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Cada vez que sube a un ómnibus, Néstor Silva tiene una certeza: si se sienta contra la ventana, es un hecho que el asiento de al lado quedará libre durante todo el trayecto. Le pasa siempre, salvo raras excepciones. “Es parte de la vida: el ómnibus se va llenando y la gente no se sienta a mi lado”, dice Silva, de hablar pausado, sonrisa amable y voz algo ronca. A Silva ya no lo afecta. Lo asumió como algo tristemente normal. Lo cuenta mientras toma un café y come pizza en el bar La Papoñita un martes al mediodía en el Centro de Montevideo. Silva tiene 64 años, es candombero —integró una larga lista de comparsas, desde Yambo Kenia a Kanela y su Barakutanga, entre otras—, trabajó muchos años en un depósito de una cadena de supermercados, dirigió Mundo Afro y hoy es un militante reconocido por los derechos de los afrodescendientes. Sus ojos son grandes, el bigote amplio y la piel negra.

En la misma mesa está Rinche Roodenburg, una holandesa de 71 años, rubia, de ojos claros y piel bien blanca, a la que el destino (en este caso, una relación de amor con un exiliado político uruguayo) trajo a Montevideo allá por 1985. Acá dirige desde 2003 la ONG Idas y Vueltas, que ayuda a los inmigrantes que llegan al país. Ella cuenta la historia opuesta a la de Silva: en estas tres décadas ha gozado de lo que define como discriminación positiva y se ríe fuerte. “Esto muestra lo racista que es Uruguay. Yo, pálida y rubia, puedo hacer lo que quiero y se me han abierto todas las puertas”, afirma con un acento europeo aún muy marcado.

Silva y Roodenburg se conocen bien porque ambos integran, en nombre de las organizaciones sociales, la Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de Discriminación, que se creó en 2004. Según la ley 17.817, algunas de sus funciones son llevar un registro de conductas discriminatorias y brindar asesoramiento integral y gratuito a personas o grupos discriminados.

Pero la tienen difícil y su trabajo no cuenta con demasiada visibilidad. Y mucho menos recursos, ya sea económicos como humanos. “No tenemos ni secretaria”, lamenta Roodenburg. “Todo es muy engorroso. Llega una petición y hay que mandar una carta. ¿Quién lo hace? ¿Quién recibe a la gente?”, pregunta la activista.

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Cuando habla de peticiones se refiere a las denuncias de eventuales situaciones de discriminación que llegan: los formularios dispuestos para ello se pueden presentar los martes de 11 a 13 horas en una oficina en la calle Magallanes, vía postal o por correo electrónico. También se pueden hacer consultas a un teléfono (2407 4568, interno 205 o 206) pero no siempre hay personal para atender, admite Maia Amondarain asesora técnica del director de Educación Gonzalo Baroni, quien preside la comisión.

Amondarain afirma que la realidad es que se encontraron con un ámbito que “no estaba organizado”. Y da un ejemplo: en estos meses dieron trámite a unas 20 denuncias que habían quedado traspapeladas del año pasado. ¿Pero cuántos casos reciben? En lo que va de 2020, con la pandemia en el medio, solo han recibido nueve denuncias según la asesora, pero eso no incluye las llamadas telefónicas.

Silva, en cambio, asegura que la cifra histórica es entre 10 y 15 al mes y que eso se mantiene hace años. Entre los motivos hay discriminación racial, xenofobia a migrantes centroamericanos y también basada en género. Hay casos de agresiones físicas, insultos o destrato en lugares públicos, ámbitos laborales o educativos.

Eso sí, la comisión se centra en las denuncias en el sector privado y articula con la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo del Uruguay (Inddhh), que a su vez realiza un seguimiento del comportamiento del Estado y controla más lo público. El Inddhh recibió el año pasado 143 denuncias de vulneración de derechos en espacios laborales y públicos, según su informe anual. Casi 12 al mes.

La cifra máxima de denuncias fue en 2013 (260) y luego se mantuvo en un margen algo inferior a las 200 anuales. Pero han ido aumentando los asesoramientos y consultas (que no configuran denuncias), por lo que el año pasado hubo un total de 575 intervenciones en el Inddhh. Cada una de ellas concluyen con recomendaciones y no tienen poder punitivo. Lo mismo le sucede a la comisión, que además no maneja plazos.

Silva admite que sería un problema que la gente conociera más la tarea que hacen: “No podríamos responder”. Amondarain coincide con eso y sostiene que la infraestructura actual no soportaría una mayor difusión porque eso implicaría un probable incremento de la demanda, pese a lo cual piensan en nuevos mecanismos de descentralización de las denuncias, para que sean más efectivas.

Hace poco, por ejemplo, analizaron un caso donde un inmigrante cubano denunciaba que en la cocina de un conocido bar montevideano el encargado lo destrataba solo por su origen. “Actuaba en forma racista y xenofóbica”, sentencia Silva. Le decía que tendría “que estar prohibido” contratar cubanos y lo mandaba a limpiar los pisos y hacer otras tareas que no le correspondían, según la denuncia, que también fue presentada ante el Ministerio de Trabajo.

¿Cómo saben que es real un relato como ese? “Primero, hay un cúmulo de experiencias bastante importante”, se defiende Silva. Segundo, dice que el peso de la prueba debe estar en el denunciado, es decir, debe comprobar que no es real lo que se afirma. “Si no, somos multiplicadores del problema”, dice Silva. La mayoría de las veces, además, las instituciones y personas denunciadas ni siquiera responden. A veces la comisión concluye que no hay racismo ni xenofobia. En aquel caso la empresa no pudo refutar lo afirmado, pero no lograron mayor avance y el empleado renunció tras conseguir otro empleo.

