LA ENCRUCIJADA DE CABO POLONIO

Cabo Polonio siempre funcionó a espaldas del Estado. Esto cambió en 2009, cuando pasó a ser un área protegida. A punto de que se apruebe su demorado Plan de Manejo, los miedos de los pobladores se multiplican. Los intereses en juego son demasiados, pero ¿quién tiene razón?

Ya no es un paraíso. A pesar de que para el próximo verano se espera la llegada de 120.000 turistas, en Cabo Polonio la tensión contamina el aire y el miedo es incontrolable como las ráfagas de viento. El temor de sus 80 pobladores permanentes a ser desalojados, y de que sus comercios no sean habilitados por la Intendencia de Rocha, vuelve cada temporada. Por estos días, el recuerdo de las demoliciones en 1990 ronda como un fantasma molesto. En el balneario, las opiniones de los vecinos se entreveran, y la sensación es la de un mar revuelto de intereses individuales, ecologistas y gubernamentales que no encuentran un equilibrio.

Durante un siglo funcionó aislado y sin servicios, ante la ausencia del Estado. Es que Cabo Polonio siempre se pareció más a un páramo que a un edén. Por eso los polonienses se sienten una comunidad autosustentable. Pero cuando en 2009 se convirtió en un Parque Nacional e ingresó al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), el sueño de la libertad absoluta se terminó. Y las asiduas visitas de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) y de la intendencia para poner la casa en orden, se volvieron un dolor de cabeza.

Dicen los pobladores que la comuna toma decisiones sin consultarlos, como el cambio de lugar de la terminal interna, que anunció unos días atrás Montevideo Portal. Que el permiso de ingreso de materiales de construcción para refaccionar propiedades "es engañoso", lo que desarrolló un mercado negro. Que hay un servicio de guardaparques que actúan "como policías". Que la intendencia cobra un impuesto desmedido a las construcciones irregulares. Que no se fiscaliza la competencia desleal de turistas que tiran un paño y venden comidas y artesanías, pero que para los negocios locales las exigencias son muchas. Que desde hace dos años roban las casas en alquiler pero, por un error administrativo, el único policía que hay no puede recorrer el Cabo en cuatriciclo, ya que no tiene la autorización adecuada para ese vehículo.

La sensación de ser incomprendidos por las autoridades sumerge al pueblo en una desazón que se agrava ante la noticia de que, luego de siete años de atraso, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) aprobará próximamente el Plan de Manejo que elaboró junto a la intendencia.

Entonces los pobladores sí sabrán qué construcciones serán reubicadas y dónde. Cuáles serán los términos de su permanencia: ¿será contemplado su pedido de derecho de usufructo o se les impondrá un comodato (lo que implica la devolución de la vivienda)? Sabrán qué actividades de conservación se realizarán y cómo será su participación en ellas. Y quiénes tomarán las decisiones en esta perla del turismo que no para de crecer y engrosar bolsillos.

La contracara del éxito es que los dueños de casa sospechan que su estilo de vida, ese que tanto enamora a los turistas, tendrá una fecha de caducidad. Del Plan de Manejo esperan lo peor.

Rony Gómez, apicultor y poblador permanente, opina:

—La intendencia tiene un recelo hacia nuestra forma de vivir. Nos ven como delincuentes, como unos avivados que se instalaron en tierras ajenas para hacer plata y no pagar impuestos.

Cree que la intendencia debería aceptar al Cabo como un padre a "un hijo que nace con una malformación", "debe atenderlo como viene y quererlo por lo que es".

En el paraíso, la tenencia de la tierra es un infierno. Y el enfrentamiento se endureció ahora que se multiplicó el valor de la cama. Por un lado está la intendencia, que quiere traer servicios e impuestos, y por otro los pobladores, convencidos de que los quitarán "para poner hoteles cinco estrellas". Y como un testigo mudo está la Dinama, que debe aprobar el Plan de Manejo que determinará las reglas del juego.

El miedo estuvo aferrado a las dunas desde un principio. Dice la historia que en esos paisajes hubo naufragios, hubo piratas, hubo leyendas. Se faenaron, durante más de un siglo, lobos marinos. El nombre del pueblo se tomó de un barco encallado en las rocas en 1753, y a una playa se le puso La Calavera porque hasta allí flotaron los cadáveres del ganado que un pirata robó y arrojó a esas aguas. Esos huesos, por la noche, emanaban una luz extraña que para los más supersticiosos eran señales de una maldición.

