Un policía que hace 223 gana $ 50.000 por encima de su salario. Aunque la práctica está prohibida, el sindicato policial sostiene que el 40% de los agentes lo hacen. Es un secreto a voces que sale a la luz cuando sucede una tragedia. El Ministerio del Interior no le encuentra una solución.

Catorce segundos estuvo el cabo Wilson Eduardo Coronel con el revólver en su mano derecha. Catorce segundos en que se quedó con el brazo pegado al cuerpo, sin siquiera apuntar al delincuente que irrumpió en la pizzería de 26 de Marzo y Buxareo, y que lo terminó matando de un tiro. ¿Qué pasó por la mente de Coronel en esos 14 interminables segundos?

Para la Unión de Sindicatos Policiales (USIP), por su cabeza pasó de todo. Hizo cálculos. Pensó: si lo mato puedo ir preso, porque no estoy en horario de servicio. Pensó: si no lo mato, lo hiero, me pueden echar, porque el servicio 223, de guardia para empresas privadas, es ilegal. Pensó: si es él quien me hiere puedo quedar lisiado, inhabilitado para trabajar, y todavía me pueden quitar la placa. Pensó: me puede matar él y mi familia (mi exmujer, mis dos hijos menores, mis dos hijos mayores) se puede quedar sin nada, porque me pueden destituir, incluso, después de muerto.

Fabiana estuvo 15 años casada con Coronel. Tuvieron dos hijos que hoy tienen 12 y 14 años. Aunque hacía ya dos años que se habían divorciado, se llevaban bien. Incluso eran vecinos, vivían en dos casas ubicadas sobre un mismo terreno en La Paz, "en un asentamiento, que no es lo mejor, pero tampoco está tan mal".

Coronel tenía un sueldo de poco más de $ 30.000, pero entre retenciones por dos hijos de otro matrimonio y tres préstamos no le quedaban en la mano más de $ 16.000. Con esa plata debían vivir él, los hijos que tuvo con Fabiana, y también mantenerse, en parte, ella —que trabaja haciendo limpiezas "solo tres horas por $ 7.500". Como no alcanzaba, años atrás Coronel empezó a hacer 223.

El 223 en realidad no existe; se le dice así en la jerga policial cuando el servicio de seguridad 222 se realiza en forma ilegal. Cuatro de cada 10 policías hacen 223 en la zona metropolitana, según las cifras no oficiales que maneja USIP. Desde el Ministerio del Interior señalan que "no se sabe verdaderamente cuántos son, porque como es algo ilegal no se registra en ningún lado".

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La presidenta de USIP, Patricia Sánchez, reconoce que el video que se divulgó la última semana, tras el asesinato de Coronel, da lugar a dudas sobre si el policía estaba bien preparado como para actuar en un asalto. Sin embargo, ella advierte que está de acuerdo con una tesis que, sostiene, le hizo llegar el subsecretario Jorge Vázquez. Explica Sánchez: "Si el policía no hubiera estado haciendo una seguridad privada, quizás habría reaccionado antes. Como sabía que estaba haciendo algo por fuera de la ley, con todas las consecuencias que eso conlleva —que te pueden destituir—, se sintió limitado a la hora de actuar. Esto es verdad: un policía, antes de disparar, siempre, pero más en esas circunstancias, lo piensa mil veces".

Si un policía es sorprendido haciendo 223 se abre un sumario y el proceso puede terminar en una destitución. Según la USIP, desde 2011, cuando se puso limitante a la cantidad de horas que se puede hacer 222, se abrieron tres sumarios.

Desde el Ministerio del Interior dijeron a El País que ya hubo destituciones de funcionarios, aunque no pudieron precisar cuántas. Sí recordaron un caso: el de los tres policías de la Guardia Republicana que estaban haciendo 223 en octubre pasado en el boliche Coyote, y que participaron de una trifulca en la que un joven terminó muerto de un tiro y otro herido. Esta, sin embargo, fue una situación límite, pues estos tres policías también terminaron procesados con prisión, uno de ellos por homicidio.

Lo cierto es que, en los hechos, no hay nadie que controle que los uniformados terminen haciendo tareas de seguridad por fuera de la ley. Y las autoridades recién se enteran —o hacen que se enteran— cuando sucede una tragedia. "Hasta los comisarios lo saben, pero no te dicen nada porque entienden que el dinero no te alcanza, que tenés que trabajar, que tenés que llevar el pan a tu casa", dice un policía que hace 223 en una estación de servicio y que pide no ser identificado. "Casi nunca te hacen nada, pero por las dudas, mejor no me pongas".

Al inicio del gobierno de José Mujica, en 2010, el ministerio tenía identificados a 11.000 policías que realizaban servicio 222. El 45% tenían más de 120 horas mensuales asignadas, además de las ocho diarias que cumplían en funciones públicas. En ese entonces la cartera también detectó que parte del horario en que los agentes hacían 222 coincidía con el que debían estar patrullando o de guardia en alguna comisaría.

