Blanca (67 años) pide unos minutos, entra a su modesta casa en el barrio Maracaná en Montevideo y sale con una libreta en mano. “¡Mirá qué belleza! ¡Mirá qué juventud!”, dice al desplegar el papel amarillento de una vieja credencial.

Cuarenta años pasaron desde esa foto que la muestra en blanco y negro y sin las arrugas que hoy lleva con orgullo. Treinta y tres de ellos los pasó aportando, con trabajos que incluyeron desde tiendas de electrónica hasta cuidados de pacientes enfermos. Su jubilación le otorga unos 15.000 pesos al mes.

Por eso cuando este sábado 17 pasa por su casa un hombre de chaleco blanco pidiendo adhesiones para llevar a plebiscito una propuesta que “mejore las jubilaciones, baje la edad de retiro y prohiba el lucro en la seguridad social”, ella no necesita que le digan nada más.

—¡Una bomba! Una bomba a todo y empezamos de nuevo. ¡Que se destruya todo! Que explote todo y empiece de vuelta.

La de Blanca es solo una del centenar de miles de firmas que el Pit-Cnt ya tiene en su poder para llevar a plebiscito su propuesta de fijar en la Constitución el derecho a jubilarse con 60 años, la obligación de que las prestaciones no bajen del salario mínimo nacional y la prohibición de las AFAP.

Leonardo Mainé

Y es, además, una de las primeras obtenidas en la “segunda etapa” de la campaña de la central sindical, en la que busca endurecer el músculo militante para “superar con creces” el umbral de 270.000 firmas exigido para habilitar la consulta popular junto a las elecciones nacionales del último domingo de octubre. Este sábado, los impulsores de la campaña se movieron por los barrios Maracaná, Las Torres y Las Flores. En los próximos días sumarán otras recorridas por Casavalle, Piedras Blancas y otros barrios de la capital. El mismo esfuerzo se multiplicará en las ciudades del interior del país.

Pese a las diferencias internas que estuvieron en la génesis de la campaña por el plebiscito y que persisten en su desarrollo, tanto dentro de los movimientos sociales como en el Frente Amplio, la posibilidad de un plebiscito por la seguridad social gana cada vez más espacio en los cálculos políticos del oficialismo y oposición, despertando reacciones dispares.

En la coalición de gobierno, la sensación de que el adversario está cometiendo un “error” que lo puede perjudicar electoralmente convive con el temor a una votación que puede ser una “ruleta rusa” para las reglas de juego del país y su sustentabilidad financiera.

Estefania Leal/Archivo El Pais

En el Frente Amplio, los sectores alineados a las candidaturas de Yamandú Orsi y Mario Bergara observan con preocupación el avance de la campaña, tanto por factores tácticos (las repercusiones electorales) como sustantivos (de las consecuencias que tendría su eventual aprobación). En los círculos que rodean a la candidatura de Carolina Cosse, las posiciones son más diversas: el Partido Socialista se embanderó desde un primer momento con la iniciativa; el Partido Comunista adhirió a ella —con matices— una vez que el movimiento sindical llegó a una definición; los espacios socialdemócratas están en contra de la propuesta; y tanto la candidata como su entorno han dado su apoyo —y su firma— al plebiscito, pero incluso hasta hoy evitan respaldar el contenido de lo que se pretende fijar en la Constitución.

La campaña de recolección de firmas avanza, pero lo hace en medio de persistentes diferencias en el movimiento sindical, dudas e incomodidades en su aliado político, el Frente Amplio, cuestionamientos de técnicos vinculados a la izquierda e interrogantes reconocidas por los propios impulsores respecto a cómo se traduciría —y financiaría— el cambio de letra constitucional.

Toda discusión sobre la seguridad social empieza con una buena noticia: cada vez vivimos más años. Eso, que no debería ser motivo de amargura, tiene sin embargo una contracara desafiante: ¿quién se hace cargo de esa población adulta cada vez más grande? En el caso uruguayo, no muy distinto a lo que ocurre en otras partes del mundo, ese aumento en la esperanza de vida generó una pirámide poblacional más sobrecargada en los adultos mayores. El correlato de eso es una mayor presión al sistema de pensiones.

