A veces las historias más trágicas, de esas que parten al medio a cualquiera, dejan allá en el fondo una enseñanza, una lección a aprender para el futuro. Solo hay que saberla ver y actuar en consecuencia. Algo de eso pensó el psicólogo Daniel Ventura, de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), cuando leyó en El País la entrevista a Vladimir Espíndola, publicada en esta sección el 1° de octubre de 2023. Casi tres meses antes, a las ocho y media de la noche del sábado 8 de julio, la vida de Vladimir había cambiado para siempre. Ese día a esa hora y en la ruta 3, a unos pocos kilómetros de Salto, murieron su pareja Roxana Pesce y sus hijas Emilia y Savina, mientras viajaban a pasar unos días de vacaciones en la capital del departamento. El auto se dio de frente contra un camión.

Nadie está preparado para una tragedia así pero en aquella entrevista que se realizó una mañana de fines de setiembre Vladimir Espíndola no quería hablar tanto de lo que había vivido sino de todo lo que vino después. De cómo el Estado, que se supone debía ayudarlo y protegerlo, le complicó bastante la existencia.

“Yo estoy de pie gracias a la gente y a pesar del sistema”, contó a El País. “Las cosas que sufrí cuando falleció mi familia ya pasaron, nadie me las va a cambiar, pero quiero que a otros no les pase lo mismo. Que estén prevenidos de todo lo que tenés que hacer”.

Con lucidez, Vladimir denunció lo que podríamos resumir como la “burocracia de la muerte”. Es decir, el largo collar de absurdos y repetitivos tramites que debe hacer alguien que pierde a un ser querido.

Decía Vladimir: “Me piden certificados de todo tipo, de defunción, de nacimiento... En OSE, en Antel, en la Caja de Profesionales, en la DGI, en el BPS, en el banco, en la mutualista, en la emergencia médica (…) Si quiero seguir en el sistema, tengo que hacer todo eso. Lo debo hacer para cada paso. Es una tortura, aunque ya me acostumbré”.

Foto: Estefanía Leal.

No pedía nada extraño este hombre que entonces tenía 48 años y que empezaba a pensar en cómo se rehace una vida, cómo se vuelve a empezar. Pedía apenas que lo que debería ser automático fuera efectivamente automático: que con un solo clic todas las oficinas públicas se enteraran que su pareja y sus hijas habían fallecido, que no tuviera que irlo explicando ventanilla por ventanilla. Que no tuviera que presentar los mismos papeles en cada lugar, cuando esos funcionarios deberían poder acceder sin mayores problemas a esos documentos.

Y entonces decía: “Si te ponen una multa de tránsito en la ciudad de Artigas, te la cobran en cualquier lugar del país al instante. Y la DGI todos los meses sabe, antes que yo, lo que cobré y lo que gasté. Para eso el sistema funciona perfecto. El Estado ya demostró que lo puede hacer (…) ¿Cómo puede ser que el resto de las oficinas del Estado me exijan a mí que les lleve en mano la información que sale del mismo Estado? Es inhumano: no acepto que día por medio deba estar presentando certificados de defunción de mis hijas y de mi mujer”.

Que esa historia se hiciera pública tuvo dos consecuencias concretas a nivel del Estado, con la intención de simplificar la burocracia en casos como este. Por un lado el gobierno firmó en noviembre de 2023 una reglamentación que básicamente plantea que los organismos no deben pedir a los ciudadanos información que ya poseen o que pueden acceder mediante recursos internos del Estado. Y, por otro lado, un grupo de técnicos de la Unasev tomó el caso y el año pasado pensó el proyecto “Vladimir: tres soles”, con la idea de crear una ventanilla única para este tipo de trámites vinculados a las muertes. Para poder diseñarlo e implementarlo, ya veremos más adelante, se presentaron a unos fondos que otorga la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII).

Pero al final no fueron seleccionados y el proyecto hoy sigue esperando.

"Recuerdo el caso perfectamente”, dice el director ejecutivo de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic), Hebert Paguas, en referencia a Vladimir Espíndola. “Tanto que hasta se reforzó con un decreto, porque el problema no es tecnológico”, dice en referencia al decreto 353/23, firmado por el presidente Luis Lacalle Pou y sus ministros el 9 de noviembre de 2023, que a su vez reglamenta el artículo 76 de la ley de Presupuesto del segundo gobierno de Tabaré Vázquez (2015-2020). En ese artículo, que no había sido bajado a la práctica, se indica que “las entidades públicas deberán simplificar sus trámites, siguiendo los lineamientos de gobierno electrónico, adoptando el procedimiento más sencillo posible para el interesado”. También, que las entidades públicas “no deberán solicitar certificados, constancias, testimonios u otra documentación de similar naturaleza emitidos por otra entidad pública, cuando se pueda acceder a la información contenida en dichos documentos, a través de sistemas informáticos proporcionados por las entidades competentes”.

El decreto de noviembre de 2023 insiste en que los organismos no deberán solicitar documentos “cuando la información contenida pueda obtenerse a través del acceso a sistemas informáticos de otras entidades, o a servicios proveídos por estas a través de la plataforma de interoperabilidad”. Pero va más allá y, entre otras cosas, se establece que Agesic pondrá a disposición de las entidades públicas “un sistema de intercambio seguro de documentos digitales”.

