El hombre miró al juez y le dijo que si le ponían una tobillera, se la iba a sacar. “Yo ahora salgo de acá y me saco la tobillera, quiero que usted lo sepa”, lo increpó. “Señor, usted es grande. Sabe lo que hace. Usted sabe bien que puede terminar preso”, le advirtió el juez. Pero no se hizo ilusiones. El juez ya vio antes, muchas veces, cómo termina esta historia. Sabe que dentro de algunas semanas tendrá al mismo hombre delante de él.

Aun así, insiste. Le dice:

—Usted sabe que puede terminar preso porque acaba de salir, pasó un mes en la cárcel por el mismo problema.

Salió y fue directo a pedirle plata a la víctima que lo había denunciado por comportamientos violentos, quería drogarse y se la exigió con “prepotencia” a pesar de que seguía pesando sobre él una prohibición de acercamiento.

La víctima del hombre era su madre.

Y este no es un caso aislado.

Los juzgados de familia y las fiscalías que se especializan en violencia doméstica y de género cada vez reciben más denuncias de madres contra hijos con consumo problemático de drogas, en especial de pasta base. También hay padres que los denuncian. Y hay hijos que denuncian a sus padres y madres, que han empezado a consumir en la adultez. Y abuelas y abuelos que denuncian a sus nietos y nietas adictos.

Distintos jueces, fiscales y defensores consultados para este informe coinciden en que el aumento de estas causas es tal que ya conforman un fenómeno diferente dentro de la violencia de género.

El último relevamiento sobre usuarios de pasta base del Observatorio Uruguayo de Drogas es de 2019 e indica que los adictos a esta sustancia son unos 10.000. De una comparación con el estudio anterior, de 2012, surge que la cifra no varió demasiado, lo que muestra que hay un núcleo duro de consumidores que se mantiene, pero se halló una revelación: “Las edades de los consumidores eran sensiblemente mayores”, dice Héctor Suárez, coordinador del observatorio. Los jueces consultados señalan que los denunciados son en una inmensa mayoría hombres jóvenes, pero apuntan que las edades oscilan entre los 16 y los 50 años, y que también involucra cada vez a más mujeres.

Foto: El País.

Hay de estos casos en cada uno de los turnos, dice una defensora de oficio. Varios: no es una excepción. “Me ha pasado de tener en un mismo día diferentes audiencias que tienen que ver con esta problemática”, aporta otra abogada de la Defensoría. En algunos juzgados, llegan a ser la mitad de los causales de las denuncias. “Ya los veíamos, pero estimo que desde el año pasado pasó a ser una cosa imponente”, dice una jueza de larga trayectoria.

Otras fuentes judiciales tienen la misma percepción. En la órbita penal, el fiscal Luis Pacheco cree que la violencia que desata el consumo de pasta base (entre otras sustancias) en las familias cuando se agrava y deriva en un delito representa el 50% de los casos que tiene en su despacho.

“Tenemos casos de familiares que les dicen a sus parientes adictos, ‘no tengo nada más para darte’ y terminan arrastrados por el piso, lesionados y ahí la primera línea de contención somos nosotros, poniendo las medidas de restricción, convocando a audiencia y quizá hasta colocando la tobillera”, resume un juez de familia.

Son situaciones extremadamente complejas y procesos desgastantes para todas las partes implicadas.

Porque esta víctima es diferente a cualquier otra víctima.

Y la persona denunciada muchas veces no se entera de lo que está pasando.

El periplo empieza con una denuncia en la Policía, que en realidad podría interpretarse como un acto desesperado. “Es como un pedido de auxilio luego de haber golpeado un montón de puertas”, dice la defensora pública Carolina Camilo.

Repasando los casos que ha tenido hasta ahora, Camilo apunta que las denunciantes suelen ser las madres de los adictos y en segundo lugar sus abuelas, “porque las mujeres son los miembros de la familia más violentados por quienes viven con esta adicción”.

Las mujeres relatan que no han logrado un lugar para internar a sus hijos y que no pudieron coordinar un tratamiento psicológico, ni una consulta psiquiátrica. Después de un tiempo de agobios, echan a los hijos del hogar. Los adictos no suelen ir a un refugio, dicen las madres. O si lo hacen, es probable que tarde o temprano terminen por expulsarlos. Entonces los ven a sus hijos en situación de calle, con otros adictos. “Y eso empieza a generar otros problemas, que tienen que ver con la agudización del consumo”, continúa Camilo.

Vuelve el hijo al hogar —a veces acompañado— para pedir un plato de comida, ropa limpia, cinco minutos para darse una ducha. Y ellas se lo permiten. Otra vez piden dinero, les roban. Y la violencia crece, “hasta que nos manifiestan un hartazgo de la situación en la que no ven otra salida que hacer la denuncia”, dice Camilo.

