Fue el destino. Hace apenas cuatro días que Andrea Félix había empezado a hacer ejercicio y aquella tarde estaba bastante cansada pero su vecina Loly la convenció de que sí, de que fueran a la ruta. Eran amigas y salían juntas. La tardecita del jueves 11 de mayo estaba templada en Artigas y llamaba a caminar desde el barrio Éxodo, donde vivían.
Pasaban unos minutos de las seis y la muerte la esperaba ahí en la ruta.
Artiguense y de 37 años de edad, Andrea Félix era ama de casa y hacía changas, desde delivery a limpiezas y venta de productos. Sus cuatro hijos —Emily de dos años, Fiorella de seis, Angy de 11 y Deivid de 16— la aguardaban para cenar esa noche. Había planes en la familia, hace poco ella había celebrado su cumpleaños y con Víctor, su pareja desde hace 20 años, pensaban casarse y hacer una fiesta.
La escena transcurrió en lo que todos conocen como “el by pass”, que conecta con las rutas 30 y 4 y bordea la capital departamental. El paisaje: mucho verde y a lo lejos el centro de la ciudad. Allí caminaban Andrea y Loly, por la banquina. Desde hace un buen tiempo la intendencia construye una bicisenda que no está terminada.
Loly venía del lado más pegado a la ruta pero en un momento cambiaron. “Vos le tenés miedo a los autos que cruzan”, le dijo Andrea y se puso en su lugar.
Ellas iban de este a oeste. En el mismo sentido transitaba un camión grúa de la Intendencia Departamental de Artigas, de esos que reparan el alumbrado público y transportan cosas pesadas, que había ido a retirar un vehículo accidentado. El trabajo se había demorado más de la cuenta porque el auto había quedado trancado en el barro y tuvieron que esperar a una máquina retro. Arriba del camión, el chofer Carlos Alano y el electricista Sofildo Costa.
Del camión sobresalía “como un brazo de más o menos un metro y medio”, según declaró a la Policía un testigo del episodio, quien venía caminando por la misma ruta y se cruzó con las dos mujeres en sentido contrario. “Casi me pecha el fierro, lo vi cuando estaba encima”, declaró, en referencia a un brazo hidráulico que por alguna razón venía abierto por fuera de la carrocería y era algo así como un arma mortal en plena ruta.
Ellas no vieron al camión y tampoco vieron el peligroso hierro colgante, una suerte de L de color negro que se les acercaba a más de 60 kilómetros por hora y que terminó golpeando a Andrea. El brazo hidráulico la tomó por atrás a la altura de la cadera, la hizo volar por el aire y caer varios metros más allá, sobre el pasto y cerca de la bicisenda.
El camión siguió su marcha y paró unos cuantos metros más adelante. Las pocas personas que había en la vuelta quedaron impactadas y acudieron en ayuda. El cuerpo de Andrea quedó inmóvil, tirado y con la cabeza sangrando. De rodillas sobre la banquina, Loly lloraba desconsolada y pedía auxilio.
Al rato llegó una ambulancia: la llevaron al hospital pero no se pudo hacer nada debido a los grandes hematomas, la muerte fue por trauma craneoencefálico grave y anemia aguda. “La paciente no tenía chances de sobrevivir”, dice el diagnóstico forense, al que accedió El País.
Víctor, un expolicía de 49 años que trabaja en la construcción y por esos días estaba en Paysandú, volvió de urgencia a Artigas.
Esta fue una tragedia que conmovió a los artiguenses en estas últimas semanas. Una tragedia que se pudo haber evitado si ese brazo hidráulico no hubiera estado hacia afuera. El elemento solía estar atado con una cadena, en forma artesanal, pero esa tarde no lo estaba o se zafó.
¿Qué sucedió? ¿Por qué los funcionarios municipales no se dieron cuenta que el hierro estaba suelto? ¿Fue responsabilidad de ellos o de sus superiores?
Acá empiezan las diferentes versiones. Que el sistema estaba roto y por eso lo ataban. Que ni el chofer ni el acompañante se dieron cuenta que la cadena se había zafado y el brazo se había caído. Que en realidad nunca pusieron la cadena. Que la gente les gritaba. Que había poca luz porque ya era después de las seis. Que las luces de la ruta estaban encendidas, la iluminación no era tan mala. Que el camión estaba inhabilitado desde hace casi dos años. Que tenía multas.
Planteo del sindicato al intendente
La Asociación de Empleados Municipales de Artigas (AEMA) tiene fama de sindicato oficialista e incluso durante años no integró el Pit-Cnt, algo que se acaba de revertir. Su actual presidente José Pinazzo encara un cambio de gestión y retomó el diálogo con la central. Desde Tomás Gomensoro, donde vive y trabaja, Pinazzo adelanta que pedirán entrevista al intendente Pablo Caram para pedirle que los choferes no manejen vehículos en malas condiciones. Eso tras el trágico accidente en la ruta. “El funcionario tiene que tener aval del mecánico para salir tranquilo. No puede pasar algo y que el encargado se lave las manos”, dice Pinazzo. El tema fue tratado en una reunión esta semana con los sindicatos municipales de Paysandú y Salto.
Chofer condenado.
