HISTORIA DE UNA INVESTIGACIÓN IMPOSIBLE

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La primera denuncia ocurrió a principios de esta década, cuando una madre aseguró que sus dos hijos habían viajado a Rumania y no habían vuelto. La segunda llegó en 2013, cuando otra mujer acudió a la Policía porque su hija había emprendido el mismo viaje y tenía miedo de que no regresara. La última fue de un anónimo, el año pasado, quien alertó que una presunta secta podría estar operando en Uruguay.

Las primeras dos denuncias fueron archivadas por falta de pruebas. Y la tercera, que se analizó durante un año, está en vías de correr la misma suerte tras la negativa de la jueza Beatriz Larrieu a la Fiscalía de extender el plazo habitual dedicado a la investigación. ¿Qué fue lo que se pudo averiguar, qué se probó y qué quedó por el camino?

Para hablar de esta trama hay que remontarse a Rumania, a la década de 1990, pero su ramificación local comenzó sobre 2010. Un hombre de esa nacionalidad llegó a Uruguay y comenzó a impartir clases de yoga, luego de haberse formado en el Movimiento para la Integración en el Espiritual Absoluto, conocido internacionalmente por sus siglas MISA.

Desde 2012, el instructor mantuvo un convenio con la Universidad de la República y el Instituto Nacional de la Juventud. La Facultad de Psicología fue uno de los centros en los que se impartieron esas clases y 1.500 estudiantes asistieron a los cursos gratuitos. En 2015, el psicólogo Álvaro Farías escribió un artículo titulado “La secta del porno yoga en Uruguay” y el Estado rompió el acuerdo con el rumano. El País intentó comunicarse con Farías, quien se excusó de hacer declaraciones.

Según la denuncia anónima, a la que accedió El País, los cursos de yoga en verdad eran una “secta que tenía como finalidad captar adeptos” para trasladarlos a un campamento en la playa de Costineti, en Rumania. Este retiro espiritual —que se realiza todos los años en agosto— congrega a miles de seguidores del MISA durante 40 días. Y si bien se promociona como una convención de yoga, los testimonios de varios exparticipantes aseguran que se trata de una “pantalla”.

Fue la fiscal Sabrina Flores quien tomó el caso en nuestro país y en agosto pidió formalizar la investigación del hombre rumano. En ese momento relató: “En ese pseudo retiro espiritual se realizarían filmaciones pornográficas, las que reportarían un ingreso económico para la secta, siendo algunas de ellas utilizadas en el circuito del cine pornográfico. Asimismo, se refirió a que algunas de las concurrentes serían trasladadas a clubes con la finalidad de ser explotadas sexualmente”.

Flores supo, a través de la denuncia, que al menos una mujer uruguaya planeaba viajar a Rumania. Según escribió la fiscal en su pedido de formalización, la joven había estudiado el curso de Shakti, que trata sobre “sexualidad y feminidad”. La pareja del hombre denunciado, nacida en Uruguay, es la profesora de ese taller en la academia de Ciudad Vieja y les enseña a las alumnas a sacar su “diosa interior”. Entre los materiales de estudio habría películas pornográficas que “romantizan el trabajo sexual y la prostitución”, agregó la fiscal.

A la joven que pensaba viajar le habían pedido análisis para descartar enfermedades de transmisión sexual. “Desde la academia se imparten clases de yoga esotérico, que sirven de pantalla para la captación de personas, quienes a través de la manipulación psicológica son incorporadas a esta secta (…) y trasladadas a Rumania, donde tendría lugar la explotación de las mujeres y se filmarían producciones pornográficas”, escribió Flores.

Fuentes de la investigación dijeron a El País que hubo “varios elementos” que configuraban el delito de trata de personas, por el que fue imputado el ciudadano rumano y se le impuso como medida cautelar no poder salir de Uruguay por 180 días. Para Flores fue determinante el traslado a un país extraño, con un idioma distinto, en el que la mujer uruguaya iba a pasar “muchos días” incomunicada. También se tomó en cuenta que se le pagaría el alojamiento y el pasaje.

Pero lo más importante fue el vínculo de la academia uruguaya con Gregorian Bivolaru, una de las personas más buscadas por la policía europea. Este rumano de 67 años estuvo preso en dos ocasiones por trata de personas y abuso sexual a una menor de edad, y es el líder espiritual de MISA, esta presunta secta de la que formaría parte el hombre imputado en Uruguay. De hecho, el certificado de profesor de yoga del entonces indagado fue otorgado por Bivolaru, según consta en el pedido de la fiscal Flores.

