El agua frente a La Coronilla es deun marrón chocolate tan intenso que la Ramírez podría parecer el Caribe. Estamos en la playa, a unos 20 kilómetros de Barra del Chuy, arriba de una camioneta 4x4 que avanza rápido por la arena hacia el este. Quien maneja, el abogado Enrique Sayagués, conoce cada curva y cada rincón de este, su lugar en el mundo: tiene casa en La Coronilla desde hace décadas, incluso cuando todavía proyectaba ser el balneario estrella de la costa rochense con sus hoteles que ahora son esqueletos vacíos. Pasa un jeep hacia el otro lado, Sayagués acelera su vehículo y cuenta entre risas que el piso es tan firme que a veces es posible ir a más de 100 kilómetros por hora: “Pero hoy no están las condiciones, la arena está mojada”. Lo que para muchos es raro, e incluso un atentado al medioambiente, para él es la norma: la arena acá puede ser una ruta.
Un rato antes de arrancar, Sayagués le había sacado las balas a su revolver (“acá siempre hay que andar con cuidado”) y se ofreció a hacer de guía por la zona rumbo a Playa del Este, un balneario pegado a Barra del Chuy, que fue loteado allá por la década de 1960 pero que nunca se llegó a desarrollar. Pero eso no quita que decenas y decenas de personas hayan comprado terrenos en el sitio. Muy atrás hay una historia larga de disputa legal por estas tierras y, más acá en el tiempo, títulos y derechos de posesión “truchos” al decir del intendente Alejo Umpiérrez, así como construcciones irregulares que han explotado en los últimos tres años. Algo que en Rocha no es raro, más bien es parte de la esencia del desarrollo de los balnearios.
El viento sopla fuerte y hay pocas señales de la civilización. Una solitaria pala mecánica de la intendencia acomoda la arena allá a lo lejos y un hombre camina rumbo a La Coronilla. El mar marrón está movido. Acá en Rocha cada uno tiene su teoría para la razón del oscuro color del océano cerca de la frontera con Brasil: que el canal Andreoni fue ampliado en la dictadura, que el arroyo Chuy tampoco ayuda, que las sudestadas hacen lo suyo, que el tipo de playa provoca que la arena se revuelva demasiado… No hay unanimidades.
Antes de llegar a Playa del Este aparece Palmares de la Coronilla, un balneario de no más de 15 o 20 casas. Luego solo dos o tres viviendas en el medio de la nada, una de ellas de enormes dimensiones entre dunas y abundante vegetación. Por momentos se ven alambrados que llegan mismo hasta la playa: propietarios o supuestos propietarios marcando sus enormes terrenos frente al mar.
A diferencia de La Coronilla, Barra del Chuy sí se ha desarrollado mucho. A Playa del Este se puede acceder directo desde ese balneario pero hay una zona alambrada que solo se puede ver desde la playa. Eso quiere mostrar Sayagués, quién está desde hace un par de décadas involucrado en un juicio por un inmueble. “Es por ahí”, dice y la camioneta entra por un angosto camino, se aleja algo del mar y llega a una zona semidesértica. Un alambrado delimita un enorme predio al oeste: allí adentro está el terreno que un viejo cliente suyo, Carlos Anido, reclama por no poder acceder a él y pide ante la Justicia la declaración de nulidad de un contrato e indemnización de daños y perjuicios, ya que en su momento fue ocupado y cercado por otro particular, según su demanda, a la cual accedió El País. La historia incluye escenas “dignas del Far West”, según denuncian (ver recuadro más abajo). Pero no es la única.
Para el otro lado, hacia el este, se ve un grupo de ranchos al costado de un precario camino que por ahora no puede llamarse calle.
Son más de 20 viviendas esparcidas en varias manzanas y con vista privilegiada al mar que se construyeron tras el inicio de la pandemia. Otras aún se están levantando. El problema es la dudosa legalidad de la propiedad de quienes ocuparon la zona. Casi todos pagaron unos 2.000 dólares en varias cuotas por sus terrenos, según confirman a El País varios de los involucrados. Lo que compran es un supuesto “derecho posesorio”.
