Vivir en la urgencia

Una niña de nueve años fue herida durante una balacera entre narcos. Tiroteos nocturnos, rapiñas, menores armados. Los vecinos del asentamiento 24 de Junio murmuran que la violencia no da para más. Esta es una crónica que intentó ser silenciada con disparos al aire.

Las cosas no pasan cuando uno no las nombra. En el asentamiento 24 de Junio, cercano a Zonamerica, las denuncias son susurros. Son mensajes furiosos en un grupo de Whatsapp entre vecinos que ven cómo a la lista de vulnerabilidades que ya sufría el barrio, ahora se les agregó la inseguridad.

Violencia es dormir en un rancho que se inunda cada vez que llueve. Violencia es tirarse en el piso de un merendero con los niños cuando se escuchan disparos. Violencia es despertarse en mitad de la noche con terror a recibir una bala perdida, en medio de un enfrentamiento entre los narcos que llegaron al barrio.

¿Llegaron o ya estaban? Los susurros nunca son tan específicos. Dicen que hay una familia dueña de tres bocas y que desde hace algunos meses sus miembros comenzaron a pelearse entre sí por "ajustes de cuentas", o por "diferencias en las ganancias", o por "más poder en el territorio", o vaya a saber por qué; nadie tiene la versión definitiva.

Llegamos al barrio una mañana de sábado lluviosa. Tras dos semanas de agua constante la comunidad hunde sus pies en el barro. El terreno está sobre un cantero de piedras, así que hay que caminar sobre rocas, desniveles y charcos. Para llegar a la parada de ómnibus más próxima el recorrido es de un kilómetro, por eso los que se van a trabajar se llevan otro par de zapatos para cambiarse.

Cada pocos pasos hay perros que se plantan en el camino, algunos flacos y cansados, otros robustos y combativos. El consejo de los vecinos es no mirarlos a los ojos: lo mismo que suelen hacer con las personas que andan en "el mal camino".

En este escenario el frío y la humedad entran por la vista. Hay tres, cinco, 10 ranchos levantados con trozos de chapas y de maderas en una misma manzana, por donde se filtra el agua, el viento y, si les toca la desgracia, las balas.

—La otra noche conté 55 tiros —dice una madre que comparte la cama con demasiados hijos. Una madre que cuando escucha los disparos duerme en el piso con ellos. El piso tiene una alfombra empapada que cubre el barro.

Ninguno duerme.

Los nenes se van cansados a la escuela, su esposo se va cansado a trabajar.

La medianoche del 12 de julio también se escucharon 50 disparos. Esta vez, la disputa habría sido frente a una cantina, a unos metros de una iglesia evangelista, del centro comunal y de la policlínica comunitaria. Según informó Telemundo, una de esas balas atravesó el muro débil de un hogar y entró por la pierna de una niña de nueve años que estaba durmiendo. El impacto le dañó una arteria, el útero y la vejiga. La niña estuvo internada en CTI, pasó por cirugía y fue dada de alta. Desde Fiscalía informan que está recuperada y asiste a la escuela. Pero a su casa no quiso volver.

Antes de mudarse del asentamiento por temor a represalias, su familia y un grupo de vecinos cortaron Camino Maldonado a la altura del kilómetro 16 para reclamar patrullaje policial y acciones en el barrio. "Esto no puede seguir así, no se puede ni dormir. El sábado pasado se sentía que parecían metralletas, el domingo fue igual", dijo la abuela de la niña al informativo de La Tele.

Esta tragedia no tuvo demasiada cobertura mediática, pero disparó una investigación que, según fuentes policiales, el martes pasado derivó en un cúmulo de allanamientos en los que se incautaron armas y drogas que habrían servido para formalizar la indagación y procesar a algunos de los hombres señalados por los vecinos como autores de las balaceras. Pero, según confirmó el fiscal Leonardo Morales, aún no se encontró al que efectúo el disparo que hirió a la pequeña.

Los vecinos hablan de "el caso de la niña" como la gota que rebasó el vaso. Hablan, aunque la mayoría para evitar cualquier riesgo se excusa diciendo que no conoce a la familia, que vive "más arriba" o "más abajo" del escenario del tiroteo; algunos sugieren dispersar el relato "porque ellos buscan cualquier pista para encontrarnos y vengarse".

