Montevideo y Buenos Aires tienen una cercanía geográfica que siempre generó fricción y hermandad. Una guerra de puertos que sigue activa hasta el momento y una historia de nacimiento en común, hija de la independencia de España. Somos muy distintos pero parecidos a la vez, tanto que fuera del Río de la Plata con el mate bajo el brazo, el mundo nos escucha y nos confunde.

Hoy, domingo 10 de diciembre, Javier Milei será investido formalmente como el nuevo presidente de todos los argentinos. Usará la Quinta de Olivos para vivir y trabajar: él mismo ha dicho que es adicto al trabajo, por lo que tendrá una oficina en el hogar de los jefes de Estado de la vecina orilla y no trabajará en la Casa Rosada, como es tradición. La sorpresa de su candidatura, por sus propuestas y también por ser una persona por fuera del mundo político, fue inmensamente superada cuando en el balotaje del domingo 19 de noviembre le ganó por amplia mayoría al candidato oficialista Sergio Massa. Ni las encuestas ni la sensación térmica electoral vaticinaron que el 56% de los argentinos elegiría a Milei. Massa, el “superministro” de Economía, hombre de carrera política, no llegó a presidente y fue derrotado por un economista que llevaba solamente un período como diputado.

Uruguay no es Argentina, y mucho de lo que pasa de aquel lado del charco a nivel político no ocurre de este lado. Teniendo en cuenta esa salvedad, El País hizo un ejercicio de comparación de lo que sucedería aquí si se quisieran aplicar algunas de las radicales medidas que llevaron a la Libertad Avanza, el partido político de Milei, al poder. Para empezar, ¿serían aplicables? O, más bien, ¿cómo habría que hacer para aplicarlas? Para eso tomamos cuatro ideas concretas: eliminar ministerios, cerrar el Banco Central, dolarizar y privatizar las empresas públicas.

Antes del triunfo que lo llevó a la Presidencia, Milei fue el gran vencedor en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) el domingo 13 de agosto. Después de este resultado se hizo viral un video de la red social TikTok, donde el ahora presidente gritaba “afuera”, cuando revelaba qué ministerios dejarían de existir. Su idea era clara: achicar el Estado, cerrando ministerios y secretarías.

Desde ese momento hasta ahora no ha cambiado esta versión, oficialmente Argentina pasará a tener nueve ministerios de un total de 20 actuales. Quedarán los ministerios de Economía, Relaciones Exteriores, Seguridad, Interior, Salud, Defensa y Justicia. Mientras que los nuevos ministerios serán el de Infraestructura (que unificará Transporte, Obras Públicas, Minería, Energía y Comunicaciones) y el de Capital Humano (que unificará los de Desarrollo Social, Trabajo y Educación). También eliminará el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que formalmente comenzó a funcionar el 10 de diciembre de 2019, cuando el presidente Alberto Fernández asumió el poder.

Foto: EFE.

Para poder aplicar esta medida, la decisión tendría que pasar por el Congreso argentino. En este punto sucedería lo mismo en Uruguay, donde ahora hay 14 ministerios.

El director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, Conrado Ramos, dice que en democracias como la inglesa no se necesitaría una aprobación del Poder Legislativo para cerrar o crear un ministerio. “En nuestros países sí. Tenés que tener aprobación parlamentaria para extinguir un organismo público. Milei habla de eliminar no sé cuántos ministerios, para llegar a tener otros, pero el lío es qué secretarías quedan. Porque los nuevos ministerios que aparentemente desaparecen, pueden absorber secretarías”, opina Ramos sobre la reforma que llevará adelante el flamante presidente argentino.

El director de Servicio Civil dice que el sistema de ingreso al Estado es diferente en Argentina: “Ellos tienen un sistema donde se contrataba gente por fuera, y después se los regularizaba o a términos nuestros lo que sería se presupuestaban”. Esto pasa en Uruguay también, pero en mucho menor escala, explica Ramos. Además hace hincapié en que la transparencia para acceder a un cargo público en Uruguay es muy grande desde que se creó Uruguay Concursa.

