VIOLENCIA

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Shakira Morales tenía 20 años, el pelo crespo, castaño claro, los ojos oscuros. Llevaba una calza gris, una campera marrón y una mochila a rayas la última vez que una cámara registró su imagen en una avenida concurrida de la ciudad de Paysandú, el 19 de mayo. Al día siguiente su familia denunció su ausencia. La semana pasada su padrastro confesaba, tras un allanamiento en su vivienda y un exhaustivo interrogatorio, el asesinato de la joven y la localización del cuerpo. La había enterrado en el fondo de su vivienda, arrasada al día siguiente por el fuego y la furia de los vecinos.

Hace menos de 20 días, Patricia Fagúndez pasaba el domingo con uno de sus hijos, de 12 años, cuando su pareja irrumpió en el hogar y los asesinó. Después del hecho, el hombre se dirigió al puente de la Concordia, que une la ciudad de Artigas con Quaraí; saltó y murió en el acto. Otro hijo de la pareja, de 16 años, fue a avisar a su madre sobre la muerte del padre. Encontró su cuerpo en la cama, tapado, con heridas que parecían hechas con un pico.

La Policía encontró el cuerpo del niño más tarde, en un galpón en el fondo de la casa.

También en Artigas, en enero, Leticia Tonna fue asesinada de un disparo por su pareja, quien luego intentó quitarse la vida. El crimen sucedió en una zona rural de Bella Unión. Leticia ya había sido denunciada como desaparecida cuando un peón rural encontró su celular manchado de sangre. El rastrillaje de la Policía condujo a un camping en las orillas del arroyo Iracumbú, en la desembocadura del río Uruguay. Allí se encontraba el asesino, armado y con intenciones de suicidarse. Los agentes lograron persuadirlo. El cadáver de Leticia, de 26 años, madre de cuatro hijos de diez, ocho, seis y cuatro años, yacía con un impacto de bala en la cabeza a pocos metros del hombre.

Estos son tres de los 10 femicidios en lo que va de 2022, según el registro del Ministerio del Interior. Desde la cartera puntualizan que contemplan la muerte de Valentina Ferraz —cuyo cuerpo se encontró desmembrado en una zona rural de Tacuarembó el pasado 5 de junio— como un posible femicidio, pero todavía no la incluyen como cifra oficial dado que hay signos de que fue “un femicidio en contexto de crimen organizado”, apuntan desde la cartera. Cuando los homicidios de mujeres están atravesados por el consumo de drogas, el caso se complejiza mucho y la tipificación puede cambiar.

Por otro lado, las organizaciones sociales constatan 16 femicidios en lo que va de 2022. “La diferencia con la cifra oficial es histórica”, dice una activista. En feminicidios.net, la base de datos que centraliza el número y el móvil de los asesinatos de mujeres en Uruguay, figuran, por ejemplo, los crímenes de Ahielén Casavieja y Karina Sarachu Dávila —de 16 y 34 años respectivamente, cuyos cuerpos fueron desmembrados y enterrados en el terreno del taximetrista Leonardo Mauricio Docampo en marzo de este año.

En este caso, la fiscal Sandra Boragno pidió la formalización del hombre por homicidios simples en reiteración real, sin el agravante del femicidio, lo que causó gran malestar entre las organizaciones feministas. Aún así, Ahielén, Karina y unas cuantas mujeres más ocupan un lugar en la extensa base de datos que contabiliza los femicidios cometidos en Uruguay desde 2001 en adelante, y los intentos de femicidio desde 2016. En lo que va de este año, según ese registro, ya hubo siete intentos.

“En lo que concierne a los femicidios, no es que dejemos de visibilizarlos, pero como policías y auxiliares de la Justicia tenemos que denominarlos ‘homicidios a mujeres por violencia basada en género’, teniendo en cuenta que el femicidio no es un delito en sí mismo, sino que es un agravante”, dice la comisario mayor Angelina Ferreira, directora de Políticas de Género del Ministerio del Interior.

“A veces vemos casos que por los indicios y por los criterios de medición internacional, podrían tratarse de femicidios, pero la resolución judicial es otra. Nosotros no podemos decir más de lo que la Justicia pertinente dice”, agrega Ferreira.

