Por: Clara Lussich

Una de las noticias que impactó al mundo del deporte y tuvo repercusión internacional los primeros días del año fue la de Dani Alves. Ese jugador brasileño que ya está cerca del retiro a sus 39 años y en el pasado brilló como figura del Barcelona, el Sevilla y también en la selección de su país, en donde ha sido ovacionado por los hinchas. Pero no fueron los aplausos los que lo hicieron estar en boca de todos en lo que va de 2023. Más bien lo contrario. Alves fue acusado de haber abusado sexualmente de una joven de 23 años en el baño de un bolichede la ciudad de Barcelona en la noche del 30 de diciembre.

El jugador ha dado tres versiones distintas sobre los hechos y tuvo “titubeos” al contar la historia, según fuentes judiciales difundidas por los medios de comunicación y lo cierto es que aún no se confirmó si es o no culpable. Pero, más allá de los detalles, hay algo que llamó la atención de manera positiva sobre el caso: la forma en la que se implementó el protocolo de abuso sexual.

El ayuntamiento de Barcelona cuenta con un protocolo llamado “No callem” -o “no callamos” en castellano- que cuenta con cinco pasos que van desde la “atención inmediata a la víctima” hasta “llevarla a un sitio habilitado alejado del lugar de los hechos” y luego “avisar a los médicos o a la policía y acompañarla durante todo el procedimiento”. En el caso que involucra a Dani Alves fue un guardia de seguridad de la discoteca quien activó el protocolo al ver a la joven y en minutos la víctima estaba en un centro hospitalario cercano, en donde se constató que fue violada.

¿Y si todo esto hubiera pasado en Uruguay?

Aquí es posible que la situación no se hubiera resuelto de la misma manera. Los boliches uruguayos no están obligados a contar con ningún protocolo para este tipo de casos y la implementación de uno depende de la buena voluntad del propietario. Tampoco es correcto asegurar que una persona que sufre un abuso sexual en un boliche uruguayo no recibe atención, pero sí que no hay ningún paso a seguir en el caso de que esto suceda.

A pesar de que es cierto que los últimos casos de abuso que tuvieron repercusión en los medios en Uruguay no ocurrieron exactamente dentro de los boliches, sí tienen un denominador común y es que buena parte de estos se dieron en un ambiente vinculado a la noche, las salidas nocturnas y los espectáculos.

El caso más reciente ocurrió hace dos semanas, cuando una mujer de 30 años denunció haber sido violada por tres hombres en una casa en Pinares, en Punta del Este, en donde un grupo de jóvenes estaba realizando una fiesta.

Y, por otra parte, ya pasaron casi tres años desde que la cuenta de Instagram Varones Carnaval desató una ola de denuncias de abuso y acoso por parte de varios de los protagonistas de conjuntos. Sin embargo, ya en este Carnaval varios de los acusados volvieron a participar porque las causas que los involucraron quedaron archivadas. La murga Un título viejo, por ejemplo, es una de las que regresa este año tras no presentarse en 2022 porque las acusaciones en redes involucraban a muchos de sus miembros. En 2023 la agrupación anunció la conformación de una comisión de género para tratar ese tipo de casos.

LLAMATIVOS.

Los casos más mediáticos:

Supuesta violación grupal en Cordón.

Leonardo Maine/Archivo El Pais

En la madrugada del 23 de enero del año pasado una mujer denunció haber sido violada por tres hombres mayores y un menor de edad en una casa en el barrio Cordón después de haber conocido a uno de ellos en un boliche.

Video viral en Santa Teresa.

Foto: Archivo.

En 2014 se viralizó un video mostrando a una mujer practicándole sexo oral a varios hombres en el camping de Santa Teresa. Ella luego hizo la denuncia acusándolos de haber sido obligada, pero no hubo imputados.

Denuncia en un camping rochense.

Foto: Archivo.

El 1º de enero de 2019 tres hombres fueron imputados por un presunto abuso contra una mujer en una carpa en el camping de Valizas, pero luego la jueza Andrea Cayeux absolvió a los tres acusados.

Cuando ocurrieron las denuncias en 2020, la cuenta de Instagram sobre los abusos en el Carnaval también incentivó a la creación de otras siguiendo el mismo objetivo, pero variando según los ambientes. Así, aparecieron las cuentas Varones del Rock, Varones de la Danza, Varones de la Fotografía, entre otras. La idea era la misma: publicar fotos con textos anónimos que contaban historias sobre hombres que cometieron distintos tipos de abusos.