Luego de una campaña electoral de 2019 en la que ambos bloques políticos advirtieron respecto a la necesidad de hacer modificaciones al régimen previsional para aliviar la carga fiscal, el gobierno de Luis Lacalle Pou asumió con el compromiso de llevar adelante una reforma y para eso creó una comisión de expertos —liderada por el abogado Rodolfo Saldain e integrada por representantes del oficialismo, la oposición, los trabajadores, los empresarios y los jubilados— a la que se le encomendó la elaboración de recomendaciones para el nuevo sistema.

Estefania Leal/Archivo El Pais

Sin embargo, el aparente consenso inicial se diluyó rápidamente y dio paso a diferencias políticas que llevaron a que ni siquiera se pudiera aprobar por unanimidad un documento base de diagnóstico. En noviembre de 2021, luego de un año de trabajo, la comisión de expertos entregó al Poder Ejecutivo sus recomendaciones, aprobadas con los votos de los representantes oficialistas y el de las cámaras empresariales; los delegados del Frente Amplio, el Pit-Cnt y los jubilados votaron en contra.

Esas divisiones entre un bloque y otro se reeditaron en la discusión del proyecto de ley de reforma, que ingresó al Poder Legislativo en octubre de 2022. Seis meses más tarde, después de un largo camino recorrido e intensas negociaciones dentro de la coalición de gobierno —que, en palabras de Lacalle Pou, echaron “agua a la leche” del proyecto original— el Parlamento aprobó una ley que elevó la edad de jubilación de 60 a 65 —mediante un mecanismo escalonado de transición—, habilitó la posibilidad de trabajar luego de la jubilación, extendió la cobertura de las AFAP, avanzó en la unificación de los distintos subsistemas y creó un suplemento solidario para las prestaciones más bajas.

La oposición, que votó en contra de la reforma a nivel general, debió definir cuál sería su posición a futuro ante una ley que, a su juicio, “cargó el ajuste” únicamente en los trabajadores y “cortó grueso” al subir la edad de jubilación sin mayores distinciones de oficios, tareas, o trayectorias laborales. Mientras que desde el gobierno —con Lacalle Pou a la cabeza— desafiaron a la izquierda a decir con claridad cómo cambiarían la reforma recién votada, la respuesta desde el Frente Amplio se centró en señalar que un próximo gobierno debería llamar a un “gran diálogo social” para evaluar esas modificaciones.

Las complicaciones y las divisiones en la izquierda empezaron a asomar desde el movimiento sindical, ante los impulsos de algunas corrientes internas de llevar el debate por la seguridad social a una instancia de democracia directa.

Pese a las advertencias de quienes veían en ello un “error estratégico”, el Pit-Cnt continuó las negociaciones con tres caminos a la vista: una primera opción, impulsada por la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS), planteaba llevar a la Constitución el derecho a jubilarse con 60 años, la eliminación de las AFAP y la equiparación de las jubilaciones mínimas al salario mínimo nacional; una segunda opción, impulsada por la Corriente Gerardo Cuesta —del Partido Comunista— planteaba aplazar la definición y estudiar la viabilidad de ir directamente contra la reforma votada por el gobierno; una tercera opción, defendida por las agrupaciones más moderadas, implicaba descartar la consulta popular.

Foto: Darwin Borrelli/El País

El 10 de agosto de 2023, la Mesa Representativa de la central sometió las tres opciones a votación: la primera obtuvo 16 votos, y las otras dos mociones obtuvieron 14 votos cada una.

A partir de entonces, el Pit-Cnt se embarcó en la elaboración y defensa de una propuesta que no solo no convencía a toda la izquierda: no tenía unanimidad siquiera entre aquellos convencidos de que las AFAP son un problema.

Marcelo Abdala, presidente de la central sindical y dirigente comunista, dice que todo eso quedó en el pasado. “Cuando el movimiento obrero resuelve, resuelve y luego tiene unidad”, dice en diálogo con El País. “Para mí, adoptada la decisión, es un tema superado. Algunas filiales ya sobrepasaron el umbral de firmas y otras todavía no, pero mes a mes vamos viendo cómo viene cada organización”, agrega Abdala.

Foto: Francisco Flores/El País

Él mismo, en definitiva, puede decirse representante en carne y hueso de quienes en principio preferían otros caminos pero que hoy dedican día y noche a llegar al número requerido por la_Corte Electoral. “Hubo una votación dividida, pero el movimiento sindical tiene una posición clara respecto al perjuicio que generan las AFAP con la mercantilización de la seguridad social, o con la necesidad de que las jubilaciones no sean inferiores a un salario mínimo”, argumenta el presidente de la central.

