A partir del 15 de febrero, el Parlamento tendrá nuevas caras. Y dos semanas después, el traspaso de mando del nacionalista Luis Lacalle Pou al frenteamplista Yamandú Orsi consagrará el cambio de signo político para los próximos cinco años.

El Frente Amplio retornará al gobierno después de un quinquenio en la oposición, pero esta vez lo hará sin mayorías absolutas (requerirá dos votos más en Diputados) y con un mandato programático algo más difuso que las últimas veces que gobernó.

Los últimos días de enero han sido días de definición de los equipos ministeriales y también de reuniones entre los legisladores frenteamplistas para definir sus prioridades y formas de trabajo.

En la coalición de izquierda imaginan que los meses iniciales del gobierno, con los primeros proyectos que pasen hacia el Poder Legislativo, servirán de termómetro para evaluar la capacidad negociadora del oficialismo y la voluntad de acordar por parte del heterogéneo arco opositor.

¿Cuáles son los temas en los que la izquierda buscará avanzar en su retorno al poder y que precisan, sí o sí, el visto bueno del Parlamento? ¿Qué chances de prosperar tiene cada uno de ellos y qué obstáculos enfrentan?

En este informe se repasan 10 temas que están en la agenda del gobierno entrante, con distintos grados de prioridad. En verde se señalan aquellas que ya tienen un camino bastante despejado para avanzar; en amarillo, las que tienen posibilidades de concretarse pero enfrentan alguna incertidumbre dentro o fuera del oficialismo; en rojo se describen aquellas con casi nulas probabilidades de llegar a buen puerto.

La priorización de la primera infancia —y en particular, la pobreza infantil— como uno de los asuntos a atender en el quinquenio que se viene fue el principal consenso de la campaña electoral. Por lo tanto, es de esperar que el Frente Amplio encuentre los votos necesarios para aprobar aumentos presupuestales dirigidos a esa población, más allá de posibles debates y negociaciones en torno a los montos y al diseño de cada programa.

De ser posible, las autoridades del gobierno entrante pretenden que una parte de ese énfasis programático se pueda plasmar ya a poco de asumir el gobierno, mientras que otra parte se deberá incluir recién a través de la ley de Presupuesto.

Una de las máximas prioridades es el compromiso de aumento de 50% en el monto de la Tarjeta Uruguay Social (TUS) y el Bono Crianza para los hogares de mayor vulnerabilidad económica.

Estefania Leal/Archivo El Pais

En el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), que liderará el socialista Gonzalo Civila, todavía deben definir —en coordinación con el equipo económico— de qué manera se implementará ese incremento y en qué plazos.

Una opción es hacerlo a poco de asumir, echando mano a partidas ya asignadas para refuerzos presupuestales. En ese primer caso, no tendría por qué pasar por el Parlamento. Distintas fuentes del gobierno electo consultadas por El País señalaron que el tema está siendo analizado, aunque todavía falta “terminar de afinar los números”, para ver si esa vía es una posibilidad, más allá de que eventualmente se profundice u ordene a través de una ley presupuestal.

Por fuera del compromiso específico de aumentar el monto de las prestaciones, en la hoja de ruta del Frente Amplio está también el objetivo de potenciar el conjunto de programas y políticas destinadas a la primera infancia. Varias de ellas se incluirán en la ley de Presupuesto o en posteriores Rendiciones de Cuentas, y en el oficialismo entrante son optimistas respecto a los consensos que puedan recoger esas iniciativas.

La creación de un Ministerio de Justicia fue una bandera enarbolada durante la campaña por los tres principales partidos: el Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Colorado. Por lo tanto, es de esperar que sea también otro de los temas con luz verde para avanzar en el nuevo gobierno. Las autoridades electas pretenden incluir la iniciativa en la ley de Presupuesto de este año, o en su defecto en la siguiente Rendición de Cuentas, en 2026.

Según fuentes del gobierno entrante consultadas por El País, la idea no es apostar por un “megaproyecto” sino empezar por lo “posible”, reubicando bajo la égida de un nuevo ministerio distintas reparticiones que hoy en día están desperdigadas en diversas esferas del estado. La intención es que esa estructura implique el “mínimo” esfuerzo presupuestal, ya que los recursos escasean.

