Contrataciones irregulares

El Mides le dio un refugio a un edil comunista en 2014, pese a que este no tenía experiencia. El Tribunal de Cuentas observó el gasto seis veces, pero aún se reitera. El caso salió a la luz luego de que exempleados denunciaran que con sus sueldos se financiaba una radio de izquierda.

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La asociación civil Eusebio Vidal nació con la intención de convertirse en una radio comunitaria. Pero un día, mientras intentaban juntar la plata para lo que era ya para ellos un proyecto ambicioso, recibieron una llamada del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) invitándolos a hacerse cargo de un refugio para personas en situación de calle.

-Nosotros estábamos trabajando en una ONG en pos de abrir una radio comunitaria, cuando nos llamó el Mides de acá, de San José, y nos planteó que nos teníamos que hacer cargo de un refugio. Aceptamos y allí fuimos, sin ningún conocimiento. Nos dijeron que teníamos que buscar un grupo de gente y solucionar situaciones horribles. Ahí empezamos a experimentar. Le pedimos orientación al Mides y nos dijeron que tuviéramos ‘sentido común’. Fue una contratación directa y nosotros nos hicimos cargo.

La declaración es de Hugo Gutiérrez, presidente de la Eusebio Vidal. El otro referente de la asociación es Humberto Greno, edil del Partido Comunista. Gutiérrez debió presentarse a la Justicia y allí le pidieron explicara cómo diablos llegó a convertirse en referente de un refugio para personas en situación de calle.

Esto sucedió luego de que siete empleados cesados de sus cargos denunciaran a la asociación y al Mides por descontarles el 7% del sueldo para la financiación de una radio comunitaria de corte izquierdista. Los sacaron por una disposición de la cartera que ordenó que los trabajadores de los refugios debían tener al menos el bachillerato terminado.

El juez, incrédulo ante lo que estaba escuchando, le preguntó a Gutiérrez:

-¿Pero ustedes se presentaron a un procedimiento licitatorio?

-En un momento nos presentamos a una licitación para abrir un centro de 24 horas, pero este no fue tenido en cuenta porque se entendió que no era necesario para San José un centro de 24 horas (sino solo para la noche). Yo fui a Montevideo, llevé la documentación, pero no había leído la hora a la que había que presentarse y llegué tarde. Se habían presentado dos asociaciones, pero fueron descartadas. Dijeron que se declaraba desierta la licitación y que seguíamos nosotros.

Son 18 las oenegés que gestionan unos 47 refugios del Mides. La mayoría de estos, 42, están en Montevideo. Hay tres en Maldonado, uno en Canelones y uno en San José, que es la asociación Eusebio Vidal. Estos centros atienden a un total de 1.500 a 1.700 personas a diario, según la época del año.
El País consultó al Mides cuántos juicios habían recibido de parte de las oenegés desde 2017, cuando se empezó a pedir al menos el bachillerato completo a los trabajadores; también se le solicitó cuántos había ganado, cuántos había perdido y qué dinero le había significado esto. La cartera no respondió a estas consultas, pues adujo que no tenía la información sistematizada y necesitaba el tiempo que da un pedido de acceso a la información para hacerlo (unos 40 días hábiles).

El Mides sí advirtió que “desde que se pide más formación a los educadores” los juicios se han incrementado. También se le consultó a la cartera cómo se elegían las oenegés, y contestó que por licitación.

Cuando la asociación Eusebio Vidal recibió el llamado del Mides en 2014, ni lo dudó. Eran $ 5,6 millones para hacerse cargo de 30 personas que iban a cenar, dormir y desayunar en el lugar. En invierno podían llegar a ser hasta 33, pero no más. Ellos debían también hacerse cargo del alquiler, pero esto lo terminó pagando la intendencia. La comuna además brindaría el alimento, y pagaría el gas y la luz. La asociación sí se tenía que encargar de elegir el personal, contratarlos y pagarles.

