Foto: Archivo El País.

Después de varios intentos fallidos desde el Palacio Legislativo, con proyectos de ley que fueron aprobados en la Comisión de Constitución y Legislación pero que en el plenario no consiguieron los votos, Cabildo Abierto se corta solo. Sin el apoyo de la mayoría de blancos y colorados va por la firma y “el voto del pueblo”, según palabras textuales del senador Guillermo Domenech, para intentar solucionar los problemas de endeudamiento de los uruguayos.

La cuenta regresiva ya empezó. El partido de Guido Manini Ríos propone un plebiscito, tiene tiempo hasta fines de abril de 2024 para recoger las firmas de los adeptos a la idea y modificar la Constitución de la República bajo el eslogan “Contra la usura y por una deuda justa”. Una prueba de fuego para el partido que se muestra en las encuestas con una intención de votos más baja que la que alcanzó en 2019 y que a priori no tiene la estructura nacional del Frente Amplio ni de blancos o colorados.

Para algunos legisladores del Frente como José Carlos Mahía, “a Cabildo Abierto no le importa solucionar el problema de los deudores, esto es solamente una movida para conseguir votos”. Con algunos matices, la opinión de este senador es compartida incluso por legisladores de la coalición de gobierno que fueron consultados para este informe.

¿Cuál es la situación al día de hoy? El miércoles 19 de julio la abogada de Cabildo Abierto Sandra Chá presentó la documentación ante la Corte Electoral, un trámite formal en el cual se informa la propuesta y también la forma en la que se pedirán los datos a la ciudadanía a la hora de firmar. Chá explica a El País que en unos 15 o 20 días tendría que estar la respuesta de la Corte, para saber si presentaron correctamente, por ejemplo, los datos que le van a solicitar a los ciudadanos a la hora de firmar.

El asunto ya fue tratado en la Corte y se resolvió pasarlo a estudio de la Comisión de Asuntos Electorales, que se reúne la semana próxima, según informó a El País la ministra Ana Lía Piñeyrúa.

Estefania Leal/Archivo El Pais

El plebiscito busca sustituir el artículo 52 de la Constitución de la República e incorporar una norma que fije la tasa de interés para préstamos en un 30% sobre la inflación y además generar un mecanismo de “perdón general” de endeudamiento adquirido por personas físicas. Este punto es claro, no aplica a empresas.

La campaña formalmente comenzará en agosto. Se hará un lanzamiento público para informar cómo va a trabajar el comité de recolección. Cabildo Abierto tiene que llegar a juntar firmas por el 10% de los habilitados a votar, unas 270.000 personas, para que la reforma constitucional pueda ser luego sometida a votación. Un número sensiblemente menor, si se lo compara con el 25% que se necesita para modificar una ley, como fue el caso del referéndum planteado para reformar artículos de la Ley de Urgente Consideración.

La estrategia se va armando, aún en el partido no saben cómo van a llegar a las firmas pero hay ideas, y ya se están aplicando sobre la marcha. El senador Domenech cuenta: “Estamos recorriendo el país, nos vamos a dividir por departamentos con Guido (Manini). Yo estuve por Rocha, lo mismo voy a hacer en San José, Flores, Florida, y él está en este momento de gira por el interior”. Domenech es abogado y una de las cabezas principales atrás de la estrategia en este tema: sabe que el endeudamiento que tienen los uruguayos es un problema grave. Se detiene a pensar, para afirmar cuándo fue que Cabildo Abierto notó este problema: “No estoy seguro”, responde, “pero te puedo decir que la gente nos empezó a contar de esto en 2020, y ahí elaboramos la primera propuesta”.

-¿Cuál es el problema y cómo ven que afecta a las personas?

-Muchas personas están con dificultades para acceder no sólo a préstamos de consumo sino también a la conexión de servicios básicos como luz o agua. También constatamos que muchos son los que pagan los mínimos de las tarjetas de crédito, eso nos da una pauta. Los préstamos que contratan las personas que tienen ingresos medios o bajos, muchas veces están dirigidos exclusivamente a asegurar el consumo de productos que son imprescindibles para la vida familiar. Nosotros no pretendemos tocar el asunto de los préstamos destinados a inversiones, sino que lo que nos preocupa son los préstamos al consumo, que tienen altas tasas de interés. Las personas se endeudan para acceder a lo básico.