Los impulsores del Ministerio de Justicia señalan que es necesario una secretaría de Estado que concentre bajo su órbita a instituciones vinculadas al sistema de administración de justicia, respetando las atribuciones que la Constitución ya consagra a la Suprema Corte de Justicia. Eso implicaría integrar al Consejo de Ministros un representante que vele por el funcionamiento del sistema judicial no exclusivamente desde una perspectiva de seguridad o represión del delito, como ocurre con el Ministerio del Interior.

Foto Archivo El País.

Por ejemplo, se pretende que el nuevo ministerio sea la referencia de la Fiscalía General de la Nación (que hoy se comunica con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura). También se prevé ubicar bajo ese paraguas al Instituto Nacional de Rehabilitación (responsable del sistema carcelario), que actualmente depende del Ministerio del Interior. Sobre este punto existen diferencias entre los partidos respecto a si debe ser o no un servicio descentralizado. Otros posibles organismos que podrían orbitar entorno al Ministerio de Justicia son la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), la Institución Nacional de Derechos Humanos y las Fiscalías de Gobierno. Hay quienes sugieren también llevar al nuevo ministerio la Defensoría Pública y el Instituto Técnico Forense (ambos hoy en la esfera del Poder Judicial), aunque sobre esos dos organismos no existe consenso técnico ni político.

La nueva legislatura habilitará asimismo una revancha para el proyecto de ley que pretendía establecer el concurso como norma de ingreso de funcionarios a las intendencias, una iniciativa que fracasó en este período debido a la negativa del Partido Nacional.

Al tratarse de una norma que involucra la autonomía departamental, la ley requiere de dos tercios de los votos para su aprobación. A diferencia del período 2020-2025, la nueva conformación del Parlamento hace que el Partido Nacional no tenga por sí solo los votos necesarios para bloquear el proyecto.

El Frente Amplio y el Partido Colorado, que ya votaron a favor de la iniciativa en 2024, alcanzan entre los dos la mayoría necesaria en el Senado. Y en Diputados requerirían sumar solo un voto, que lo pueden encontrar en el Partido Independiente (un diputado), Cabildo Abierto (dos diputados) o Identidad Soberana (dos diputados). Tanto el Partido Independiente como Cabildo Abierto también respaldaron la iniciativa en 2024.

Francisco Flores/Archivo El Pais

El proyecto que naufragó en el Senado, redactado por el fallecido dirigente colorado Adrián Peña, tenía un artículo único que establecía que “los ingresos y ascensos de personal a los gobiernos departamentales deberán realizarse a través de concursos públicos conforme a los principios de publicidad, transparencia, igualdad de oportunidades y a la justa ponderación entre la capacidad técnica y los méritos y antecedentes de cada persona”. “En su defecto —agregaba el texto—, los ingresos de personal podrían realizarse a través de sorteos públicos convocados y celebrados por los Gobiernos departamentales de acuerdo a los principios de publicidad, transparencia e igualdad de oportunidades”.

La despenalización de la eutanasia ingresó a la agenda parlamentaria del período que se termina a través de un proyecto de ley presentado por el diputado colorado Ope Pasquet. Pero después de un largo periplo —que incluyó su integración con otro proyecto del Frente Amplio y su aprobación en la Cámara de Representantes—, la iniciativa naufragó en la comisión de Salud del Senado, que evitó que pasara al plenario, donde estaban las mayorías para lograr aprobarlo.

Atendiendo la nueva correlación de fuerzas del Parlamento, legisladores del Frente Amplio y el Partido Colorado prevén volver a presentar el proyecto con fundadas esperanzas de que esta vez prospere. En el Senado, el Frente Amplio cuenta con mayoría propia para aprobarlo, mientras que en Diputados precisa conseguir al menos dos votos. El colorado Felipe Schipani, del sector Crece al igual que Ope Pasquet (quien ya no ocupará una banca), anunció que volvería a presentar el proyecto al inicio de la nueva legislatura. Y Diego Riveiro (electo por la lista 25) también señaló que está dispuesto a votarlo. A ellos se suman diputados que hoy están en Vamos Uruguay (sector liderado por Pedro Bordaberry) pero que ya votaron a favor de la eutanasia en 2022, cuando aún integraban el sector Crece.

