BAJO AGUA

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Buenos Aires está en problemas. La contaminación del Riachuelo es histórica y se remonta a la segunda mitad del siglo 20, cuando la ciudad creció de forma exponencial, sin planificación ni infraestructura. Los residuos orgánicos de unos 6 millones de bonaerenses que no tienen cloacas terminan, directa o indirectamente, en el lecho del río. Además, se vierten desechos industriales todos los días a un Riachuelo cada vez más negro. Y esta contaminación afecta a las 5 millones de personas que habitan en total la cuenca del Matanza-Riachuelo.

Pero, ¿por qué debería importarle a Uruguay la contaminación de un río ajeno, la salud de un país que no es el suyo?

Los ambientalistas uruguayos más acérrimos tendrán sus argumentos. Los que no lo son, deberían tenerlos, según alertan expertos y diplomáticos de este lado del Río de la Plata.

En 2008, la Corte Suprema de Justicia argentina condenó al gobierno de la Nación, a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a recomponer las aguas del Riachuelo y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca. Esta sentencia dio paso a una megaobra de ingeniería sanitaria, y es aquí donde Uruguay entra en el juego.

Un monumental emisario subacuático —en otras palabras, un túnel—, que se adentrará 12 kilómetros en el Río de la Plata desde la costa de Buenos Aires, con un diámetro de 4,3 metros, verterá en aguas comunes los desechos pre-tratados de esos seis millones y medio de habitantes que no tienen cloacas, además de las aguas residuales de cientos de industrias. Pero este es solo el componente final de un sistema troncal de cloacas, que es hoy en día la obra pública de mayor envergadura que se está llevando a cabo en Argentina.

El proyecto está en manos de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa) y lleva el nombre de “Sistema Riachuelo”. La construcción está hecha en un 70% y es financiada con un préstamo del Banco Mundial de 840 millones de dólares, a los que se agregaron 245 millones más en octubre del año pasado. Se trata del préstamo más grande que otorgó el banco en todo el continente. El costo total de la obra se eleva a 1.200 millones; la diferencia la pondrá Argentina.

El ingeniero argentino Pablo Bereciartúa, que fue secretario de Infraestructura y Política Hídrica durante el gobierno de Mauricio Macri, comenta que la obra estuvo prácticamente parada desde que se inició, y que los avances significativos empezaron en 2016. El ingeniero explica a El País los detalles de la obra, que consta de tres componentes y se espera que esté finalizada en 2022.

El primero es un colector que comienza en el margen izquierdo del Riachuelo y se trata de más de 30 kilómetros de túneles que transportarán aguas cloacales. Estos túneles, que están a 30 metros bajo el fondo del Riachuelo, desembocarán en el segundo componente de la obra, que es una planta de pre-tratamiento de desechos ubicada en la ciudad de Dock Sud, en la provincia de Buenos Aires, sobre el Río de la Plata.

Estos desechos que viajaron desde el Riachuelo se bombearán hacia la superficie, se pre-tratarán en la planta —es decir, se filtrarán como un colador— y esa agua cloacal pasará al tercer componente: el emisario subacuático, que conducirá estos desechos directamente al Río de la Plata, a 12 kilómetros de la costa bonaerense.

Como la obra involucra las aguas de los dos países, el proyecto argentino fue presentado ante la delegación uruguaya de la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) en el 2009. Según consta en un acta de la comisión, el gobierno de Tabaré Vázquez dio el sí a la obra en enero de ese año, y la resolución estuvo fundamentada en informes del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) —a través de la Dinama—, y del Ministerio de Defensa Nacional.

Sin embargo, no fue un acuerdo que haya gozado de gran transparencia, señalan diplomáticos.

Edison González Lapeyre, exembajador y uno de los redactores del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo, comenta: “Un emprendimiento tan importante, de tantas consecuencias desde el punto de vista potencial en cuanto a la contaminación del Río de la Plata, merecía un régimen de consulta, de intercambio de información. A pesar de eso, la delegación uruguaya de la CARP acepto prácticamente a carpeta cerrada el proyecto argentino”.