-Pero también hay llamados oficiales acá, que a veces parecen hechos con nombre y apellido.

-Nosotros observamos las bases de llamados si vemos algo que está mal. Y hemos rebotado varios. Por ejemplo, un llamado que había hecho la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) que decía que solamente se podían presentar aquellos que habían entrado durante la pandemia. Nos pidieron asesoramiento y fuimos claros, en que tenían que sacar ese requerimiento. Nuestro asesoramiento puede ser desconocido por el organismo, pero quedarían mal parados.

-Se dice que los funcionarios públicos son inamovibles. ¿Qué pasaría acá con los empleados públicos si se decide cerrar varios ministerios?

-Es que no es tan así lo de la inamovilidad. Los funcionarios pueden ser cesados por tres causales: ineptitud, omisión o delito. Que tendrán que ser demostrados a través de un proceso administrativo, que termina en el Parlamento. Pero, más allá de eso, los funcionarios de los ministerios eliminados en todo caso supongo que irían a una bolsa de trabajo, hasta que dentro del Estado encuentren otro puesto.

Es el mismo procedimiento que se debe seguir con la generación de un ministerio. Este gobierno creó el Ministerio de Ambiente, formalmente fue creado por la Ley de Urgente Consideración. La Rendición de Cuentas votada este año les dio nuevos cargos, pero muchos funcionarios ya estaban trabajando en reparticiones del Ministerio de Vivienda.

En las últimas semanas desde el Frente Amplio se plantea crear un Ministerio de la Mujer. La propuesta de bases programáticas habla de aumentar el “rango jerárquico” del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), que depende del Ministerio de Desarrollo Social, para darle “una gestión funcional y presupuestal eficiente”. En opinión de Ramos esto no tiene por qué implicar un aumento de presupuesto, sino que podría ser simplemente agrupar funciones. “Uruguay tiene un problema grande de especialización en los organismos”, dice.

Desde hace años en Uruguay también está dando vueltas la idea de crear un Ministerio de Justicia. Idea con la que Ramos está de acuerdo: en un punto porque cree que el Ministerio de Educación y Cultura tiene una “gran bolsa” con muchas tareas y pocas especializaciones, y luego para que el Ministerio del Interior no tenga tareas casi contradictorias: perseguir el delito y trabajar en la recuperación de las personas privadas de libertad en las cárceles. “Es un ministerio muy necesario. Además, suelten el pasado: el argumento de decir que, como en la dictadura hubo un Ministerio de Justicia ahora no se puede crear uno, ¿cuánto tiempo va a seguir?”

La imagen era una bomba que explota el edificio del Banco Central de la República Argentina, como cuna de todos los males de la economía de ese país. Esta idea fue bajando de tono cuando Milei comenzó a competir rumbo al balotaje, y dejo bien en claro que se necesita de un proceso para poder llegar a este escenario. Que, según explican economistas consultados por El País, se podría hacer también en Uruguay, aunque no tendría “lógica”. Formalmente el procedimiento tendría que empezar por una ley del Ejecutivo, que una vez enviada al Parlamento se debe aprobar con mayorías especiales. Aunque muchas de las responsabilidades que tiene el Banco Central tendrían que estar a cargo de otra entidad.

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La investigadora y docente de economía del Instituto de Economía de Universidad de la República, Gabriela Mordecki dice que el Banco Central cumple un rol muy importante en la supervisión del sistema financiero y que su estructura es compleja. Cree que es muy difícil pensar que en Uruguay se lo elimine, pero de pasar eso “se tendría que crear un organismo con el nombre que sea pero que recoja las funciones”. ¿Por qué? “El banco central de cualquier lugar del mundo es la autoridad monetaria máxima, la que emite el dinero y tiene el respaldo de todo el dinero de ese país”. Si bien esto varía según cada lugar, por ejemplo en Brasil y Estados Unidos el banco central se puede considerar más “independiente” del Poder Ejecutivo o gobierno de turno, la necesidad de este rol es imprescindible, según señala la economista.