Entre náufragos, pescadores y loberos creció un pueblo al que se llegaba a caballo, en un viaje de tres horas desde Valizas. Con el paso del tiempo, ese aislamiento se convirtió en el valor agregado de un paraíso sin luz eléctrica ni agua potable. Era un oasis sin autoridad, porque a pesar de que el Estado era propietario de algunas tierras, durante décadas se mantuvo ausente. Las dunas se creían inútiles, eran tierras abandonadas, y para contener el avance de la arena, a lo largo de 1940, 1950 y 1960 las autoridades plantaron un monte de pinos. No se imaginaron que ese sería un error fatal que hoy es necesario corregir. Para el arquitecto Pablo Ligrone, director de la maestría de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de la UdelaR, talar ese monte y restaurar la movilidad de las dunas "es la más importante entre las medidas de conservación" del SNAP.

Cabo Polonio vivió al margen hasta que en 1960 llegaron los turistas, de Rocha o de Montevideo, en busca de "horizontes nuevos", "una sensación de libertad" y "un lugar libre de autoridad", según dicen hoy. Las casas las construyeron a mano, en terrenos que creyeron erróneamente públicos. En ese momento no le importó a nadie. Ni a los propietarios privados ni al Estado que, en 1942, y por mandato del presidente Alfredo Baldomir, había solicitado expropiar tierras —para poblar el lugar—, trámite que nunca finalizó.

Sin embargo, hacia 1990 renació como un destino turístico. Sin control, las construcciones irregulares crecieron y la Industria Lobera y Pesquera del Estado (ILPE), la empresa que faenaba los lobos, cerró. Sus antiguos empleados, los pescadores y los habitantes que habían hecho su vida en esta aldea, vieron cómo su rusticidad se convertía en marca turística. Y cómo esta etiqueta les daba dinero. Y lo aprovecharon.

Pero con el éxito vino el miedo. En 1992, cuando varias expropiaciones del Estado cayeron, la familia Pertusso vendió sus tierras en playa sur a Gabasol S.A. Este grupo de accionistas tiene 80 propiedades. A su vez, el propietario de apellido Tysnés empezó un juicio para expulsar a 100 ocupantes, pero la Justicia determinó que debería pagarles los derechos de posesión: es decir, devolverle a cada uno el valor de la construcción. Envió un tasador, pero hasta el momento no pagó. Hace poco, una heredera de esta sucesión decidió vender su parte de la herencia —el 8,5%—, y unos 40 ranchos aceptaron el trato. El resto se mantiene firme en el lugar, sin saber qué les deparará la Justicia o el Plan de Manejo.

En tanto, la mayoría de los pobladores originarios están establecidos en una franja que pertenece al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y al Ministerio de Defensa. Hubo un juicio, pero como los ocupantes de Tysnés, ellos fueron amparados por la antigüedad de su posesión.

También en la década de 1990, el Mvotma decidió que era tiempo de contener la urbanización y lanzar una recuperación del estado de las costas del Cabo, por lo que ordenó demoler cientos de construcciones. Tres veces entraron las máquinas topadoras.

En Cabo Polonio hay 463 construcciones, en su inmensa mayoría casas de veraneo, "y todas ellas en distintas situaciones legales", dice Antonio Graña, director de Ordenamiento Territorial de la intendencia. "Solo las propiedades de Gabasol S.A. están en regla", aclara. Por eso el desalojo es un estigma que persigue a los polonienses, como el temor que un siglo antes asediaba a los marineros cuando se acercaban a este cabo en penumbras.

En la puerta de su rancho, en tierras de Tysnés, Gonzalo Núñez, el "Ajo", levanta la vista y señala el único cable de UTE que atraviesa el pueblo para llevar electricidad al faro. "Hay que sacarlo", dice con fastidio, "vos le decís a la gente que acá no hay luz eléctrica, pero ponen un pie y ven esto", insiste. A su alrededor, varios ranchos ya no se alumbran con velas: tienen luces led. Y televisores de pantalla plana. Y duchas con agua caliente e inodoros con cisterna. El turismo y los US$ 5 millones que deja cada verano según un estudio de 2011 —la intendencia sugiere que esta cifra creció—, están cambiando el rostro del pueblo. Y esto, para algunos, es una contradicción.

Así piensa Daniel Machado, nacido en el Cabo, hijo, nieto y bisnieto de loberos y pescadores, antiguo lechero y farero, hoy dueño del restaurante "Lo de Dani" y vocero de los pobladores originarios.

