Redacción El País.
El juicio por daños y perjuicios que inició la contadora Giuliana Pérez en contra de Canal 4, Ignacio Álvarezy el resto del equipo de Santo y seña continuará en la Justicia Civil para determinar si efectivamente hubo un perjuicio y en tal caso, determinar un monto reparatorio, según lo resuelto por un Tribunal de Apelaciones en los últimos días.

En primera instancia, la jueza Jennifer Castillo había dado lugar a la excepción de caducidad presentada por la defensa en tanto Pérez inició la demanda 20 meses después de la emisión del programa cuyo contenido considera que dañó su reputación y “arruinó“ su vida laboral y personalmente, según alega en la demanda. La magistrada Castillo entendió que la denunciante había sobrepasado el plazo legal de 90 días para la presentación de la demanda.

Pérez reclama a Santo y seña una cifra superior a los 5 millones de pesos. Este reclamo es muy similar al que la profesional inició en contra de otros comunicadores y medios de comunicación, entre ellos el programa Polémica en el bar (Canal 10), Todas las voces (Canal 4) y Esta boca es mía, de Teledoce.

A juicio de Pérez, la forma en que se abordó el caso relativo a los viajes encabezados por el exsecretario de Presidencia, Miguel Toma, y en los que ella integró la delegación oficial, dañó su imagen y le generó consecuencias negativas a nivel laboral y personal. Finalizado su contrato con la Senaclaft (Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos), según argumenta, no pudo volver a trabajar. “He pedido una y otra vez trabajo no logrando conseguirlo. En ocasiones basta mi nombre, foto y profesión para que ni siquiera vean mi currículum”, asegura Pérez en su demanda.

Foto: Captura Canal 4.

Hasta el momento, los fallos de primera instancia habían dado lugar a la caducidad interpuesta por los defensores de los comunicadores y canales. Pérez y su abogado apelaron las sentencias y en el caso de Santo y seña, es el primero en que un Tribunal se expide, en este caso a favor de la contadora.

Las ministras Patricia Hernández, Adriana de los Santos y Rosario Sapelli, responsables del Tribunal de Apelaciones de segundo turno en lo civil, consideraron que el plazo establecido legalmente (90 días) rige únicamente para el derecho de respuesta y no así para los daños y perjuicios u otras acciones civiles o penales derivadas de la comunicación, según fallo al que accedió Sábado Show y fechado el 14 de agosto pasado.

El juicio de fondo continuará ahora en primera instancia para determinar si efectivamente hubo daño derivado de los comentarios que se hicieron en el programa del 20 de setiembre de 2020.

En aquella ocasión, Álvarez y equipo se refirieron al caso, mostraron la imagen de la transmisión de ESPN en la que Pérez y Miguel Toma aparecen en la tribuna de un partido de fútbol en Roma e hicieron comentarios sobre la situación, con la canción Una rubia en el avión de fondo. “Un escándalo que tiene de todo: curro, acomodo, mal uso de los fondos públicos, algo de morbo también”, aseguró Álvarez en el comienzo del análisis del tema.

El periodista también contó que Pérez se recibió en diciembre de 2018 y en marzo de 2019 ingresó por contrato a la Senaclaft mientras que en julio de ese mismo año integró la primera delegación oficial, que viajó a Roma. Alejandro Amaral dio cuenta de una amistad de Toma con el padre de Pérez e hizo referencia a presuntos antecedentes de los padres de la contadora, oriundos de Paysandú. “Se lo vincula con un prostíbulo, que ya no está, pero fue muy conocido”, dijo.

A juicio de Pérez, los dichos en Santo y seña apuntaron a “construir una semblanza...: una linda chica, rubia, joven, hija de una prostituta y un proxeneta, dispuesta a oficiar de compañía en una relación sexo afectiva con el señor Miguel Toma, quien otrora ocupaba un alto cargo de gobierno y a raíz de ello, viajando por el mundo como amante o una especie de acomodada en misión oficial y a costa de los dineros públicos”, según asegura en la demanda.

La contadora reclama a Santo y seña la suma de 2.147.340 de pesos por concepto de daño moral mientras que solicita 3.292.496 pesos por concepto de “pérdida de chance”, en el entendido de las oportunidades laborales que, a su juicio, perdió en este tiempo. “Al dolor o sufrimiento padecido, se suma el quebramiento psicológico desde la emisión del programa hasta hoy, como sinónimo de una persona cosificada, prostituida al poder, aventajada, corrupta e inservible”, expresa Pérez.

Las actuaciones volverán ahora al juzgado de origen, donde se analizará la causa de fondo para tomar una resolución.