El economista Giuliano Cantisani de la consultora CPA Ferrere dice que las funciones principales de un banco central son velar por la estabilidad de precios y la estabilidad del sistema financiero. También utiliza la política monetaria para combatir la inflación, mientras que en paralelo supervisa a las entidades financieras para minimizar riesgos.

Cantisani afirma que existen diferentes niveles de independencia de los bancos centrales, “en Uruguay el banco tiene independencia técnica, pero la independencia del poder político es menor que en otros países”. Por ejemplo, las autoridades del directorio se renuevan al asumir un nuevo gobierno.

Más allá del nombre y de si tienen política monetaria independiente o no, todos los países cuentan con entidades que cumplen los roles de un banco central. Por ejemplo, en Uruguay el Banco Central es relativamente reciente: se fundó en 1967. Antes de esa fecha, las funciones las llevaba a cabo el Banco República. Esto no era lo ideal porque ese banco era supervisado y supervisor, todo al mismo tiempo.

La medida que fue señalada como una salvación también empezó a tomar un perfil más bajo, cuando se supo que Milei sería el nuevo presidente de los argentinos. En su plataforma electoral está parte del proceso que tendría que hacer Argentina para poder conseguir los dólares necesarios para efectivizar el plan. En las calles los militantes festejaron tirando papel impresos con forma de la moneda de Estados Unidos.

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Está medida también se podría tomar en Uruguay si así lo decidiera el Poder Ejecutivo y el Legislativo porque, al igual que con la suspensión del Banco Central, tiene que tener mayoría especial en el Parlamento. Pero en opinión de Mordecki “hoy en día no sería algo que tendría sentido”. Porque Uruguay tiene una inflación baja y el tipo de cambio está cayendo. A su entender “acá tenemos el problema opuesto”. Además, la economista dice que es importante tener en claro que cambiar la moneda no va resolver el problema del crecimiento económico, sino que al contrario: “El impacto negativo se verá con más fuerza en los sectores de mayor pobreza y con salarios mínimos”.

Mordecki menciona la crisis de 2002 y recuerda que en aquel entonces se planteó la posibilidad de dolarizar, acá en Uruguay, antes de que llegaran los dólares de Estados Unidos que el entonces presidente Jorge Batlle negoció. “Rápidamente el gobierno y la oposición de aquel momento unificaron criterios, y se hizo el pedido al Fondo Monetario Internacional”, dice Mordecki. Para la docente, en estos temas siempre es importante recurrir al pasado y a las acciones que se han tomado, porque hay cambios de economía estructural que países como Uruguay mantienen en el tiempo.

El economista Cantisani dice que dolarizar en Uruguay en principio sería posible, “pero no sería para nada deseable”. Porque dolarizar implica perder la capacidad de realizar política monetaria, por lo que se perdería una herramienta fundamental a la hora de incidir en la actividad económica a mediano y corto plazo. Por otro lado, también se perdería el rol de “prestamista de última instancia”, que es el rol que puede tener el Banco Central ante la imposibilidad de los bancos comerciales u otras entidades financieras de cumplir sus obligaciones.

¿Qué pasó en países donde se dolarizó, cómo Ecuador? Cantisani dice que sí se logró el objetivo de bajar la inflación, pero no necesariamente se tradujo en mayor estabilidad macroeconómica: “En general la imposibilidad de realizar política monetaria impide el buen desarrollo”. Mordecki opina similar, para la docente el cambio de moneda “no va a resolver el problema del crecimiento económico y la pobreza”.

Mordecki trae otro punto y dice que la ley argentina que permitió en la década de 1990 llegar al famoso 1-1, entre el peso argentino y el dólar, no fue solo pizza y champán: “Se dio una liberalización de la economía, que solo se pudo mantener porque Argentina tenía un gran ingreso de dólares por la venta de las empresas públicas”. La docente se pregunta: “¿Quién va a comprar ahora YPF? Que está enfrentando juicios, justamente por empresas extranjeras que reclaman, que eran accionistas de YPF y que no les pagaron.