Hay que tener algunos números claros para empezar a hablar de los deudores. Según los datos de la Central de Riesgos Crediticios del Banco Central del Uruguay (BCU) está registrado un total de 1.943.214 deudores, de los cuales casi el 70% tiene una buena calificación crediticia en al menos una institución, según responde el BCU a través de su Área de Comunicación. Es decir, no todas esas personas están en una situación compleja respecto a sus deudas. Pero al menos el restante 30% está en una situación problemática.

Archivo El País

La Central del BCU es una base de datos que contiene información, tanto de personas que tienen operaciones de crédito y están al día con sus obligaciones como de personas que no cumplen con sus obligaciones en alguna entidad financiera.

Otra cifra. Hoy unos 980.000 uruguayos tienen un informe negativo al registrar un incumplimiento en el pago de sus deudas, según dijo la empresa Equifax, quien administra el “Clearing”, ante la comisión parlamentaria.

Para la mayoría de las personas “estar en el Clearing” es sinónimo de no poder acceder al crédito y a nivel colectivo sigue instalada la idea de que es algo negativo porque se asocia únicamente a quienes tienen deudas sin cancelar. Pero desde hace ya un tiempo esto dejó de ser así. Se puede estar también en el Clearing sin haber tenido deudas, o habiendo pagado en tiempo y forma los préstamos u otras obligaciones. Podemos estar registrados en esa base con un historial positivo.

Y la Comisión Técnica Asesora de Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) identifica como deudores “problemáticos” aproximadamente a 690.000 personas. Toma a las categorías 4 y 5 que maneja el BCU, entendiendo al 1 como la mejor categorización. En un informe publicado en febrero se explica que estos representan el 36% de los deudores, y se afirma que probablemente sean personas sobreendeudadas.

Sí lo bajamos a dinero el endeudamiento de las familias ronda los 10.300 millones de dólares, según un informe de la consultora financiera Exante, al que tuvo acceso El País.

Este esquema de números muestra lo complejo del problema, con muchas aristas. Todos los partidos políticos, así como los economistas consultados para este informe, aseguran que hay que encontrar una solución. Se sabe que el punto clave es bajar las tasas de interés altas que tienen los créditos. Pero no se comparten los caminos para que esto ocurra.

La tasa de interés es la cantidad de dinero, por lo general representa un porcentaje del crédito o préstamo, que se ha requerido y que el deudor deberá pagar a quien le presta. El concepto es sencillo, pero con el paso de los años y la inflación los deudores tienen que pagar sumas extremadamente elevadas, que superan ampliamente el valor de lo que asumieron. Detrás de este problema social y económico, hay otros asuntos. Para el contador Gabriel Ferreira, especialista en Finanzas con énfasis en Finanzas Corporativas de la firma Ferreira y Asociados, “en Uruguay no tenemos una buena educación financiera, eso hace que las personas no tomen decisiones correctas a la hora de acceder a una tarjeta de crédito o un préstamo”.

Pero para este contador hay un problema más estructural de base y tiene que ver con los salarios. “Si uno observa las tendencias, la gente vive al día”. ¿Qué quiere decir esto? “Que el común de las personas no tienen posibilidad de ahorrar y un simple cambio en la realidad puede llevar a que ingreses en una deuda y quedes muerto civilmente hablando”, dice Ferreira. Una enfermedad, un despido o hasta la suma de gastos extras, pueden dejar a una persona endeudada.

Hernán quedó endeudado de forma problemática dos veces en su vida, en 2009 y en 2019. Diez años de diferencia y por asuntos totalmente distintos. La primera vez porque sacó un préstamo a su nombre para ayudar a la madre de un amigo, las primeras cuotas se las pagaron, pero después se tuvo que hacer cargo de una deuda que no era suya. “En ese momento no me pudieron pagar y yo no tenía solvencia”, cuenta. Tenía trabajo, pero no podía pagar 10.000 pesos por mes en 2010 ni 2011. Pero, asesorado por un encargado de cuentas del Banco de la República, pudo refinanciar, y terminar de pagar ya con el dinero que también le devolvió su amigo.

Ese era un préstamo no para hacer una inversión, sino para sacar de un apuro a amigos que no estaban llegando a fin de mes. La madre de su amigo se jubiló y a su vez esperaba cobrar más dinero de un despido y su amigo se quedó con muy poco trabajo. “El iba a porcentaje, es vendedor, y no llegó a la plata que se imaginó”, dice Hernán a El País.