Así fue que entendieron que esta realidad impedía el correcto desempeño de las tareas policiales, además de que iba en detrimento de la salud de los efectivos, que tenían muy pocas horas de descanso. Conclusión: el gobierno decidió poner un techo a la cantidad de horas de 222 que puede hacer un policía. En 2011, por ley, se puso un tope de 50 horas. Para algunos fue letal porque significó una pérdida estrepitosa de sus ingresos.

En 2011, el 68% de las horas de 222 a nivel nacional estaban concentradas en Montevideo. En la capital la ley llevó a que suprimieran los servicios contratados por privados en lo equivalente a 34.772 horas. También hubo una fuerte reducción de las horas que se prestaban en instituciones públicas (Antel, BPS, BHU, OSE, MEC e IMM): unas 49.859. En total, para enero de 2011, según datos brindados por el ministerio, los policías habían perdido, solo en la capital, unas 80.000 horas de trabajo —lo equivalente a 416 personas trabajando ocho horas diarias, seis días a la semana. En Canelones y Maldonado, que juntos concentraban el 13% de los servicios 222, se implementó una baja de 30.000 horas.

La cartera defiende esta política diciendo que, a cambio, se incrementaron los sueldos. Un agente de segunda, que en 2010 tenía un salario nominal de $ 12.000, para el final del quinquenio estaba ganado cerca de $ 25.000. Los policías, en tanto, dicen que el salario no compensa lo que pierden de no hacer 222. "Fijate que si yo hago solo 222, como puedo trabajar solo 50 horas, gano $ 9.000; en cambio, por hacer 223, me llevó $ 50.000", advierte un policía que opta por esto último.

Tanto Sánchez, de USIP, como Luis Juárez, del Sindicato Único de Policías del Uruguay (SUPU), coincidieron en que normalmente, por 223, es posible sacar unos $ 50.000. El licenciado en seguridad Robert Parrado también avaló la cifra.

Juárez señala que para evitar que los policías hagan 223 lo que se debería hacer es pagarles un 20% más por nocturnidad y además abonarles la exclusividad, en caso de que no puedan ejercer tareas de seguridad para privados. "Si solo podemos trabajar en el ministerio, queremos que el ministerio nos pague por ello", dice enfático Juárez. Sánchez coincide en lo que respecta a la nocturnidad, pero advierte que lo mejor que se puede hacer es regular el 223 "porque la gente necesita la plata y lo va a seguir haciendo".

Los 223, dice Sánchez, están en todos lados: gasolineras, supermercados, restaurantes. Como no los pueden contratar como guardias de seguridad, las empresas suelen ponerlos en caja por otra tarea (pisteros, gondoleros, mozos). Y después, por fuera, les pagan un "plus" por hacer lo que en realidad hacen: tareas de seguridad.

El propio presidente de la asociación que nuclea a los comerciantes, Cambadu, reconoce esto. "Es algo que siempre existió: los ponen en caja con otra tarea", dice Mario Menéndez, al tiempo que considera injusto lo que hizo del Ministerio de denunciar al dueño de la pizzería en la que Coronel estaba haciendo 223.

"Cuando se escucha una noticia en la que un policía pasaba casualmente por un lugar e intervino en un asalto, probablemente, en más de un caso, estaba haciendo una tarea de 223", dice Parrado.

"Si alguien dice que justo pasó un policía y detuvo un asalto es porque había un 223", reconoce también Sánchez, que explica que los mismos comerciantes "protegen" a los policías. "No dicen que son 223 para no perjudicarlos. Porque esto es algo que les sirve a los dos: al policía por la plata y porque está haciendo algo para lo que es idóneo, y al comerciante porque evita la inseguridad".

El oficial que hace 223 en la estación de servicio sostiene que la política establecida por el Ministerio del Interior, de eliminar el 222, en realidad perjudicó la imagen de la cartera. "Porque aunque ellos querían mostrar que daban más horas de descanso a los policías, lo que la gente vio es menos presencia policial en la calle. Antes tenían una persona vestida de policía por cuadra, porque estaba en una agencia de cobranzas, o en algún bar, o en una estación; ahora están, pero de civiles, entonces la gente no ve que haya presencia policial", sostiene. También considera que esta política ha servido para que policías retirados, dueños de empresas de seguridad, hagan más dinero. Los policías tienen prohibido trabajar paralelamente en empresas de seguridad.

Para el 223 no hay límite horario. El que lo hace puede trabajar 12, 16 o incluso más horas por día. "A veces pasan todo un día sin dormir", admite Sánchez.

Está realidad está atada al endeudamiento de los funcionarios policiales, algo que la dirigente sindical define como "histórico". Y advierte que esta es "una realidad que no va a cambiar". Los policías se endeudan desde el día uno. Para empezar, porque hay parte del uniforme —la canana, las esposas— que tienen que pagar ellos.