Sin embargo, no todos muestran el mismo entusiasmo. Joselo López, vicepresidente del Pit-Cnt y líder de la_Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), está entre aquellos que preferían evitar cualquier convocatoria a un plebiscito por considerarlo un “error”. Cuando atiende a El País, dice estar volviendo de una jornada de recolección de firmas en la sede de COFE, y destaca la anécdota como señal de alineamiento a lo resulto por las mayorías. “Recién estuvimos con compañeros allí y estamos colaborando con la campaña. Hacemos una rotación de los sindicatos afiliados a COFE para juntar las firmas”, cuenta el sindicalista.

Pero López tampoco esconde que la resolución final de la central sindical no despierta el mismo “entusiasmo” que otras iniciativas gestadas con apoyos más amplios en el movimiento social. “Obviamente no es el mismo entusiasmo. Eso no significa que dejemos de militar y apoyar lo que se resolvió, como corresponde”, afirma el dirigente.

La falta de consensos no se agota en la militancia sindical o política. ¿Quiénes están en definitiva participando activamente de la campaña por el plebiscito?

De los delegados que estuvieron en la Comisión de Expertos de Seguridad Social (CESS) en representación del Frente Amplio, los trabajadores y los jubilados, ninguno está teniendo un rol activo en la campaña de recolección de firmas, y algunos de ellos expresaron explícitamente sus reparos con la propuesta.

Ernesto Murro, exministro de Trabajo y Seguridad Social, expresidente del Banco de Previsión Social e históricamente crítico con el sistema que creó las AFAP, advirtió en agosto del año pasado —cuando todavía restaban definir los últimos detalles de la papeleta— que la iniciativa era muy “riesgosa” y que el texto contenía, al menos en sus borradores, elementos “inadecuados”. “Una herramienta inadecuada en su contenido y con pocos apoyos políticos y sociales le crea una expectativa a la gente que no solamente genera una frustración, sino además consolida más el sistema”, dijo a Búsqueda.

Consultado por El País, Murro dice que desde el año pasado se llamó a “silencio” por este tema.

—¿Puedo saber si firmó por el plebiscito, que había dicho que no estaba de acuerdo con algunos puntos?

—No estoy dando información ni opiniones. Lo último que escribí lo escribí en noviembre. Después de eso me he callado la boca.

Jimena Pardo, también integrante de la CESS por el Frente Amplio, planteó sus reparos a la propuesta del Pit-Cnt en un documento elaborado para el centro de estudios Etcétera, junto a los economistas Martín Vallcorba y Braulio Zelko.

Allí, los tres autores señalan “problemas de diseño con derivaciones potencialmente perjudiciales”, como el aumento del déficit, la eliminación de variables para administrar el sistema de seguridad social, el mantenimiento de privilegios en subsistemas como la Caja Militar y eventuales efectos negativos en la evolución del salario mínimo.

Por su parte, el economista Hugo Bai, integrante del Instituto Cuesta Duarte y delegado ante la comisión de expertos en representación del Pit-Cnt, se ha mantenido “al margen” de todo el debate público debido a que no participó de la discusión ni la elaboración final de la propuesta, que fue fruto en cambio de un debate “más bien político”.

De un modo similar, el economista Gabriel Regalado, que representó a los jubilados en la Comisión de Expertos, dice que no estuvo involucrado en la discusión de la propuesta y que no estaba siendo partícipe de la campaña.

La Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu), que a comienzos de este mes llamó a conferencia de prensa para dar un informe crítico de las prestaciones servidas a través de las AFAP, también se mantiene neutral respecto a la recolección de firmas y resolvió que sus filiales tienen libertad de acción.

En el Frente Amplio, el Partido Socialista liderado por el diputado Gonzalo Civila fue el primer sector, y el más enfático, en apoyar la causa de los trabajadores. El Partido Comunista, de fuerte peso en la interna sindical —y al que pertenece Abdala—, comprometió su militancia para la recolección de firmas aunque añadió que actuará “con responsabilidad del cuidado” de la unidad entre los movimiento sociales y el Frente Amplio.