Finalmente una mujer rompe el silencio: dice que ella era su vecina, que los disparos ocurrieron al lado de su casa y que la Policía entró y no investigó bien, porque primero dijo que no habían encontrado los casquillos, aunque los vecinos habían recolectado algunos del suelo.

Después sí los encontraron.

La mujer sigue contando hasta que escuchamos un disparo. El impacto retumba como si hubiera caído a nuestros pies. El cuerpo reacciona cerrando la boca: la de ella y la mía. Dos vecinos que descargaban leña dejan los troncos y se meten adentro de una casa. Dos jóvenes empiezan a circular por la calle.

Los miramos.

Ya nadie habla.

—¿Mejor nos callamos? —le pregunto a la mujer.

—Mejor sí.

Es una advertencia.

La mujer desaparece. Otra vecina que estaba lista para hablar de las pésimas condiciones habitacionales, me aprieta la mano y dice: "No me busques. Andate".

Nos vamos. Mientras el auto avanza por las calles que acabábamos de recorrer en calma, nos despiden otros seis disparos más.

En los últimos dos años este asentamiento llenó algunas páginas de crónica roja y alguna otra con reclamos vecinales para pedir que por favor la Intendencia de Montevideo (IM) los ayude a quitar la basura de sus hogares.

La inseguridad no es nueva, pero nunca fue tanta. En octubre de 2016, un albañil que se enfrentó a un ladrón murió acuchillado. Un año después, un joven de 22 años murió de 10 balazos en la puerta de un almacén. La víctima había sido varias veces investigada por la Policía pero, según recuerdan ahora sus vecinos, se había apartado del delito.

El martes pasado, mientras un grupo de oficiales tenía cercado el asentamiento, los mensajes en el grupo de Whatsapp se multiplicaron: pedían que nadie saliera de su hogar. En uno de los centros religiosos que funciona en la zona como merendero, hace días que no ven a algunos de los niños que van a comer allí. "Muchos de ellos en la casa solo tienen mate y con suerte pan. Pagan ellos las consecuencias de este caos", dice una vecina a la que ya le saquearon la casa dos veces.

Es imposible localizar al alcalde Francisco Fleitas para poner en números las vulnerabilidades de este asentamiento. La que sí contesta es la concejala Sandra González. Al barrio lo presenta así: es uno entre los 101 asentamientos que hay en el Municipio F, al límite con Canelones, es decir, donde empieza la zona rural. No es el más violento, pero sí uno de los que más crece. Reúne a unas 450 familias, que son unas 2.300 personas, aunque los vecinos calculan que al menos son unos 1.000 más. La mitad son niños.

Otros vecinos que trabajan en la zona cuentan que lo más habitual es que los niños sean criados por madres solas. Algunos de ellos reciben medicación para piojos y sarna en un merendero que funciona a base de donaciones. En la policlínica comunitaria, las consultas más comunes suelen ser por infecciones respiratorias por la exposición al frío, problemas vinculados a la piel, caries e infecciones en las encías.

La organización Techo lleva más de una década trabajando allí. Construyó 191 viviendas de emergencia, arregló veredas e hizo zanjas para combatir las continuas inundaciones. En 2017 realizó un censó que arrojó información impactante, como que el 57% está entre los hogares de pobreza más extrema del país.

En las construcciones más humildes, como la de Laura, luego de una jornada de trabajo se cocina al aire libre y se baña a los niños en un apartado de chapa, "cada día, para que estén limpitos para ir a la escuela", dice. El 16% tiene la cañería con agua potable fuera del hogar y el 3% la recibe de un vecino. Se calienta el agua en una olla y se las tiran por arriba. El día de la madre, Laura lo pasó en la policlínica porque su hijo de dos años tenía un foco en un pulmón. El 8% de estos vecinos tienen asma.