Por el oficialismo entrante, el que ha tomado la iniciativa en este tema es el diputado electo Federico Preve, quien en los últimos años fue vocero de Muerte Asistida Digna en Uruguay, una de las organizaciones a favor de la eutanasia. Preve anunció que pretende presentar el proyecto junto a representantes de otros partidos. Además de Riveiro y Pasquet, el frenteamplista se contactó con el diputado blanco Diego Echeverría, quien también dijo que votaría el proyecto.

El texto aprobado en 2022 por Diputados garantizaba el derecho de las personas a “transcurrir dignamente el proceso de morir” y establecía que, en determinadas condiciones, las personas pudieran expresar por anticipado su deseo de morir cuando ya no hubiera solución para su enfermedad o patología. La voluntad anticipada, según el proyecto, debería ser expresada y reafirmada en cuatro oportunidades, al menos dos de ellas con testigos. Además, se estipulaba que por lo menos dos médicos deberían validar el proceso de eutanasia.

El capítulo de medidas económicas es un área de luz amarilla no tanto por las complicaciones para conseguir mayorías parlamentarias, ni porque las propuestas no vayan a concretarse, sino porque la principal incógnita empieza por casa: en el Frente Amplio todavía no tienen demasiado claro hasta dónde irán —ni de qué manera— en algunas de sus líneas programáticas, y es algo que se definirá con el correr de los próximos meses. Con otra limitante: la que imponga “la realidad” y la disponibilidad de recursos.

Foto: Leonardo Mainé

El IVA personalizado, una propuesta prevista en el programa del Frente Amplio y que estuvo en la agenda en los primeros días del año, podría tener luz verde parlamentaria dado que Cabildo Abierto ha mostrado sintonía con la idea, pero desde el equipo económico liderado por Gabriel Oddone señalaron que no es una prioridad al menos para el primer año.

Tampoco sería extraño que el Frente consiguiera mayorías para aprobar modificaciones al esquema de exoneraciones fiscales —nuevamente, Cabildo podría acompañar algo de ese estilo y también podrían sumarse los votos de Gustavo Salle—, pero resta definirse el alcance que tendrían los cambios. Respecto a eventuales reajustes impositivos, tampoco ha habido definiciones específicas hasta el momento. Oddone declaró esta semana que será necesaria una “consolidación fiscal” en algún momento del período, sin dar más detalles.

Algo similar ocurre en materia de seguridad social. El Frente se comprometió a convocar un “diálogo social” para revisar aspectos de la última reforma aprobada por el actual gobierno. Pero también allí deberá primero existir un acuerdo dentro del gobierno de qué criterios priorizar.

Foto: Estefanía Leal

Si se pretendiera volver a la posibilidad de jubilarse a los 60 años, la izquierda podría contar por ejemplo con los votos de Salle, que apoyó el plebiscito del Pit-Cnt. Pero Oddone ha planteado que su idea es más bien mantener la jubilación a los 65 años y modificar el régimen de excepciones.

“La última reforma contempla colectivos que puedan retirarse más tempranamente por sus condiciones determinadas. Nosotros queremos revisar el sistema en el sentido de que no sea para colectivos, sino que sea para personas. Que bajo ciertas circunstancias y especificaciones, puedan efectivamente configurar causal jubilatoria y retirarse antes”, dijo Oddone en noviembre en una entrevista con el economista Javier de Haedo.

Orsi respondió después que en el programa del Frente se estableció que “lo deseable es 60 años” como edad jubilatoria. “Queremos que lo normal sean los 60 y ver la posibilidad de estimular o incentivar si la gente quiere trabajar más tiempo”, agregó.

En definitiva, el gobierno asume con el mandato de hacer cambios a la matriz impositiva y fiscal, así como a los parámetros del sistema previsional. Y cuenta, en principio, con opciones y alianzas (luz verde) para plasmarlo en leyes. Pero resta ver qué caminos elegirá. Hasta entonces, amarillo.

