pagar. Si la investigación administrativa falla en detrimento del agente se le descontarán del sueldo entre US$ 1.200 y 1.500 —dependiendo del modelo—, costo que supera su salario mensual ($ 36.893).

¿Cuánto valen en el mercado negro? En enero, apenas comenzaron los ataques, circularon audios entre agentes. Según se pudo reconstruir para este informe contenían información que pasaron solidariamente policías que trabajan infiltrados entre delincuentes y narcotraficantes. Decían que estaban ofreciendo $ 10.000 por el arma y $ 10.000 por el chaleco. Sin embargo, a medida que los eventos se multiplicaron la recompensa se habría elevado a $ 60.000. El nuevo precio incluía matar al policía y sacarse una selfie con el cuerpo.

—Para los delincuentes que quieren hacerse un nombre, matar a un policía es un trofeo. Vas a la cárcel y sos un dios —plantea una fuente ante la consulta de si este rumor es creíble.

De acuerdo al relevamiento que difundió el ministerio, de los 78 policías víctimas de algún delito ocho resultaron lesionados (siete tras una rapiña, uno luego de un intento de homicidio) y dos fallecidos. Según señala una fuente que trabaja en una unidad especial de la Policía, hay varias razones por las que un delincuente mataría a un agente. Además de la explicación de la búsqueda de estatus, otro factor puede ser el miedo del momento y otro argumento es anular la posibilidad de que al ser visto por el policía este aporte pruebas contundentes para su posterior captura.

—Hay una cultura que se está instalando de sacar el mayor rédito de la rapiña. Primero hiero, ahora les robo el arma, el chaleco y si esto no se frena pronto será el uniforme —dice la misma fuente.

Robert Parrado, expolicía y psicólogo especializado en violencia, cree que es lógico pensar que además es más fácil hoy robarle un arma a un policía que ingresar a un recinto con medidas de seguridad o a una vivienda que pueda tener un arma valiosa: suelen estar en barrios residenciales en casas con cámaras, alarmas, perros y bajo mil cerraduras.

Una vez blanqueados los números, la duda que persigue a los funcionarios policiales es en manos de quién están quedando las armas, las municiones y los chalecos robados. El principal dato que los desconcierta es que hasta el momento ninguna de estas armas se usó para delinquir. ¿Y entonces? Entonces se están propagando todo tipo de hipótesis.

Este escenario impulsó la popularidad de cuentas de Facebook como Guardia Republicana —171.000 seguidores—, Seguridad para todos —71.000 miembros—, la del funcionario penitenciario y cronista Julio Casavieja —que superó los 10.000—, la del policía y exdirigente sindical Miguel Barrios —7.300 amigos—, entre otras. Allí intercambian reflexiones y conjeturas miles de funcionarios y exfuncionarios policiales.

Se lee de todo.

Algunos aseguran que las armas son para inmigrantes venezolanos que están armándose para cometer delitos; otros suponen que se trata de un grupo radical de izquierda que planifica algún tipo de atentado hacia el nuevo gobierno; están los que confían en la versión de que las armas se estarían contrabandeando a Brasil, donde pagan hasta tres veces su valor; unos sospechan que algún grupo organizado a nivel departamental o nacional estaría armándose para preparar un gran asalto o atacar una gran superficie; otros, que se trata de un movimiento más bien barrial, que prospera y se replica porque están teniendo éxito. Y, por último, está la versión de que los narcos quieren los chalecos para sentirse protegidos en sus casas y buscan reponer las armas que han sido incautadas en operativos policiales.

Una fuente que trabaja en investigación escucha la enumeración y dice:
—Por más inauditas que suenen, nada puede descartarse.

Desde la Fiscalía informan que en la mayoría de los casos se detectó que habría adolescentes involucrados, pero que es pronto y aún no hay elementos para afirmar si en esta oleada conviven hechos aislados donde fueron atacados agentes sin predeterminación, o si por el contrario son el objetivo y detrás habría una organización.

El fiscal de homicidios Juan Gómez, que dirige la investigación de tres ataques —dos que terminaron con los agresores muertos y otro que acabó con la vida del policía César David Texeira—, plantea que aunque todavía no hubo una reunión conjunta de todos los fiscales que trabajan con los ataques, sí se está dando un intercambio de información para evaluar si habría elementos en común. “Por el momento no tengo la impresión de que se trate de ataques organizados”, adelanta.

Por otra parte, Inteligencia policial está cruzando datos como el lugar de los hechos y la edad de los atacantes para dilucidar si estos hechos responden al crimen organizado, aunque según declaró Mario Layera, director de la Policía Nacional, ayer en Así nos va de radio Carve, hasta el momento no se ha podido demostrar una conexión.