El artículo 17 del tratado del Río de la Plata establece que la parte que proyecta la construcción de un canal o de cualquier clase de obra debe someterlo a un análisis en el plenario de la CARP. “Si no hubiese un acuerdo, se inicia un proceso de consultas, intercambio de información”, explica el redactor del tratado.

Pero como hubo un acuerdo rápido, no hubo ese proceso de consultas que González Lapeyre considera necesario, ni se solicitó ningún tipo de información en el correr de estos años al gobierno argentino. Argentina, por su parte, no se vio obligada a reportar los avances de la obra.

Para González Lapeyre, hubo omisión del tratado y negligencia de parte de Dinama y de Cancillería: “Lo que entiendo es que una obra que esta constituida por un túnel de 12 kilómetros, que va a volcar sobre el Río de la Plata aguas cloacales de millones de habitantes, hubiese merecido mayor atención de parte de nuestras autoridades. Monitoreo y control. No hubo nada de eso”, sentencia.

El embajador retirado Carlos E. Orlando que cumplió tareas en Buenos Aires, concuerda: “El agua que se va a verter está en aguas comunes. Desde 2009 nunca se preguntó nada. Hay una omisión de nuestro país bastante importante”, señala.

En definitiva, ambos diplomáticos sostienen que la obra argentina es necesaria y debe hacerse por el bien de los millones de argentinos que carecen de saneamiento, pero que Uruguay debió ser proactivo en cuanto a pedidos de análisis y de información, en tanto los desechos se verterán en aguas que comparten ambos países.

¿El Río de la Plata se va a contaminar? ¿Cuál va a ser el tratamiento de los residuos que viajarán en el túnel y desembocarán en el río? El ingeniero Bereciartúa sostiene que las pruebas definitivas, por una cuestión lógica, se harán cuando la obra esté terminada y en funcionamiento. Pero que “distintas intervenciones de expertos ratificaron antes de que se definiera hacer el proyecto que el impacto era menor”, señala. Además, no cree que las costas uruguayas vayan a sufrir un impacto ambiental.

“El impacto principal que hay que considerar es sobre la costa argentina en general, y sobre los puntos críticos de la costa argentina que incluyen la toma de agua para la población de la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana”, sostiene Bereciartúa. “Claramente, el diseño y los análisis que se hicieron demostraron que no había un riesgo. Yo creo que en este caso esos pasos se dieron”, dice. No obstante, como ya se ha mencionado, esos análisis no fueron solicitados por la delegación uruguaya.

La clave de cómo recibirá los desechos el Río de la Plata está en la planta de pretratamiento de Dock Sud, que funciona como una especie de filtro para no verter los residuos crudos. En este caso, las aguas cloacales no se verterán completamente tratadas.

En ese sentido, Bereciartúa explica: “Uno de los criterios deseables para obras de infraestructura más modernas es lo que se llama “nature based design” (diseño basado en la naturaleza). Lo que quiere decir es que se diseñen infraestructura y soluciones que aprovechen todas las capacidades que tiene la naturaleza normalmente para llevar adelante sus procesos, que no se repitan de manera artificial los procesos que pueda hacer la naturaleza”, dice el ingeniero. “En la medida que se repiten esos procesos, se consume más energía. Uno de los aspectos innovadores del proyecto es que aprovecha las capacidades del estuario para tratar la carga orgánica”, agrega.

En definitiva, el propósito de este modelo es hacer un pretratamiento de esa carga orgánica y que el río se encargue del resto a través de la oxigenación.

Por eso, el nivel de tratamiento de las aguas residuales que tendrá esta obra no es el más alto. Un informe del Banco Mundial señala que la decisión de elegir un nivel más bajo de tratamiento frente a uno más alto fue debatida, pero se inclinaron por la primera opción porque “los efluentes tratados serán procesados aún más por la alta capacidad de oxigenación del Río de la Plata”, y porque un nivel alto de tratamiento incurriría en más costos, dice el informe.