Además, se estableció un mecanismo para denuncia web de los incumplimientos al decreto: cualquier ciudadano puede reclamar si le piden documentación que está disponible a través de medios digitales.

—¿Esto se hizo tras conocerse el caso de Vladimir?

—Yo creo que tuvo una influencia el caso, sí —responde Paguas—. Con ese decreto se reforzó fuertemente el mensaje de que la información que está disponible no se debe pedir.

Y agrega, consciente de que una cosa es la teoría y otra la práctica:

—La tecnología está pero hay algunos que no la consumen. Por eso, la transformación digital casi nunca es digital, sino que pasa por procesos de seres humanos. Le debe llegar a un portero o a un funcionario. Y el ciudadano tiene que quejarse, tiene que denunciar.

A pesar del decreto mencionado, El País comprobó que aún hoy se siguen pidiendo partidas de defunción en diferentes organismos, por ejemplo para cerrar servicios en Antel o para tramitar haberes pendientes en la Caja Bancaria.

A fines de abril de 2024 Vladimir Espíndola recibió un mensaje de WhatsApp. El que le escribía era Ventura, el psicólogo de la Unasev, quien lo invitaba a una reunión en el piso 8 de Torre Ejecutiva, interesado en saber más sobre su historia y sobre todo en buscar mecanismos para modificar la situación que él denunciaba.

—Hablo con todo el que quiera, claro que voy a la reunión —le respondió Vladimir a Ventura.

Unos días después, tras ese encuentro, Vladimir contó a El País:

—Me encantó el espíritu que tienen; me fui muy contento de la reunión en Presidencia, entiendo que algo se está haciendo

Y así nació el proyecto “Vladimir: tres soles”.

En entrevista con El País, Ventura relata que el caso de Vladimir es “muy angustiante” y que por eso lo tomaron como base.

El psicólogo se juntó con otros cuatro técnicos de la Unasev: los abogados Leonardo Ramos y Karina di Castro, la ingeniera Agustina Sosa y la doctora Gabriela Cordone. Prepararon un proyecto de ventanilla única y, como en la Unasev no hay equipo informático, decidieron concursar en una convocatoria de la ANII llamada “Desafíos públicos con alto impacto ciudadano 2024”, que buscaba ayudar a instituciones públicas con problemas vinculados a servicios brindados a los ciudadanos que requieren de investigación y desarrollo tecnológico. Según se indica en las bases de ese concurso, podían presentarse organismos con un desafío “asociado a la eficiencia, el alcance o la calidad de sus servicios”.

El premio era un financiamiento no reembolsable del 100% del costo del proyecto con un tope máximo de 4.260.000 pesos para el desarrollo del prototipo de solución final.

El proyecto “Vladimir: tres soles” calzaba perfecto con la convocatoria, pensaron Ventura y su equipo.

Foto: Leonardo Mainé.

En la documentación presentada para fundamentar la propuesta recuerdan las muertes de Roxana Pesce y sus hijas Emilia y Savina Espíndola: citan la nota de El País, donde “se describe el “largo peregrinar” de Vladimir por distintas oficinas del Estado.

Entonces la Unasev plantea que, para “aliviar el sufrimiento de los ciudadanos que viven estas penosas situaciones”, es necesario crear “un sistema unificado que integre la información y que permita al ciudadano la simplificación de procesos y trámites”. Sería “una oficina única” que tenga “asesoramiento e intercomunicación”. Se necesitaría, indican, desarrollo tecnológico e informático y eventualmente el uso de inteligencia artificial.

El objetivo, dicen en la fundamentación, es que “la burocracia no termine revictimizando a las personas” que pasan por una etapa de “shock” y que al mismo tiempo deben hacer una larga serie de trámites.

Y recuerdan que, según datos de la Unasev, unas 25.000 personas resultan lesionadas o fallecidas al año en siniestros viales; estas (o su entorno) “se verían beneficiadas con un sistema tecnológico que alcance mayor eficiencia, capacidad de respuesta y humanice la gestión pública”. Hoy, dice el texto al que accedió El País, cada organismo público cuenta con un sistema propio y con requerimientos particulares para realizar los trámites; “esto genera que se deba peregrinar por las diferentes oficinas públicas para cumplir con todos los trámites a realizar” pero “en muchas de las oficinas hay una base de documentación común a presentar”.

El sistema unificado que se propone, recuerdan desde la Unasev, se podría aplicar ante todas las muertes, no solo las vinculadas directamente a la siniestralidad vial.

Así lo explica hoy a El País Ventura de la Unasev: “Queremos que los ciudadanos que atraviesan estas situaciones no deban estar repitiendo y repitiendo el mismo trámite en un momento de shock, de duelo”.

Foto: Fernando Ponzetto.