En 2019 le pasó a él. Una serie de malas decisiones, dice. Ahí fueron dos préstamos en un banco y después, como no tenía más posibilidad ahí, recurrió a una financiera. “Renuncié a mi trabajo de 16 años, pensando que iba a tener mejores ingresos con lo nuevo, pero en el medio me divorcié y llegué a no poder pagar el alquiler”, recuerda.

En 2020 y 2021 tuvo un respiro, por la pandemia pudo refinanciar, pero cuando tenía todo encaminado para terminar de pagar en 2022, le llegó una deuda de la Contaduría, por dónde había hecho la garantía para su alquiler.

Casos como el de Hernán son muy comunes, y así comienza el recorrido o lo que se llama “calesita de préstamos”. El contador Ferreira dice: “Ahora hasta te venden un préstamo para limpiar tus deudas, y tener que pagar uno solo”.

Estos son créditos al consumo y, según explica la economista y gerenta de Exante Alicia Corcoll, la mayor parte de las deudas de las familias en Uruguay se deben a ellos, pueden ser préstamos personales o saldos de tarjetas de crédito. En total unos 6.140 millones de dólares están en esta categoría, mientras que el crédito hipotecario asciende a 3.600 millones y el automotor a 560 millones.

Para esta economista si se mira el crédito a las familias en relación al Producto Bruto Interno, no parece haber un “exceso de endeudamiento”. Aunque aclara que, si nos comparamos a nivel internacional, Uruguay tiene muy bajo el nivel de crédito hipotecario. Sobre los datos de la Central de Riesgos del BCU, que ubica a poco menos de 600.000 personas físicas con atrasos significativos, Corcoll dice que “es un hecho que tenemos muchas personas con incumplimientos crediticios y que probablemente muchos de esos incumplimientos se arrastran desde mucho tiempo atrás”, las cifras hablan de deudas de 15 años. Pero lo importante para esta economista es que “esas personas no tienen completamente imposibilitado el acceso al crédito, pero seguramente están obteniendo créditos en peores condiciones (les prestan menos montos y/o a mayores tasas de interés)”.

No hay presupuesto pensado (o al menos no se anuncia) porque Cabildo pretende hacer la recolección de firmas con la militancia. Irán ciudad por ciudad para contar la propuesta: los principales líderes pondrán la cara en encuentros en los cuales explicarán los detalles del proyecto.

Foto: Juan Manuel Ramos

“Vamos a generar una web y un espacio de contacto a través de redes sociales”, explica el encargado de prensa del partido, Marcos Methol. La idea es que otras agrupaciones se unan, tanto políticas como de ámbitos sociales. Methol dice que no puede adelantar quiénes serán, pero esperan que de sectores del Frente Amplio, Partido Nacional y Partido Colorado tengan algún apoyo, aunque no se dieron en el Parlamento.

¿Pero qué proponen? Modificar el artículo 52 de la Constitución de la República, que establece: “Prohíbese la usura. Es de orden público la ley que señale límite máximo al interés de los préstamos. Esta determinará la pena a aplicarse a los contraventores. Nadie podrá ser privado de su libertad por deudas”.

Si llegan a recolectar las firmas, el artículo modificado quedaría de este modo: “Prohíbese la usura. Es de orden público la ley que señale límite máximo al interés de las obligaciones, la cual deberá ser aprobada con el voto de los dos tercios del total de componentes de cada una de las Cámaras. La ley determinará el interés máximo permitido por todo concepto, incluido tasas de interés compensatorio y moratorio, comisiones, reajustes y cualquier otro gasto adicional”.

Otro de los puntos tiene que ver con todas las deudas contraídas antes del 18 de julio de 2023: “Podrán ser canceladas por el deudor mediante el pago del monto inicialmente convenido, convertido a Unidades Indexadas al valor de la fecha de otorgamiento del contrato originario”. Para esto se establecen algunas condiciones, como que al monto restante a pagar se le aplicará una Tasa Efectiva Anual del 4% por concepto de intereses, multas, moras, recargos y cualquier otro tipo de gastos.

Este último punto ataca directamente a la ley 18.212: Ley de Tasas de Interés y Usura, aprobada en 2007. Para el senador Domenech esta norma permitió que muchas instituciones financieras fijaran la tasa de interés unilateralmente, sin intervención del BCU. “Se permitió el cobro de un 55% en promedio y, en caso de intereses compensatorios y moratorios, de hasta un 80%”.

El razonamiento de Cabildo Abierto vinculando los índices de inflación con las tasas de interés es este: se permite que quienes prestan dinero reciban intereses de tres dígitos, en un país en que la inflación en los últimos años no ha llegado nunca a superar los dos dígitos.