Uno de ellos es Brian Rocha, almejero veinteañero que también se dedica a changas, desde el monte a la construcción. Él tiene la última casa si se viene desde Barra del Chuy, un rancho de chapas pintadas de azul. Vive con su mujer Micaela, la hija Stefanie y los perros —“no pueden faltar, acá vivimos solos”— Luna, Frida, Zafira y Kiara. No muy lejos está la casa de su hermano.
Gorra con visera hacia atrás y remera con la cara de Diego Armando Maradona, Brian cuenta:
—Una señora me vendió el terreno por derecho posesorio. Pagamos 2.000 dólares de a poquito, con un contrato. Y cada quien se metió para adentro hace tres años, seguimos hasta ahora.
—¿La señora tiene los derechos?
—Supuestamente sí. Yo no sé si es dueña o no. A mí me consiguió el terreno y me lo vendió.
—¿Cómo se llama la señora?
—Elena pero no sé al apellido.
—¿La intendencia hizo problemas?
—Tuvimos problemas, sí. Supuestamente estamos metidos de atrevidos pero nosotros compramos a la señora.
En familia.
Más allá está Alba Gammenthaler, de 68 años, quien vive en Playa del Este desde hace casi cuatro años tras pasar por Punta del Diablo, Chuy y La Coronilla. Se instaló con su esposo, almejero, quien murió de cáncer hace un año. Levantaron una casa de madera y chapa. Pero al fondo está construyendo su hija y más allá nietos y sobrinos. “Tengo familia por todos lados”, se ríe, con una mirada dulce.
Ella está feliz ya que UTE les puso “la luz” hace no más de un mes. Antes usaban un generador que solo tenían prendido en la noche, con las obvias complejidades que eso genera.
—Le compramos acá a una señora que se llama Elena y nos vinimos para terminar la vejez en la playa... comos somos almejeros. Esto era barato. Tenemos el papel que nos hizo Elena, que nos vendió sus derechos posesorios de 37 años por sus antecedentes familiares.
—¿Quién es Elena?
—Era una... poseedora. Ocupaba el terreno. Como una dueña, que tiene el derecho de vender. Esto fue hecho por escribano y agrimensor. Estamos al día.
—¿Elena cuánto es?
—Elena, la verdad no sé el apellido. Ella vive en Rocha y se dedica a esto. También vende en otros lados.
—¿Temen que se les complique?
Alba hace un silencio:
—Ese recelo lo vamos a tener siempre. Parece que nos toman como usurpación —responde y dice que ya “mandó papeles” a la intendencia para ver si se puede regularizar—. Si hay que pagar, pagamos para que nos dejen vivir tranquilos.
Su lucha ahora es para que la intendencia les abra una calle, ya que cuando llueve mucho el camino creado por los propios vecinos se transforma en un barrial. En esos casos ellos deben dejar los autos a unas cuadras, al final del vecino balneario Puimayen, o entrar con carro.
Puimayen ocupa la parte más extensa de lo que habitualmente la gente conoce como Barra del Chuy y se ha ido desarrollando hacia el oeste, hasta llegar a este sitio. Alba dice que hasta acá han venido ediles de todos los partidos con promesas. Y les envía un claro mensaje:
—¿Quieren mi voto? Hagan la calle.
Luis no vive en Playa del Este como Alba y Brian pero puso dos terrenos a la venta muy cerca de los ranchos de ellos. Su número de teléfono está en un cartel que avisa: “Propiedad privada, se vende”.
Él también le compró en su momento a Elena pero lo hizo como una inversión: en lugar de construir, pretende hacer negocio. Vende los derechos posesorios de esos dos terrenos a 5.000 dólares.
—Son terrenos a los que llega la luz y podés hacer una perforación, a los seis metros tienen agua.
—¿Pero son truchos los títulos?
—Títulos truchos no —responde por teléfono desde el Chuy—. Vamos a decir así: nosotros compramos los derechos sucesorios. Hay gente que no se preocupa por nada, en cambio mi sitio está medido por agrimensor y los derechos de posesión están hechos por una buena escribana y abogada con la supuesta dueña de todos esos terrenos. Y te digo una cosa: la gente ahí está poblando y no da bola a la intendencia. Muchos no se preocupan por hacer bien los papeles, por escriturar todo. Muchos compran un gato embolsado.