El proceso judicial fue breve ya que la fiscal Sabrina Massaferro apostó al juicio abreviado: el chofer Alano fue condenado por homicidio culposo con una pena de 24 meses bajo régimen de libertad a prueba, lo que implica que una vez por semana debe presentarse en la comisaría, a lo cual se suma que durante medio año debe cumplir tareas comunitarias por cuatro horas semanales. En su caso hará tareas de limpieza en el zoológico local. El acompañante fue liberado pero, según supo El País, teme por su empleo dado que es contratado y no presupuestado, a pesar de que trabaja hace más de una década en la intendencia.
En el pedido de condena, la fiscal dice que el vehículo circulaba a no menos de 60 kilómetros por hora, lo cual “es una velocidad inadecuada y excesiva” y dice que el chofer fue “negligente e imprudente en su accionar”.
La fiscal no apuntó a la intendencia ya que “la responsabilidad penal es de autor” pero fuentes de fiscalía dicen que eso se puede reclamar por vía civil. Y, de hecho, es lo que hará la defensa de la familia, que prepara una demanda contra el gobierno departamental en la cual reclamará unos 500.000 dólares y cinco millones de pesos por daños morales, lucro cesante e ilíquidos. Ya pidieron una audiencia de conciliación.
“No reclamamos la vida de Andrea porque no la pueden dar, pero es una barbaridad lo que ha hecho la intendencia, hay una responsabilidad penal como empleador”, dice a El País desde Artigas la abogada de la familia, Miredi Biscarra, y agrega que ellos no tienen posibilidades económicas para “un buen tratamiento psicológico”.
Entonces relata que el vehículo no debería poder circular porque tiene el permiso vencido del Ministerio de Transporte. En efecto, el documento del Sucta —la empresa concesionaria que realiza la inspección técnica vehicular— al que accedió El País indica que el permiso venció el 12 de noviembre de 2021. “El camión sigue circulando porque ellos mismos son los que deben controlar el tránsito a nivel local”, afirma la abogada, quien asegura que es el segundo caso que conoce de un camión de la intendencia con autorización vencida. Desde la comuna, en cambio, se afirma que el trámite venció en 2021 y no se renovó por un tema burocrático, “pero no es que no haya pasado la inspección”, indica el secretario general Emiliano Soravilla.
¿Y qué pasa con el famoso brazo? “El camión lleva sensores con palancas y sistema hidráulico desde el interior de la cabina pero estaban rotos y lo accionaban a mano. Para sujetarlo, tenía una cadena”, dice Biscarra, y la versión es confirmada por el abogado de Alano, Marcelo Soravilla. “Si eso funcionaba, esos sensores le avisaban al chofer que se había salido la parte de hierro. Eso es de conocimiento de todos y surge del expediente”, explica Soravilla, “se podía haber evitado el accidente”.
Pero “se rompió, lo anularon y le pusieron una cadena, perdió la seguridad y el control”, agrega la abogada. Y admite que no está muy claro si la cadena se zafó por no estar bien colocada o si se olvidaron de ponerla. Alano, el chofer, dijo ante la fiscal que la cadena sí fue colocada y que en algún momento se salió, pero no hay pruebas.
Daniel Volpi, abogado del otro empleado, dice que el sistema se rompió hace seis meses. Y que los funcionarios dijeron ante la Justicia que informaron que había que repararlo pero no se hizo porque costaba unos 8.000 dólares. “Muy caro... Lo arreglaron con unas cadenas y que siga andando. Esta fatalidad fue porque reventó la cadena”, asegura.
Diferente es la versión que da el secretario general Soravilla, quien dice que se le “inventó” una cadena al camión “para mayor protección” porque el sistema original “puede fallar” por el movimiento de la calle. “El conductor y el acompañante se olvidaron de poner la cadena y hay responsabilidad penal”, afirma.
“El camión era nuevo”, dice por teléfono, “debe tener dos años”. Más tarde aclara aclara vía WhatsApp que miró los papeles y que en realidad es de 2013, del período de Patricia Ayala, pero que no es de los camiones más viejos. Sin embargo, el certificado de aptitud técnica dice que es de 2008 y el seguro menciona 2011, según los datos de la abogada Biscarra. Las versiones, otra vez, chocan.
"Hay un arreglo político para no complicar a la intendencia"
El chofer Carlos Alano, condenado por homicidio culposo, está casado con la actual presidenta de la junta departamental, Gabriela Balbi. Su abogado Marcelo Soravilla es edil nacionalista y primo segundo de Emiliano Soravilla, secretario general artiguense. Daniel Volpi, abogado de Sofildo Costa, el otro funcionario que iba en el camión, también es dirigente nacionalista, integra la agrupación liderada por Angélica Bianchi y fue edil en el gobierno de Julio Silveira (2005-2010). “Yo si fuera el defensor del chofer, no aceptaba el juicio abreviado”, dice Volpi. “Pero hay un arreglo político para no complicar las cosas al gobierno departamental. Si el abogado no aceptaba, la fiscalía iba a escarbar más y podía hasta responsabilizar al intendente”. Su colega Soravilla, en cambio, dice que “el acuerdo era conveniente para el trabajador” ya que él tenía “la guarda material del vehículo”. Alano está de licencia y no podrá conducir por dos años. No será cesado en la intendencia.