Las pesadas puertas del Palacio Legislativo y las largas jornadas de debate en leyes como la de Rendición de Cuentas o las interpelaciones a ministros, son el ambiente donde el problema de los deudores uruguayos comenzó a buscar soluciones.

El primer proyecto que Cabildo Abierto presentó en Comisión de Constitución y Legislación tuvo meses de discusión y fueron varias delegaciones. Finalmente con el voto de los blancos y los colorados el proyecto salió de comisión y fue al plenario para ser aprobado.

Foto: Archivo El Pais

“Los legisladores nacionalistas Rodrigo Blás y Gustavo Penadés, y también del Frente Amplio Mario Bergara, plantearon sus discrepancias y el proyecto volvió a comisión”, dice el senador Domenech.

Este recorrido lo cuenta la senadora blanca Carmen Asiaín, pero con otro tono. Ella integra la comisión y ahora presentó un nuevo proyecto sobre el tema, que no cuenta con el apoyo de Cabildo Abierto. “Voté el primer proyecto en comisión, aunque en lo personal no estaba de acuerdo. Lo hice porque algún colega se había manifestado a favor, para mantener la unidad”, dice Asiaín. La senadora dice que está de acuerdo con el “espíritu” de la norma, pero no con aspectos que estarían interviniendo en contratos ya firmados.

Cabildo Abierto también manejó la posibilidad de unirse con el Frente Amplio para sacar adelante el proyecto de ley. El senador Mahía dice que esta posibilidad nunca fue manejada con seriedad en el Parlamento, ya que ninguna propuesta del Frente Amplio llegó a tener el apoyo suficiente de parte de sus colegas cabildantes.

Algunos legisladores de la coalición de gobierno afirman que la solución a corto plazo llegará si se vota el proyecto de la senadora del Partido Nacional. Mientras tanto, Cabildo Abierto sale a la calle a pelear el voto y juntar firmas, y por otro lado el Frente Amplio ve que el asunto tiene de fondo solo una “motivación electoral”. Pero mientras los políticos hacen sus acuerdos y manejan sus intereses, los deudores siguen aumentando, al igual que el interés de las cuotas que no llegan a pagar.

Plebiscito

¿Es necesaria una reforma de la constitución?

El argumento que maneja Cabildo Abierto para llegar a un plebiscito es que, luego de agotados los recursos en el Poder Legislativo, no quedó otra opción más que ir por esa vía. Pero constitucionalistas consultados para este informe explican que, si bien todo puede ser materia de una reforma constitucional en el plano teórico, en el plano de la jurisprudencia no es tan así.

El catedrático de Derecho Constitucional Martín Risso explica que se ingresa en lo que se denomina buena técnica constitucional: “No creo que sea el camino, no porque no se pueda, sino porque cada vez que un partido político quiere cambiar algo y no llega a las mayorías en el Parlamento, ¿va a lanzar un plebiscito?”.

De la misma manera considera el especialista en Derecho Constitucional Ruben Correa Freitas. “Todo es materia de reforma constitucional, ya sea parcial o total. No hay ninguna norma que establezca que hay temas que no se puedan modificar”. Freitas separa dos aspectos: lo opinable de lo que formalmente está establecido en el orden jurídico. “Una cosa es que yo esté de acuerdo o no, pero nadie, ni la Corte Electoral ni ninguno de sus ministros, tiene las facultades para vetar una iniciativa de reforma constitucional”. El abogado dice que lo único que debe de hacer la Corte es controlar luego de efectuadas la recolección de firmas, cotejar datos como nombre, credencial y firma, para determinar que las firmas sean válidas.

Para el ex integrante de Cabildo Abierto y también constitucionalista Eduardo Lust, el asunto no está tan claro, y opina distinto que sus colegas. “Lo que planteo es una nueva forma de ver el asunto, tengo todos los argumentos teóricos para decir que este tema no podría ser objeto de plebiscito”, afirma el abogado, quien se abrió tiempo atrás del partido liderado por Guido Manini Ríos.

Lust agrega que si él fuera ministro de la Corte Electoral vetaría esta propuesta porque, aunque comprende y comparte el objetivo, “hay temas técnicos, no sé quién los asesoró, pero es una persona que no conoce ni la tapa de la Constitución”.

Para el abogado y también diputado, hay otro factor a tener en cuenta, y es que el texto tal cual como está redactado “produciría un derrumbe jurídico en el Uruguay”.