Así fue que empezaron a reclutarlos: un coordinador, un psicólogo, un asistente social, un enfermero, seis educadores y dos auxiliares de servicio. En un momento se decidió que los educadores serían siete y el auxiliar uno solo. Lo que se hizo fue pedirle a una de las auxiliares que pase a cumplir la otra tarea. Es que a los educadores no se les pedía formación previa, solo se requería lo que solicitaba el Mides: “sentido común”.

A todos les decían que les sacarían un 7% para la radio, menos al asistente social y al psicólogo, que pagaban un 4%.

Con el tiempo empezaron a aparecer los problemas. No solo con los usuarios, sino también entre los mismos empleados. Así lo devela un cuaderno de tapa dura, color amarillo, de comunicados internos del hogar, que llegó a manos de la Justicia junto a las demandas. En la Eusebio Vidal no existía la informática, era todo de puño y letra, con lapiceras de todos los colores. Con faltas de ortografía y problemas de sintaxis, que fueron corregidos para esta nota. También se cambiaron los nombres de trabajadores y usuarios para que estos no sean identificados.

Aquí algunos extractos del cuaderno:

3/3/16

El usuario Miguel debió ser trasladado el día de hoy a un centro en Montevideo. Se opuso, agredió física y verbalmente a otros usuarios y funcionarios, por lo que se debió llamar al 911. Se lo llevaron en un móvil policial. (Sin firma)

5/6/16

Reitero!!! A las damas usuarias la ropa interior que se la laven ellas. Dejan sutienes, bombachas y medias para que se lo lavemos nosotros. Esos artículos personales yo no los lavo. Juan.

6/6/16

Es increíble. No puedo creer que el grupo de la mañana después de tanto tiempo deje todas las toallas para lavar. Voy a avisar para que sean sancionados, no da para más, pelean por quién hace menos. Ana.

7/6/16

Ana, perdoná, pero si queda para lavar ropa si podés la lavás y si no podés, no la lavás. (Sin firma).

10/6/16

Se comprobó que toman y fuman por la noche. Las puertas tienen que quedar abiertas. Y la próxima vez hay sanciones para los educadores. Coordinadora.

Sin fecha.

SANCIÓN. El usuario Raúl no puede entrar más. Por segunda vez se levantó a la una de la mañana y dijo que se retiraba, se llevó todas sus cosas y luego se supo que faltaron pertenencias de otros usuarios. Los tres educadores del turno están sancionados porque no cumplieron con su deber de revisar y controlar sus pertenencias. Coordinadora.

Sin fecha.

Faltaron del freezer chorizos y una tira de asado que trajo Pedro. También tres presas de pollo. ¿Qué pasa? ¿Y qué pasó con la salsa de tomate? Sin firma.

Esto fue así hasta 2017, cuando el Mides comunicó a las organizaciones que el personal debía tener el bachillerato terminado. Como los contratos eran anuales, no hubo que despedir a nadie, lo que se hizo fue no renovarlos. Así la coordinadora, que contrajo tuberculosis en el refugio, se quedó sin empleo mientras estaba enferma. Y así ella, y seis trabajadores más, decidieron hacerle juicio al Mides.

Reclamaron que les correspondía el pago de despido por todos los años que habían trabajado, el pago acumulado por nocturnidad y la devolución del porcentaje que les habían sacado para la radio.

La historia de la Eusebio Vidal es un buen ejemplo de todo lo que está mal a la hora de hacer contrataciones desde el Estado. Porque más allá del sinfín de irregularidades internas, el Tribunal de Cuentas viene observando cada uno de los contratos que se hicieron sin licitación con la asociación desde el año 2014.

Son seis las observaciones:

La primera es del 23 de diciembre de 2014, por un contrato de $ 5,6 millones, para encargarse del hogar por un año.

La segunda es de febrero de 2016, cuando se la volvió a contratar directamente por $ 6,3 millones para trabajar por ocho meses.

La tercera corresponde al 25 de enero de 2017, cuando se les dio $ 2,3 millones por cuatro meses.

La cuarta es del 31 de mayo de 2017 ante un acuerdo por $ 4,6 millones, por ocho meses.