Luis se ríe fuerte.
—¿Pero cómo se constatan los derechos de posesión?
—Mi abogada le fue sacando todo desde el tiempo del abuelo, del padre… La tuvo en un jaque a la señora.
—¿A usted también le vendió Elena?
—Elena y es de Rocha la señora. Es la que tenía los derechos de esas tierras, es la heredera de todo ese lugar.
—¿Elena cuánto es?
—Me mataste. No sé el apellido.
"Me sacaron con un revolver"
“Un tipo se apropia de un terreno de pesado, pero legalmente está todo en un limbo”, dice Alejandro Bertocchi, quien reclama por un predio ocupado en Playa del Este. En una carta enviada a Ecos de El País, escribió: “Es una suerte de zona virtualmente deshabitada a la cual ningún agrimensor se atreve a penetrar por razones de seguridad personal; hay increíbles anécdotas muy violentas, tipo Far West”. Se refiere a una zona que está alambrada y ocupada por un privado, más lejana a la de los ranchos. “Un agrimensor me dijo, ‘mirá, me sacaron con un revolver en la cabeza’”, relata Bertocchi. La versión es confirmada por el abogado Ruben Pittner y Enrique Sayagués, quienes están en juicio. Dicen que los hechos sucedieron hace ya unos 15 años y que hay documentación de Prefectura.
Las reglas.
Los derechos posesorios están contemplados en la legislación uruguaya. Alguien que no es propietario de un bien inmueble puede obtener los derechos sobre el lugar, en caso de demostrar su posesión por determinado tiempo. Entre otros requisitos, debe haber comenzado a ocupar el terreno en forma pacífica y estar allí en forma ininterrumpida por al menos 20 años. El pago de obligaciones tributarias suele tomarse como un indicio fuerte de que la persona usó el bien y da certidumbre sobre las fechas. Para obtener el título de propiedad debe iniciar un juicio por prescripción adquisitiva.
Sin embargo, el intendente Umpiérrez dice a El País que en este caso hubo “una operación de venta ficticia de derechos posesorios, que son inexistentes, truchos” con “construcciones irregulares” que el gobierno departamental rochense combate con diversos juicios. “Es parte de la eterna historia de las irregularidades en la costa de Rocha que queremos terminar”, dice, “nuestra postura es no habilitar una canilla libre, este departamento tiene que dejar de ser tierra de nadie porque si no la gente sabe que va a ocupar de forma ilegal y con vista al mar”.
El intendente después admite: “Hay compradores de derechos de buena fe que pagan platos rotos de inescrupulosos, es gente embaucada. Aunque si te venden terrenos en cuotas de 5.000 pesos, debieras sospechar”. La intendencia pide que no se compren derechos en condiciones demasiado ventajosas “porque si te venden al precio que no vale y la financiación que no merece, es probable que sea trucho”.
En estas operaciones, dice el intendente, se arman organizaciones conformadas por un agrimensor y un escribano que hacen relevamientos de solares con impagos de contribución o que no tienen registrada la titulación, para después especular con ocupaciones. Muchas veces las calles las abren los particulares.
Uno de los problemas es que la intendencia no puede desalojar a nadie de un predio privado “si el propietario no lo hace”. Por eso, el Congreso de Intendentes planteó una reforma para que las intendencias tengan la potestad de que, al detectar ocupaciones de predios, durante el primer año puedan hacer juicios de desalojo. Al llegar el año se configura el derecho de posesión.
Lo que la intendencia de Rocha sí puede hacer es pedir la demolición de construcciones irregulares porque la normativa rochense prevé que para construir se debe presentar el título de propiedad o la cesión de derechos hereditarios con más de 10 años de antigüedad. Por eso, por estos días hay decenas de juicios en marcha, no solo en Playa del Este, sino también en Aguas Dulces, Valizas, Garzón y Punta del Diablo.
Los argentinos.
A unas cuantas cuadras de Playa del Este, en el límite entre Puimayen y la parte central de Barra del Chuy, está la inmobiliaria Marcelo. Su dueño es Marcelo Olivera, quien trabaja en el rubro desde hace unos 15 años y dice que esta es “una de las tantas jodas” que ha habido en diferentes balnearios rochenses. Todo empezó, según su relato, cuando al inicio de la pandemia un grupo de personas se presentaron en el lugar y dijeron tener derechos hereditarios en la zona, “lo cual no era así”.
