Fue ideado sobre la marcha en el gobierno de José Mujica. Lo defendió Eduardo Bonomi. Lo frenó, años después, el gobierno de Tabaré Vázquez. Técnicos de un lado y otro del espectro político lo destacaban como una iniciativa en la dirección correcta. El excandidato frenteamplista Daniel Martínez proponía no solo retomarlo, sino hacerlo de forma más ambiciosa. En el debate hacia al balotaje, el hoy presidente Luis Lacalle Pou llegó a preguntarle a su adversario si su interrupción no había sido un error del gobierno.

No es sorpresa, entonces, que el comienzo de la campaña electoral traiga de nuevo al debate el Plan Siete Zonas, un programa que entre 2013 y 2015 buscó llevar a siete barrios de alta criminalidad de la zona metropolitana una presencia estatal reforzada, pero que se discontinuó años más tarde en un contexto de restricciones presupuestales.

Mientras que en el Frente Amplio los dos principales precandidatos, Yamandú Orsi y Carolina Cosse, plantean un abordaje de seguridad que busca replicar —al menos en parte— el enfoque del plan cuya interrupción fue criticada por propios y ajenos, desde la coalición de gobierno aparecen voces que relativizan los resultados que tuvo la iniciativa en su momento, aunque defienden la necesidad de insistir en el “enfoque dual” (de represión y asistencia social en simultáneo) que ha implementado en los últimos meses el Ministerio del Interior.

Pocos días atrás, entrevistado en el canal de streaming “Miedo al éxito”, al asesor del Ministerio del Interior Diego Sanjurjo le mencionaron el Plan Siete Zonas y aprovechó la oportunidad para plantear sus reparos con el supuesto éxito del plan.

El jerarca dijo que ese éxito se basaba en mediciones que eran una “vergüenza metodológica” y que “lamentablemente” el programa fue “un fracaso” desde el punto de vista de su impacto en los delitos. “En el Ministerio del Interior, el Siete Zonas no es considerado un éxito en lo más mínimo”, expresó quien —al igual que otros integrantes de la coalición— años atrás había ponderado el plan como algo que iba “en la dirección correcta”.

Foto: Leonardo Mainé

Consultado por El País, Sanjurjo explica que en 2022, previo a la mesa interpartidaria por la seguridad, solicitó una evaluación de la evolución del delito en las zonas afectadas por el programa, entre los años 2013 y 2015. La idea era tener diversos “insumos” para la discusión con los distintos partidos y, ante la eventualidad de que se hicieran referencias al Siete Zonas, Sanjurjo entendía que era positivo tener números arriba de la mesa.

Lo que se encontró en esa evaluación, según el jerarca del Partido Colorado, fue que no hubo una reducción significativa de homicidios, rapiñas o hurtos en ninguna de los barrios ni en zonas aledañas.

El informe, encomendado a la Dirección de Análisis Criminal —y a cuyos datos reservados accedió El País— analiza para las distintas zonas el total de cada uno de esos delitos en los años 2013, 2014 y 2015. En base a las cifras del Sistema de Gestión de Seguridad Pública, se recabó el número de homicidios, rapiñas y hurtos denunciados dentro de cada zona, y también en una franja (“buffer”) de 200 metros alrededor de ella.

Los números varían un poco según la zona y el tipo de delitos pero a grandes rasgos muestran que no hubo una disminución. Al tomar todas las zonas en conjunto, los homicidios fueron siete en 2013, seis en 2014 y siete en 2015. Los hurtos fueron 1.161, 1.731 y 1.515 respectivamente, mientras que las rapiñas pasaron de 245 a 326 y luego a 301.

Consultado por El País sobre las implicancias de estas conclusiones, Sanjurjo remarca en primer lugar que el enfoque de un plan como el Siete Zonas le sigue pareciendo “correcto” y que nadie puede dudar que algo de ese estilo va “en una buena dirección”, pero al mismo tiempo considera que fue un “problema” hablar de “éxito” en el combate al delito sin mediciones “metodológicamente consistentes” que lo respalden.