La quinta es del 26 de abril de 2018, por $ 3,9 millones, por el trabajo de seis meses.

Y la sexta fue el 15 de agosto de 2018, por $ 5,5 millones.

En total fueron $ 28,2 millones lo que le pagó el Estado a la Eusebio Vidal.

Esto sin contar el dinero de los juicios. Ya van dos de estos perdidos, lo que implica $ 400.000 para los exempleados. En otros dos ganó el Mides. Tres juicios quedan pendientes por un millón de pesos cada uno, y se espera que la Justicia se pronuncie en las próximas semanas.

Además, este mes se vence el contrato con la asociación, pero el Mides ya le anunció que seguirá hasta agosto. La ministra Marina Arismendi ha dicho a medios de San José que se abrirá otro refugio en Santiago Vázquez, regenteado por otras personas. El diario local Primera Hora informó que tres oenegés se presentaron para ese proyecto, pero el ministerio no se decide aún por ninguna de ellas.

La radio comunitaria se llama “Red Pueblo”, es de izquierda, hablan en contra de Donald Trump y a favor de Nicolás Maduro, y reproducen notas de Telesur. Hoy por hoy, según lo que se deduce de los expedientes judiciales, ya no es financiada con la plata de los trabajadores del refugio.
Los dos juicios que los empleados perdieron se resolvieron después de que otro trabajador dijera que él dejó de aportar un porcentaje de su sueldo para la radio y, sin embargo, no lo despidieron.

“Pero eso no importa. Lo que sucede es que si tu empleador te pide que le des parte de tu sueldo para colaborar con algo, vos no tenés plena libertad para decirle que no”, señala el abogado de los trabajadores, Manuel Larrea, que es edil por el Partido Nacional. Él dice que en este caso se da “una contradicción”, porque él defiende “el derecho de los trabajadores, y del otro lado está el Frente Amplio que defiende a los empleadores. Es curioso”.

Mabel Negrín, que no terminó el liceo, fue despedida y es una de las que perdió el juicio. Entró a trabajar a la asociación en 2014 como auxiliar de servicio y luego pasó, sin ninguna experiencia previa, a desempeñarse como educadora. “No tenía ninguna formación, me explicaron ahí más o menos cómo hacer el trabajo, había que decirles que se bañaran, darles el desayuno, charlar un poquito con ellos. Cosas así”, dice Negrín. Y agrega: “El día que tuve la primera entrevista ya me dijeron que si quería el trabajo tenía que dejarles el 7% para financiar la FM. La mayoría de los que estaban ahí eran del Frente, porque la radio es de izquierda”.

El abogado de los encargados del refugio, Federico Diana, fue consultado también para esta nota, pero dijo que sus clientes no querían hacer declaraciones.

Las diferencias políticas, que ponen a frentistas de un lado y blancos del otro, también involucran a la intendencia, que ya no quiere pagar más por el alquiler del local.

“Yo me reuní ya con la gente del Mides antes de fin de año y les dije que no podía seguir pagando un alquiler para Eusebio Vidal, donde hay cinco o seis usuarios que son del departamento y el resto viene de otros lugares. Lo peor de todo es que ese hogar es solo para la noche, entonces viene gente de otros departamentos para dormir ahí, y después están todo el día en la calle”, explica el intendente José Luis Falero, del Partido Nacional.

El jerarca advierte que para los que sean ciudadanos de San José la comuna les pagará una pensión “hasta que puedan resolver su situación”. Falero dice que no es un tema de dinero. “No es por la plata, son $ 30.000, estamos para ayudar, pero no puedo tener a toda esa gente extraña tirada en la calle”.

Lo curioso es que en las observaciones del Tribunal de Cuentas se sostiene que en lo que paga el Mides se incluye el alquiler. Esto llevó en 2017 al Partido Nacional a denunciar la existencia de un pago doble, ya que se le pedía a la intendencia que apoyara al refugio pagando el alquiler, pero al mismo tiempo el Mides le daba a la asociación un dinero que debía ser utilizado con este fin. El edil blanco Juan Manuel Álvarez fue quien denunció esta irregularidad, entre otras, como que “al no existir sistema de calefacción, se les decía a los trabajadores que llevaran estufas eléctricas o que utilizaran el gas por cañería porque eso lo pagaba el gobierno departamental”.