—Yo siento que tengo un legado, que es defender lo que armaron nuestros ancestros, y el Cabo que estoy viendo no es el que yo quiero.

—¿Qué cambió?

—Al entrar el Estado sacó a la gente que vivía humildemente ofreciendo servicios. Nosotros teníamos un paraíso y ahora tenemos un lugar demasiado comercial, de gente que deambula y no deja nada. Se llenó de comerciantes visionarios que creen que somos torpes porque no ponemos negocios de moda. Se fueron aquellos turistas que eran amigos, que venían por décadas. Ahora llegan los que vienen por el día, gastan la mitad y compiten con tu negocio, pero a ellos nadie les pide una habilitación.

—¿Y cómo ve el futuro?

—El Estado nos dijo que lo primero que iba a hacer era contemplar a la población, pero no fue así. No hay una respuesta cuando se la pide. Todo es imposición. No nos consultan ni para decidir dónde poner los tachos de basura. Se nos viene un mundo a prepo, como esto de cambiar la terminal de lugar sin pensar qué va a pasar con todos los comercios que vendemos a quienes allí esperan el transporte. Yo creo que esto es como agarrar a una gallina que pone huevos de oro y además carnearla porque precisamos la carne.

Desde que ingresó al SNAP, la historia del balneario cambió de página. La intendencia, como administradora del parque, prohibió las construcciones, trajo guardaparques, salvavidas y contrató un servicio de recolección de basura que le cuesta US$ 50.000. Exige habilitaciones comerciales y empezó a cobrar 50 UR anuales (unos $ 50.700) del Impuesto a la Construcción Inapropiada, del que los pobladores permanentes están exonerados.

Cuenta el "Ajo":

—El asunto es que acá nadie quería que entrara la ley, porque la gente tenía tres, cuatro o cinco ranchos. La manera de desarrollarse era construir viviendas y alquilarlas a los turistas. Entonces cuando llegó el Estado nos dividimos. Algunos pensamos que estaba bien, que iba a limitar las construcciones, y otros no lo querían adentro, y tenían razón.

En 2007, a la primera audiencia pública que organizaron la Dinama, la intendencia y otras instituciones para plantear el ingreso al SNAP, asistieron 600 personas. Reinó el caos. Fueron necesarias otras dos audiencias y 40 reuniones para recoger las opiniones del pueblo y ponerlo al tanto de lo que implicará funcionar como un área protegida.

Asustados por tecnicismos que no entendían, los pobladores se agruparon. Los originarios crearon la asociación civil Comunidad Cabo Polonio, y los vinculados desde hace años al lugar (como el "Ajo"), se autodenominaron "pobladores permanentes". "A pesar de nuestras diferencias, cuando llegó el momento fuimos un solo miembro", dice Alejandro Gallinares, parte de este grupo. Comunidad Cabo Polonio contrató a Mauricio Fioroni y a Marcelo Nievas, abogados expertos en medio ambiente y ordenamiento territorial.

Así recuerda Fioroni a sus clientes más longevos:

—Me encantó el caso, pero fue tedioso. Yo andaba de traje y maletín por las dunas y no tenía ni un minuto libre: a cada paso que daba me rodeaban decenas de pobladores preocupados por si los iban a sacar o no. Para ellos la noticia del ingreso al SNAP fue horrible, porque al principio la Dinama utilizó como estrategia la de dividir al pueblo. Decía este tiene derecho y este no. Entonces nosotros lo que les planteamos fue que unificaran criterios para tener todos juntos una misma voz cantante y hacer nuestros aportes al Plan de Manejo —explica. Gallinares recuerda una tarde en que Alicia Torres, la exdirectora de la Dinama, caminaba hacia el faro con un grupo de polonienses siguiéndola detrás. "Parecía una escena cómica. Ella caminaba y nosotros le preguntábamos qué teníamos que hacer. Al final la mujer se dio vuelta y nos dijo: Les pido un voto de confianza. Nos dijo que si hacíamos del Cabo un parque nacional, íbamos a tener un plan que garantizara lo que habíamos estado hablando. Pero no fue así. Esto nos pasa por vivir en la naturaleza, tenemos una inocencia demasiado romántica", dice.

Esa escena ocurrió en 2008. Cabo Polonio ingresó al SNAP en 2009. Por ley, el Plan de Manejo —que primero zonifica el lugar y luego indica qué se puede y qué no hacer en esas zonas—, no puede demorar más de un año. En 2011, la consultora Sprechmann & Capandeguy entregó los lanzamientos básicos para su redacción definitiva. Según asegura Graña, de la intendencia, "en estos momentos el documento está en manos de la ministra Eneida de León para su aprobación".