Estefanía Leal/Archivo El País.

En ese sentido, el jerarca es particularmente crítico de un informe del Ministerio del Interior de 2014, divulgado a la prensa en su momento, en el que se hablaba de un descenso de entre 75% y 100% en los homicidios en algunas zonas, y de 43% y 90% en el caso de las rapiñas en algunas otras. El informe había sido objeto de algunos cuestionamientos en el momento de su difusión, pero Sanjurjo señala que “lamentablemente” esas cifras se tomaron recurrentemente como fuente a la hora de referirse al plan.

El asesor del ministerio remarca que el informe realizado en 2022 se limitó a analizar si hubo un impacto claro en términos de delitos y no se detuvo en otros potenciales objetivos del programa. Tras insistir en que no está en desacuerdo con el “enfoque” de un plan como el Siete Zonas, Sanjurjo opina de todos modos que faltó una planificación, ejecución y evaluación más “clara y organizada”.

Ahora bien, ¿qué balance hacen los jerarcas frenteamplistas que formaron parte del plan y su ejecución? Para responderlo, El País se contactó con referentes de las políticas sociales y de seguridad del Frente Amplio. Algunos de ellos aceptaron hacer públicas sus opiniones sobre el plan y otros prefirieron mantenerse al margen de la discusión, pero a grandes rasgos todos coinciden en una valoración positiva del Plan Siete Zonas. Dicen que en todo caso el “error” fue haberlo discontinuado, y que las evaluaciones no pueden disociarse del hecho de que se interrumpió.

Más allá de algunos matices entonces respecto a qué puede inferirse de las distintas evaluaciones técnicas, dentro del Frente Amplio parece haber consenso en que una política de seguridad y convivencia de un eventual gobierno de izquierda debería tomar como referencia experiencias como la del Siete Zonas.

Archivo El País.

Daniel Olesker, exministro de Desarrollo Social, lo dice sin medias tintas. “Después de la reforma de la salud, fue mi segunda mejor experiencia de políticas públicas en los gobiernos del Frente”, comenta a El País.

El dirigente socialista, que hoy respalda la precandidatura de Carolina Cosse, se remonta a un Consejo de Ministros a fines de 2011 para narrar los orígenes del plan. Según rememora, en ese entonces el presidente Mujica planteó que veía cierta “contradicción” entre la baja en los números de pobreza monetaria y lo que se veía o sentía en algunas zonas del país. “Me encomendó ver cuáles eran las condiciones en las que vivían las personas que estaban por debajo de la línea de pobreza, o levemente por encima, y allí se veía que el 25% de la población total tenía elementos de vulnerabilidad alta en tres variables: vivienda, trabajo y nivel educativo”, cuenta Olesker.

A partir de ese diagnóstico, se crearon o fortalecieron programas que atendieran cada una de esas variables, como Jóvenes en Red, Cercanías y Uruguay Crece Contigo. Pocos meses después, otra discusión en el gabinete motivó la creación de un plan que incrementara la penetración y focalización de esos programas en algunas de las zonas más carenciadas. “Allí se encomendó a Juan Pablo Labat, del Mides, y a Gustavo Leal, del Ministerio del Interior, la creación de un plan piloto para el área metropolitana, y se eligieron siete zonas (cuatro en Montevideo y tres en Canelones)”.

Juan Pablo Labat, por ese entonces director de Evaluación y Monitoreo del Mides y hoy parte del equipo que asesora a Yamandú Orsi, dice a El País que el plan “fue un piloto que implicó la conjunción de políticas públicas en territorios pauperizados, con alta exclusión social y fuerte incidencia del delito”, pero que al ser “una experiencia que se inició a mitad del mandato y que además no se continuó en el tiempo no sería justo hacer un balance concluyente”.