Andrea Tuana, directora de la ONG El Paso y activista en derechos humanos, reconoce que hay homicidios de mujeres que no están caratulados como femicidios, pero “desde las organizaciones sociales tenemos clarísimo que lo son”, apunta.

Más allá de la discrepancia, autoridades y organizaciones sociales están en alerta por el aumento sostenido de los casos. 2021 cerró con 25 femicidios según las cifras oficiales; 31 según el registro extraoficial. Y cada ocho días se mató o intentó matar a una mujer por su condición de tal, según informó Interior hasta octubre de ese año. Con 2020 la diferencia es más notoria: habían sido 14 femicidios en el registro oficial y 22 en el otro.

“Hay un aumento”, reconoce Mónica Bottero, directora del Instituto de Mujeres (Inmujeres) del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). “Hay una cifra alta respecto a lo que ha pasado en otros años. Igualmente en los años ha oscilado y siempre se ha mantenido en un promedio de 20, 25 femicidios según las cifras oficiales”, agrega. No obstante, la jerarca no desconoce la cifra extraoficial; dice que en algunos casos “hay una cuestión de género evidente” que no todas las veces se refleja en la tipificación final del delito.

Los casos más sonados en estos meses se registraron en el interior del país. Según publicó La Diaria en marzo, el 28% de los femicidios de 2021 fueron en Montevideo y el 72% en el resto del país. El 92% de los casos fueron en viviendas y solo dos (el 8%) en la vía pública. A su vez, hay un elemento que llama la atención, que no se ciñe únicamente a los delitos vinculados al narcotráfico: la crueldad en la forma de dar muerte.

Según la información que recoge Bottero de los servicios de Inmujeres desplegados en el interior del país, el nivel de violencia contra las mujeres que se está viendo en estos años “no es el que se veía antes, y no es algo que tenga que ver con los gobiernos”, comenta. “Con los años estamos viendo formas más crueles en el ejercicio de la violencia. Me parece que eso tiene que ver con un tono general de la sociedad”.

Frente al por qué, no se puede más que especular. Bottero menciona una corriente sociológica que interpreta que, ante el empoderamiento y la conciencia de la violencia por parte de las mujeres, los agresores reaccionan de forma más cruel; son más violentos aún. “Es una teoría, no tenemos pruebas. Pero es cierto que las mujeres estamos moviendo algunos cimientos”, dice la jerarca.

Ahora, ¿qué pasa en el territorio? ¿Quién da respuestas?

Inmujeres tiene 35 centros de atención en todo el país, donde prestan servicio una asistente social, una psicóloga y una abogada. A través de la línea telefónica (0800 4141), que desde 2021 está activa las 24 horas, también se brinda orientación y asesoramiento a mujeres en situación de violencia. Bottero destaca que de las 4.000 mujeres que atienden por año —con un promedio de 1.000 llamadas por mes, y hasta de 1.400 en diciembre—, “ninguna terminó en femicidio”. No obstante, dice que “probablemente se necesite un reforzamiento de la respuesta” en el interior del país, “pero son respuestas que no tendríamos que dar nosotros sino el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU)”, plantea la directora de Inmujeres, en referencia a casos como el de Valentina Ferraz, por ejemplo.

“Pero no es un tema de echar culpas; sería bueno que todos los operadores sociales estén preparados para detectar situaciones de violencia. Tenemos responsabilidad varios: nosotros, Salud Pública, los institutos de enseñanza, la Policía. Somos varios los que tenemos que estar más atentos en el interior”, apunta. Ferreira, de la Dirección de Políticas de Género, acota que hasta noviembre del año pasado, el 75% de las mujeres asesinadas no había denunciado a su agresor. Por otro lado, menciona que hay 53 espacios —ya sean comisarías especializadas en violencia doméstica y de género como “oficinas modelo dentro de una comisaría”— que atienden denuncias de ese tipo.

Tuana, que responde el teléfono rumbo a Vichadero, Rivera, a dictar un taller, dice que en el interior del interior “es muy difícil que llegue esta información, la desnaturalización de la violencia, porque no hay servicios y hay poca institucionalidad”.