Con el antecedente de lo que pasó en el Carnaval y las fiestas como denominador común para otros casos, ¿qué hay de cierto respecto a que las mujeres están en una situación de “riesgo constante” en los lugares de ocio nocturno? ¿Es necesario implementar protocolos para cada espacio al que concurren cierta cantidad de personas o lo correcto sería según el tipo de actividad? Las respuestas, ya veremos, no son claras.

El ambiente de la noche como tal es un lugar “totalmente desprotegido” que “da sensación de la debilidad” que tienen las mujeres, según Andrea Tuana, directora de la asociación civil El Paso. “Más allá de los boliches, sabemos que las fiestas privadas son el lugar en donde hay mayor impunidad para este tipo de casos. Habría que ver cómo reglamentarlo según el tipo de fiesta”, dice Tuana y agrega que en las discotecas es “más frecuente el acoso”, pero en las fiestas privadas “directamente ocurren las situaciones de abuso como tal”.

Para Ricardo Barbé, presidente de la Asociación Uruguaya de Vida Nocturna y uno de los propietarios de Plaza Mateo, los boliches no son una “zona frágil” debido a la “gran concurrencia de gente que suelen tener”. Barbé niega que sea “frecuente” escuchar historias de abuso o acoso en los boliches porque “suele pasar en el después” de la salida. “Es cierto que hace falta algún tipo de reglamentación, pero la realidad es que es difícil que se dé un abuso en el boliche porque es como una especie de plaza pública con gente alrededor”, sostiene el representante de las discotecas.

En el caso de que suceda algo similar a lo que ocurrió con Dani Alves en un boliche de acá, Barbé asegura que hay personas que cumplen con el rol de “encargados” en algunas discotecas que “deberían manejar ese tipo de situaciones” a pesar de que no están instruidos específicamente para hacerlo.

Fernando Ponzetto/Archivo El Pais

El abogado Juan Raúl Williman está al frente del Consultorio Jurídico Penal de la Universidad de la República (UdelaR) y asegura que han llegado consultas por situaciones de acoso en boliches y fiestas en los últimos años, pero existe cierto “vacío legal” en ese sentido porque no hay una norma para ese tipo de casos. “Es necesario diferenciar entre el abuso y el acoso. El abuso sexual sí se puede denunciar en cualquier situación, pero el acoso solamente está regulado en Uruguay en materia laboral o educativa donde hay situaciones dispares con roles de superioridad y por eso se puede producir con mayor frecuencia”, indica Williman. Lo que pasa con la ley que regula las situaciones laborales y escolares de acoso es un tema aparte, pero en cuanto a la nocturnidad, el acoso como tal parece no ser tenido en cuenta porque directamente es “difícil de denunciar”, según el abogado.

En este sentido, desde el Instituto Nacional de las Mujeres aseguran que ese tipo de situaciones entrarían en la órbita de la ley 19.580 sobre la violencia basada en género, pero hace falta la reglamentación específica. “Hoy el acoso solo se regula en dos ámbitos y sabemos que hace falta reglamentarlo en más situaciones. Todo lo que es boliches y espectáculos es una zona bastante frágil y eso es algo cada vez más evidente”, subraya la técnica de la división de violencia basada en género de Inmujeres, Ivana Manzolido.

La especialista en género asegura que “no es correcto” hablar de un vacío legal en el caso de un acoso en el ámbito nocturno, a pesar de que no haya una regulación concreta y además cree que muchas veces “amerita estudiar si no hay una figura jurídica de negligencia a pesar de que no se pueda responsabilizar directamente al dueño de un boliche” porque “estar al tanto de una situación y no hacer nada es negligencia” y “no están exentos de responsabilidad”.

Tuana, por ejemplo, cree que es necesario que las discotecas también se responsabilicen de lo que pasa en las inmediaciones de estas porque muchas veces buscan “sacarse el problema de arriba” y “hacen ojos ciegos a lo que pasa de la puerta para afuera, tal como sucedió con el crimen de Fernando Báez Sosa en Argentina”, dice. Además, la referente de El Paso cree que una buena idea a implementar dentro de los locales bailables y los espectáculos públicos es contar con un lugar específico a donde acudir en caso de que ocurra un evento de acoso o abuso. La idea sale de lo que la Intendencia de Montevideo (IMM) implementó para este Carnaval con el proyecto de los “Puntos violetas” que se colocaron en distintos sitios cercanos a los espectáculos y sirven para “atender y contener situaciones de violencia sexual que sucedan in situ”, según la página web de la comuna. La iniciativa surgió después de las denuncias hacia los murguistas en 2020.