Con particularidades y matices, la situación se replica en todo el continente. El Grupo de Diarios América (GDA), que integra el diario El País, convocó a especialistas de nueve países para obtener un panorama regional de cómo estos problemas afectan a las distintas sociedades. Y hay un denominador común: el racismo es algo que muchas veces no se nombra o se niega, pero que afecta cada día a millones de latinoamericanos

En Brasil, por ejemplo, el racismo y la discriminación por la pobreza se manifiesta cada día en escenarios tan populares como el fútbol y la samba. Para el filósofo y profesor Renato Noguera, de la Universidad Federal de Río de Janeiro, “la mejor forma de combatir el racismo es buscar una reparación”, aunque tenga un costo para los estados. “Ellos son responsables del racismo estructural pues perpetúan este tipo de acciones. No resuelve el racismo decir que todos somos iguales”, dice.

Y menciona que la mayor parte de futbolistas en Brasil son negros, pero solo hay un negro como presidente de un club y pocos entrenadores. Otro ejemplo son las escuelas de samba del Carnaval, que fueron “creadas por negros”, pero que sus líderes son mayormente blancos.

En Chile falta reforzar las leyes. Eso afirma el sociólogo Mauricio Salgado, quien es profesor de la Universidad Andrés Bello: “Lo primero es el cambio institucional de nuestras leyes. Reforzar las sanciones que existen ante actos discriminatorios. La discriminación florece cuando hay segregación”.

En Argentina el antropólogo e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) Alejandro Frigerio opina que todos actuamos en base a ciertos estereotipos: “Si vas a un hospital, imaginás como enfermero a alguien de piel oscura pero no como médico”. Y narra cómo históricamente en Argentina el racismo se manifestó contra los llamados “cabecitas negras”: “Eran los villeros. En los últimos años, a partir de la crisis de 2001, irrumpen los ‘negros de mierda’, los ‘negros cabeza’, con los cartoneros y los piqueteros circulando por toda la ciudad cuando, hasta ese momento, había zonas para cierta población racializada: la periferia, los barrios pobres”.

En el otro extremo del continente, en Puerto Rico la antropóloga Bárbara Abadía-Rexach dice que hacer visible el problema ayuda a combatirlo: “La discriminación racial se da de manera solapada muchas veces, pero cala hondo. Cuando hacemos las denuncias nos enfrentamos a un monstruo que niega el racismo”.

En Montevideo, Roodenburg dice que el racismo “está a flor de piel”, pero que durante mucho tiempo se decía que eso no pasaba. Ahora, agrega, por lo menos hay una cantidad de personas que reconoce que eso sí sucede. “Ese es un pequeño paso”, opina. “Si tú decís que no existe, es un poco hipócrita pero además ya no vas a buscar una solución”.

El psicólogo Oscar Rorra, integrante del área de denuncias e investigación del Inddhh, sostiene que en los últimos años ha habido un proceso de “conciencia” respecto a que las personas pueden denunciar situaciones. Habla de un cambio cultural.

Pero su compañera Anabella Vázquez, licenciada en trabajo social, advierte que el uruguayo sigue siendo un racismo “invisibilizado, solapado, denegado, sin agresividad física” y que está muy lejos de esa sociedad “hiperintegrada” que a veces se menciona. “Todos venimos de los barcos, sí, pero de distinta forma”, lamenta.

Veamos algunas cifras vinculadas a la población negra. Según el censo de 2011, el 8,1% se consideraba afrodescendiente en Uruguay. Pero en 2018 la incidencia de pobreza era de 17,4% en la población declarada afro y 6,9% en la población blanca.

Los responsables de hogares con niños afro presentan peor desempeño en todos los indicadores del mercado laboral, según un informe de Unicef y Cepal conocido en setiembre. Se encuentran desempleados y subempleados en mayor medida que sus pares no afrodescendientes. En educación, en tanto, aumentan las tasas de repetición y cae la asistencia a los centros educativos. Casi dos de cada cinco afrodescendientes de entre 15 y 17 años no asistían a ningún centro entre 2016 y 2018. En el resto de la población eso pasaba en uno de cada cuatro.

Y ley de cuota para personas afro en el Estado no ha funcionado de acuerdo a lo previsto: no se ha llegado a cumplir el cupo de 8% previsto desde 2013, según los informes anuales de la Oficina Nacional del Servicio Civil.

“Somos 300.000 afrouruguayos”, dice Silva. “¿Somos todos atorrantes? ¿Estamos todos incapacitados para estudiar y llegar a alguna parte?”, ironiza y comenta que a su juicio el problema es estructural. Rorra apunta que en Uruguay se sigue viendo a los negros en los puestos de servicios, salvo raros casos. Como el suyo, que es psicólogo. “¿Qué tan lejos estamos de que haya un presidente afro?”, pregunta y no responde nada.

Pero Silva afirma que la cuestión no es si el país está preparado para un presidente negro. “Porque debería gobernar para todo Uruguay”, argumenta. “El punto es que piense en los derechos humanos de todos”.

El Grupo de Diarios América (GDA está integrado por La Nación (Argentina), O Globo (Brasil), El Mercurio (Chile), El Tiempo (Colombia), La Nación (Costa Rica), La Prensa Gráfica (El Salvador), El Universal (México), El Comercio (Perú), El Nuevo Día (Puerto Rico), El País (Uruguay) y El Nacional (Venezuela).