Carina vivía en una quinta cercana al asentamiento cuando ayudó a un grupo de vecinos por primera vez. Le pidieron palos para colgarse de la luz. Aquí el 83% tiene conexión irregular y cada tanto se incendia alguna casa debido a un corto circuito. La segunda vez los visitó para llevarles comida. "Vi la realidad, me edifiqué una casita y me instalé para trabajar en el barrio".

Hace 10 años que abrió el merendero Esperanza y la guardería Rinconcito de luz que recibe y alimenta a unos 100 niños seis días a la semana. No recibe ningún tipo de ayuda económica. Se sostiene con donaciones de alimentos, remedios, frazadas, ropa y materiales de todo tipo.

—Para mí esto es un llamado de Dios, aunque me duele ver crecer a algunos de estos niños y transformarse en delincuentes. El problema es que las madres trabajan y ellos quedan solos porque en este lugar, además de la escuela y de los merenderos, no tienen contención —dice.

Algunos vecinos contaron que han visto niños pequeños armados. Son excepciones, pero les rompen los ojos.

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) trabaja en la zona a través del Servicio de Orientación, Consulta y Articulación Territorial que gestiona la ONG Iniciativa Latinoamericana. Ellos articulan las prestaciones que hay en el barrio pero por "opción filosófica" se negaron a responder qué tipo de acciones desarrollan. Desde el Mides informaron que brindan cursos para la población juvenil y siguen de cerca a los más pequeños a través del programa Uruguay Crece Contigo.

También funciona el programa Cercanías, que se lleva adelante con el Instituto del Niño y del Adolescente: "Son técnicos que trabajan con las familias que están en peor situación. Van a la casa, establecen metas y los ayudan a cumplirlas", explican desde el ministerio.

Sin embargo, entre vecinos no hay demasiado conocimiento de sus derechos. Cuándo Techo les preguntó por qué se mudaron al asentamiento, el 25% responde que debido a problemas económicos. Ninguno de los consultados para esta nota, todos ellos trabajadores, sabía que podían postularse para obtener una garantía de alquiler en el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

¿Qué tiene de particular el 24 de Junio? "Que está rodeado de exponentes del primer mundo. Si te parás enfrente, de un lado ves la pobreza y del otro lado están Zonamérica y el complejo Jacksonville. Es el ejemplo más claro de las dos realidades que atraviesan a nuestro municipio", dice la concejala González.

A su modo de ver, el incremento de la inseguridad está relacionado a que las Mesas Locales para la Convivencia y Seguridad Ciudadana que articula el Ministerio del Interior dejaron de organizarse en el barrio como lo hacían dos años atrás. "Recogían denuncias que de otra forma los vecinos no hacían", dice. Consultado al respecto, Gustavo Leal, director de estas mesas, asegura que nunca dejaron de funcionar: "Alcanza una llamada para agendar una reunión".

A pocos metros del asentamiento está la Seccional 18. En los primeros seis meses del año registró 137 rapiñas y 10 homicidios. Sin embargo, algunos vecinos se quejan de su indiferencia. A Mariela le robaron un lavarropas: "Fui hasta allá para decirles que había llamado 18 veces al 911 y nada. Yo sé quién lo robó y lo vendió por $ 50. Yo tuve que ahorrar $ 10.000 para comprarlo".

El sábado, antes de que un disparo nos echara del barrio, una vecina con documentos en la mano se había aprontado para reclamar mejoras en la calidad de vida. Estaba diciendo que alguien tenía que poner los ojos en ellos para que vean cómo están viviendo. Estaba diciendo que los respalda un convenio: "No nos pueden dejar solos".

Juan Bologna también es concejal y advierte que la fundación del 24 de Junio "tiene muchos entretelones y problemas de todo tipo", y que "hay que saber bien la historia para contarla", pero no da más detalles.

Hasta donde se pudo saber, el territorio se ocupó en tres etapas. La primera tanda llegó a fines de 1960; la segunda, con la crisis económica, entre 2002 y 2007; y la tercera, entre 2008 y 2016. Los picos de poblamiento fueron en 2002 y en 2016.

Este no fue el único asentamiento en agrandarse: todos los de la zona crecieron y, según la concejala González, semanalmente hay denuncias por ocupación de terrenos privados y desalojos.