Pero además de lo que sucedió con el Carnaval, los últimos casos de abuso que resonaron en los medios se vincularon principalmente a fiestas o lugares privados. El verano pasado hubo una denuncia por una violación grupal que habría ocurrido en una casa ubicada en Jackson y Chaná, en el barrio Cordón de Montevideo. En su denuncia, la mujer relató que había ido a un local bailable con una amiga y que en ese lugar conoció a un hombre, quien la invitó a su casa ubicada en la zona. Cuando estaban juntos, contó, llegaron dos hombres más y abusaron de ella allí, no en el boliche. A estos dos se suman los casos de Santa Teresa en 2014 y Valizas en 2019 (ver aparte). Y, hace unos pocos días nada más, el ya mencionado caso de la denuncia de violación en una fiesta en Punta del Este.

La gran duda detrás de este tipo de casos es si existe un ambiente que vulnera más a las mujeres o si los hechos ocurren en cualquier lugar a pesar de las circunstancias. Para la directora de Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), Lilián Abracinskas, el problema “no pasa por tomar medidas puntuales” porque “seguimos sin entender que (en Uruguay) existe un problema estructural” con la violencia de género.

Foto: Archivo.

Abracinskas sostiene: “A partir de la cantidad de femicidios que tenemos, esto es una emergencia sanitaria no declarada desde 2019 y podemos tratar las consecuencias de forma relativa, pero los problemas están en todos lados y no solo en los boliches o las fiestas privadas”.

En 2022 la Inspección General del Trabajo recibió un total de 53 denuncias por acoso sexual laboral. La cifra es la más alta de los últimos cuatro años. En 2021 habían sido 27 las denuncias, en 2020 unas 33 y 48 en 2019. La cifra aumentó de forma significativa con respecto al año anterior, sin embargo, muchas oficinas trabajaron de manera remota durante 2020 y 2021, por lo tanto la posibilidad de que ocurrieran estas situaciones bajó, según señalan desde el Ministerio de Trabajo. Igual, la cifra del año pasado supera a la de 2019, el año previo a la pandemia del covid-19.

Según el encargado del Consultorio Jurídico Penal de la UdelaR, es “poco frecuente” que el acoso que sucede en el ambiente laboral tenga una “repercusión penal” y generalmente las denuncias terminan con una “responsabilidad administrativa” para la empresa. Los acosos laborales y escolares están regulados bajo la ley 18.561 aunque en el caso de las empresas es frecuente que también haya un protocolo específico de cada institución, algo que Williman asegura que funciona “más o menos”.

“Pasa mucho en las empresas públicas que estas no logran acomodar la protección que debería tener la víctima en los procesos y, por ejemplo, sientan al acosador y al acosado en la misma oficina”, sostiene el abogado y agrega: “Por lo menos hay protocolos y eso da la pauta de que estamos mejor que antes, pero no sé cuánto sirven realmente”.

En el caso de la educación, en 2014 la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) aprobó un protocolo que fue implementado “a medias” según las autoridades actuales, pero que fue actualizado en las últimas semanas y está por ser aprobado. Ese protocolo preveía la formación de una Comisión Asesora en Cuestiones de Acoso que nunca había funcionado y se constituyó en los últimos meses. Por su parte, la directora de Derechos Humanos del Codicen, Gloria Canclini, cree que “recién ahora” están “bien definidas las competencias de la comisión”, que es quien se encargará de analizar cada caso de acoso denunciado. “Que existan estos instrumentos para recibir las denuncias es una garantía y un factor protector para todos”, dice Canclini.

Desde agosto la ANEP recibió un total de cinco denuncias por acoso y “la mayoría” vienen de la educación media, aunque desde el organismo se negaron a dar detalles sobre estos. Canclini asegura que “no existe” un registro previo sobre la cantidad de denuncias recibidas “porque no se llevaba ningún tipo de recopilación” y ahora con la conformación de la comisión se comenzó a agrupar la información dentro del organismo porque “no se puede avanzar en una política pública si ni siquiera se sabe de dónde partir para hacer el diagnóstico”.

Sin protocolos que regulen todo lo que entra dentro del abanico de “la noche” y con ejemplos de otros países que sí los tienen funcionando, Uruguay por el momento no implementará modificaciones a la ley de violencia basada en género para el acoso en esos ámbitos. Mientras tanto, la sociedad civil lucha por el “cambio cultural” y los casos de violencia siguen apareciendo.