GREMIOS FALTARON

Uruguay amaneció el martes 23 con una noticia histórica. Sobre las 6 de la mañana, la empresa finlandesa UPM confirmaba que instalará su segunda planta de celulosa en el país. Este sí significará un desembolso de US$ 2.700 millones e implicará la mayor inversión que jamás hayamos conocido por estas latitudes. Horas después del comunicado, a medida que los uruguayos iban despertando, las búsquedas en Google se dispararon. La gente preguntaba cómo conseguir trabajo allí, a dónde mandar sus currículums, cuándo comenzarán los llamados.

Sin que se moviera un ápice de tierra, miles de personas empezaban a soñar con un futuro mejor en Pueblo Centenario. Un sitio que hasta hace poco pasaba desapercibido.

Junto con la noticia salió a la luz el protocolo laboral, que llevó un año de negociación. Gonzalo Giambruno, director de Desarrollo de Negocios de UPM, admite: “Llamarle protocolo no fue feliz porque no se entiende bien qué quiere decir. Son estándares de trabajo. Dicen cuántos metros cuadrados debe haber en las habitaciones donde van a dormir los operarios, cuáles son los turnos y las frecuencias de los ómnibus”.

El jerarca asegura que las condiciones de trabajo en la nueva UPM estarán “por encima” de la normativa actual para ayudar a prevenir los conflictos. “Tratamos de beneficiar las relaciones entre los trabajadores -señala-, y las relaciones de los trabajadores con la comunidad. Esperamos que estas normas nos permitan solucionar los problemas en fases tempranas”.

A Diego O’Neill, presidente de la Cámara de la Construcción, le hace ruido cómo se elaboraron los protocolos. Recuerda que en 2018 se realizaron reuniones entre el Ministerio de Trabajo, UPM, el Pit-Cnt, la cámara que él dirige y la metalúrgica. El Sindicato Único de la Construcción y Afines (Sunca) y el gremio metalúrgico también fueron citados, pero en un momento dejaron de concurrir. Nadie explicó por qué.

En diciembre del año pasado suspendieron las conversaciones, porque no tenía sentido que discutieran sobre normas laborales sin los sindicatos. El Ministerio de Trabajo, dice O’Neill, terminó armando los documentos casi de forma unilateral, si bien contempló algo de lo hablado. “Habría sido mejor que estos protocolos se acordaran entre las partes, pero no se pudo. ¿Por qué te pensás que el gobierno no los presionó? Evidentemente no pudieron”, agrega.

Luis Vega, presidente del gremio metalúrgico, asegura que no puede decir por qué dejaron de ir a las reuniones. Se excusa argumentando que fue “una decisión interna”, por lo que tendría que pedirles permiso a sus compañeros para exponer los motivos.

Fernando Pereira, presidente del Pit-Cnt, afirma que esa decisión dependió de los gremios involucrados. Y Jorge Luis Mesa, director de Trabajo, señala que el gobierno “no puede presionar a los sindicatos”, solo invitarlos a negociar.

La confirmación de UPM hizo que los empresarios salieran a explicar el proyecto. Hablaban de inversiones, de cuidado del medio ambiente, de prevención de conflictos laborales. También daban respuestas a las miles de consultas de los uruguayos que ansían trabajar allí y no saben cómo hacerlo. Las obras comenzarán, según lo previsto, entre fines de este año y principios del que viene. Prevén que la planta quede operativa a mediados de 2022.

En el Ministerio de Trabajo saben que no hay proyecto que se compare con este: ni en dimensiones ni en cantidad de mano de obra. Por eso se encuentran mejorando un portal web que permitirá centralizar las postulaciones y servirá como bolsa de trabajo para UPM y sus proveedores. La compañía se comprometió a contratar desde allí, por lo que los interesados tendrán un sitio al que subir sus currículums y quedar a la orden. En los procesos de selección ya no tendrá participación el Estado.