En 2001 algunos pobladores del 24 de Junio realizaron una denuncia penal contra el Instituto de Asistencia Técnica por la Propuesta Piri. Varios vecinos habían pagado cuotas de US$ 115 para la creación de tres complejos con 90 viviendas que nunca se llegaron a construir. Era un fraude. Tras la sorpresa, decenas de familias marcaron el terreno por el que habían estado pagando y la noche del 24 de Junio se instalaron allí: levantaron cabañas, ranchos de chapa y casas de bloques.

En 2004 estos lotes fueron rematados, pero el dueño no pudo concretar el desalojo porque intercedió la IM iniciando un proceso de expropiación. Ese es el convenio al que se refería la vecina. Una década más tarde, desde el área de Tierras y Hábitat de la IM confirman que la expropiación todavía está en curso. Una vez que las tierras sean de dominio municipal, serán analizadas y se decidirá si el asentamiento será regularizado o si la población será realojada.

Mientras tanto, los únicos que responden a la emergencia habitacional de los vecinos desesperados sigue siendo Techo. El 69% de las viviendas se inundan hasta la rodilla cada vez que llueve. Y si no se inunda la casa se inundan el terreno y las calles que lo rodean. El 10% de las casas tienen suelo de tierra. Ninguna cuenta con saneamiento: el 32% elimina las aguas servidas en un pozo negro sin revestimiento o en la cañada que atraviesa el barrio. Queda a la vista de todos.

A pocos metros de la cañada hay una casa de bloques a la venta. La familia la puso a $ 140.000. "Pedimos poco. Nos queremos ir porque este barrio es una miseria", dice un hijo de la dueña.

La mayoría quiere mejoras y paz y no necesariamente irse ni huir. Esto están diciendo el 38% de los vecinos que manifestaron estar muy conformes con el barrio y el 24% que no está dispuesto a mudarse. El 83% confía en que la situación va a mejorar.

Gabriel, nacido en Pocitos, exjugador de fútbol de primera división, pintor, padre de cinco hijos, había logrado salir del asentamiento en el que había terminado. Durante nueve años alquiló en Nuevo París y tras un desalojo, regresó. Un amigo le pagó el flete y le compró las chapas para que armara el rancho. Este sábado Techo le está construyendo una cabaña. Dice que el que conoce los asentamientos por los diarios y la televisión los juzga mal.

—La gente cree que como vivís en un asentamiento sos un delincuente. Hasta los políticos nos marginan. El trato hacia nosotros no va a ser otro hasta que dejen de vernos a todos como pastosos y narcos. Hasta que no cambie cómo lo ven a uno, esto no va a cambiar.

Son 191 las viviendas de emergencia que la organización Techo lleva construidas en más de una década de trabajo en el asentamiento 24 de Junio. Además, realizó arreglos de veredas, pozos negros, levantó un centro comunal que funciona como punto de encuentro entre vecinos, e hizo zanjas para combatir las inundaciones. Las cuadrillas de construcción y los voluntarios que visitan la zona cada semana son testigos de cómo el asentamiento tiene un crecimiento sin pausa y no hay ningún plan de vivienda para contenerlo. Primero se censa al barrio para ponerles números a las vulnerabilidades. Luego se hace un llamado a asamblea para que asistan los vecinos y ahí se muestra el resultado del censo, para constatar dónde surgen los problemas habitacionales más importantes de las viviendas y de su entorno.

Le sigue un proceso de asignación en el que influye la situación de hacinamiento (hay hasta cinco personas compartiendo un mismo ambiente) y de salud de la familia. La organización se financia a través de las donaciones de empresas y la participación de cientos de voluntarios (estudiantes y empleados de las empresas que colaboran) que construyen junto a las familias.

La vivienda tiene un costo que ronda los $ 52.000 y la familia debe abonar el 10 %. Se arman en dos días. Durante el primero se ponen los pilotes y el piso; el segundo día se colocan las paredes de madera y el techo de chapa. Techo, además, suele funcionar como un articulador entre los vecinos de asentamientos que no están organizados para exigir sus derechos. Sandra González, concejala, reconoce que el municipio falló en lograr una comisión sólida en este barrio.