La doctora Cordone agrega que el sistema informático tendría una puerta de entrada donde el usuario cargaría los datos “y no reiteraría el mismo papelerío” en cada oficina, para no “agrandar la herida”. La abogada Di Castro apunta que el norte “es la protección de la víctima” y que se buscaba el desarrollo de los investigadores de la ANII porque crear una ventanilla única no es algo simple y se requiere una adecuación informática: “Tal vez no podemos simplificar todos los trámites pero muchos sí”.

En total se presentaron 20 proyectos y, según consta en la resolución, el directorio de la ANII aprobó el informe del Comité de Evaluación y Seguimiento de Innovación Pública del organismo que sugirió financiar cuatro proyectos.

Pero ninguno de ellos es “Vladimir: tres soles”.

La ANII premió al Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) por un proyecto de orientación laboral inclusiva, al Ministerio de Ambiente para fortalecer las capacidades de fiscalización e información ciudadana, al Programa Nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública para aplicar la inteligencia artificial en el análisis de las bases de datos de la prevención del suicidio y al Ministerio de Transporte y Obras Públicas para llevar adelante un sistema de gestión de paradas en las rutas nacionales de todo el país.

¿Qué hubiera pasado si llegaba el apoyo de la ANII? “Ellos han tenido muy buenos proyectos y muchos éxitos”, reconoce Di Castro. “Pero consideraron que ya había mecanismos”, dice la abogada.

Ventura explica que les respondieron que dentro del Estado podían trabajar el tema con mesas interinstitucionales. “Nosotros pensábamos que con el soporte técnico de ellos y de sus investigadores, podríamos acelerarlo”, reconoce.

Pero la abogada Di Castro responde: “No es tan fácil, hay que dar con la persona adecuada que enfatice lo suficiente y que asuma el compromiso”.

El País consultó al presidente de la ANII, Flavio Caiafa, para conocer las razones de la decisión pero no hubo respuesta al cierre de esta edición.

¿Y ahora? La idea es insistir con el proyecto en el próximo gobierno, ya que todos los miembros del equipo son funcionarios de carrera y se supone seguirán en la Unasev. Pero, aclara Di Castro, “es una decisión política que deberá tomar la próxima administración”. Eso sí, tratarán de que se comprometan.

Vladimir estaba al tanto del proyecto que lleva su nombre pero no del resultado que por ahora se ha logrado.

Relata a El País:

—Fue muy gratificante todo el proceso, lo que no sabía es que lo habían rechazado... Viendo cómo es el Estado, no tengo demasiadas esperanzas a futuro.

—La idea de los técnicos de la Unasev es esperar a que asuman las nuevas autoridades y volver a plantearlo a ver si encuentran más eco.

—Como yo lo veo, no es un tema en el cual haya que invertir capital. No hay que construir una obra. Es gestionar las cosas de una manera diferente. Es coordinar, es planificar. Yo espero que pase algo con este tema: ojalá que todos los jerarcas del Estado tuvieran la humanidad que mostraron en la Unasev. Pero no es lo común, eso yo ya lo sé.

TESTIMONIO

"Nunca estás preparado para una cosa así"

La red nacional de víctimas y familiares de siniestros de tránsito de Uruguay funciona desde 2008: da apoyo a las víctimas de accidentes en calles y rutas y a sus parientes, además de agruparlos para trabajar en la prevención.

Alba Curbelo es su vicepresidenta. Su hijo Gonzalo murió el 16 de marzo de 2008 en Salto. Iba en moto y lo chocó una camioneta, “eran unas personas alcoholizadas, que estaban en una picada”, cuenta. Él tenía 24 años y estaba en los últimos meses de estudio para recibirse de enfermero.

Era su único hijo. Curbelo, madre soltera, hoy de 69 años, trabajaba entonces en un comercio en Montevideo. “Nunca estás preparado para una cosa así. Cuando recibí la noticia, pensaba que mi hijo estaba con vida. Me desayuné en el viaje a Salto, fue un shock tremendo, pero siempre tuve la cabeza abierta con el fin de que otras personas no pasaran por lo que yo pasé”, dice y aún hoy le tiembla la voz, aunque pasaron casi 17 años.

“Lo trato de sobrellevar lo mejor posible, pero volver al tema me genera sentimientos encontrados. Yo espero que la muerte de mi hijo no haya sido en vano, espero que sirva para poder ayudar a otras personas”, dice Curbelo.

El sistema de ventanilla única es apoyado por la red. Es más, dice Curbelo, “solo los que pasamos por esto, sabemos de qué se trata”. En un momento en el que la persona aún está en estado de shock, es complejo “andar de ventanilla de ventanilla, en esa procesión en búsqueda de información, dando de baja en un lado y en otro”.

Como le pasó “a este señor Vladimir”, recuerda Curbelo.

En la red intentan apoyar a quienes se contactan. “Se comunican, muchos se sienten más cómodos hablando con nosotros porque somos víctimas. Se sienten mejor que hablando con un psicólogo o un médico”, explica. A Cada persona que se contacta es invitada a involucrarse en la red. Algunos lo hacen un tiempo, no todos quedan en forma definitiva. Los contactos de la red son públicos para quien quiera escribir. El celular del presidente Mario de Feo es 092 836 984 y el de Curbelo 098 470 633. El correo electrónico, rednavic@gmail.com.