Entre los comunistas, el senador Óscar Andrade y las diputadas Ana Olivera y Micaela Melgar han reivindicado explícitamente los contenidos de la papeleta promovida por el Pit-Cnt.

Foto: @PITCNT1

Menos contundente ha sido el apoyo de la precandidata Carolina Cosse, quien firmó con el argumento de habilitar la discusión, incluso aludiendo a la posibilidad de que el Parlamento someta a votación una propuesta alternativa junto a la de la central sindical. Luego de que los sectores que la apoyan advirtieran el “escaso margen” para un escenario de ese tipo —tal como informó El Observador—, tanto Cosse como los dirigentes de su entorno se enfocaron únicamente en el argumento de “habilitar la discusión”, sin entrar en los detalles de su contenido.

Silvia Nane, senadora que ocupa la banca por la que fue electa Cosse, dice que lo importante es apoyar “las formas” promovidas por los trabajadores para “dar el debate” sobre la seguridad social, pero que la discusión sobre el contenido de la papeleta —y sus eventuales efectos— no corresponde para esta etapa sino que “se verá” más adelante.

Según Nane, en su sector están “con toda la energía enfocada en junio y octubre” y, en el caso concreto de la seguridad social, son partidarios del “llamado a un diálogo social de forma inmediata” en caso de que el Frente Amplio salga victorioso de las urnas.

Francisco Flores/Archivo El Pais

Lo positivo de la recolección de firmas, dice, es que mantiene “en la agenda” —como en esta nota— la problemática del sistema previsional, y que lo importante son las coincidencias en la izquierda respecto a las “deficiencias” de la normativa vigente a raíz de la ley votada por el gobierno.

“No nos olvidemos cómo se dio esta discusión y por qué hacemos tanto énfasis en el diálogo político. No hubo absolutamente nada de diálogo político; lo evitaron todo lo que pudieron”, dice Nane.

—Asumiendo que faltó diálogo político, ¿no cabe un razonamiento similar para el camino que están recorriendo ahora? La iniciativa surge originalmente de una moción aprobada por solo un tercio de la Mesa Representativa del Pit-Cnt, ha sido criticada por políticos y técnicos de un lado y del otro.

—Lo que pasa es que la central de trabajadores es autónoma en sus resoluciones. ¿Cómo vamos a cuestionar la forma en que toman sus decisiones?

—¿Pero no ve cierta debilidad de origen en la propuesta, o ciertas ausencias importantes en el debate?

—Ahora lo que estamos debatiendo es si firmamos o no firmamos para habilitar una discusión posterior. Todo el resto del análisis tendrá que ser después y ser tan abierto como tenga que ser.

—Pero es una discusión que está bastante restringida por lo que marca la papeleta, ¿no?

—Es habilitar eso. La discusión sobre las formas del gobierno ya la vimos.

—Si el Frente Amplio, como usted pretende, asume el gobierno en marzo de 2025, ¿qué prefiere, que asuma con el marco legal actual, votado por la coalición multicolor, o que asuma con una Constitución vigente que otorgue el derecho a jubilarse a los 60 años, prohíba las AFAP, y obligue a que las prestaciones sean al menos iguales al salario mínimo?

—El que se precipita, se precipita. Estamos habilitando la discusión. Después se verá lo que pasa. No podemos correr antes de caminar.

Lejos de las internillas sectoriales, los diagnósticos financieros o los análisis jurídicos, en el barrio Maracaná las firmas aparecen una atrás de la otra.

Según comentan los militantes, las adhesiones son principalmente de adultos mayores. “El otro día fuimos al Parque Rodó y de 10 firmas, solo una era de alguien joven”, dice un militante. Otro responde que es “lógico”, que es cuestión de “tenerlo cerca”.

Humberto y Zulli saludan a Abdala y arengan al resto de la comitiva que lo acompaña. “Ya firmamos”, dicen al unísono. Él cuenta que tiene 60 años, trabaja en la metalurgia, sufre de artrosis, y precisa un año y medio más de aportes para conseguir la jubilación. “Un trabajo es lo que preciso”, grita Humberto al despedirse del presidente del Pit-Cnt.

Su señora dice que escucha los debates sobre el financiamiento del sistema, pero en su consideración pesan otras cosas: “El cuerpo no responde. El cuerpo pide jubilación”.