EDUCACIÓN

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El profesor Germán Rama, entonces presidente del Consejo Directivo Central (Codicen), caminaba bajo una lluvia de huevos mientras entraba a una escuela técnica. Esa es la imagen que aún guarda muy fresca en su memoria Adriana Aristimuño, hoy directora de Planificación Educativa de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), sobre uno de los tantos episodios conflictivos que marcaron la reforma educativa que se llevó adelante durante el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti (1995-2000).

Ella trabajaba entonces en la formación de directores y en el seguimiento del llamado Plan 96, que reformó la currícula del Ciclo Básico en los liceos. Aquel episodio de los huevos se dio tras la inauguración de bachilleratos tecnológicos, que eran muy resistidos. “Parecía un clamor popular que eso estaba todo mal, y resulta que hoy día los bachilleratos tecnológicos son una cosa potente y sólida que sostienen la educación del país”, dice Aristimuño en un alto en su jornada de trabajo en el noveno piso de la sede de ANEP en Avenida Libertador y Colonia.

“La resistencia al principio siempre es muy grande, a veces es irracional, pero después va bajando la espuma y se reconoce el valor que las cosas tienen”, dice después, e inmediatamente invoca otro recuerdo: “El presidente (José) Mujica reconoció que Rama, en muchas de las cosas que propuso, tenía razón. Posiblemente Mujica y su fuerza política, al momento que Rama estaba en el poder, lo resistían”.

Hoy existe bastante consenso acerca de que aquella fue la última gran reforma que se hizo en la educación e incluso le reconocen sus méritos desde la izquierda. Pero esos años fueron intensos y la oposición por momentos feroz, con paros y ocupaciones interminables en liceos y facultades. El movimiento estudiantil estaba en pie de lucha.

Dos décadas y media más tarde, el gobierno de Luis Lacalle Pou pretende una reforma a fondo y, tras dos años de cierto parate por la pandemia, este es el momento clave: la administración quiere avanzar, mientras los colectivos docentes y de estudiantes dicen que no se los ha consultado y que al menos no quieren esta reforma.

En las últimas semanas el proceso de efervescencia social se ha tornado similar a aquel de mediados de la década de 1990: hay paros, marchas y ocupaciones, con posteriores desalojos, hasta ahora pacíficos. La semana pasada grafitearon la casa del presidente del Codicen Robert Silva, y este jueves 25 de agosto, cuando el presidente Lacalle participaba en los actos en Florida, fue insultado por representantes de docentes. “Estos son profesores ¿no?... Me están diciendo hijo de puta”, dijo Lacalle, según se ve en un video captado por Telemundo de canal 12. Uno de los estudiantes dijo más tarde a Montevideo Portal que, en realidad, cantaron “hijo de yuta”.

Nada indica, de todos modos, que esta reforma termine teniendo los resultados —que hoy casi todos reconocen como exitosos— de aquella de Rama. Le juegan en contra los plazos, con una administración que llegó al medio de su mandato y el período electoral ya no tan lejos.

¿Pero cuál es el plan? ¿Hasta dónde se pretende llegar? ¿Y hasta dónde podrán?

Aristimuño, una de las principales cabezas atrás de la reforma, recibe sonriente a El País en su despacho. En ANEP trabajan en forma intensa en la elaboración de los planes de estudio y programas. Son días y semanas fermentales.

Si bien todavía no está definido, la idea es empezar a aplicar la reforma en 2023 en primera infancia, primero y segundo de escuela, así como primero y segundo de liceo. La reforma curricular en los demás años quedaría para más adelante, aunque Aristimuño dice que trabajará hasta el último día y que le gustaría que el gobierno que viene —el que sea— siga el trabajo.

En una pared de la oficina se ve un mapa de Uruguay donde están marcados los llamados Centros María Espínola, que ya existen en todo el país en Secundaria y UTU. Se trata de una de las grandes apuestas de este gobierno. Estos centros son parte de la transformación educativa; Aristimuño dice que los primeros pasos de la reforma ya se pueden ver allí. Se trata de 29 centros de tiempo extendido en educación media básica. Una especie de escuela de tiempo completo pero en liceos y UTU.

“Ahí hay gente que trabaja de una manera más dinámica, con proyectos y talleres, aún sin la reforma curricular pero ya con una metodología diferente”, dice. Los efectivos toman el cargo por tres años y se hace un seguimiento “muy personalizado” de las trayectorias de los alumnos, porque justamente estos centros están situados en los contextos más desfavorecidos, dice Aristimuño. “Al finalizar la administración se va a poder ver 60 centros María Espínola”, asegura. “Me van a decir: 60 centros, ¡qué pocos!, pero son muchos. Centros de educación media básica de contextos quintiles uno y dos, hay 150 en todo el país. Los números de Uruguay te permiten hacer un impacto fuerte”.