La pretensión de votar oficialmente un nuevo fiscal de Corte también puede pensarse como esa luz amarilla que aparece en los semáforos de algunas ciudades antes de la verde. La discusión, durante años empantanada, ahora tiene algunas perspectivas de volver a encauzarse, pero es imposible anticipar si los esfuerzos llegarán a buen puerto.

El Frente Amplio aspira a acordar con la oposición un nuevo titular para la Fiscalía, algo que no ocurre desde que Jorge Díaz abandonó el cargo en 2021. En ese entonces quedó en su lugar el fiscal Juan Gómez, votado por todos los partidos como su adjunto. Pero entre fines de 2023 y principios de 2024, unos problemas de salud le impidieron continuar en su cargo y quien quedó en su lugar como subrogante fue la fiscal Mónica Ferrero, a raíz de una modificación legal que fue votada solo por el oficialismo con mayoría simple. Así como desde la coalición republicana había sectores críticos hacia la conducción de Díaz, primero, y Gómez después, la conducción de Ferrero ha generado cierta desconfianza en círculos del Frente Amplio, tanto por la forma en la que llegó al puesto como por determinadas decisiones dentro del organismo.

Foto: Marcelo Bonjour.

Ahora, con la particularidad de que Díaz estará en la prosecretaría de Presidencia, la izquierda pretende retomar los esfuerzos para designar un fiscal de Corte, lo cual requiere una mayoría especial de tres quintos (al menos 18 votos) en el Senado. Los votos del Frente, sumados al de Pedro Bordaberry y Tabaré Viera (ambos electos por la lista 10 del Partido Colorado) alcanzarían para aprobar un nuevo nombre. De todos modos, la intención del gobierno electo es encontrar “el máximo consenso”.

Desde el Frente Amplio señalan que buscarán “recomponer” una “cultura de la negociación” que a su entender faltó en el último período, así como una iniciativa clara desde Presidencia de la República.

Una ventana de oportunidad está dada por el hecho de que en este quinquenio se deberá renovar la totalidad de los puestos en la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, tal como informó semanas atrás el semanario Búsqueda. Ya en 2025 habrá que reponer una silla vacante en cada uno de esos dos organismos. Según fuentes del gobierno electo, la intención es negociar “en paquete” —al menos “paquetes parciales”— algunos de esos puestos, y en la conversación podría entrar también el nombre para la Fiscalía. Los acercamientos comenzarán en las próximas semanas, cuando se empiecen a negociar los cargos de la oposición en los entes autónomos y los servicios descentralizados. También estará en discusión la renovación de autoridades en el Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral.

Foto: Estefanía Leal

Sobre el perfil de la persona para la Fiscalía de Corte, las fuentes consultadas señalaron que no están manejando nombres oficialmente. Algunos entienden que posiblemente haya que recurrir a alguien que no sea fiscal, para escaparle a las suspicacias que se han generado respecto a una “politización” del organismo y sus funcionarios. Otros creen posible tejer consensos incluso en torno a figuras que ya estén en Fiscalía, y que no hay que “atarse de manos” con ningún criterio específico. Como sea, el cambio de gobierno trae un cambio de luz. Habrá que ver si pasa al verde definitivamente.

Otra iniciativa que cuenta con perspectivas inciertas de éxito es la modificación de algunas disposiciones de la Ley de Urgente Consideración (LUC) que fueron ratificadas por el electorado en el referéndum de 2022.

El Frente Amplio ya anunció su intención de revisar algunas de ellas, pero aún no definió exactamente cuáles, por lo que es difícil prever qué ocurrirá con cada una. Entre los artículos que se han mencionado para su eventual marcha atrás o revisión están la eliminación de los consejos de educación, la habilitación a transacciones en efectivo por hasta 100.000 dólares, el aumento de penas al microtráfico, la legítima defensa policial, la actualización mensual del precio de los combustibles,y la limitación de las ocupaciones en lugares de trabajo.