En la Junta Departamental, ediles frenteamplistas advirtieron que los blancos denunciaban esto para sugerir que existía un “amiguismo” entre Arismendi y el edil Greno, por ser ambos comunistas.

Greno contestó a las denuncias en una nota con el portal Ecos. Allí dijo: “Para nosotros no se trata de eso (de amiguismo). Cualquier persona, de cualquier partido, puede ser parte de la asociación. No hay ningún inconveniente legal. De esto se hizo un tema político. Fue una adjudicación directa. Fue por un año y se fue renovando. Se hicieron varios llamados que luego se declararon desiertos. En todo caso, habría que consultar a la gente del Mides”.

Arismendi declaró en octubre pasado en Radio Principal de San José que la situación de Eusebio Vidal le “quita el sueño” y que para ella todo lo que ha pasado allí ha sido como “un dolor de muelas”.

Lo que no se explica, entonces, es por qué el ministerio no deja de contratarlos una y otra vez.

Partido Nacional llamó a Arismendi al Parlamento para que dé explicaciones

El diputado nacionalista Martín Lema convocó a la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, a la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Representantes para que diera explicaciones por “una cantidad innumerable de irregularidades, falta de transparencia y sentimiento de impunidad”. La jerarca deberá presentarse ante los legisladores el próximo mes. Lema advierte que allí le pedirá, entre otras cosas, que se haga una auditoría externa en la cartera que sirva para detectar si existen o no irregularidades.

-¿Por qué decidió convocar a la ministra al Parlamento?

-El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) no dio respuesta a más de 10 pedidos de informes que presentamos y se encuentran vencidos, siendo dos de ellos relativos a la contratación de la asociación civil Eusebio Vidal. Tenemos conocimiento que desde enero de 2017 se observan contrataciones de esta asociación para gestionar el centro nocturno mixto en el departamento de San José. Estas contrataciones han sido observadas por el Tribunal de Cuentas ya que debió realizarse un procedimiento competitivo y no se justificó la contratación en forma directa. Por otro lado, el Mides pagó antes de constatar que haya cumplido su trabajo. Esto no está permitido, así lo establece el artículo 20 del Tocaf (Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera). Además, empezaron a ejecutar el contrato antes de que el Tribunal de Cuentas pudiera actuar, algo que no se puede hacer según lo que establece el artículo 211 de la Constitución.

-¿Por qué cree que estos pedidos de informes no le fueron respondidos en tiempo y forma?

-La falta de respuesta a los pedidos de informes sobre esta contratación puede obedecer al ocultamiento de información, a evitar que se conozcan detalles de una situación de amiguismo o a impedir que se tome conocimiento de otras irregularidades mayores. Entre otras preguntas, consultamos si el ministerio recibió denuncias y/o demandas laborales realizadas contra la Asociación Civil mencionada.

-¿Qué situaciones denuncian los otros pedidos de informes?

-Así como no brindaron respuestas respecto a la contratación de esta asociación, desde el Mides tampoco nos contestaron consultas sobre resultados de los planes sociales, se negaron a indicar a quiénes les pagaron pasajes al interior del país sin norma que lo habilite, no explicaron contrataciones que generan muchas dudas como la contratación de una cooperativa de choferes en un monto superior a los $ 49 millones de pesos o la contratación de una cooperativa de limpieza en Treinta y Tres para gestionar un centro de atención de personas que poseen discapacidad mental. Debido a la postura soberbia y las irregularidades en el manejo de los recursos destinados al Mides, es que convocamos a la ministra a Comisión de Población y seguiremos insistiendo en la necesidad de realizar una auditoría externa, tal como ya lo planteó el senador Luis Lacalle Pou.