Otro argumento que presenta el documento es que “el resultado final de la opción de tratamiento secundario de aguas residuales es equivalente, en términos de riesgos para los seres humanos y el medio ambiente, al diseño preliminar de tratamiento de aguas residuales seleccionado”, es decir, el tratamiento primario.

También se menciona que desde el punto de vista de la salud pública, “el tratamiento adicional de las aguas residuales, más allá del preliminar, no reduce los riesgos para la salud”. El informe señala que esto es consistente con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y agrega que el riesgo al que se refiere la OMS está relacionado con la exposición humana a través del baño, “que no es exactamente el riesgo potencial relacionado con la descarga de aguas residuales previamente tratadas al Río de la Plata”.

Por otro lado, el riesgo principal que conlleva esta descarga de agua son los organismos patógenos que puede contener, además de los residuos industriales. Sobre esto, el embajador Raúl Estrada Oyuela, especialista en temas ambientales, advirtió en una entrevista concedida a El Observador que el pre-tratamiento de esta planta filtra lo sólido, pero para eliminar químicos de los efluentes industriales, coliformes fecales, escherichia coli y otras bacterias, son necesarios los tratamientos primarios y secundarios.

La planta de Dock Sud, tal como lo indica el informe del Banco Mundial, proveerá solo el primario.

En cuanto a la capacidad de oxigenación del Río de la Plata, que en teoría terminaría de tratar la carga orgánica vertida, el oceanógrafo Marcos Sommer explica que, al introducir materia orgánica en un curso de agua, esta consume oxígeno para su oxidación y hace descender los niveles de ese elemento en el agua. “Así se favorecen procesos anaerobios durante los que se producen metano y sulfuro de hidrógeno, y se liberan olores nauseabundos”, dice el especialista.

“Con relación a las variaciones químicas del agua por contaminación, podemos poner de relieve la disminución de oxígeno disuelto a consecuencia de ser consumido por la degradación de los contaminantes. Esta polución se produce por compuestos orgánicos”, señala.

Para el exembajador González Lapeyre, las decisiones que se han tomado respecto al tratamiento del agua evidencian la omisión de la delegación uruguaya. “Todo esto está indicando que Uruguay no ha sido partícipe de algo que puede tener efectos muy serios. Todas las aguas cloacales y desechos industriales se van a volcar frente al departamento de Colonia, y no se ha estudiado si eso va a conformar una acción contaminante frente a las costas de Colonia”, dice González Lapeyre. “Eso es una cosa muy seria que debió merecer un análisis y monitoreo”.

Consultado para este informe, Eduardo Andrés, director de Dinama, plantea que la obra argentina es un tema “todavía pendiente”. El jerarca comenta que la información que poseen “es más que nada la información periodística que ha salido en los medios”, y señala que su cartera no ha tenido más acercamiento de información. Sí están en contacto con Cancillería respecto al efluente de las papeleras, pero no sobre el emisario.

Por su parte, Alem García, actual presidente de la CARP, se pregunta: “¿Realmente, no había otra alternativa? ¿Por qué esa dirección del emisor? ¿Con un simple desvío no se evitaba que el vertido cayera en aguas de jurisdicción común?”. El jerarca afirma que si el proyecto hubiera tomado estado público en 2009, “tal vez habrían surgido otras soluciones más convenientes”.

Pese a los cuestionamientos, García confía en que a la hora del funcionamiento efectivo del sistema “se cumplan con las previsiones relativas a la protección del ambiente y del agua del Río de la Plata”, y destaca que el proyecto sea financiado por el Banco Mundial, ya que la entidad “exige medidas estrictas en cuanto a la preservación del medio ambiente”.

“Uno se va a dormir y piensa: ‘mi hijo apagó la estufa’. Mi hijo piensa: ‘mi papá apagó la estufa. Mi señora piensa: ‘habrá sido mi marido el que apagó la estufa’”, reflexiona Carlos E. Orlando “Y la estufa se incendia en el medio de la noche. Todos nos descansamos en el otro y no vemos que hay que cuidar, verificar, analizar y generar un monitoreo permanente, antes y después”.