Arriba en el mapa, entre Artigas y Rivera, hay una foto de María Espínola, la maestra uruguaya fallecida en 1963, que llegó a ser inspectora y vocal del Consejo de Primaria, fundadora de la primera escuela técnica del interior del país y que fue homenajeada al ponerle su nombre a estos centros. En otra pared se ve una cartelera donde, a modo de ayuda memoria, hay carteles pegados: planes, progresiones, programas, formación, grupos de apoyo, estructura, MCN (Marco Curricular Nacional).

Aunque los expresidentes José Mujica (“educación, educación, educación”, dijo al asumir) y Tabaré Vázquez (que planteó reformar “el ADN de la educación”) lo intentaron, Aristimuño se suma a la opinión de que aquel de Rama fue “el último gran impulso transformador sistémico que tuvo el país”.

Y cree que hay notorios legados: la profundización del modelo de escuela tiempo completo (que se había iniciado en el período anterior), el impulso de la educación inicial, la reformulación de la educación superior media de la UTU, la creación de los bachilleratos tecnológicos y la descentralización de la formación docente hacia todo el país, entre otros.

Pero vayamos al plan, a la reforma —Aristimuño prefiere el término “transformación educativa”—. A grandes rasgos todo se sostiene en cinco grandes ejes, según consta en la Rendición de Cuentas: reforma de la Gobernanza, reducción de la inequidad interna del sistema educativo, reforma de la gestión de los centros, reforma curricular y reforma de la formación y carrera docente.

Esto se traduce en modificaciones en la currícula estudiantil —es decir, cambios en los planes de estudio y en los programas—; pasar a una educación con un fuerte énfasis en las “competencias” —palabra que no estuvo exenta de polémica—; modificaciones en la formación docente, estimulando la titulación universitaria; profesionalización de los directores; más autonomía de los centros educativos y creación de centros de tiempo completo (los María Espínola).

Aristimuño define así el propósito de la reforma:

—Que quienes están en los centros educativos aprendan, aprendan bien, aprendan motivados, con gusto, que no se vayan, que es algo que nos sigue pasando mucho. Que repitan cada vez menos, se sostengan y terminen. Parece muy obvio, pero no lo estamos logrando. Los chiquilines, se atrasan, tienen extraedad, abandonan y no terminan.

Uruguay parte de números no muy alentadores. La tasa de egreso es de poco más del 40% versus más del 90% en Chile y más del 80% de Argentina. Desde la reforma de Rama, gobierno tras gobierno se ha querido mejorar, o al menos ese ha sido el discurso, pero los indicadores no hablan precisamente de una mejoría.

Algunos datos que recoge el Informe sobre el estado de la educación en Uruguay (2019-2020) del Instituto Nacional de Evaluación Educativa son: más del 25% de los estudiantes no logra la aprobación de la educación media básica; esto aumenta a 40% en algunos programas de la educación técnica. En primera infancia un 44,7% de los niños de 2 años y un 22,8% de los de 3 años no asiste al sistema educativo. La formación inicial de los docentes de educación media insume 6,3 años en promedio. La tasa de egreso de estudios terciarios y universitarios no excede el 12%.

—¿Cómo se logra una reforma? Todos los gobiernos cuando arrancan quieren cambiar la educación, se sabe.

—El ímpetu siempre está, pero después faltan las obras. Y faltan, sobre todo, las decisiones. Nosotros tenemos un país en el que se delibera mucho, se diagnostica mucho, pero a veces nos cuesta llegar al punto de tomar alguna decisión —apunta Aristimuño—. Se ha tomado en otras áreas: hubo una reforma tributaria, una reforma de la salud, ha habido reformas previsionales previas; ha habido cambios en la historia del país importantes, pero en educación se han ido postergando. Se han hecho cosas, interesantes, valiosas, pero puntuales. Esta cosa más sistémica al estilo de Rama se ha venido postergando.

Ahora vayamos a algo concreto del plan: las competencias. Según el Marco Curricular Nacional, el alumno del futuro deberá adquirir 10 competencias que están detalladas en el documento, que van desde pensamiento crítico hasta “competencia de relación con los otros”, por ejemplo. Allí se define el perfil de egreso, —compuesto por las competencias— que deberá tener el alumno al momento de egresar de la educación obligatoria.

Los opositores de la reforma han planteado fuertes discrepancias con ese concepto que guía el Marco Curricular Nacional. En una resolución de una ATD de Primaria, en mayo de este año, los maestros dejaron clara su postura: “Las competencias plantean un modelo a ser evaluable, cuantificable en materia de resultados y de esta forma medir su impacto en el sistema productivo y económico de un país. Así se pone en juego la calidad de la enseñanza, los aprendizajes y su aplicabilidad en el campo laboral según las necesidades coyunturales”.

—¿Qué son las competencias? ¿Qué cambian?