La diputada electa Lilia Lemoine, quien cuando asumió su cargo en el Congreso lo comparó con “la emoción de ser abanderada en el colegio”, se hizo conocida en los medios argentinos por un polémico proyecto de ley que propone que los hombres puedan “renunciar a ser padres”. La ahora diputada argentina, fue cosplayer, según ella misma reconoció públicamente “una de las mejores del mundo” en caracterizar personajes de ficción en goma eva.

Foto: Lilia Lemoine/Instagram

A los pocos días de que la Libertad Avanza triunfara, la diputada tuvo un cruce con una periodista del canal público de aquel país. “Privatice”, le dijo, y luego le lanzó una amenaza: “Vamos a cerrar la Televisión Pública, procurá ser una buena trabajadora”. La idea que manejan es privatizar casi todo lo que está en manos del Estado, con la convicción de que lo privado “funciona mejor”.

Pero en Uruguay, según opina el catedrático de derecho constitucional Ruben Correa Freitas, la privatización de empresas públicas no tiene mucha aceptación. “Porque los uruguayos y el Uruguay son muy batllistas y no quieren que las empresas públicas se vayan de manos del Estado. En ese sentido, el escenario político de Uruguay es radicalmente diferente a la Argentina”.

Martín Risso, también abogado constitucionalista, opina similar a su colega. Dice que formalmente la reforma se puede hacer, salvo en OSE, que por mandato constitucional debe estar en manos del Estado. En el resto de los entes autónomos y servicios descentralizados no habría problema legal: podrían pasar a manos de privados. “¿Pero a quién se le ocurre privatizar Ancap o UTE?”, pregunta.

Ya hubo intentos de privatizar que fracasaron. En el gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera (1990-1995), un referéndum derogó parte de la ley de empresas públicas, que era clave en el plan de privatizaciones. Y más cercanas en el tiempo estuvieron las consultas de Ancap y del agua. “La población no acompañó con esa medida. Además, ahora hay ideas que irían en contra, como la eliminación de las AFAP para concentrar todo en el BPS”, dice Risso. El gobierno de Lacalle Herrera sí llegó a desmonopolizar algunos servicios que eran solamente estatales. Como es el caso de los seguros y del puerto.

¿Qué caminos habría que seguir en Uruguay para privatizar una empresa del Estado? Se requiere la sanción de una ley por dos tercios del total de componentes de cada cámara. Para suprimir un servicio descentralizado se requiere mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada cámara.

Para el constitucionalista Correa Freitas, exdirector de la Oficina del Servicio Civil en los dos gobiernos de Julio María Sanguinetti, sería bastante improbable que se dé una mayoría, tanto por los sectores del Frente Amplio que se opondrán como por los propios sindicatos. Tampoco parece haber ambiente en los partidos que integran la coalición de gobierno, al menos en su composición actual.

“No soy brujo, pero desde ya te digo que acá algo de eso no va a pasar, basta repasar un poco lo que pasó históricamente”, dice el constitucionalista.

Para Correa Freitas el planteo político que está haciendo Milei en Argentina, acá en Uruguay “no tiene andamiaje” hoy en día. “No sé cómo será en 30 o 50 años, pero en el corto plazo y con la experiencia de los referéndums de 1992 y de 2002 y 2003, y además conociendo la composición política del electorado uruguayo, no tengo ninguna duda que eso no va a prosperar”.

Hoy Argentina comienza un nuevo mandato presidencial en medio de una gran expectativa por los cambios anunciados y el transgresor estilo de Milei. Luis Lacalle Pou estará presente en este cambio de mandato. No asistirá el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, mientras que su opositor Jair Bolsonaro ya está en territorio argentino desde hace varios días. Cada país a su ritmo, pero ahora hay más dudas que certezas sobre cómo se darán las relaciones internacionales y qué impactos tendrán de este lado del charco las medidas del nuevo presidente.