Las mujeres que denuncian a sus hijos lo hacen cuando se pasan de la raya y las agreden con violencia física. Detrás de la denuncia asoma la pretensión de que un juez de familia especializado en violencia doméstica ponga medidas de protección, y —ya veremos— la creencia de que así podría concretarse una internación compulsiva en un centro de rehabilitación.

Las más pedidas de las medidas son el retiro del hogar, la prohibición de comunicación y acercamiento, y en los panoramas más severos se solicita la tobillera.

Pero la mayoría de las veces el objetivo se frustra debido a la complicidad de la víctima con la persona a la que denunció. Decíamos que esta víctima de violencia de género es de un tipo diferente.

Así lo explica una defensora:

—El problema acá es el vínculo. Los afectos. Se aguantan durante mucho tiempo, hasta que no dan más y denuncian. El tema es que con una pareja a veces es más sencillo romper el vínculo, pero con un hijo o con un nieto, ¿cómo se rompe el vínculo? No es fácil.

Se presentan madres golpeadas por sus hijos, forcejeadas por sus hijos. A las que les han robado todo, les han destrozado los muebles de la casa. Que sufren esta violencia mientras crían a sus otros hijos más pequeños, que son espectadores y muchas veces también víctimas de estos ataques.

Llegan muy angustiadas. “Es común que lloren en las audiencias, que nos pidan perdón por haber llegado hasta esta situación”, cuenta un juez, “‘discúlpeme, pero no tuve otra solución’, te dicen, y yo les respondo, ‘no se preocupe señora, que nosotros entendemos lo que está sufriendo’”.

Muchísimas se arrepienten y no logran mantener los procesos. “Buscan esa urgencia de las medidas de protección pero a los dos días tenemos a la víctima en la Defensoría pidiendo que levantemos las medidas porque su hijo o su hija con adicción le va pedir comida y no se la pueden negar”, cuenta Camilo. “O porque alguien le dijo que se internó en un tratamiento y quiere estar cerca, disponible para el hijo”, agrega otra abogada.

Es como un bucle enfermizo, con una escena que se repite: se ponen las medidas, se sacan las medidas.

El asunto es que unos días después, el ciclo vuelve a empezar.

Los denunciados suelen tener un grado de adicción tan severo que es complejo hallarlos para notificarles que fueron denunciados y que deben presentarse a una audiencia. Además, por lo general están relacionados a actividades delictivas, lo que los hace evadir a la Policía y rehuir de los juzgados. En definitiva, las medidas se fijan pero ellos no se enteran. “La persona muchas veces ni siquiera sabe que hay medidas en su contra”, dice la defensora Camilo. Y si está al tanto, “no tiene conciencia que al incumplirlas está cometiendo un delito de desacato. O no le interesa cometerlo por la magnitud del consumo que tiene”.

La más radical de las medidas es la tobillera. Se colocan en estos casos con bastante frecuencia, confirman distintas fuentes judiciales.

Con o sin tobillera, si el denunciado vuelve al hogar, incumple; y si se comunica, incumple. Pero también cuando la víctima cede y le abre la puerta está contribuyendo al incumplimiento. Acá pesa la “culpabilización”. “Es común que nos digan, ‘lo vi un poco mejor’, o ‘alguien me dijo que estaba mejor y le permití que viniera a comer, pero al otro día volvió y me robó’”, reconstruye una defensora.

Y ahí es cuando la madre vuelve y denuncia otra vez, ahora por el incumplimiento de las medidas de protección dando lugar a otro problema: la prisionalización del denunciado.

“La lógica de estas medidas de protección están pensadas para el vínculo de pareja o expareja”, plantea Camilo, y aunque se le explique a la víctima que un incumplimiento implica un delito de desacato, y el automático pasaje de la causa a la órbita penal —especialmente si el denunciado tiene una tobillera colocada—, la sangre es más fuerte.

Foto: Ariel Colmegna.

“La madre entonces sufre toda esa culpa de ser quien manda a su hijo preso”, dice Camilo. Por lo general, se indica la prisión preventiva como medida cautelar por 30 o 90 días.

Estos delitos suelen ser muy fáciles de probar. El fiscal Pacheco lidia habitualmente con la contradicción de poder actuar ágilmente para condenar el desacato, pero encontrarse con el freno que las propias madres denunciantes anteponen para evitar que el hijo sea encarcelado. “Esto genera dificultades ya que el imputado te dice que la persona lo dejó acercarse y le cuesta entender que de todas formas él cometió un incumplimiento. Así se dificulta la persecución de estos desacatos, porque a veces no se puede ser más realista que el rey”.