—Las competencias son un enfoque, una manera de organizar la educación que pone en el verdadero centro de todo el estudiante —dice Aristimuño—. Eso, que parece una frase hecha, quiere decir que el docente tiene que tener presente lo que el estudiante va a saber y va a saber hacer al final de su proceso de formación. Por ejemplo: un docente, cuando organiza su plan, su programa, piensa clásicamente: “¿Qué tienen que aprender estos chicos?”, entonces organizan objetivos, contenidos. Las competencias dan vuelta la cosa y ya no es “qué tengo que enseñar”, sino “qué es lo que ellos van a tener que saber hacer”. Entonces, en función de lo que ellos tienen que saber hacer y lo que ellos tienen que demostrar, voy a organizar mis métodos y mis contenidos.

—¿Que sea menos teórico y más práctico?
?
—Dicho sencillo, va hacia eso. Al saber hacer y no tanto al contenido.

Esto lleva, dice la jerarca, a que la planificación docente cambie y haya “enseñanzas por proyecto”. Se le plantea al estudiante “problemas de la vida real”, dice, y ejemplifica: “Se trabaja sobre qué problema ambiental hay en tu barrio, y no tanto la teoría de lo que debe ser la cuestión ambiental”.

El cambio en la currícula estudiantil lleva, inevitablemente, a otra de las propuestas de la reforma más resistidas: la formación de los docentes.

Sindicatos han reclamado participación en la reforma, al tiempo que denuncian un “desmantelamiento de la educación” y “recorte presupuestal”. “Esta reforma es un antes y un después para nuestra formación y la de las futuras generaciones. Las necesidades de los estudiantes no es una transformación curricular, sino salones, becas, espacios de participación, entre tantas cosas”, dijo en conferencia de prensa este viernes Maximiliano Santos, dirigente del Centro de Estudiantes del Instituto de Profesores Artigas (IPA).

En ese sentido, Pablo Martinis, integrante del Instituto de Educación de la Facultad de Humanidades, dice a El País que los cambios en educación requieren “acuerdos amplios entre el mundo político y también con el mundo educativo”. Entonces, si se pretende “implementar cambios rápidamente” —que en realidad necesitan de periodos de tiempo “mayores a los de un período de gobierno”, sostiene— los acuerdos son cruciales.

“Llevarlos (los cambios) adelante sin el proceso de discusión, de debate, de intercambio con los actores cotidianos de lo educativo, se convierte en un obstáculo para su implementación”, asegura.

En cuanto al carácter universitario de la formación docente, también hay algunos reparos. “No estimo que sea lo más adecuado esta forma de reconocimiento que establece el ministerio (de Educación y Cultura)”, expresó Daysi Iglesias, consejera de la ANEP por los docentes, en el programa Poder Ciudadano de VTV. “Se le pone una prueba posterior a ser titulado. Se le exige ciertas condiciones para que la carrera sea reconocida como universitaria, pero después le pone una prueba al egresado. Eso no existe en ningún nivel de los egresados universitarios, ¿por qué va a existir en los docentes?”. Esa prueba evalúa “competencias básicas”, dice Iglesias. “Estamos admitiendo que nos digan que egresan docentes sin comprensión lectora. El Codicen debe hacerse cargo de ese tema porque el Codicen está formando a los docentes de la ANEP”, sentenció.

En medio de toda esta discusión, tanto la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria del Uruguay (Fenapes) como el resto de los sindicatos vinculados a la educación parecen no dar tregua con las medidas de lucha.

En cuanto a los acuerdos, Aristimuño dice que “no hay una única manera de participar”, y que los docentes a través de las Asambleas Técnico Docentes (ATD) participan “desde el vamos” en las decisiones sobre cómo enseñar.

—El fin de semana pasado trabajamos de manera intensiva una especie de cónclave de más de 100 personas, designadas por los subsistemas y las ATD, en el arranque de la elaboración de los programas que van a estar terminados en octubre. Igualmente, esos programas que se van a terminar en octubre, se van a aprobar provisoriamente; se van a mandar a las ATD en noviembre y luego se va a hacer la aprobación definitiva. O sea que realmente hay participación.

—¿Ustedes no creen que los sindicatos, que en teoría representan a los docentes, tendrían que participar en ese proceso?

—¿Pero qué es un sindicato? —pregunta Aristimuño—. Un sindicato es una organización que está orientada a los temas de las condiciones laborales y demás, entonces nosotros creemos que son las ATD las que tienen que participar en la elaboración de los programas, no los sindicatos. Está muy bien y existen en todas las ramas de la actividad y me parece bárbaro, pero no es elaboración de programas su tarea.

El gobierno tampoco parece dar tregua. “¿Ocupan? Desocupamos”, dijo el presidente en los actos del 25 de agosto. Las autoridades están convencidas de que la reforma es ahora. Los gremios reclaman tiempo y participación. No hay señales de consenso. Mientras tanto, el tiempo pasa y se acerca cada vez más el temido 2024. Y otra vez a votar.