La del Cabo Polonio no es una excepción: de las 14 áreas que ingresaron al sistema, solo cuatro tienen plan.

Pero, ¿por qué tanta demora? Según el arquitecto Ligrone, "para poder consensuar un Plan de Manejo hay que solucionar el equilibrio entre cargas y beneficios". Graña retruca: "Se demoró tanto porque el Polonio es un lugar muy conflictivo y hay muchos intereses económicos que están pujando detrás".

Rony Gómez compró una casa en el pueblo por US$ 80.000. En Mercado Libre, una propiedad de Gabasol S.A. se ofrece a US$ 250.000. Otra, en el terreno de Tysnés, a US$ 49.000. Como ya no se puede construir, los ranchos que quedan aumentan su valor o se transforman en hostels: "A la casa se le hace un alero, sobre un alero, sobre otro alero y así se agregan habitaciones", explica el dueño de uno de estos locales. En un solo día de enero pueden ingresar hasta 3.000 turistas, pero creen que el Plan de Manejo limitará a 500. También temen que se estimule el desarrollo de posadas en la zona de Gabasol S.A., donde según ellos están "los pobladores de primera" para la intendencia. Por eso, los apodan los "Beverly Hills". Y ellos, al resto, "Los Corvinos", por la pesca del lugar.

Incrédulo ante el comentario, Aníbal Pereyra, el intendente de Rocha, contesta:

—Es como cuando dijeron lo del hotel cinco estrellas. A veces esto se parece a una guerra. Algunos creen que queremos borrar al Cabo del mapa.

—También se rumorea que la nueva terminal tendrá un centro de servicios que competiría con los locales.

—Otro hotel cinco estrellas. Nosotros lo que tenemos que mejorar es el servicio de transporte, porque el que hay no es bueno y el suelo no da más.

Entre polonienses se admite que hecha la ley hecha la trampa. El caso más claro es el del ingreso de materiales para refaccionar los ranchos. Dicen los pobladores que el expediente que deben abrir en la intendencia para conseguir la autorización es arduo. Entre aquellos que están obligados a pagar el impuesto a la construcción inapropiada, estar al día es una condición. Los exonerados deben firmar un permiso de construcción que estipula que "no son propietarios, que no pueden pagar el impuesto porque no tienen padrón y que además no tienen nada que reclamar contra la intendencia en un futuro juicio que les realicen los dueños de los terrenos que están ocupando", explica Graña. Pero se niegan.

Es de noche en el Cabo y todo parece inmóvil. Sin embargo, cuando se les pregunta si en este momento están entrando materiales ocultos, varios pobladores afirman con un movimiento de cabeza. "Yo una vez me traje dos tablones de madera al hombro. Caminé ocho kilómetros por las dunas, pero lo hice por una cuestión ética, porque a mí la sal, el viento y el agua me pudren la casa y además, las piernas no me las pueden multar, ¿o pueden?", dice Gallinares. Otro poblador asegura que es habitual "entrar un par de obreros de noche y amanecer con una casa hecha de nuevo".

Graña lo sabe.

—¿Qué sucederá con los pobladores?

—En el plan se maneja el comodato o una concesión de uso con fecha límite, que podrá ser prorrogable. Pero hay diferentes pobladores permanentes. Con los que están en el terreno estatal tendremos más facilidades para reubicarlos, pero los que están en privados, ya es un tema judicial. Con ellos lo que se podría hacer es reubicarlos en el lugar público. Eso está previsto.

Para este jerarca el asunto de fondo es un proceso de legitimación de la autoridad, que aquí cuesta: "Los pobladores tienen derechos pero también responsabilidades. ¿Sabés de dónde salen los recursos para darles servicios? Del resto de los contribuyentes de Rocha. Hay 463 propiedades y solo 92 pagan impuestos. El Cabo funciona a base de estar subsidiado, y esto no puede seguir así".

Rodeado de vecinos y con las noctilucas empezando a asomar en el mar, el "Ajo" explica que ellos lo que quieren es quedarse con derecho de usufructo. "Esto quiere decir que podés trabajar en tu casa y la pueden heredar tus hijos. Pero la veo difícil. ¿Sabés lo que somos nosotros? Somos una subcultura a la que le están poniendo una fecha de caducidad. Eso somos".