Ahora en un juzgado penal, ante el fiscal y el juez de la causa, la víctima suele presentarse para explicar que en realidad no le teme al denunciado. Es su hijo —dice— o su nieto; y no cree que pueda llegar al extremo de matar.

Pero a veces se puede equivocar.

El 1° de enero pasado, un adolescente de 16 años mató a su madre y a su abuela en Bella Unióntras una discusión provocada por sus problemas de adicción al alcohol, la marihuana y la cocaína. Habitualmente les pedía dinero y les robaba.

Los homicidios de hijos consumidores contra sus padres han aumentado, apuntan diferentes defensoras.

Además, hay un nuevo factor que les preocupa: en muchos casos la adicción se mezcla con patologías psiquiátricas, que por supuesto están sin tratar. Esquizofrenia y brotes psicóticos, suelen ser las que más se ven.

Hay situaciones que son endémicas. Personas que han tenido cuatro o cinco veces medidas de restricción; tres o cuatro veces tobillera, que entran y salen de la cárcel por incumplimientos “y siguen en la misma”.

Natalia Tagliani dice que en el sistema hay “figuritas repetidas”. Es asistente social de la Defensoría en el ámbito penal, y actúa cuando un defensor lo solicita, usualmente para coordinar un tratamiento de rehabilitación, en los casos en que la Justicia lo avale, incluso como una alternativa a la cárcel.

La ilusión de que la Justicia podrá concretar un tratamiento está detrás de muchas de estas denuncias, pero suelen terminar mal. El éxito del tratamiento —advierten todas las fuentes— depende sobre todo de la voluntad del adicto.

Dice un juez: “Muchas veces la familia que denuncia pide la internación involuntaria, pensando que el juez puede obligar al tratamiento y no es así”. Lo máximo que se puede lograr es que, si amerita, la persona sea trasladada al hospital Vilardebó quedando a criterio del psiquiatra de puerta su ingreso. “Sucede bastante seguido —eso sí—, que la persona está para ingresar pero como no hay cupos no la internan. Le dan la medicación para que la tome, pero esa persona no está en condiciones de tomarla por su cuenta”, reprocha el magistrado.

Tagliani, la asistente social, se enfrenta cotidianamente a una misión imposible. La norma indica que cuando una persona es detenida no pueden pasar más de 48 horas antes de su formalización. Si está la posibilidad del tratamiento, ella dispone de dos días para lograr que un centro especializado en adicciones lo ingrese, “pero es muy difícil que alguno lo reciba en ese tiempo”, dice y ahonda: “Casi todo está ocupado y cuando hay lugar, la burocracia te mata. Tanto requisito en ese tiempo es imposible”.

Por poner un ejemplo, en siete años logró un único ingreso al Portal Amarillo, y sucedió porque el usuario ya estaba preso y no la corría el reloj.

El relevamiento del Observatorio Uruguayo de Drogas indica que en 2022 había 425 puntos de acceso de 70 instituciones que atienden el consumo problemático de drogas. Según afirma Suárez, el coordinador, las instituciones declararon no tener problemas de disponibilidad y que la espera de la coordinación en mínima. Sin embargo, esta no es la sensación que tienen las fuentes judiciales consultadas.

Jueces y defensores coinciden en que es difícil encontrar lugar, y también en la derivación con equipos de ASSE y de mutualistas para tratamientos incluso psicológicos, que proponen agendar las consultas varios días para adelante, un compromiso incompatible con el consumo severo. Frente a esta situación, la puerta que siempre está abierta es la de las comunidades religiosas.

Hay sí un destello de esperanza en el nuevo programa de salud que recientemente inauguró el Ministerio de Desarrollo Social. El psicólogo Alfonso Arocena, asesor técnico en salud mental y uso problemático de drogas de la cartera, reconoce que “el aumento de consumidores de pasta base es permanente y sostenido” y que hay una prevalencia del 20 al 60% de problemas de salud mental asociados al consumo de drogas en la población en calle. Esto obliga a un tratamiento “simultáneo” de la problemática, opina. Con ese fin, el ministerio abrió dos casas de medio camino (40 camas) con un modelo de atención “dual”, que cambia el paradigma, de modelo hospitalario a comunitario.

El programa piloto tiene foco en Montevideo, y se complementa con otras modalidades de vivienda con apoyo y asistidas, con eje en la salud mental y en las adicciones severas donde trabajan con 760 usuarios.

Es algo, reconocen en los juzgados. El Estado está alerta, dicen, pero “con este problema todo siempre es poco”. Cuenta un juez: “Los cupos de los que nos hablan habitualmente son menos que una gota de agua en el océano con el que lidiamos todos los días en los juzgados”.