Cambios internos en la Fiscalía determinaron que Alba Corral asumiera el caso en noviembre. A principios de este mes, la nueva fiscal solicitó una prórroga en la investigación. Sin embargo, Larrieu no se la concedió y en la argumentación, a la que accedió El País, escribió: “Debe valorarse la situación del imputado, quien desde hace un año se halla sujeto a un proceso penal sin que la Fiscalía haya logrado avances en la investigación”.

Entre la evidencia que recabaron las fiscales, surgen el relevamiento de la página de internet de la academia de yoga, las declaraciones del instructor rumano y de una de sus alumnas, los movimientos migratorios de ambos, la copia del diploma entregado por Bivolaru y la declaración testimonial de seis personas.

Para la jueza, sin embargo, eso no fue suficiente. Cuando denegó la prórroga, sostuvo: “Si las presuntas víctimas no se han presentado a las entrevistas necesarias para las pericias psicológicas peticionadas por la Fiscalía, nada hace suponer que lo harán en el futuro. Máxime si se tiene en cuenta que una de las personas indicadas es la esposa del imputado”.

Diego Camaño, abogado defensor del rumano indagado, celebró la resolución de la jueza y lamentó que Corral decidiera apelarla. Según dijo, su cliente “no tiene nada que ver” con Bivolaru y, si bien él fue quien le firmó el certificado de instructor, “jamás se conocieron”. Y agregó: “Sí hubo personas que viajaron a Rumania desde Uruguay. Es totalmente habitual en la practica del yoga realizar actividades. Y si practicaban orgías, ¿cuál es el tema delictivo?”.

Lo que las fiscales buscaban probar era que las alumnas habían sido persuadidas antes de realizar estas prácticas, lo que no terminó de convencer a la jueza. Ahora resta esperar si se le hace lugar a la apelación de Corral. Mientras tanto, el expediente sigue siendo reservado y el archivo permanece en stand by.

En marzo de 2016, el instructor rumano instalado en Uruguay arremetió con una denuncia por daños y perjuicios contra el psicólogo Farías —que escribió el artículo sobre “la secta del porno yoga”—, el excura especializado en sectas Miguel Pastorino —que compartió la opinión— y siete medios de comunicación que replicaron los contenidos.

Las publicaciones fueron en agosto de 2015 y el rumano reclamó derecho de respuesta, algo que consiguió en algunos casos. Aun así, entabló una demanda civil en la que relata que tras las “denuncias mediáticas acaecidas”, le suspendieron el proyecto de yoga en la Udelar. Y agrega: “De la misma forma, cayeron las negociaciones con otras dos instituciones que estaban interesadas en contratar mis servicios”: la ANEP y el Ministerio de Trabajo. Solo continuó trabajando en su academia de Ciudad Vieja, aunque “no normalmente”, según sus abogados, por “las afectaciones que generó la difusión”.

El denunciante alega que se perdió de cobrar $ 9.500 mensuales en la Udelar, correspondientes a 20 horas como docente grado 1. Su demanda por daños y perjuicios “derivados de la caída de dichas negociaciones” se estima en $ 216.000. Reclama también $ 211.750 por el lucro cesante “derivado de la pérdida de alumnos” y $ 290.000 por daño moral.

Antes de la denuncia, el instructor le dijo a Subrayado que había trabajado en los convenios con el Estado “de manera honoraria”. “Es decir, nadie me pagó nada. Lo hice solamente porque yo quise ayudar a la gente”, dijo, y agregó: “La escuela de yoga MISA es donde yo me formé como profesor de yoga. El profesor Bivolaru es el mentor. Yo estoy aprovechando su enseñanza, y también ahora estoy aprovechando entre comillas la misma difamación que él tiene en Rumania”.

El proceso en la órbita civil comenzó con audiencias preparatorias e iba a tener su primera instancia de citaciones el jueves pasado. Sin embargo, la audiencia no se concretó a pedido de la parte denunciante, cuya defensa recae también en el estudio de Camaño. Según dijo el abogado, el proceso se suspendió por 30 días “para intentar llegar a un acuerdo entre todas las partes”.