Sobre los pueblos y las zonas rurales que ha recorrido, observa: “Hay pocas posibilidades de encontrarse con una mirada distinta respecto a las prácticas normalizadas durante años, a la ideología fuertemente patriarcal que culpabiliza a las mujeres, ya sea por una violación o una situación de violencia doméstica”.

Tuana recuerda el infame doble homicidio que marcó la localidad de Quebracho, Paysandú, en el que un hombre asesinó a su exsuegra y al efectivo policial que acudió a asistirla. Antes de ser encontrado, el homicida se suicidó. “Lo pusieron como un asesino y no era así. Hizo las cosas mal, pero no era así”, declaró un vecino a El País en aquel momento. “La mitad del pueblo decía que la culpa era de la muchacha porque se paseaba delante de él con su nueva pareja”, recuerda Tuana. “La mirada de las mujeres como personas inferiores, como un objeto de propiedad de los varones, tiene una vigencia tan fuerte en todo el país y está mucho más extendida en el interior del interior”, opina.

También, hacer una denuncia tiene “un costo alto en todo sentido, particularmente en lo emocional”, dice. Además de romper la barrera de la vergüenza y el miedo, la pregunta del “¿cómo voy a denunciar al padre de mis hijos?” y el sentimiento ambivalente de falta de lealtad, la mujer que vive en un pueblo del interior “tiene que trasladarse, comerse 10 horas en la comisaría y muchas veces soportar una revictimización”, explica Tuana. “Si estás en San Gregorio de Polanco, podés hacer una denuncia policial allí, pero después tenés que ir al juzgado en Paso de los Toros para hacer las pericias, y ese es un traslado que queda a costo personal”, ejemplifica.

A su juicio, la respuesta del Estado “se ha ido deteriorando” en los últimos seis años, particularmente la respuesta policial.

El femicidio es la expresión máxima de violencia contra la mujer. Es la punta de un iceberg que nace en lo más profundo. En 2020 hubo 14 femicidios y disminuyeron las denuncias por violencia doméstica. Pero el aislamiento dejó huellas. Desde Treinta y Tres, Marcela Falco, abogada y perito en violencia, dice que lo que más aqueja al departamento son los suicidios. El año pasado llegó a haber ocho en un solo mes.

Las causas son variadas, pero entre ellas Falco identifica una con claridad: “La mayoría de las mujeres víctimas de violencia doméstica tienen intentos o ideas de autoeliminación”, dice.

“El 2020 dejó cicatrices. Si bien acá no hubo un encierro total y el aislamiento fue menor que en Montevideo, no se pudo detectar situaciones de abuso al estar cerrados los centros educativos, por ejemplo. Las mujeres estaban todo el tiempo con su agresor al lado. Eso hizo mella en lo que tiene que ver con la soledad, con la depresión”, señala la especialista.

Falco, junto a otros profesionales de diversas áreas, llevan adelante la ONG Rayo de sol. En el departamento ya son viejos referentes para las víctimas. Tal es así que dispusieron de un número de teléfono las 24 horas y se turnan para atenderlo. “Trabajamos sobre la emergencia. Si hay que hacer una denuncia, se hace. En situaciones límite hemos patrocinado a la víctima”, cuenta Falco. A ella la contactan por WhatsApp, Messenger y hasta por Instagram.

Al igual que Tuana, la abogada y perito en violencia ve fallas en las instituciones. En la ciudad hay suficientes psicólogos, pero el sistema de salud está colapsado y no otorga la atención de forma regular. “Las mujeres tienen consultas muy espaciadas. Entre consulta y consulta recaen en la depresión”, apunta.

Consultada sobre la perspectiva de género en el plan de Interior para mejorar la seguridad, Ferreira dice que sí está incluida, pero no entra en detalles. “Tenemos (en la Dirección de Políticas de Género) un departamento de análisis de información y análisis estratégico que se encarga de analizar todos los indicios del caso; también se lo analiza desde una perspectiva sociológica teniendo en cuenta los criterios de medición internacional para establecer si estamos ante un femicidio o no”, responde.

El futuro no se ve bien. Todas desean que no pase, pero la conjetura de que las 16 mujeres asesinadas no van a ser las últimas, se siente como una condena.