En esa plataforma hay 3.800 empresas registradas. Eduardo Pereyra, director general del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), dice que el sitio web “es una garantía”, ya que las firmas que figuran ahí están al día con los aportes, cumplen con sus obligaciones y son supervisadas por el Estado. “Queremos que la gente se pueda inscribir con la confianza de que las empresas van a acudir allí”, asegura.

Cada usuario va a poder construir su propio perfil. Podrá incluir su información académica, su experiencia laboral, cuáles son sus aspiraciones salariales, entre otros datos. Habrá un sitio en donde dejar los datos de contacto. Las autoridades esperan anunciar este portal la próxima semana para que los uruguayos empiecen a anotarse.

Otro punto importante en todo esto es la formación. En el contrato de UPM con el Estado hay una cláusula que la contempla y prevé que se destinen US$ 3 millones en capacitación. Inefop pondrá la mitad y el resto correrá por cuenta de los finlandeses.

Pereyra es consciente de que “en este momento la oferta es insuficiente” en comparación con la demanda, por lo que el instituto que él dirige debe capacitar a decenas de técnicos para desarrollar tareas que hasta hace poco les eran ajenas.

“Hay un plan puntual que incluye preparar a nuevos trabajadores para el sector construcción y en lo que respecta al montaje del sector metalúrgico. Después necesitamos formación de recursos humanos para las distintas actividades técnicas e industriales que se van a requerir. Se van a necesitar empresas de reparación de maquinaria, trabajadores en las plantaciones, técnicos en automatismo. Esto es pensando en los próximos años”, explica.

Por eso Inefop revisará en los próximos meses los planes de estudio. La idea es actualizarlos a las necesidades de UPM y brindar cursos en todo el territorio, en especial en el centro del país, donde la población sentirá más los efectos de este nuevo proyecto.

Pereyra afirma que no quieren que la gente deba mudarse sino que la idea es que pueda acceder a los cursos gratuitos en sus departamentos. Esperan que los beneficios de esta obra se desparramen por cada rincón del país.

La capacitación es fundamental, teniendo en cuenta que el 75% de las personas que trabajen en la construcción y en la planta deberán ser uruguayos. Giambruno, de UPM, reconoce que los trabajadores de nuestro país “han ganado competencias” en este sentido, de todos modos algunas tareas específicas serán realizadas por extranjeros.

“Estamos comprando una planta con determinado equipo y los equipos tienen determinadas garantías. Garantías de resultados, de seguridad, de calidad; y como parte de la garantía, la instalación de esos equipos que se compran tiene que ser hecha por los técnicos de la compañía que los provea. Parte de esos equipos van por todo el mundo y la realidad es que eso tiene que ser hecho por técnicos extranjeros. Pero confiamos en que la mayoría van a ser uruguayos y va a ser un porcentaje superior al de las plantas anteriores”, agrega.

Giambruno destaca que Uruguay tenga ya “dos plantas en la mochila”: la ex Botnia en Fray Bentos -adquirida por UPM en 2009- y de Montes del Plata en Conchillas sentaron las bases para este megaproyecto que comenzará en Pueblo Centenario. El jerarca admite que aprendieron de ambas experiencias y ahora pondrán todo ese conocimiento en práctica.

“Las incertidumbres en el proyecto de Fray Bentos estaban a otro nivel. Era más si se podía construir una planta de celulosa o no. Y se pudo, en tiempo y forma. Hoy en día hay más trabajadores, más personas capacitadas. Y existe una industria más grande que lo puede hacer”, señala.

“Morbo”. Es esa la palabra que decide utilizar el presidente del Sunca, Daniel Diverio, para definir las expectativas que había en algunos sectores de que su gremio diera señales de conflicto frente a semejante inversión extranjera.

“Hay una mirada hacia el sindicato como si estuviera esperando que llegara una obra importante para hacer ejercitar el músculo sindical”, dice.