Layera plantea tres hipótesis. La primera es que los narcos pagan altas sumas de dinero a delincuentes para que roben las armas y chalecos. Otra posibilidad —arriesgó— es que quieren el armamento para contrabandear a Brasil. También en esa entrevista el director de Policía informó que algunas armas hurtadas en Uruguay fueron incautadas en el este país. Vale recordar que en diciembre pasado la fiscal de Estupefacientes Mónica Ferrero imputó a cuatro delincuentes que servían al Primer Comando de la Capital, principal banda delictiva brasileña.

Por último, el jerarca plantea que tras la intensificación de los controles que impuso la ley de tráfico de armas se incrementaron las incautaciones y la destrucción de armamento —7.000 armas en 2019—, lo que habría generado un aumento de la demanda en el mercado negro.

Para el futuro ministro del Interior, Jorge Larrañaga, está claro que “son atacados por su condición de policías y en busca del arma”. ¿Con qué objetivo? “Generar una sensación de temor en la sociedad”. Tal y como él lo ve, lo que sucede “es consecuencia del triple fracaso de las políticas sociales, educativas y de seguridad que fueron desarrolladas en los tres gobiernos del Frente Amplio. A esto se suma un cuarto factor que es la penetración de la droga en el país”.

Fuentes cercanas a la dirección de la seguridad del próximo gobierno coinciden: “Es una pulseada. Acá el crimen organizado está queriendo marcar la cancha. Está enviando un mensaje claro”.

Estos expertos confirman cambios en las conductas de los policías que traducen en un “triunfo de la delincuencia”. Los sindicatos consultados confirman que hay funcionarios que quieren desarmarse y no usar el uniforme fuera del turno aunque esto les signifique pagar los boletos.

Hasta ahora, este convenio le aseguraba al ministerio cierta presencia continua de policías en las calles que contribuía a la prevención del delito.

El jueves pasado, en declaraciones a Telemundo, Layera anunció que se están realizando cursos para los funcionarios —aunque los agentes ubicados para este informe los desconocen— y que se está negociando la posibilidad de que no paguen el boleto del transporte público incluso vistiendo de civiles. Larrañaga cree que el desarme y el desuso del uniforme “fragilizan” a la policía y advierte que bajo su mandato no se va a “retroceder”.

Por aquel latiguillo de que ningún perfume tapa el olor a policía, la mayoría de los agentes creen que el hecho de que solo cinco de las 78 víctimas de atentados vistieran el uniforme cuando fueron atacados no es garantía de que no estuvieran identificados de antemano. El propio Layera reconoció que “hay inteligencia criminal que conoce sus movimientos y los atacan cuando están fuera de servicio”.

Para Parrado, el expolicía y psicólogo, a este problema no le alcanza “una mirada de tiro corto”. “Necesita una mirada criminal, psicológica, social, antropológica. Para estudiar este fenómeno, que no es nuevo, tengo que valorar a los delincuentes pero también a los policías que han sido víctimas. Importa saber su edad, quiénes fueron sus docentes, su legajo, qué conductas suelen tener. Y con esa información hay que hacer un diagnóstico serio”.

Mientras que las policías de otros países tienen departamentos especializados en estudiar los ataques para identificar qué errores podrían habilitarlos y corregirlos, aquí no. Fuentes relacionadas al trabajo de investigación opinan que estos ataques expusieron una serie de deslices en el comportamiento policial que estarían relacionados con la formación.

—No hay mucha conciencia colectiva del riesgo que se corre. Y entre los 24.000 policías que somos hay duros, buenos, vulnerables y distraídos —dice.

El uso de los celulares atenta contra el estado de alerta constante que deben tener los agentes, mientras que otros no llevan una bala en la recámara de la pistola por temor a lesionarse. Esto le pasó a un agente la semana pasada.

Entre los consultados hay quienes plantean que usar el uniforme fuera del turno “no disuade, y en cambio acerca al delincuente al policía”, mientras que si un agente vestido de particular es atacado gana con al menos tres segundos fundamentales para reaccionar contra el agresor. Es decir: plantear su uso o no implicaría una discusión táctica, además de simbólica.

Otro reclamo que ya había sido planteado ante el ministerio es la necesidad de chalecos más finos que puedan disimularse debajo de cualquier tipo de ropa. También se había solicitado la creación de una aplicación capaz de responder consultas de los funcionarios y un departamento psicológico para atender a agentes tras estar expuestos a una situación de estrés.

Siguen las ideas.

Por redes sociales proponen desde chipear las armas y los chalecos —posibilidad que Layera entiende como una de las medidas de “mayor profundidad” a aplicar si esto persiste— hasta la creación de una app azul —idea de Miguel Barrios— que, en la órbita del ministerio, georreferencie a todos los policías, estén o no de turno. “El compañero que necesita apoyo dispara la alerta y los que están cerca podrían concurrir”, dice la publicación.

La discusión ya está sobre la mesa.

Mientras tanto, en los grupos de trabajo de WhatsApp los policías siguen atentos a los suyos. Ya se están acostumbrando a cada mañana repasar las instrucciones que se comparten entre colegas para cuidarse y así evitar, un día más, convertirse en la próxima víctima.