Foto: Leonardo Mainé.

“Dado lo innovador sobre la marcha, dio para hacer una pequeña experiencia de siete zonas. Habría decenas de zonas que podrían haberse elegido, y que la escala de las zonas también era objeto de discusión”, añade Labat.

Olesker dice que lo más destacable del plan fue que se afrontaba el problema a través de un programa social con “tres cabezas”: lo policial, la vivienda y las políticas sociales. Esa coordinación interinstitucional funcionó hasta 2014, luego vino la campaña electoral y el cambio de gobierno de Mujica a Vázquez, y los esfuerzos se fueron diluyendo. En 2017, en un contexto de fuerte restricción presupuestal, el gobierno dispuso el cese del plan.

La lista de figuras de izquierda que han mencionado esa decisión del tercer gobierno como un error es larga: incluye a Olesker, Labat y Leal, así como otros dirigentes, entre ellos el senador del MPP Charles Carrera (exdirector de Secretaría del Ministerio del Interior) y hasta el exministro Eduardo Bonomi.

En la campaña electoral de 2019, el candidato frenteamplista Daniel Martínez eligió a Leal como su carta en seguridad, y su eventual ministro del Interior, y en ese marco anunció que de llegar al gobierno implementaría un plan llamado “Más barrio, más vida”, en el que se intervendrían 25 barrios con una inversión del entorno de 250 millones de dólares.

Sobre el efecto en seguridad, Olesker dice que más allá de las distintas evaluaciones —y al hecho de que, según cree, no se puede pensar solo en términos de si los delitos bajaron drásticamente o no— la gente de los barrios intervenidos “se sintió más segura”.

“Si mirás lo que presentó Carolina (Cosse), con los asesores Mercedes Clara y Sebastián Moreno, hay una cosa muy similar”, dice Olesker. “Capaz el criterio de zonas se sustituye por intervenciones urbanas. Y hoy hay también algunos fenómenos que en su momento no estaban. Cuando lo hicimos, los expresos o las personas con adicciones no eran la explicación central de la población en calle”, agrega el exministro.

Cosse presentó un paquete de propuestas concretas para seguridad, entre las cuales incluyó la implementación de “dispositivos territoriales en zonas urbanas con mayores índices de violencia y criminalidad, según sus particularidades”. Eso implica, según la propuesta, desde “intervenir en el diseño urbano con iluminación, limpieza, veredas, para bajar las chances de que ocurran delitos” hasta “concretar el acceso a programas sociales, programas de tratamiento de adicciones, de inclusión educativa, sociolaboral, y cultural”.

Por su parte, tal como señala Olesker, Yamandú Orsi “habló directamente del plan Siete Zonas”. “Es decir, no solamente toma su diseño y enfoque, sino que directamente lo nombra como referencia”.

Labat, que integra el equipo de Orsi al igual que Gustavo Leal, dice que “sin duda” el plan es una "aproximación" de por dónde debe ir una nueva generación de políticas de integración social.

A la hora de las valoraciones, lo que sí conceden algunos de los dirigentes frenteamplistas al actual asesor del ministerio es que la implementación en su momento fue “incompleta” y que por lo tanto en todo caso habría que hablar de “indicios” positivos. También hay coincidencia en que no es conveniente detenerse solo en los impactos a corto plazo, menos con un programa que no fue aplicado de forma sostenida.

De un modo análogo, desde el oficialismo mencionan como ejemplo a seguir la instalación de centros de referencia como el inaugurado en Casavalle este año, en el que confluyen distintas dependencias estatales con servicios de políticas sociales. Y, del otro lado, los candidatos del Frente Amplio remarcan que en sus recorridas por distintas localidades se encuentran con el reclamo de un Estado “cada vez más replegado”.

Con referencias al viejo Plan Siete Zonas o a otras iniciativas que han seguido caminos similares, la discusión de la campaña recién comienza.