En 2017, cuando se firmó el contrato de inversión entre el Estado y UPM, se informaba que la compañía finlandesa había puesto como condición que se derogara el decreto que avala la ocupación como una extensión del derecho a huelga. Sin embargo, el director de Trabajo desmiente estas versiones y asegura que “en ningún momento estuvo sobre la mesa” este pedido. “Nunca se evaluó derogarlo”, insiste Mesa.

Giambruno, por su parte, expresa que los finlandeses quedaron “muy conformes” con el acuerdo al que se terminó llegando, que incluyela instalación de dos oficinas del Ministerio de Trabajo cerca de la nueva construcción. “En cuanto a las ocupaciones lo que siempre quisimos fue tener un mecanismo que las previniera. Creemos que son medidas, las ocupaciones y los piquetes, que cuando se llega a ellas terminan perdiendo todos”, sostiene.

El jerarca agrega que este proyecto “genera valor para todas las partes” y explica: “La empresa no va a mejorar sus resultados por capturar valor de alguien más. El mecanismo al que se llegó para prevenir los conflictos -que es innovador en cuanto a cómo lo conjuga, pero no es innovador en cuanto a ningún principio que no exista en la regulación actual- nos da certeza de que estos van a ser manejados de forma correcta”.

Y es verdad, el mecanismo es innovador. Jamás en la historia de nuestro país se inauguró una oficina del Ministerio de Trabajo en una obra, ni siquiera en las dos plantas de celulosa que se construyeron hace casi una década. El director de Trabajo afirma que esta decisión se tomó debido a que en el centro del territorio “no hay suficiente estructura gubernamental” para hacerles frente a los conflictos que puedan suceder, como sí había en el litoral durante las construcciones anteriores.

La más cercana, revela, es en Durazno, a 70 kilómetros del proyecto. Dice que fue “determinante” la cantidad de trabajadores de la obra -6.000 en el pico máximo, según las estimaciones-, por lo que están seguros de se necesitará “el apoyo” del Ministerio de Trabajo en las negociaciones. “Cuando pasemos a la etapa de montaje, cuando se combinen empresas extranjeras y nacionales, tenemos un panorama de mayor complejidad”, asegura.

¿En qué se fundamenta este miedo? Mesa cuenta que las compañías foráneas no conocen las normativas laborales uruguayas, por lo que en ese momento intensificarán “la vigilancia” del Estado.

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Aún no está claro cuántos funcionarios habrá en las oficinas gubernamentales, aunque el protocolo laboral firmado entre UPM y el gobierno sí estipula que estarán en “permanente contacto” con Montevideo.

En ese sentido, el profesor de Derecho Laboral de la Facultad de Derecho, Juan Raso, dijo en el programa En Perspectiva que la instalación de estas dos oficinas cercanas a la obra permitirán “apagar los incendios” con rapidez.

“Tener una dotación de Bomberos al lado del bosque ayuda a apagar el incendio desde el vamos. Hay una norma que es muy importante, la número seis: ‘Los responsables de las oficinas referidas se comunicarán con los jerarcas del ministerio’. Es decir, no son unos sheriffs abandonados en Pueblo Centenario. Son personas que tienen autoridad para llamar al ministro, al subsecretario o al director de Trabajo: «Aquí apareció una chispa, que vengan los camiones de Bomberos»”, analizó.

A pesar de estas medidas que tomaron las autoridades, no se puede desconocer que la confirmación de esta segunda planta se supo luego de que Uruguay fuera incluido en la lista negra de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La noticia llegó en junio de este año, pero se debe a una queja presentada hace una década por las cámaras empresariales contra la ley de negociación colectiva y el decreto que avala las ocupaciones en los lugares de trabajo, que tanta polémica generó antes del sí finlandés.

Sobre este punto, Giambruno, de UPM, opta por desmarcarse: “La observación de la OIT es algo que viene desde hace muchísimo tiempo (…), nosotros siempre tuvimos la posición de que somos una empresa, una empresa más. Esa conversación está en otra liga, está en la liga de las asociaciones gremiales del mundo”.