Aunque los papeles tengan la firma de un escribano, según Olivera esos derechos posesorios “no tienen validez ninguna”. Las estimaciones del operador es que son unas 50 casas instaladas en la zona, “todas ilegales y todos lo saben”.
Olivera cuenta la historia de Playa del Este y otros balnearios de la zona: desde la década de 1940 hasta la de 1960 “criollos vivos de Argentina compraban campos infértiles, los fraccionaban, hacían balnearios y los vendían en bancos e instituciones económicas de Argentina”. Y remata: “Eran legales, presentaban los planes con escuelas y todo, pero lo que vendían eran casitas en el cielo, no existía nada; campos sobre la costa”.
En muchos de esos terrenos, productores rurales que tenían campos contra esos balnearios imaginarios, “abrieron alambrados contra el mar y se quedaron los fraccionamientos, haciendo prescripciones”. Y los que no, como en esta zona de Playa del Este cercana a Puimayen, “se instalaron” y vendieron derechos posesorios “de vivos”.
¿La intendencia por qué no se involucró? “Porque los mismos propietarios no le daban bolilla a esos terrenos y no pagaban la contribución, tenían deudas eternas de 40 o 50 años. Y los pocos que pagaron se recontrajodieron”. Para Olivera ya no hay mucho que hacer y la intendencia, en vez de demoler, debería dejar todo así. “Yo no los defiendo a los que ocuparon, pero ahora ya está. Los que están, están... Puede ser el inicio para el desarrollo de esa zona”.
En Barra del Chuy hay muchos, quizás la mayoría, que prefieren no meterse en el tema. Un vecino de Puimayen, de esos que sí pagan impuestos y tienen todo legal, no duda ante la pregunta de El País. “Yo no quiero hablar, hay muchos intereses creados acá”, dice. “A mí me gusta vivir en paz”.
Juicio por una gran zona cercada
Un par de cartas de lectores a la sección Ecos de El País dispararon el tema de la situación legal en Playa del Este. Alejandro Bertocchi escribió que en la década de 1960 “el hoy desaparecido Banco Español y Territorial procedió a lotear un área de más de 4.000 metros cuadrados, que fueron casi todos adquiridos legalmente por particulares, muchos argentinos. Y agregaba: “¿Están (los terrenos) ocupados ilegalmente por personas seguramente conocidas?”.
En charla con El País, Bertocchi relata que sus padres compraron en 1969 un solar grande en esa zona y que por estos días realiza el tramite regulatorio en la intendencia. “Una sola vez quise ir. Llegué a un descampado gigantesco pero me encontré que la ruta muere. Había una portera con un alambrado. No pudimos entrar a vichar”, dice, respecto a una zona lindera a la que se empezó a construir hace pocos años.
Ruben Pittner, un abogado, también envió una carta a Ecos, donde contó: “Hay dos particulares que reclaman ser poseedores con derecho a prescripción; invocando la cesión de derechos posesorios que les hizo un pescador que tenía un ranchito (…) Aprovechando el difícil acceso a esa costa (...) el referido pescador amenazaba a los pocos que intentaron ocupar sus terrenos”.
En diálogo con El País, Pittner y Enrique Sayagués, quien está jubilado como abogado pero inició un juicio en 2015 en representación de un ingeniero llamado Carlos Anido, dicen que un hombre, “un uruguayo de mucha plata” que ya había comprado en forma legal un terreno de 250 hectáreas, pagó 8.000 pesos de la época en 1996 a un pescador por la cesión de derechos posesorios sobre un fraccionamiento vecino de casi 300 hectáreas. “Compró humo y alambró todo”, denuncian y muestran la documentación. Anido, dicen, paga la contribución pero no puede entrar a un pequeño terreno que su familia compró hace décadas. El juicio aún no terminó: está en etapa de pruebas. “Buscamos más personas damnificadas, que hayan comprado en la zona y no puedan entrar”, dice Pittner. Y agrega su colega Sayagués: “Es un misterio: ¿dónde están y quiénes son?”.
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