Salvo excepciones puntuales, no parece fácil que los diputados de la coalición republicana voten para derogar normas que aprobaron en el actual período y que defendieron en las urnas ante la consulta popular impulsada por la izquierda —aunque el FA ya lo hizo, votando algunos artículos y luego impulsando su derogación vía referéndum; la política es dinámica.

En el nuevo oficialismo pretenden, por un lado, “sondear” qué aspectos podrían concitar una marcha atrás de algunos diputados de la coalición republicana. Las otras alternativas para el gobierno de Orsi son o bien negociar posibles cambios con Identidad Soberana de Salle (que tiene los dos votos que le faltan y coincidencias en algunos puntos, pero también opiniones radicalmente en contra en otros), o ir por un camino del medio en los casos en los que sea posible hacer “ajustes” a las redacciones de la LUC sin eliminar completamente los artículos. Como dijo el senador Daniel Caggiani esta semana, es una discusión que “está en pañales”.

Otro asunto que está en la agenda de las autoridades electas es la posibilidad de actualizar la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (más conocida como ley de aborto). Tanto la ministra de Salud Cristina Lustemberg como el subsectretario Leonel Briozzo han planteado públicamente su intención de avanzar en mejoras al acceso al aborto y discutir si es viable ampliar el margen de semanas en las que se habilita la interrupción del embarazo.

Se trata de un asunto en el que, en principio, no parece inviable que el Frente Amplio eventualmente consiga los apoyos necesarios en Diputados para impulsar cambios, pero esa mayoría seguramente dependerá de los detalles y el nivel de ambición de las iniciativas que se presenten.

Entrevistado por El País, Briozzo planteó extender el plazo general de despenalización del aborto de 12 semanas en casos de malformaciones en el feto, llevándolo hasta las “19 o 20 semanas” de gestación. Días antes, Lustemberg había dicho en el programa de streaming La Fórmula que estaba dispuesta a estudiar y discutir una ampliación de las semanas en términos generales. "La ley hay que reverla. Quizás hay cosas que hay que cambiar. En la mayoría del mundo es más de 12 semanas", dijo la futura ministra de Salud. Otro asunto que algunos entienden necesario revisar es el de los tribunales a los que debe acudir una mujer cuando busca realizarse un aborto.

Es un viejo anhelo de la izquierda, pero su chances de concreción siguen tan lejos como los propios uruguayos a los que busca reconocer.

El programa del Frente Amplio plantea habilitar el voto desde el exterior de los ciudadanos uruguayos que residen fuera del país. Pero no cuenta con las mayorías especiales que se requieren para introducir una modificación de ese tipo, y ni siquiera con una mayoría simple —que tampoco le sería suficiente.

En 2009, la izquierda impulsó un plebiscito para instaurar el voto consular, pero obtuvo solo 37% de apoyo. En años posteriores, desde el Frente Amplio señalaron que esa negativa al voto consular no debía echar por tierra otras alternativas.

En 2018, con la mayoría simple de los votos frenteamplistas, el Parlamento aprobó una ley interpretativa de la Constitución, que señalaba que “el hecho de residir fuera del país no obsta al ejercicio de los derechos y obligaciones inherentes a la ciudadanía”. En 2020 fue declarada inconstitucional por cuatro votos contra uno, por razones de forma (se entendió que al modificar el marco normativo referido a elecciones se requería una mayoría de dos tercios) y —para algunos de los ministros— también de fondo.

El programa del Frente Amplio también plantea “impulsar el proyecto de ley de Paridad, con perspectiva interseccional de género que promueva una democracia paritaria y multicultural y garantice la integración paritaria en todos los cargos de representación política en el Estado”.

Una iniciativa en esa línea, impulsada por la senadora nacionalista Gloria Rodríguez, fracasó en el Senado en 2024 al no obtener la mayoría especial de dos tercios requerida para su aprobación.

El proyecto establecía como obligación la paridad en las listas a todos los cargos electivos nacionales, departamentales, municipales, así como para las elecciones de los órganos de dirección de los partidos políticos. La nueva correlación de fuerzas en el Parlamento no cambia la situación de bloqueo a iniciativas de ese tipo.