Hay dos cooperativas policiales: una que da préstamos para comprar accesorios y armas, y otra que presta dinero. Estas están manejadas por policías retirados, según cuenta la sindicalista. "Van los de la cooperativa, te regalan una lapicera, vos te quedás chocho con la lapicera y te endeudás de entrada en como $ 5.000", dice Sánchez.

"Un hombre que no tiene nada, que vive en un asentamiento, va, y de una, le dan un préstamo de US$ 11.000. Con eso ya se compra el autito. Y después es un préstamo para pagar ese préstamo, y después otro", explica.

Luego de que la bala atravesó a Coronel y terminó con su vida, la familia quedó cubierta por un manto de incertidumbre. Todas las preguntas que se hizo el agente antes de morir se las empezó a hacer su exesposa. El abogado de la SUPU, el exlegislador colorado Washington Abdala, fue el encargado de asesorarla. La situación era compleja, porque "cuando un funcionario muere en el desempeño de su tarea se le sube un grado y sube la paramétrica funcionaria", lo cual implica más dinero para la familia. Pero como Coronel murió haciendo un 223, la situación era distinta.

Abdala se planteó la semana pasada la posibilidad de, en vez de pedir una pensión como policía muerto en acción, hacerlo en resguardo de la ley N° 19.039, de pensiones para víctimas de delitos violentos. El miedo del abogado era que por haber muerto en tareas de seguridad ilegales se lo viera como un demérito por ser una falta grave, y que esto implicara menos cantidad de dinero para la familia.

Finalmente el Ministerio del Interior decidió, tras la protesta de los sindicatos policiales en la Plaza Fabini, no pelearse con la familia —ir sí contra el comerciante, entablando en su contra una denuncia penal— y habilitar una pensión de $ 30.000 para Fabiana, la exmujer con menores a cargo. Además, se resolvió darle a ella un empleo de atención al público en el Hospital Policial y facilitarle una casa para que deje el asentamiento en La Paz.

Hacía apenas 10 días que Coronel había arrancado el 223 en esa pizzería de Pocitos, pero Fabiana reconoce que las guardias ilegales en comercios venían desde hacía años. "Porque no daba, por todos los descuentos que tenía, por el préstamo de la cooperativa policial, más otro en el Banco República, más otro en ANDA", justifica.

"La vida de esa familia cambió para siempre", resume Sánchez. "El policía ganaba poco más de $ 16.000. Ahora van a tener más plata, pero ese papá ya no vuelve más a la casa". Para Coronel, como para otros policías, el 223 era una necesidad, no una opción.

El Ministerio del Interior salió a defenderse esta semana de las críticas de los sindicatos, que advirtieron sobre los magros salarios de los agentes. A través de un comunicado mostraron que de 2000 a 2004 el aumento de los policías fue de apenas $ 936. En tanto, de 2005 a 2009 fue de $ 5.093, y de 2010 a 2014 fue de $ 14.240. La cartera advirtió que en el caso de un agen- te recién ingresado a la Policía, el salario aumentó 747% en los últimos 17 años, y que su poder adquisitivo creció un 187,5%. "Un agente ejecutivo que ganaba $ 4.301 en el 2000, hoy recibe $ 32.072, es decir, su salario se multiplicó por ocho en 17 años", dijeron desde el ministerio. Los sindicatos reconocieron los aumentos, pero a su juicio la remuneración aún es insuficiente.

Sandra González se quedó sin padre en 2009. Jorge González era comerciante, y fue ultimado por un delincuente el 29 de marzo de ese año. En aquel entonces Sandra se acercó a la Asociación Seguridad y Justicia, de familiares de víctimas de la inseguridad. Hoy es parte de sus 53 integrantes y también su vocera. Esta semana salieron a defender a la familia de Wilson Eduardo Coronel. González se comunicó con su exmujer y madre de dos de sus hijos, y protestó en la Plaza Fabini contra el subsecretario del Ministerio del Interior, Jorge Vázquez.

El jerarca había dicho en declaraciones a Telemundo: "En este caso vamos a investigarlo —a Coronel— porque nos parece que estaría desempeñando una tarea de seguridad que no estaría autorizada por el Ministerio del Interior. Si alguien contrata a alguien encubierto para la seguridad, le está haciendo un daño al policía".

González sostiene que el 223 existe "por un tema de necesidad". "El policía no hace esto porque quiere, sino porque lo necesita. No le alcanza el sueldo y tiene que hacer algo. Es como el que sale a vender tortas fritas a la calle: seguro que no le gusta hacerlo, pero lo tiene que hacer. Es verdad que hay una ley que lo impide, pero hay tantas leyes que no se cumplen... Por ejemplo, el artículo 7 de la Constitución habla del derecho a la vida y a la seguridad, ¿y dónde se está cumpliendo eso?".

POLÉMICA POR EL 223, UN SERVICIO ILEGAL